Por Clarisa Néztor

Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca y San Juan Bosco son parajes rurales del municipio de San Pedro, en el nordeste de Misiones. La Comisión Vecinos Unidos por las Chacras reúne en esos parajes a cerca de 200 familias que producen alimentos en pequeñas parcelas para sostener sus economías. Desde hace años sufren una persecución sistemática de violencia institucional y un hostigamiento permanente por parte de la forestal Arauco, que los acusa de ocupar tierras a pesar de no presentar cargos formales ante el Poder Judicial. En las últimas semanas, la violencia escaló con una represión cuyo objetivo fue sembrar el terror y forzar a las familias a abandonar sus chacras. “Ni Arauco, ni el gobierno municipal ni el provincial nos mostraron un título de propiedad”, sostiene Diego Antúnez, productor y presidente de la comisión de vecinos a quien le incendiaron su casa a fines de agosto.   

Los productores describen cómo el personal de Arauco, acompañado por la Policía de Misiones, ingresa a las chacras sin órdenes de desalojo, realiza amenazas, detenciones y prende fuego las viviendas de madera. Las denuncias de las familias campesinas fueron públicas y radicadas ante el Poder Judicial de San Pedro. Las personas perjudicadas exigen la respuesta del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y la regularización de las tierras. 

La situación desatada a mediados de agosto, llevó a los vecinos a mantener varios días de acampe frente al Municipio de San Pedro, donde el intendente Miguel Ángel Dos Santos lleva tres años sin darles respuestas. En Posadas, la comisión de vecinos se reunió en varias oportunidades con Daniel Behler, subsecretario provincial de Tierras y Colonización, quien se comprometió a avanzar con un relevamiento de las familias afectadas, solicitar información sobre el accionar policial denunciado y abrir una mesa de diálogo con Arauco, al que la empresa nunca se presentó.

La última reunión de la comisión de Vecinos Unidos por las Chacras con el subsecretario Behler ocurrió este miércoles. Antúnez contó a Tierra Viva que el funcionario provincial volvió a pedirle a las familias un relevamiento de las chacras en las que producen para poder cruzarlo con la documentación oficial. La comisión de vecinos, que ya había dejado una carpeta con el relevamiento de las chacras, actualizó la información y precisó que son 164 familias que cultivan sus alimentos en 2.300 hectáreas. Sin embargo, no todas las hectáreas son productivas: muchas de ellas mantienen el monte nativo. 

“Le pedimos (a Behler) la paz. Pedimos que intervengan ante Arauco y la Policía para que cesen con la violencia que están ejerciendo: el hostigamiento, la persecución, el desalojo arbitrario, la quema de casas. Responsabilizamos al gobierno, directamente, de todo lo que pasó y de lo que va a seguir pasando. El gobierno de Misiones no nos da seguridad y nuestras vidas corren peligro con Arauco”, exigió Antúnez desde Posadas. Allí, junto a una comitiva de colonos, también radicó denuncias ante la Defensoría del Pueblo y la Jefatura de Policía de Misiones. 

La violencia de la empresa forestal recrudeció en espejo con dos normativas tratadas en el Senado nacional con particular interés para Arauco: tras la media sanción de la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” —que mantuvo el capítulo sobre desalojos exprés— y durante el dictamen en el Senado de un proyecto para crear mercados de carbono, impulsado por la Mesa de Carbono Argentina, integrada por la forestal. 

La multinacional, de capitales chilenos, es una de los principales propietarios privados de tierras de Misiones. Está presente en esa provincia desde 1996 y fue adquiriendo hectáreas de plantaciones forestales y áreas naturales por un total aproximadamente 230.000 hectáreas. La vasta extensión territorial está mantiene continuos conflictos por la posesión de la tierra con familias campesinas y comunidades Mbya Guaraní, pero el caso de las familias rurales de San Pedro se transformó en una emergencia social, habitacional y territorial por los constantes ataques registrados en el último mes. 

Producir alimentos no es delito 

Los últimos dos ataques ocurrieron el primer fin de semana de septiembre. Una semana antes, la que apareció en cenizas fue la casilla de Antúnez, el referente de las familias productoras. El viernes 4, Cristian Dos Santos, productor de Puerto Argentino 3, encontró incendiadas las dos pequeñas construcciones que tenía dentro de una chacra donde produce alimentos desde hace tres años. El sábado 6, dos familias del paraje San Juan Bosco fueron interceptadas por la Unidad Regional XIV de la Policía de Misiones, amenazadas con disparos y detenidas por 24 horas.

