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Convención Constituyente por un Chile popular, ecologista y plurinacional
julio 5, 2021
Chile vive tiempos refundacionales. Una muestra es que la presidenta de la Convención Constituyente es Elisa Loncón, mapuche y feminista. Con inédita representación indígena y de movimientos sociales, se busca un modelo económico posneoliberal y posextractivista. El agua como derecho humano, la centralidad del movimiento feminista y una bandera: “Que la dignidad se haga costumbre”.
Convencion constitucional en Chile el 04 de junio 2021
Foto: Eric Allende/ Migrar photo

Por Carla Perelló

En Chile, el fuego del estallido no se apaga. Arde, se transforma y crece. La llama se aviva de la mano de las y los constituyentes, que firman acuerdos y establecen prioridades para enterrar la Carta Magna legada del dictador Augusto Pinochet. La voz y las propuestas las llevarán, al menos, 20 de los protagonistas —de 155— de la Convención Constitucional que provienen directamente de los pueblos originarios, movimientos sociales y ecologistas que retoman los saberes ancestrales, reivindican el hacer transfeminista y un modelo postextractivista con el propósito de escribir una Constitución Ecológica que refunde al país en un Estado Plurinacional. El fuego comenzó a quemar a la primera Constitución neoliberal de América Latina en una fecha particular, si se quiere, el 4 de julio. Comenzó con la elección de la presidenta: una mujer feminista y mapuche, Elisa Loncón.

El estallido

La mecha se encendió en octubre de 2019 cuando el presidente, Sebastián Piñera, anunció por segunda vez en el año, un alza de 30 pesos chilenos (1,16 dólares) en la tarifa del transporte. Pero las causas del estallido no estaban cerca en el tiempo, eran años de masticar rabia. “No son 30 pesos, son 30 años”, fue la síntesis del proceso que comenzó a desarmar los cimientos institucionales de desigualdades estructurales en términos políticos, económicos, sociales y de acceso a servicios básicos montados por Augusto Pinochet; su colaborador, Jaime Guzmán; y los Chicago Boys. Fue el comienzo de un proceso destituyente-constituyente.

La respuesta a las protestas por parte del Estado fueron la represión y las violaciones a los derechos humanos.

Pero, un mes más tarde, Piñera supo trocar su permanencia en la presidencia por un “Acuerdo de Paz” entre las élites políticas tradicionales -excepto el Partido Comunista- firmado el 15 de noviembre de 2019, llamó a un plebiscito para una Constituyente y estableció las pautas para su funcionamiento, algo cuestionado hoy (como se verá más adelante). La opción por el Sí, apruebo/Convención Constitucional ganó por casi el 80 por ciento con una participación histórica (más del 50 por ciento) en un proceso no obligatorio en plena pandemia. El 15 y 16 de mayo, aunque la participación no fue la misma, ganaron las opciones por fuera del sistema de partidos.

Así, la Convención Constitucional, con 155 integrantes, quedó conformada en mayor medida por las listas que ya ponen en práctica y exigen procesos participativos de la ciudadanía: Apruebo Dignidad (el Partido del Frente Amplio, con Revolución Democrática y el Partido Comunista, entre otros); Lista del Apruebo (ex Nueva Mayoría, entre otros) y Lista del Pueblo (ciudadanxs independientes), más los pueblos originarios que accedieron vía escaños reservados. Mientras tanto, la fuerza de Piñera (Chile Vamos) se quedó sin la posibilidad de veto que pretendía alcanzar, con sólo 37 constituyentes.

Convencion constitucional en Chile el 04 de junio 2021
Eric Allende/ Migrar photo

Un nuevo diálogo con los pueblos originarios

“Estamos instalando aquí una manera de ser plural, democráticos y participativos. Por eso, esta Convención transformará a Chile en un Chile plurinacional, intercultural, que no atente contra los derechos de las mujeres. En un Chile que cuide la madre tierra, que también limpie las aguas”. Las palabras son parte del discurso histórico que pronunció al asumir la presidencia de la Convención, Elisa Loncón Antileo, mapuche, doctora en Humanidades y en Literatura y académica del Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago.

Con 96 votos, 18 más de los necesarios tras la ceremonia de asunción, los constituyentes dieron un paso fundamental en el camino de reescribir su pacto social, político y cultural y sanar las heridas de tantos años dando lugar que sea una mujer de las naciones originarias la que dirija el diálogo.

“Este es un sueño de nuestros antepasados. Es posible refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el Pueblo Mapuche y con todas las naciones originarias. Es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa”, siguió y sentó los acuerdos mínimos del debate que se viene: un Chile plurinacional y que respeta al ambiente. Junto a ella estaba una máxima autoridad espiritual mapuche y una de las figuras constituyentes más reconocidas internacionalmente: la Machi Francisca Linconao.

