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Cooperativas, campesinos e indígenas siguen sin voz ni voto en el INTA
agosto 31, 2021
Sección: Agronegocio
El sector empresario cuenta con cinco sillas en el Consejo Directivo, espacio clave en la toma de decisiones del principal organismo técnico agropecuario de Argentina. La agricultura familiar y campesina abarca el 65 por ciento de los establecimientos agropecuarios del país, pero no cuenta con ningún consejero. Un proyecto de ley, promovida por el Frente de Todos, reduce la participación del sector privado, pero también deja de lado a los pequeños productores y cooperativas.
Cooperativas, campesinos e indígenas siguen sin voz ni voto en el INTA
Foto: INTA informa

La diputada fueguina Mabel Caparrós y su par salteña Alcira Figueroa, ambas del Frente de Todos, presentaron el 13 de agosto un proyecto de ley para modificar la conformación del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se trata de una demanda que hace varios años sostienen organizaciones de la agricultura familiar y del cooperativismo agrícola. Desde el MNCI-Somos Tierra valoraron que la iniciativa legislativa presentada “es excluyente”. “Estamos de acuerdo con la modificación de las representaciones, pero nos gustaría que esa modificación sea diferente”, señalaron

Actualmente, en la dirección del organismo participan la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). El Consejo Directivo es el espacio de toma de decisiones respecto a las políticas públicas que se desarrollarán desde el INTA.

Hoy el organismo está dirigido por Susana Mirassou y por Tomás Schlichter, como vicepresidente. Conforman el Consejo Directivo, en tanto representantes de los ámbitos públicos y privados, los vocales Manuel Pedreira (por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), Liliana Monterroso (por las facultades de ciencias agrarias de las universidades nacionales), Humberto Luis Occhi (por las facultades públicas de ciencias veterinarias), Alejandro Conci por Aacrea, Mario Carlino por Coninagro, Sergio Melgarejo por la CRA, Pablo Paillole por la Federación Agraria Argentina y Santos Zuberbhuler por la Sociedad Rural. Se trata de cargos políticos y rentados.

¿Qué propone el proyecto de ley?

El proyecto legislativo de Caparrós y Figueroa plantea que esa instancia esté compuesta por un presidente, un vicepresidente y seis vocales. Los seis vocales representarán al Ministerio de Agricultura, al Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa), al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); y dos vocales participarán en representación de las provincias. Es decir, que la conducción del INTA quedaría en manos del ámbito público en forma exclusiva. Quedarán afuera de la dirección las entidades privadas.

La iniciativa propone, además, que la composición respete la paridad de género. Las personas integrantes del Directorio deberán ser argentinas nativas o naturalizadas y poseer título universitario de carreras afines con una duración mínima de cuatro años. El Consejo Directivo y su remuneración serán fijados por el Poder Ejecutivo Nacional.

De aprobarse este proyecto de ley, las entidades rurales y académicas que hoy forman parte de la toma de decisiones pasarían a ser asesoras. Ese Consejo Asesor estará conformado por dos representantes de las Facultades de Agronomía, Ciencias Veterinarias o Ciencias Naturales de las universidades nacionales; un representante de las cooperativas de productores, un representante de las asociaciones de productores y dos por las organizaciones de agricultores familiares.

«La composición del Consejo Directivo del INTA se encuentra en falta. Ni las provincias ni el Ministerio de Ambiente se encuentran representados. Tampoco lo están los intereses de los pueblos originarios, a los cuales la Constitución Nacional reconoce preexistencia y llama a garantizar su participación en la gestión de los recursos naturales y de los intereses que los afectan», fundamentan las legisladoras. El texto espera a ser tratado en las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados.

«Nos gustaría una modificación diferente»

Tierra Viva dialogó con Carlos Ramos, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-SM). Ramos valoró que «hay demasiada representación de la Mesa de Enlace» en el Consejo Directivo Nacional y en los consejos directivos regionales. «La Mesa de Enlace dice que esa representación garantiza la participación de los productores y de los profesionales en las políticas públicas, pero la agricultura familiar no está representada. Tampoco lo está la Mesa Agroalimentaria, que nuclea al MNCI Somos Tierra, a la UTT y a Fecofe. Hay muchos productores y cooperativas que quedan afuera«, argumentó el entrevistado.

«Las políticas públicas son para la gente, no para quien tiene más vacas o más superficie de granos», subrayó Ramos. «Si uno analiza los censos agropecuarios y la estratificación, queda claro que la gente que tiene menos de cien o 50 vacas es mucha más que la que tiene más de 1000 o 5000 animales o 5000 hectáreas de siembra. Es muchísima gente, con menos poder económico, que quienes están hoy representados en el INTA», ponderó. La UTT, el MNCI-Somos Tierra y Fecofe reclaman hace tiempo su cuota de participación en ese espacio. A principios de este año, a través de un comunicado conjunto, expresaron que “la agricultura familiar no está representada y eso conforma una discriminación”.