El incendio del viernes 4 ocurrió tres días después de que los efectivos de la Policía de Misiones ingresaran a la chacra de Dos Santos acompañados por personal de la multinacional forestal y lo amenazaran con detenerlo si continuaba trabajando la tierra. “Yo estaba trabajando en mi chacra y llegó la Policía con Arauco. Me pidieron que me vaya de la casa, que deje de trabajar, de carpir y de machetear la capuera (parte de la selva desbrozada para el cultivo). Me dijeron que la próxima vez que lleguen, me iban a llevar preso por seis meses”, relata.

La chacra tiene aproximadamente 18 hectáreas, pero él utiliza para producir solamente unas tres. El resto, explica, permanece cubierto de monte nativo. “Yo nunca hice desmonte ni talé nada. Tengo aproximadamente 18 hectáreas, pero ocupo solamente tres. El resto es todo monte”, sostiene. En la superficie trabajada planta maíz y poroto y mantiene caña, frutales y mandarinas. Asegura además que cuenta con documentación vinculada a la pertenencia de la chacra y reclama que cualquier discusión sobre la situación jurídica de esas tierras se resuelva por las vías correspondientes y no mediante amenazas y violencia.

El sábado, Juan Ramón Ostapiuck, su hijo Juan Pablo, de 16 años, Julio Ayala y Julián Ayala habían ido juntos a la chacra de Julio para cosechar alimentos. Fueron a buscar mandioca, zapallo, maíz, cebollas y verduras para sus casas. Según denunciaron después ante la Fiscalía, cuando regresaban hacia el auto aparecieron policías junto a personal de la empresa forestal. 

Juan Ramón escuchó tres disparos con armas de calibre 12, uno de ellos efectuado a muy poca distancia de su cabeza y de la de su hijo. Después los redujeron violentamente. “Nos ponen boca abajo, nos pisan la espalda, nos pisan la nuca y con la escopeta empiezan a disparar”, relató después de recuperar la libertad. La denuncia quedó asentado ante la Fiscalía de Instrucción N°1 de San Pedro.

Juan, Julio y Julián quedaron detenidos. Fueron liberados el domingo cerca del mediodía, luego de que familias de la Comisión Vecinos Unidos por las Chacras acamparan frente a la comisaría. Ya habían marchado a la Comisaría de San Pedro el 19 de agosto ante la detención de los productores Saúl Lindao y Ángel Rivero, cuando se registraron los primeros ataques. El último fin de semana, una de las banderas que pintaron decía: “Arauco. Basta de violencia, producir no es delito”. Otra estaba dirigida al gobernador provincial Hugo Passalacqua: “Exigimos su inmediata intervención. Regularización de tierras. Cese de desalojos ilegales y detenciones. Basta de quemar casas”.

Tres años de organización frente a los ataques de Arauco

La Comisión Vecinos Unidos por las Chacras se creó el 4 de julio de 2023 ante los conflictos que atravesaban distintas familias rurales de San Pedro. Antúnez es el presidente desde su creación, elegido por las familias en dos oportunidades. Su testimonio permite reconstruir un problema que no comenzó con los últimos operativos, sino que lleva años acumulando denuncias.

Antúnez explica una cuestión central para comprender el conflicto: no todas las familias tienen su vivienda permanente dentro de las chacras, pero eso no significa que las tierras están abandonadas. En esas parcelas cultivan los alimentos y crían los animales con los que llenan los platos en sus hogares, mientras realizan otras changas en el pueblo. “A varios les tocó llegar a la chacra y encontrarse con su casita humilde quemada”, lamenta.

Cuando comenzaron a organizarse, recuerda , acudieron al intendente Dos Santos para pedir una intervención. El jefe comunal —que en mayo de 2023 fue reelecto para su cuarto mandato— respondió que no tenía competencia sobre la disputa y que la documentación presentada por Arauco se encontraba en el Juzgado de Instrucción N°1 de San Pedro. 

“Nunca nos mostraron un título. Hasta el día de hoy, ni Arauco ni el gobierno municipal ni el provincial nos mostraron un título y en qué parte estamos nosotros en el mapa”, asegura. Pero la comisión sí realizó su relevamiento, georreferenciado las 160 chacras que reúnen a unas 200 familias. Lo presentaron a las autoridades municipales y provinciales.  

Según los datos relevados y presentados ante las autoridades provinciales: en San Juan Bosco hay 42 familias con 568 hectáreas; en Puerto Argentino 1, 25 familias con 391 hectáreas; en Puerto Argentino 2, 20 familias con 200 hectáreas; en Puerto Argentino 3, 22 familias con 291 hectáreas y en Palmera Boca, 55 familias con 850 hectáreas. En esas tierras campesinas viven 248 niños. 