Linconao es la primera persona en ganar un juicio para la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en pos de la protección de su comunidad, fue perseguida, encarcelada, acusada de terrorista y absuelta de todo delito. “Emprender acciones concretas para que se sancione a quienes hacen daño a la naturaleza y empobrecen sus territorios”, propone, entre otros puntos, Linconao en su programa de campaña.

Los nueve pueblos originarios no están reconocidos en la actual Carta Magna y su habitar siempre fue en los márgenes del Estado chileno. Lograron su participación en la redacción de la Constitución a través de 17 escaños reservados, más otros cuatro que consiguieron por la vía independiente.

Constituyentes por el ambiente y por el territorio

“Chile es un país diverso de punta a cabo. Eso hace que tenga ciertas particularidades. El desierto de Atacama por sí mismo es un sistema único, es el más árido del mundo. Cuando termina, comienzan los valles transversales, que vinculan la Cordillera de los Andes con la costa. En el sur están los ambientes subantárticos y la Patagonia. Además de ser muy diverso en paisaje, biodiversidad, territorios, lo es también en las personas que lo habitan”, explica Cristina Dorador, bióloga, electa por la Lista Independientes del Norte, a Tierra Viva.

El estallido corrió de una vez y para siempre el velo del sentido común que pinta a Chile como un país blanco y homogéneo. Además de representantes de las naciones originarias, la Convención cuenta también con integrantes de redes que se tejen desde hace 30 años en todo el país, que encuentran un punto de intersección: sin un ambiente sano, no hay vida digna. Algunas de las redes que fueron voz durante el periodo de protestas son: el Movimiento por la Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima); el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), la Sociedad Civil por la Acción Climática, la Red Plurinacional de Humedales, el Colectivo Ecofeminista Mujeres de Curicó y el Comité Pro-defensa de la Fauna y Flora.

El periodista chileno Francisco Parra los presentó en un tuit que se hizo viral y varios medios contaron sus trayectorias e hicieron sondeos. Por ejemplo, el diario El Mostrador, destacó en una nota que 108 de los 155 se comprometieron defender una premisa fundamental para el cuidado del ambiente: “Declarar el agua como un derecho humano”. Plantean, además, la regulación o, directamente, el término de los derechos de aprovechamiento del agua en manos de privados.

¿La razón? Chile es el único país en el mundo que tiene el agua privatizada porque así lo estableció la Constitución pinochetista, dinámica que se profundizó con los años tras la privatización del saneamiento y llevó a que en la actualidad que este recurso sea manejado por dos grandes trasnacionales que obligan a los chilenos a pagar de las tarifas más altas de la región.

El problema recobra vigencia porque ya casi no queda agua por consumir. Carolina Vilches (Apruebo Dignidad) lleva más de diez años de activismo en el Movimiento por la Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima). Es sobreviviente de lo que se conoce como “zonas de sacrificio”, ciudades sobre la costa altamente industrializadas con plantas termoeléctricas a carbón y fundiciones de cobre.

“Vivir allí significa esperar un camión aljibe para lavar la ropa, juntar agua porque siempre hay corte de suministro, elegir qué ropa lavar o ir a otra casa a lavarla o, inclusive, para bañarte. Significa la incertidumbre e indignación ante la falta de amparo para el acceso a este derecho humano, dada la sobreexplotación evidente de este recurso para monocultivo de paltos y cítricos”, cuenta a Tierra Viva.

Según indica, en su país, el 80 por ciento del agua se consume para la agricultura. “Existe una sobre entrega de derechos de agua, cinco veces por sobre lo físicamente disponible. Esto se traduce en un permanente estado de emergencia”, dice y propone, a cambio, “restituir el uso del agua al dominio de la tierra, terminar con el mercado de aguas declarándola un bien natural común inapropiable y, su acceso, un derecho humano”.

Convencion constitucional en Chile el 04 de junio 2021
AFP/Télam/CF

Feministas y posextractivistas

Manuela Royo, abogada, académica y defensora de los Derechos Humanos (Apruebo Dignidad), traza en esta lógica, ante Tierra Viva, una lectura feminista: “Cuando existe un modelo que priva del agua a las comunidades afecta directamente a los trabajos de reproducción de la vida que históricamente sostenemos las mujeres”. Ante ello, cuenta, las resistencias que han levantado las curadoras de semillas, las defensoras del agua y las articulaciones feministas socioambientales en los territorios. “Ese es otro factor para considerar y valorar -indica-. No sólo somos las víctimas, sino que también somos respuesta, y estamos proponiendo soluciones”.

