Por Darío Aranda

En la localidad bonaerense de Pergamino está vigente un fallo judicial que prohíbe fumigar con agrotóxicos a menos de 1095 metros de las viviendas, escuelas, centros de salud y cursos de agua. La sentencia, ratificada en segunda instancia, prioriza la salud por sobre la actividad económica. Sin embargo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) solicitó al Juzgado Federal 2 de San Nicolás ser “exceptuado” de la medida y poder continuar con las fumigaciones.

Corazón del agronegocio

Pergamino está ubicado en plena Pampa Húmeda, la zona más productiva y rentable del agronegocio. Desde hace más de una década que vecinos y organizaciones socioambientales denuncian los impactos de las fumigaciones con agrotóxicos.

Además de campañas de concientización y acciones de difusión, se iniciaron denuncias judiciales, encabezada por Sabrina Ortiz y un grupo de madres afectadas.

Ortiz fue víctima de las fumigaciones en su propio domicilio, lindero a un campo de soja. Estudió abogacía y, una vez recibida, presentó un amparo para limitar el uso de agrotóxicos en cercanías de las viviendas. En septiembre de 2019 obtuvo un fallo que prohibió fumigar a menos de 1095 metros con aplicaciones terrestres y alejó a 3000 metros las aspersiones aéreas. "No es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de niños y adultos", señaló la sentencia del juez Carlos Villafuerte Ruzo, del Juzgado Federal 2 de San Nicolás.

La medida cautelar motivó el reclamo sostenido de los empresarios del agro, las autoridades municipales y los medios de comunicación que publicitan el agronegocio.

Villafuerte Ruzo ordenó medidas de prueba y confirmó lo que denunciaban las familias fumigadas: que los vecinos y vecinas de los barrios fumigados de Pergamino tienen agrotóxicos en los patios de sus suelos, en el agua de perforaciones particulares y en el agua de red. En el caso de la parte denunciante, las familias tienen agroquímicos en sangre (tanto adultos como menores) y se constató daño genético.

En octubre pasado, la Cámara Federal de Rosario ratificó el fallo de primera instancia y confirmó la prohibición de fumigar. Fue un nuevo respaldo a la denuncia de los vecinos.

INTA tóxico

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es el organismo oficial dedicado al agro, fundado en 1956, tiene presencia en todo el país y es el brazo técnico de la política agropecuaria de los gobiernos de turno. Cuenta con profesionales que trabajan junto a comunidades indígenas y campesinas, pero su política macro está subordinado al agronegocio. De hecho, en su Consejo Directivo tienen voz y voto las entidades de la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria).

Hernán Trebino, director regional del INTA, solicitó el 19 de octubre al juez Villafuerte Ruzo que se exceptúe al INTA Pergamino de la prohibición de utilizar agrotóxicos. El pedido, que también está firmado por el director nacional de la institución, Carlos Alberto Parera, hace foco en las pérdidas económicas para el organismo, estimada en nueve millones de pesos.

Sabrina Ortiz, afectada por las fumigaciones y denunciante, cuestionó el accionar del organismo: "No podemos aceptar lo del INTA. Su solicitud va en contra de las constancias científicas y periciales de la causa, son datos contundentes que fueron avalados por la Cámara Federal de Rosario, los 1095 metros es solo un comienzo para paliar los daños que están causando a la salud de la gente".

Desde la organización Naturaleza de Derechos, dedicada a la investigación y el litigio judicial, cuestionaron al organismo oficial: “Rechazamos la solicitud del INTA Pergamino dado que bajo el manto de investigaciones científicas, pretende obtener una excepción a la medida cautelar en el falso entendimiento de que los procesos investigativos presentados son benévolos e inocuos, cuando en realidad por las extensiones y el uso de agrotóxicos, son tan peligrosos y contaminantes como los procesos productivos desarrollados en las parcelas de los demás imputados y procesados que motivaron el inicio de la causa judicial”.

“El INTA Pergamino se caracteriza por ser un brazo funcional del agronegocio y de las grandes empresas productoras de transgénicos y agrotóxicos, instaladas en Pergamino, que se nutren y sirven de los recursos del Estado para financiar los ensayos e investigaciones de sus productos que no son nada amigables con el ambiente y la salud humana, sino todo lo contrario”, denunció Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos, y resumió: “El INTA Pergamino es una gran parcela rural del agronegocio devenida en un foco de contaminación para toda la población de Pergamino”.

Principio precautorio y abuso de autoridad

Sabrina Ortiz y Naturaleza de Derechos solicitaron al juez Villafuerte Ruzo que rechace el pedido del INTA. Recordaron la vigencia del principio precautorio vigente en la Ley General del Ambiente (25.675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas preventivas para proteger el ambiente. Por otro lado, remarcaron que la medida judicial no prohíbe al INTA producir, sino solo el uso de agrotóxicos. Por lo cual recordaron la posibilidad de producir de forma agroecológica, incluso recomendaron que el INTA se asesore con organizaciones campesinas como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

Cabaleiro recordó que Hernán Trebino, director regional del INTA y quién solicitó permiso para fumigar, “es famoso por haber ejercido abuso de autoridad” cuando hace dos años prohibió a todos los trabajadores del INTA regional utilizar la palabra “agrotóxico”. Mediante un memo interno (que llegó a los diarios), instó a utilizar solo las palabras “agroquímicos” y “fitosanitarios”.

“Se perjudicará la salud”

Los trabajadores del INTA nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-INTA) emitieron un escrito dirigido al juez el 9 de noviembre. “Como trabajadores del INTA, en áreas de investigación y extensión, consideramos que la institución no debe quedar exenta de la normativa dictada, y menos aún bajo los argumentos de la sustentabilidad económica y la dificultad para investigar”, señalan.

ATE-INTA recuerda que, de permitir fumigar, quedarán expuestos a los agrotóxicos tanto los trabajadores como los estudiantes e incluso los niños que concurren al jardín maternal en el predio del INTA Pergamino.

Firmado por los delegados sindicales de ATE, explican que “la misión institucional” del organismo es investigar modelos productivos e innovadores que eviten deteriorar el ambiente y la salud pública. Llamaron a imitar a otras oficinas de INTA donde se trabaja en agroecología y “se priorizó el desarrollo comunitario, la salud y el ambiente por sobre intereses particulares”.

ATE-INTA solicitó al juez que mantenga la prohibición de fumigar y aclara que, de permitir el uso de agrotóxicos en INTA Pergamino, “se perjudicará la salud de la comunidad”.