Desde la primera reunión con Behler, la comisión reclama que se esclarezca la situación dominial de los lotes y que la discusión por la propiedad no sea resuelta mediante procedimientos violentos, detenciones o la destrucción de aquello que permite a los campesinos continuar trabajando. Para buscar apoyo, Antúnez sumó al movimiento de productores a la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), que está acompañando las causas legales de las familias, a través del abogado Jorge Zabulanes. 

“Arauco no dio la cara” 

Según el abogado de las familias, hasta el momento, Arauco no inició ninguna causa judicial, civil, penal o administrativa contra estas familias. Tampoco realizó una presentación formal en la que manifieste su pretensión sobre las tierras que ellas habitan y trabajan. “Hasta ahora, Arauco no dio la cara ni judicialmente ni ante la administración pública. Cuando se intentó abrir una instancia de diálogo, la empresa se negó a presentar su posición. Sin embargo, en las chacras las familias denuncian que quienes aparecen son oficiales de la empresa acompañados por policías armados”, cuenta Zabulanes. 

El abogado de las familias resaltó que no existieron órdenes de desalojo para los operativos que se realizaron, por lo que debe explicarse bajo qué fundamento se producen los ingresos a las chacras y por qué la Policía de Misiones aparece acompañando procedimientos vinculados a los intereses de una empresa privada. Al respecto, la comisión de vecinos reclama respuestas por parte del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, de quien depende la Policía de Misiones, y del Ministerio de Derechos Humanos, a cargo de Karina Alejandra Aguirre.   

Zabulanes calificó de “extremadamente cobarde” el accionar de la empresa y señaló que sí existen denuncias por parte de los productores de Vecinos Unidos por las Chacras presentadas en el Poder Judicial de San Pedro. Denuncias que fueron ampliadas con elementos de los últimos ataques para intentar demostrar que no se trata de episodios independientes, sino de una modalidad sistemática de actuación. 

El abogado precisó que en las demandas de los campesinos se adjuntaron nombres, lugares, testimonios de personas afectadas, fotografías, filmaciones y un detalle de las herramientas y de otros bienes que las familias denuncian como robados. El abogado sostiene que la intención es demostrar un patrón común detrás de los incendios, amenazas, robos, y extorsiones, una “forma de operar y de intimidar a toda la gente”.

Entre los primeros ataques de esta nueva ola de persecución contra los campesinos y los últimos incendios, Zabulanes presentó un pedido de hábeas corpus para proteger a las familias de Vecinos Unidos por las Chacras, que fue rechazado por el fiscal Francisco Insfrán del Juzgado de Instrucción N°1 de San Pedro, por no encontrar acreditado la “amenaza colectiva, concreta e inminente de afectación ilegítima de la libertad ambulatoria”. En la misma resolución, ordenó a la Unidad Regional XIV de la Policía de Misiones a no actuar sin orden judicial. Sin embargo, la seguridad de las familias volvió a ser vulnerada y los uniformados de la Comisaría de San Pedro volvieron a actuar.  

“Cuando desperté estaba esposado”

Entre las familias que exigen la regularización de las tierras se encuentra la de María Da Silva, madre y productora de la colonia San Juan Bosco. Junto a su esposo, sus hijos y otros vecinos trabaja la tierra para producir alimentos. En agosto denunció que su vivienda fue incendiada. “Tenemos el derecho de vivir en estas tierras y de cultivar para que podamos sobrevivir con la situación económica que estamos atravesando. El abuso de autoridad de la empresa Arauco y de la Policía es muy fuerte para nosotros. Es muy difícil la situación que estamos viviendo”, relata. 

La situación se vuelve aún más grave porque la Comisaría de San Pedro se niega a recibir las denuncias de las familias cuando involucran a Arauco. Esto deja a los campesinos en una intemperie de defensa y en absoluta desprotección frente a una empresa que posee un poder económico, territorial y político influyente. 

Daniel Humberto “El Paisa” Rodríguez también produce y vive en la colonia San Juan Bosco. Su relato permite comprender una dimensión del conflicto que difícilmente aparece en un expediente judicial: la manera en que la incertidumbre territorial modifica la vida cotidiana de una familia. “El Paisa” vive de lo que produce en la chacra. Planta zapallo, maíz, poroto, sandía y otras verduras. Tiene un hijo con discapacidad cuya alimentación requiere, según explica, una dieta en la que las verduras tienen un lugar fundamental. 

