Por Nahuel Lag
Desde Perú
¿Qué economías agroecológicas queremos? Es la pregunta que se instaló en Pisco (Perú), en el encuentro de "Intercambios de Aprendizajes de las Américas sobre Economías de la Agroecología", que reunió a 60 organizaciones de 15 países, con el respaldo de Agroecology Fund. El análisis partió de lo que está en marcha: mercados locales, Sistemas Participativos de Garantías (SPG), comercialización, financiamiento, agregado de valor y cooperativismo.
La anfitriona fue la Asociación Nacional de Productores del Perú (ANPE), una organización con economía propia: 281 agrupaciones territoriales, una marca de alimentos certificados y ferias locales. A lo largo de una semana, las diferentes experiencias expusieron el rumbo de las economías agroecológicas, advirtieron los desafíos en un contexto regional amenazado por gobiernos de ultraderecha y evidenciaron la necesidad de profundizar las políticas de fomento en una economía que continúa promoviendo el agronegocio para la exportación de materias primas. El aprendizaje e intercambio fueron profundos y dejaron lecciones e inspiración para el desarrollo de las economías agroecológicas de las Américas.
“Hay que hacer sinergia e integración entre todas las organizaciones para generar el cambio del sistema convencional”, convocó Moises Quispe, director ejecutivo de la ANPE, y propuso continuar buscando aliados estratégicos para incidir en las políticas públicas y “convencer desde el estómago”.
Economías agroecológicas: una experiencia continental
La puerta de entrada del encuentro fue la visita a la Agroferia Campesina de Lima que, con 90 productores de 23 regiones del Perú, ofrece una diversidad de alimentos disruptiva con la uniformidad de las góndolas de los supermercados.
“El agricultor tiene el conocimiento de cómo cultivar y cocinar los alimentos. La gente valora que quien produce la tierra esté en los puestos y agradecen el acceso a alimentos más nutritivos y sanos”, destaca Jorge Panta, presidente de la Coalición Campesina, que hace 13 años sostiene la feria a la que asisten 6.000 personas por domingo.
“El comercio es algo que está presente desde siempre, desde las culturas precolombinas los pueblos indígenas tenían intercambios, pero en la modernidad se ha transformado en algo muy concentrado. Entonces, cuando hablamos de agroecología no hablamos sólo de prácticas y técnicas de producción sino de otras cosas como la economía”, señaló Ángela Cordeiro, co-directora del Agroecology Fund, sobre el eje que atravesó los intercambios en Pisco.

La experiencia de la Agroferia Campesina, en la que participan productores integrantes de la ANPE, no es ajena a las miles de organizaciones que promueven la agroecología desde sus territorios. Los mercados locales son la base de las economías agroecológicas en toda América, el punto de encuentro de “productor a consumidor”. La Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca (Redmac), Colombia, lleva 17 años y reúne 21 mercados. María Fernanda Palacios Salcedo, integrante de la Redmac, compartió su experiencia sobre esos espacios en los que no ocurre solo una relación comercial: quienes se acercan son un “amigo consumidor”.
Los productores de la Redmac se favorecen de los circuitos cortos de comercialización evitando intermediarios y largas distancias, lo que les permite ofrecer un precio anual por los alimentos. “No competimos con los precios de mercado; establecemos precios justos y fomentamos el valor de los alimentos sanos”, señala María Fernanda e indica también cómo la red transforma la comercialización en un acto solidario de organización, cuidado del territorio y construcción de soberanía alimentaria. Experiencias de mercados locales en Guatemala, Panamá, México, Honduras, Brasil y Perú ratificaron el camino virtuoso de estos mercados y los desafíos para ampliar el abastecimiento y la llegada a más consumidores.
Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) son una herramienta construida por el movimiento agroecológico para saltar los altos costos en dólares de las certificaciones orgánicas y construir nuevas lógicas de relación. “Por un lado fortalecen el modelo de producción agroecológica con reglas comunes y, por otro, la confianza de los consumidores”, valoró Alfredo Patricio Robles, representante del Colectivo Agroecológico del Ecuador en Pisco. El colectivo sostiene seis sistemas de SPG autónomos y colaborativos en distintos territorios.

En Bolivia y Perú, los SPG tienen el respaldo de leyes nacionales (obtenidas por la presión de los movimientos sociales). En el caso boliviano, la Ley 3525 contempla la participación de asociaciones de productores y consumidores y la validación de instituciones públicas y privadas para la habilitación de sellos de “producto ecológico” y “producto en transición”. Este modelo se refleja en casos como los liderados por la Fundación AGRECOL Andes, que consiguió cinco certificados SPG para 300 familias del proyecto Bolsaludable, otra de las ochos experiencias de certificación que se presentaron en Pisco.
En el caso de Perú, la ANPE promovió una modificación de la norma de Producción Orgánica o Ecológica para incorporar los SPG en el país. Con un sistema de consejos nacional, provinciales y regionales, otorgan certificaciones por 15 años que validan fincas productivas. De esa manera, el colectivo consiguió el sello de SPG para su marca “Frutos de la Tierra”.
Cadena de valor, comercialización y cooperativismo para masificar la producción
En el noreste de Brasil, pleno corazón de la Amazonia donde las comunidades indígenas y ribereñas enfrentan la explotación maderera y la minería ilegal, la Red Maniva de Agroecología (REMA) participa de un proceso virtuoso que reúne productores familiares, certificación participativa y empresas con propósito social.
“La propuesta es la compra directa a las familias, eliminando los intermediarios y ofreciendo mejores precios, además de realizar inversiones en plantas de secado de semilla, formación y consultorías especializadas”, cuenta Gabriela Ramos Andrade, integrante de la red que reúne a 110 familias productoras de cacao, café y hortalizas.