Según datos del propio INTA, la agricultura familiar y campesina representa el 65 por ciento de los establecimientos agropecuarios del país, ocupa el 13 por ciento de las tierras cultivadas, genera el 20 por ciento de la producción y el 54 por ciento del empleo rural. El último censo agrario los cuantifica en 83.567 productoras y productores de todo el país. Sin embargo, esa realidad no se traslada al ámbito de toma de decisiones del organismo. Por su parte, entidades como la Sociedad Rural nuclea a 3040 productores; Aacrea, a otros 1700.

Consultado sobre el proyecto del Frente de Todos, Ramos sostuvo que «no es inclusivo». «Nosotros proponemos sumar más representantes al Consejo Nacional y a los consejos nacionales, no quisiéramos excluir a nadie», acotó. Para el referente del MNCI Somos Tierra, las cinco representaciones de la Mesa de Enlace en el Consejo Directivo podrían reducirse a una o dos. Pero, más allá del planteo de democratizar las voces y los votos en la dirección del INTA, consideró que «sería ideal poder disminuir el nivel de la grieta y de las exclusiones».

«Estamos de acuerdo con la modificación de las representaciones, pero nos gustaría que esa representación sea diferente», resumió. Al respecto, insistió en la necesidad de reducir la «excesiva» participación de las entidades ligadas al agronegocio y, en cambio, favorecer la inclusión de la agricultura familiar, de las organizaciones campesinas e indígenas y de las cooperativas agrícolas en el ámbito del Consejo Directivo.

—En lo cotidiano, ¿en qué los perjudica no pertenecer a ese espacio de decisión dentro del INTA?

—En ese espacio se discuten y se proyectan las políticas públicas relativas a la investigación, el desarrollo y la extensión, que son las tres funciones que tiene el INTA a través de sus cincuenta estaciones experimentales. Nosotros estamos excluidos de esos proyectos, por lo tanto están más dirigidos al agronegocio y menos dirigidos a los campesinos y pueblos originarios o al pequeño cooperativismo agropecuario. Nos perjudica porque no podemos intervenir en esas decisiones. No podemos llevar las diferentes realidades de los pueblos originarios, de los pequeños productores y de las pequeñas cooperativas.

Un organismo estatal de la mano del agronegocio

El INTA se creó por un decreto ley en 1956 con el objetivo de aumentar las exportaciones agropecuarias y financiar el desarrollo de la industria local. Fue pensado como un organismo descentralizado, con autarquía y financiamiento propio, gobernado por representantes políticos del Ejecutivo Nacional, de organismos públicos y de los productores agrarios del país. Se creó entonces un área de investigación (representada por las universidades) y un área de extensión, dedicada a las familias rurales. Fue en ese marco que se decidió la conformación original del Consejo Directivo.

En la década del ’70, la Federación Agraria se sumó a la SRA, CRA y Coninagro, entidades que participaron en el Consejo desde los comienzos del Instituto. La última entidad en integrarse fue Aacrea, por decreto de la última dictadura cívico-miliar en 1980. «Creados a imagen y semejanza de los Centros de Estudios de Técnicas Agrícolas (CETA -de Francia-), los espacios CREA estaban conformados por diez o doce empresarios del sector agropecuario y operaron asesorados por profesionales de las ciencias agropecuarias que hicieron foco en potenciar los rendimientos comerciales de las empresas de cada grupo, a través de la realización de ensayos experimentales en sus campos, la generación de materiales de apoyo técnico y el seguimiento de sus actividades. El INTA los incorporó en forma prioritaria, tanto mediante la orientación de sus actividades en materia de extensión rural ‒que fue complementaria en metodologías y perfil de los productores implicados‒, como a partir de la inclusión de los grupos CREA a su estructura directiva», describe la investigadora Cecilia Gárgano en su texto Rupturas y continuidades en el perfil de la extensión rural argentina.

La representación de la Mesa de Enlace en la conducción del INTA subsistió las tensiones con el gobierno nacional a partir de la discusión por las retenciones a la exportación de commodities en 2008. En mayo de 2019, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación (Expediente 2441) que proponía una modificación en la dirección del INTA. Sugería sumar al Consejo Directivo del organismo “tres vocales en representación de las organizaciones de productores familiares, campesinos e indígenas de alcance nacional, las cuales deberían ser miembros del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”. Sin embargo, la iniciativa —que llevaba la firma del entonces diputado formoseño y actual ministro Luis Basterra y de otros 22 legisladores justicialistas— no fue tratada y perdió estado parlamentario el 1 de marzo pasado.

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