En un contexto de pobreza creciente, cultivar sus propios alimentos no constituye para él una elección de estilo de vida sino una necesidad. Por eso explica el conflicto en términos muy concretos: necesita permanecer en la tierra porque necesita producir comida para su familia.

Saúl Lindao vive en Puerto Argentino 2. Según relató, alrededor de las 10 de la mañana del miércoles 19 de agosto se encontraba trabajando en los canteros de su chacra cuando llegaron efectivos de la Policía de Misiones acompañados por dos oficiales de Arauco, a quienes los campesinos llaman “los verdes” por los uniformes de la empresa.

Lindao asegura que los representantes de la empresa llevaban machetes, mientras que los policías portaban distintas armas de fuego, entre ellas escopetas, ametralladoras y una pistola 9 milímetros. De acuerdo con su testimonio, los efectivos le preguntaron si podían revisar el campamento y su vivienda. Lindao respondió que no autorizaba el ingreso sin una orden judicial. Los propios policías, afirma, reconocieron que no tenían una orden de allanamiento.

La negativa desencadenó en una situación extremadamente violenta. Lindao sostiene que personal vinculado a Arauco insistió en que el terreno pertenecía a la empresa y que, mientras permanecía en la puerta de su casa, policías se acercaron por detrás y lo ahorcaron hasta hacerle perder el conocimiento. “Cuando desperté estaba esposado”, recuerda.

El productor denuncia que recibió golpes de puño en el abdomen, rodillazos y golpes en la espalda, que fue arrojado al suelo y nuevamente golpeado después de recuperar el conocimiento. Posteriormente fue trasladado a la comisaría.  Allí, según cuenta, le realizaron un pedido de antecedentes, lo encerraron y le informaron que existía una causa vinculada al conflicto por la propiedad. Cuando lo liberaron no recibió documentación que explicara formalmente el procedimiento ni constancia de los elementos que habían sido retirados. Entre sus pertenencias, denunció que le quitaron el carnet y la cédula de conducir, una tarjeta de Mercado Pago y una motocicleta Honda Titan KS 125. 

Al salir de la comisaría, el productor sentía fuertes dolores por los golpes y decidió dirigirse al hospital para ser examinado. Antes de hacerlo, según denuncia, un policía de apellido Fariña lo habría amenazado para que no llorara, y no relatara que había sido ahorcado durante la detención. Lindao llegó al centro médico, pero no pudo contar lo que había sucedido. “Me dio pánico contar la verdad”, explicó.

Al regresar a su vivienda encontró el interior revuelto, mercadería tirada en el piso y que faltaban herramientas y máquinas utilizadas para el apeo y el trabajo rural. Lindao vive acompañado por una perra pitbull a la que describe como su compañera cotidiana. Durante el arresto los policías efectuaron disparos con proyectiles de goma contra el animal. También afirma que otros dos perros recibieron gas pimienta y patadas. Cuando regresó, su perra estaba herida y rengueaba de una pata.

La violencia contra los animales aparece repetidamente en los testimonios de las familias de San Pedro. Los productores vienen denunciando perros heridos, animales de cría muertos o desaparecidos y episodios en los que encontraron sus chacras destruidas después de haber sido retirados del lugar.

Lindao contó que fue precisamente durante su permanencia en la comisaría cuando se enteró de que Ángel Rivero también había sido detenido. Según los productores, el día anterior Rivero se encontraba limpiando un sector de tierra para plantar zapallos cuando ingresó la Policía y lo trasladó a la dependencia policial. Las organizaciones que acompañan a las familias --XR-Misiones, Federación Nacional Territorial (Fenat-CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)-- sostienen que la detención también ocurrió sin que se le exhibiera una orden judicial.

La producción en la que trabajaba Rivero es el cultivo de zapallo, con acompañamiento técnico del INTA para su posterior comercialización. Su detención provocó nuevas protestas. Terminó acelerando la movilización de las familias hacia el centro de San Pedro y un acampe frente a la Municipalidad. 

Tierras anheladas por los mercados de carbono

El viernes 28 de agosto, cerca de las 15 horas en el paraje San Juan Bosco, Antúnez denunció el incendio de la casilla ubicada en sus parcelas. Según su relato, antes de las llamas se había desarrollado un operativo en la zona y personal vinculado a Arauco recorrió los terrenos, una vez más, junto a efectivos de la Unidad Regional XIV de la Policía de Misiones. Pero el presidente de la comisión de Vecinos Unidos por las Chacras marcó otro antecedente, 24 horas antes del fuego.  