En el caso del cacao, la empresa ligada al agregado de valor es la firma Na Floresta Alimentos, que elabora el chocolate Na’Kau. Para esta asociación, Maniva se encarga de certificar el proceso tradicional de producción bajo la sombra de árboles nativos. Cuando la barra de chocolate Na’Kau se procesa con café, la asociación involucra a otra firma: Café Apuí, empresa privada que compra directo a productores del sur del Amazonas, quienes producen de forma tradicional preservando el bosque nativo y enfrentando el desmonte para la producción ganadera.
Más al sur, en Río Grande do Sul, los monocultivos bajo el modelo agrotóxico dominan: semillas transgénicas y químicos. En ese estado, la Cooperativa de Trabajadores Asentados de la Región de Porto Alegre (Cootap) encara un proceso de masificación de la agroecología a través de la producción de bioinsumos y compost para el cultivo extensivo de arroz agroecológico.
Son 3.000 hectáreas de arroz en tierras ganadas por la lucha de la reforma agraria impulsada por el Movimiento Sin Tierra (MST) del que Cooptap es parte. Álvaro Delatorre, uno de sus integrantes, explica que la elaboración colectiva de bioinsumos permite ofrecer a las 600 familias asociadas productos por solo un diez por ciento del costo que tendría al comprar plaguicidas en el mercado y confía en poder escalar: “Podríamos hacer hasta 10 mil hectáreas con bioinsumos”. Hasta el momento, el logro no es menor: 14.000 toneladas anuales de arroz, frutas, hortalizas y productos elaborados que se comercializan bajo la marca Terra Livre.

El financiamiento para esa transición agroecológica fue motivo de debate en los cinco días del encuentro e incluso contó con un panel de especialistas para dinamizar el diálogo. Jiana Tomaz Moro contó la experiencia de Finapop, una herramienta de financiamiento creada por el MST en 2020 y que cuenta entre sus proyectos respaldados a Terra Livre. El capital de Finapop es aportado por ciudadanos, fondos institucionales y fondos de inversión que comprenden que para ampliar la agroecología los productores necesitan acceder a tasas más bajas —en Brasil las tasas privadas alcanzan el 25 por ciento anual y las de Finapop son del 7 por ciento—.
“Los inversores reconocen que los impactos que generamos en los territorios no se miden por tasas de interés sino en los resultados ambientales y sociales de la producción agroecológica”, señala Tomaz Moro y explica que se trata de “un capital paciente” que respeta los tiempos de la transición agroecológica. Hasta el momento, Finapop financió a 74 organizaciones del MST, el 70 por ciento nunca había accedido a un crédito privado.

Oswald Villatoro Pérez, integra la Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes (Asocuch), que nuclea a cooperativas agrícolas campesinas e indígenas de las sierras guatemaltecas. En su opinión, “el cooperativismo permitió unificar procesos productivos, prácticas agroecológicas, acceder a certificaciones y tener mejores precios para competir en el mercado”, destaca.
Villatoro Pérez señala que el trabajo colectivo les permitió ampliar su volumen de producción y la calidad de los alimentos que cultivan, así como extender la actividad a la agroforestería comunitaria. “La organización social es un principio fundamental en la agroecología: respetar el territorio y los saberes ancestrales permite producir para las generaciones futuras”, asegura.
La mexicana Unión de Cooperativas Tosepan reúne a 36 comunidades de los pueblos Náhuat y Tutunakú. Como parte de un plan autónomo de cuidado del territorio, se organiza en unidades que abarcan toda la cadena de producción. “El cooperativismo nos permitió convertirnos en una experiencia sólida de desarrollo comunitario”, destaca Rosalinda Heredia Hernández, integrante de Tosepan.

Ese trabajo cooperativo abarca a cientos de huertos familiares que comercializan en el mercado local y también exportan café y pimienta orgánicos a Estados Unidos y Japón. Tras 25 años de construcción colectiva, Heredia Hernández plantea como desafíos “consolidar la participación de mujeres y jóvenes y mejorar el acceso a financiamiento y mercados fortaleciendo a la economía social y solidaria desde lo local”.
Tras cinco días de debate, Moisés Quispe, representante de la organización anfitriona del encuentro en Pisco, agrega otra conclusión general del encuentro: la incidencia política como aspecto fundamental para continuar avanzando en la agroecología, que los Estados cumplan con las leyes de fomento y fortalecimiento vigentes y las amplíen en lugar de concentrar todos los beneficios a los intereses del sistema convencional. Y pone sobre la mesa los ejes de las economías agroecológicas fortalecidas en el intercambio: “Producción, comercialización asociativa, certificación de SPG, gobernanza de actores públicos y privados y organización territorial”.
Recuperar saberes ancestrales y nutrirlos con el intercambio y los avances técnicos para tener modelos de producción adaptados al ambiente y la cultura de cada región bajo los principios de sinergia, resiliencia, reciclaje y eficiencia. Co-creación de conocimiento como parte de un movimiento social, que reúne a comunidades indígenas, organizaciones campesinas, sociales y académicos en todo el continente. Eso ocurrió en Pisco para consolidar otro principio fundamental de la agroecología: una economía circular y solidaria. La agroecología es el camino en América para la construcción de un nuevo sistema alimentario.
