Tras las críticas recibidas por diversos sectores del agro, el pasado 30 de agosto la diputada nacional por Salta Alcira Figueroa (Frente de Todos) presentó un nuevo proyecto de ley sobre la misma temática que el presentado el 13 de ese mes: la modificación del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Si bien la primera iniciativa reducía la participación en el directorio de ese organismo, y ubicaba al sector privado en un Consejo Asesor, con esta segunda propuesta la bancada oficialista busca elevar a once miembros el área directiva. En la nueva conformación se tiene en cuenta a la agricultura familiar, aunque con una menor participación que la asignada a las entidades del agronegocio: un representante contra cinco.

Otro punto a destacar es que el primer proyecto de Figueroa incluía una cuota de participación para el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), aspecto que no es considerado en la nueva presentación, donde no se prevé participación para ese organismo.

El nuevo proyecto propone un presidente, un vicepresidente y un vocal en representación del Ministerio De Agricultura, Ganadería y Pesca. Los designados deberán poseer título de ingeniero agrónomo o médico veterinario y no ser todos de la misma profesión. A su vez, establece cinco vocales en representación de los productores agropecuarios —léase, de la Comisión de Enlace—, un vocal por las Facultades de Agronomía y de Veterinaria de las universidades nacionales y un vocal en representación de las organizaciones de la agricultura familiar. Este último deberá, además, ser miembro del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

Por otra parte, el nuevo proyecto — Expediente 3656-D-2021 — prescribe que los once miembros del Consejo Directivo serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de las propuestas de cada área representada. Los cargos durarán cuatro años.

El proyecto presentado a mediados de agosto fue criticado por sectores del agronegocio. «Frente a este nuevo intento por avasallar al INTA, solicitamos a los diputados y senadores que no permitan que se vulneren los derechos de las entidades que representamos a los productores agropecuarios», sostuvo el día 25 la Comisión de Enlace. Actualmente ese espacio cuenta con cinco representantes en el directorio, pero el primer proyecto de Figueroa les asignaba un lugar en el Consejo Asesor, dejando solo al ámbito público con voz y voto para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Cinco días después del comunicado y 17 días después de la presentación del primer proyecto, una segunda iniciativa mantiene la participación actual del sector concentrado del agro en la dirección del INTA.

El reclamo de la Mesa Agroalimentaria por el proyecto sobre el Consejo Directivo del INTA

La Mesa Agroalimentaria — conformada por el Movimiento Nacional Campesino-Indígena Somos Tierra (MNCI-ST), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) — emitió ayer un comunicado sobre el tema. «Ante el debate público sobre las modificaciones en el Consejo Directivo del INTA, desde las organizaciones que conformamos el campo que alimenta expresamos que es necesario poder construir una representación plural del espacio de conducción de dicho organismo público, donde estén presentes todas las expresiones que conformamos el campo en Argentina», manifestaron.

El espacio propone sumar más representantes al Consejo Directivo nacional y a los consejos regionales: «los actuales integrantes se adjudican la representación de todo el campo y eso no es real«. «Los pequeños productores, campesinos, indígenas y cooperativas hoy no tenemos voz en este órgano», cuestionaron.

Por su parte, desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST), Carlos Ramos sostuvo esta semana que aquella propuesta legislativa «no era inclusiva». «Proponemos sumar más representantes al Consejo Directivo nacional y a los consejos directivos regionales, no quisiéramos excluir a nadie», acotó. Para el referente del MNCI Somos Tierra, las cinco representaciones de la Comisión de Enlace en el Consejo Directivo podrían reducirse a una o dos. Sin embargo, la nueva propuesta no altera el número de esa representación.

¿Quiénes toman las decisiones en el Consejo Directivo del INTA?

Actualmente, en la dirección del INTA participan la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). El Consejo Directivo es el espacio de toma de decisiones respecto a las políticas públicas que se desarrollarán desde el INTA.

Hoy el organismo está dirigido por Susana Mirassou en calidad de presidenta y por Tomás Schlichter como vicepresidente. Conforman el Consejo Directivo, en tanto representantes de los ámbitos públicos y privados, los vocales Manuel Pedreira (por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), Liliana Monterroso (por las facultades de ciencias agrarias de las universidades nacionales), Humberto Luis Occhi (por las facultades públicas de ciencias veterinarias), Alejandro Conci por Aacrea, Mario Carlino por Coninagro, Sergio Melgarejo por la CRA, Pablo Paillole por la Federación Agraria Argentina y Santos Zuberbhuler por la Sociedad Rural. Se trata de cargos políticos y rentados.

La UTT, el MNCI-Somos Tierra y Fecofe reclaman hace tiempo su cuota de participación en ese espacio. A principios de este año, a través de un comunicado conjunto, expresaron que “la agricultura familiar no está representada y eso conforma una discriminación”.

El agronegocio y la agricultura familiar: una representación 5 a 1

«Las políticas públicas son para la gente, no para quien tiene más vacas o más superficie de granos», subrayó Ramos, al ser consultado por esta Agencia sobre el primer proyecto de Figueroa. «Si uno analiza los censos agropecuarios y la estratificación, queda claro que la gente que tiene menos de cien o 50 vacas es mucha más que la que tiene más de 1000 o 5000 animales o 5000 hectáreas de siembra. Es muchísima gente, con menos poder económico, que quienes están hoy representados en el INTA», graficó. La comparación se sostiene: de aprobarse la nueva iniciativa, en la mesa de toma de decisiones, los sectores de la agroindustria tendrán una representación cinco veces mayor a la de la agricultura familiar.

Según datos del propio INTA, la agricultura familiar y campesina representa el 65 por ciento de los establecimientos agropecuarios del país, ocupa el 13 por ciento de las tierras cultivadas, genera el 20 por ciento de la producción y el 54 por ciento del empleo rural. El último censo agrario los cuantifica en 83.567 productoras y productores de todo el país. Sin embargo, esa realidad no se traslada al ámbito de toma de decisiones del organismo. Por su parte, entidades como la Sociedad Rural nuclea a 3040 productores; Aacrea, a otros 1700.

En mayo de 2019, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación (Expediente 2441) que proponía otra modificación en la dirección del INTA. Sugería sumar al Consejo Directivo del organismo “tres vocales en representación de las organizaciones de productores familiares, campesinos e indígenas de alcance nacional, las cuales deberían ser miembros del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”. Sin embargo, la iniciativa —que llevaba la firma del entonces diputado formoseño y actual ministro Luis Basterra y de otros 22 legisladores justicialistas— no solo no fue tratada, sino que ahora el nuevo proyecto oficialista reduce la posibilidad de participación del movimiento campesino e indígena de nuestro país.