El día anterior recibió la llamada de un auditor vinculado a SCS Global Services, certificadora que realiza auditorías de manejo forestal a Arauco Argentina. Durante esa comunicación, conversó con el auditor sobre el conflicto territorial y le mostró mediante Google Maps la ubicación exacta de su chacra. La participación de una certificadora internacional agrega otra dimensión al conflicto. SCS Global Services realiza auditorías vinculadas a certificaciones forestales y ofrece servicios internacionales de verificación y certificación ambiental, entre ellos certificaciones relacionadas con neutralidad de carbono. 

Arauco Argentina figura entre las empresas sometidas a procesos de auditoría forestal de SCS. La llamada que recibió Antúnez de parte del auditor ocurrió en un momento en que Arauco profundiza su participación en mecanismos de certificación ambiental y mercados de carbono. En el Senado de la Nación avanza un proyecto de ley para regularizar los mercados de carbono en el país y Arauco integra la Mesa Argentina de Carbono que los impulsa junto a otros firmas forestales como Tierras del Sud (Grupo Benetton), de celulosa como Ledesma, Unitán; la Sociedad Rural y subsidiarias de petroleras como Aike (Vista Energy).  

Desde noviembre de 2024, Arauco Argentina adhirió formalmente al Programa Jurisdiccional JNR-REDD+ de Misiones, que permite convertir las reducciones de emisiones provenientes de la deforestación y degradación evitada de los bosques nativos en créditos de carbono comercializables en el mercado voluntario internacional. El mecanismo le pone así un precio al carbono almacenado en los territorios y transforma la conservación del monte en un nuevo activo económico. Arauco necesita acaparar la tierra de los campesinos y monetizar el carbono. Las familias pagan el costo con el despojo mas violento que ocurrió en los últimos 30 años. 

La llamada “carbono neutralidad”, a nivel global, se produce mediante acaparamiento de tierras y despojos de comunidades. Para producir créditos de carbono se necesita controlar el territorio donde se encuentra almacenado ese carbono. Y cuando la tierra adquiere un nuevo valor dentro del mercado climático, controlar grandes extensiones significa también controlar un nuevo negocio. Por eso los mercados de carbono están directamente atravesados por la disputa por la tierra. Un modelo que convierte el control de la tierra y de los bosques en una nueva fuente de acumulación económica.

Rastrillajes, amenazas e intimidación, el miedo como método de expulsión  

Luego de cada incendio, las familias denunciaron el modus operandi: fuerte despliegue policial, rastrillajes y amenazas sobre supuestas órdenes de desalojo que no fueron mostradas a los productores. Según los testimonios recogidos por la Comisión Vecinos Unidos por las Chacras, efectivos de la Policía de Misiones ingresaron a las chacras manifestando que realizaban un relevamiento por disposición del Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente, a cargo del juez Gerardo Casco, quien, según les informaban los propios policías, intervendría en la causa vinculada al reclamo territorial de Arauco. 

Antúnez denuncia que durante las recorridas, los policías les decían a los productores que dejaran de plantar y trabajar la tierra porque próximamente el juez Casco firmaría órdenes de desalojo. También les habrían advertido que podían retirarles herramientas, secuestrar motocicletas y detenerlos si los encontraban cortando leña o continuando determinadas tareas dentro de las chacras. “Las familias viven hace años en esas tierras, pero cuando pasan estas cosas dejan de cultivar por temor a que los metan presos o les prendan fuego”, lamenta Antúnez. 

Fueron ese tipo de amenazas las que recibió el productor Dos Santos en la previa al último incendio registrado el viernes pasado. Que deje de trabajar la tierra, le habían ordenado el personal policial y de la empresa Arauco que llegaron a su chacra sin orden judicial ni documentación que justificara el operativo. 

“Me dijeron que me iban a detener y ahí dejé de trabajar por miedo. Me amenazaron y tuve que dejar mi chacra porque tengo miedo de que me lleven preso. Soy pobre, no tengo para pagar todo eso”, describe Dos Santos y el objetivo de las intimidaciones que denuncian los productores se hace carne. “Tenía mi chancho, un buey y gallinas y tuve que sacar todo. Le pagué a un vecino para que me ayudara a sacar mis cosas el miércoles. El jueves llegaron las camionetas de Arauco a revisar y el viernes entraron y quemaron mi casita”, resume con el último incendio todos los incendios sufridos por las familias campesinas desde mediados de agosto. 

Arauco instaló el terror entre las familias rurales. Las denuncias muestran una disputa profundamente desigual por el territorio: de un lado, una multinacional con poder económico y territorial; del otro, familias campesinas que son amenazadas para dejar de plantar y que, cuando abandonan temporalmente sus chacras por miedo, encuentran después sus viviendas incendiadas.

*Edición: Nahuel Lag