Por Anabel Pomar

El proyecto minero Vicuña en San Juan vuelve a ser protagonista de una concesión estatal sin precedentes para operar con beneficios económicos, legales y una cobertura de inmunidad ante los impactos socio-ambientales que pueda producir. La empresa y el gobierno provincial firmaron un acuerdo, ratificado luego por la Legislatura, que amplía la escala de la explotación (asociada a también mayor cantidad de agua y hectáreas, aumenta los riesgos, relaja controles y sanciones. También establece tribunales internacionales para dirimir cualquier denuncia durante la vida del proyecto, estimada en 71 años.

Una amenaza para la población

Vicuña es un proyecto minero de cobre, oro y plata que abarca San Juan y la Región Atacama (Chile). El proyecto, considerado por sus impulsores como "el más grande de la historia de Argentina", es operado por la empresa Vicuña Argentina, compañía controlada conjuntamente por la anglo-australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, con participación 50/50, creada para unir y operar los proyectos Josemaría y Filo del Sol.

Las amenazas socio-ambientales que representa su operación son múltiples. Uno de los aspectos centrales es la localización del proyecto en un territorio de alta montaña donde existe presencia documentada de glaciares y ambiente periglacial. La documentación técnica del propio proyecto reconoce la presencia de glaciares y permafrost (capa de suelo o roca que permanece congelada). El glaciar de escombros "GE 1102, inventariado por el Gobierno en 2022, fue intervenido con tareas exploratorias y caminos en el marco del proyecto Josemaría, situación denunciada por comunidades de la zona y la organización Greenpeace.

La zona de Vicuña se encuentra dentro de la cuenca del río Jáchal, que integra a su vez el sistema interprovincial Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, susceptible de ser impactado por la actividad con desechos tóxicos y por el alto uso de un recurso hídrico ya de por sí escaso en la provincia.

Además, y como fue alertado hasta por la propia provincia en estudios previos, el dique de cola de Josemaría se encuentra en zona sísmica.

Impunidad minera, sacrificio local

Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca no dudaron en calificar el flamante acuerdo “como una nueva discriminación” al ya tan castigado territorio y a lo pactado como un “mamarracho jurídico” destinado a otorgarle impunidad a Vicuña.

Y detallaron en un comunicado: “El proyecto Vicuña tendría que haber presentado un nuevo Informe de Impacto Ambiental para ser aprobado como nuevo proyecto minero, pero no se lo exigió. El gobernador Marcelo Orrego claudicó para que se tomará para el megaproyecto Vicuña como válido el mismo y deficiente Informe de Impacto Ambiental (IIA) del Proyecto Josemaría, que tendría que haberse rechazado por sus más de 120 observaciones, en especial las más peligrosas realizadas por el Inpres (Instituto de Prevención Sísmica) y el INA en el año 2022. El Inpres no aprobó el IIA de Josemaría porque el paredón del dique de colas de 200 metros de altura se construirá sobre una falla sísmica. Además, con este proceder de Orrego se está acumulando ilegalmente impactos ambientales del Proyecto Filo Del Sol”.

Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No se Toca, recuerda que el 27 de octubre de 1894 se produjo en la cordillera del departamento de Iglesia (San Juan) el terremoto de mayor magnitud de la historia de Argentina. Y afirma que las empresas que recibieron el visto bueno para avanzar en Vicuña —en esa zona de alta sensibilidad y riesgo para la biodiversidad y sobre una falla sísmica—, BHP y Lundin, enfrentan demandas en los territorios donde operan. Las compañías acumulan denuncias por desastres ambientales, muertes, violencia y demandas laborales en Chile, Brasil, Australia y países de África. En noviembre de 2025, un tribunal británico declaró a BHP como responsable del peor desastre ambiental en Brasil, que costó la muerte de 19 personas, desplazó a miles y contaminó un río.

“Es toda una barbaridad”, remarca Zeballos en comunicación con Tierra Viva. Y afirma que los beneficios otorgados a la minera son la amenaza actual y futura del pueblo sanjuanino.

Acuerdos de entrega

El proyecto Vicuña obtuvo la aprobación para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en junio de 2026 como" Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo" (Resolución Ministerio de Economía 1154/2026). La resolución comprende la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata de Josemaría y Filo del Sol, así como las concesiones de exploración y la infraestructura necesaria para su desarrollo.

Meses antes de la confirmación de ese beneficio, en enero, los accionistas de Vicuña se reunieron con Javier Milei y el canciller Pablo Quirno en la Casa Rosada. El gobierno nacional informó que la empresa prevé alcanzar el primer concentrado de cobre en 2030.

Según información difundida por la propia empresa la inversión inicial estimada es de 7.000 millones de dólares y la inversión total a lo largo del tiempo sería de 18.000 millones. Siempre según el relato oficial, se espera que Vicuña se ubique entre las cinco principales operaciones de cobre, oro y plata del mundo, con una producción anual promedio durante los primeros 25 años completos de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

Con el RIGI aprobado, y allanado el camino tras el desguace de La Ley Nacional de Glaciares, luego de varias reuniones, locales y en el exterior, finalmente el 5 de agosto el gobierno de Marcelo Orrego (Unidos por San Juan/Juntos por el Cambio), y la multinacional a cargo del proyecto de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ahora unificados, firmaron un acta compromiso.

Por cadena provincial, Orrego presentó al acuerdo como un hito y repitió el argumento predilecto de quienes perpetúan las actividades extractivas, “que el proyecto traerá a su provincia millones de dólares, obras de infraestructura y empleos” y aseguró que por primera vez en la historia una minera iba a aportar 250 millones de dólares antes de empezar a producir.