Vilches y Royo no son las únicas en este derrotero. Desde el momento en el que fueron electas comenzaron nuevas articulaciones y acuerdos en donde plasmaron ejes fundamentales que debe tener el nuevo acuerdo que construirá una nueva ciudadanía chilena. Una, es la carta abierta firmada el 5 de junio, Día del Ambiente, por al menos 32 convencionales que se comprometieron a redactar una Constitución Ecológica que asegure la recuperación y cuidado de los ecosistemas, consagre un Estado plurinacional que respete, proteja y promueva los territorios, la autodeterminación de los pueblos originarios, su identidad y cosmovisión y que establezca el tránsito hacia un nuevo modelo económico posneoliberal y posextractivista. Allí también destacan la cooperación latinoamericana y sostienen que las actividades productivas tienen como límite los Derechos Humanos y de la Naturaleza.

La Vocería de los Pueblos es otra de estas articulaciones dadas previo a la asunción. La convocatoria partió con 34 constituyentes y sus encuentros sumaron a más de 80 participantes de la Convención provenientes de pueblos originarios, la Lista del Pueblo, movimientos sociales, feministas e independientes y ya cuenta con el apoyo de 650 instancias nacionales, regionales y locales de todo el país. En su pronunciamiento plantearon seis puntos como garantías para iniciar el proceso constitucional. Entre ellas, poner freno a la devastación ambiental; desmilitarización del WallMapu (territorio mapuche de ambos lados de la Cordillera)y por un Estado Plurinacional; y soberanía constituyente, desconociendo la actual reglamentación pactada aquel 15 de noviembre.

Es que, según comprenden, aquel Acuerdo bloquea la posibilidad de discusión de tratados internacionales en momentos en los que Piñera impulsa la aprobación del Tratado del Transpacífico (TTP11), el mayor acuerdo comercial internacional. Ante esto, Dorador plantea la necesidad de frenar su tratamiento en el Congreso y trae al pacto que establece la protección del ambiente y de los defensores de la tierra, que Chile impulsó y aún no aprobó: “Queremos que se incluyan los principios del Acuerdo de Escazú en la Constitución”. En tanto, el protocolo se definirá en los próximos días en las primeras sesiones de la Convención y ahí quedará establecido el lugar del Acuerdo pautado en noviembre de 2019.

Entre quienes conforman esta coalición se encuentra, también, Constanza San Juan, (Lista del Pueblo) vocera de la Asamblea por el Agua del Guasco Alto. Ella y su comunidad frenaron, tras 20 años de resistencia, a la Barrick Gold en su intención de instalar el proyecto Pascua Lama, una mina a cielo abierto en la Cordillera. La disputa, incluso, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la mano de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos y se paró definitivamente en el 2020 cuando el Primer Tribunal Ambiental, de Chile, confirmó la clausura y estableció una multa de 7 mil millones de pesos para la empresa canadiense.

En esta clave, Dorador, representante de la Lista Independientes del Norte, encabezó a días de la asunción de la Constituyente el lanzamiento de una nueva articulación: el Movimiento Independientes del Norte, que reúne a los convencionales independientes de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagas, Atacama y Coquimbo; junto a los representantes de las naciones Aymara, Changa, Quechue y Diaguita, por una agenda común ecológica, ecocéntrica y plurinacional.

Otro modelo económico para un ambiente sano

Postular una perspectiva ecológica trae consigo la puesta en jaque del sistema de producción: “Pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho”, propone Royo, y explica el vínculo que tiene ese proceso con las luchas de los territorios: “El modelo actual chileno se sustenta en un modelo extractivista para la generación de recursos sustentado en una Constitución que protege un derecho a la propiedad ilimitado en el que la naturaleza es un objeto desprovisto de derecho. La superación de un Estado neoliberal significa pensar en una relación distinta con la naturaleza, que se oriente desde el cuidado y desde la reparación del daño generado por fuera de la perspectiva económica. Muchas de las empresas enriquecen a las diez familias más ricas del país. Ejemplo de ello son las empresas forestales que tienen modelo de grandes monocultivos, de pino y eucaliptus, en territorio de la Araucanía, en Walmapu”.

Dorador coincide y sostiene que la redacción de una Constitución Ecológica implica “un cambio de ética y de paradigma”. Por eso, es que considera al desarrollo del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología, como posibilidades de avanzar hacia nuevas economías más sustentables. Considerar el derecho humano al agua y a la seguridad hídrica puede “detener la gran degradación que existe, que también se ve en varios países de Latinoamérica”.

La instalación de la Convención Constituyente mostró en las calles la diversidad, el trabajo y la resistencia para la construcción de un nuevo pacto social, político y cultural en Chile. Ahora, las y los convencionales tienen el mandato de trabajar los próximos nueve meses para materializar el llamado que se hace desde el estallido y por el que fueron convocados: “Que la dignidad se haga costumbre”.

*Imágenes gentileza de Migrar Photo. Cobertura especial de la primera sesión de la Convención Constituyente.

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