El dinero corresponde al aporte económico vinculado a las obligaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En el acuerdo textualmente se menciona "hasta" ese valor, es decir que puede ser menor.

Ratificado dos semanas después en la Legislatura de San Juan, con 27 votos a favor y 9 en contra, el acta compromiso incluye en sus 57 páginas condicionamientos que atan a la Argentina por la vida útil del proyecto estimado en siete décadas.

“Marcelo Orrego y los 27 diputados de San Juan saben que un desastre del rompimiento del dique de colas de Vicuña también será un desastre sobre la cuenca del río Jáchal”, aseguran desde la Asamblea y lamentan: “No nos quieren a los jachalleros. Están firmando el acta de defunción para Jáchal. Que Dios se los demande y haga justicia divina, porque aquí estamos completamente abandonados y discriminados”.

Inconstitucional y anti soberano

Las voces críticas al acuerdo no sólo se encuentran en las comunidades que resisten los daños provocados por la megaminería. Lo aprobado suscitó objeciones hasta entre quienes apoyan la minería. “El acuerdo es una suma de ilegalidades que lo tiñen de inconstitucional”, dijo el diputado de San Juan Vuelve, Mario Herrero, al iniciar su presentación antes de la votación. El diputado pertenece al espacio político de quién fuera responsable del inicio del boom minero en esa provincia, el ex gobernador José Luis Gioja, responsable de aprobar proyectos como Veladero y Pascua Lama.

Herrero señaló, entre otros cuestionamientos, que el acuerdo contraviene la Constitución Nacional, la de San Juan, la Ley General del Ambiente, la Ley de Minería, y el Acuerdo de Escazú, al correr al Estado de su rol de garante del derecho al ambiente y al establecer condiciones que lo corren de su rol de contralor, con el agravante de pactar que cualquier reclamo se pone en mano de tribunales internacionales.

El acta elimina (en el artículo 8) instancias del debido proceso administrativo ordinario en el Poder Judicial de San Juan o nacional, y habilita que la empresa puede recurrir directamente al extranjero, otorgando estos derechos de por vida a la multinacional minera en el derecho internacional, incluso cuando puedan ser revertidos por ley o sentencia en la justicia local.

“Fui despedido por criticar el acuerdo”

Esa pérdida de soberanía habilitada por el acuerdo, también fue criticada por Hugo Berozzi, economista y empleado provincial, quién no dudó de calificarlo como “traición a la patria” en un comentario de Instagram en redes digitales del medio sanjuanino La Mecha, que mostraba un fragmento del discurso del Gobernador durante el anuncio formal.

Por esos días, el economista realizó un informe detallando punto por punto las críticas al acuerdo, desde lo económico, y lo circuló entre colegas. Los principales aspectos cuestionados son:

• El acuerdo establece una suma de hasta 250 millones de dólares y luego un aporte del 1,5 por ciento de las ventas netas desde el sexto año al 71. Ambos importes quedan congelados.
• La Provincia resigna su mandato constitucional de control ambiental.
• El acuerdo asegura blindaje jurídico extranjero por la vida útil del proyecto ya que pacta recurrir a tribunales internacionales (con dos de los tres árbitros a elección de la empresa) y a la Cámara Internacional del Comercio.

“Me pareció tan grave lo que se estaba permitiendo que empecé a compartir ese análisis para intentar que no se aprobara”, explicó. Días más tarde, Berozzi, fue despedido del trabajo en el que llevaba seis años. “Puntualmente me dijeron, de manera oral, que el motivo era ese, criticar el acuerdo”, explicó a Agencia Tierra Viva. Analista de riesgos crediticios y operaciones, Berozzi trabajaba para Garantía San Juan, una empresa con propiedad mayoritaria estatal.

El economista no está en contra de la actividad extractiva: “La minería en San Juan es una oportunidad que puede fomentar el desarrollo, pero es fundamental discutir con que leyes. Si es con este tipo de acuerdo no nos va a ir bien”, asegura.

El aporte de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) esos 250 millones de dólares de adelanto a la provincia, que el gobernador anunció en su cadena provincial, fue lo que le hizo poner un ojo a la letra chica del acuerdo. “Lo primero que me llamó la atención fue que se presentara como un regalo que la minera le hacía a la provincia. Eso encendió mi alerta y motivó que me pusiera a leer lo que se estaba firmando”, relata.

Berozzi señaló que el adelanto de 250 millones de dólares puede no sólo ser insuficiente, sino que además no es automático. “Se adelantan recursos, pero con un montón de cláusulas y condiciones que no fueron anunciadas a nadie. Lo firmado, que es muy negativo, sería como tomar un crédito sin conocer las tasas de interés”, explica.

Para Berozzi, dado que San Juan no recibirá el dinero en un sólo pago, la provincia termina perdiendo dinero en el tiempo. Y el mecanismo es de entrega, propia de una economía de enclave.

“Primero pone plata la provincia, después aparece la plata de la minera cuando aparece el certificado de esa obra. Si no alcanza, no podes pedir más, si sucede un derrame, como en Veladero, no podés cobrar una multa, ni juzgarlo acá, para todo se debe recurrir a un tribunal internacional,y todo durante 70 años”.

Y agrega preocupaciones que exceden lo económico: “Sin agua no se puede vivir, ni desarrollarse. El DIA 2022 exigía obras para garantizar agua a las poblaciones lindantes. En este acuerdo y en la actualización del DIA, eso fue removido”.