OPINIÓN

Por Pablo Benetti (*)

Fue Jueves Santo cuando recibimos la noticia de que nuestros contratos fueron dados de baja. No fue un aviso formal, faltó seriedad. Supimos que no trabajaríamos más en Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Inafci) cuando intentamos ingresar en el GDE (Gestión de Expedientes Electrónicos) en nuestros legajos y en la página de carga del Renaf (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) y no pudimos. No estábamos más, nos habían borrado.

Un Jueves Santo se tomaron el trabajo de ir a una oficina para sacarnos las pocas herramientas que teníamos. Repito, no hubo ninguna notificación formal que nos diera por despedidos del Inafci, ex Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y ex Programa Social Agropecuario (PSA), creado en los años 90.

En Entre Ríos quedamos sin trabajo directo más de 30 trabajadoras y trabajadores, la gran mayoría con más de 15 años en el sector: profesionales de distintas ramas, idóneos; mujeres campesinas; que desde lo más profundo de los parajes acompañaban los procesos productivos y organizativos de sus pares, apoyadas por una trabajadora social y/o un ingeniero agrónomo o veterinario.

Muchos subestimaron y subestiman nuestro trabajo, empezando por el vocero presidencial, Manuel Adorni —que nos llamó “no trabajadores”—, e incluso quienes hoy están ocupando cargos o son parte de la dirigencia gremial sectorial —no todos, aclaro—, que hicieron oídos sordos cuando les pedimos que nos acompañaran en la lucha y en el pedido del «¡No cierre del Inafci!».

Fuimos ignorados. No hubo un comunicado oficial de parte del gobierno de Entre Ríos, tampoco escuchamos el repudio de las organizaciones integrantes de la Mesa de Enlace provincial. Federación Agraria, a nivel nacional, expresó su preocupación, pero aquí en Entre Ríos no salió a rechazar el cierre.

Nos llamaron “ñoquis”, y no sólo hoy. Ya habíamos vivido estos mismos desprecios en el período del ex presidente Mauricio Macri, donde éramos todos «ñoquis»; ese fue el fundamento para diezmar la repartición y dejar una mínima expresión en la provincia y en el país. Pero esta vez fueron más lejos y directamente cerraron el Instituto.

Hoy, luego de más de un año, y tras casi siete meses del gobierno de Juntos por Entre Ríos, en la provincia se paga a los productores la emergencia agropecuaria gestionada en abril de 2023. Fuimos las y los técnicos del Inafci quienes nos pusimos al hombro esta herramienta y logramos llegar a más de 700 productores y productoras de la agricultura familiar. Es más, articulando con el anterior gobierno logramos que se creara una declaración específica para los agricultores familiares, cosa que en las anteriores emergencias no había sucedido.

Esos más de 700 productores y productoras entrerrianos ahora se encuentran solos. No estamos las y los técnicos que asistíamos con la correcta presentación y tramitación de papeles que debían completarse, poniendo nuestros vehículos, impresoras, hojas y el saber de la lógica y tramitación de proyectos, en algunos casos articulando con las juntas y las comunas, para poder lograr que la gran mayoría de los productores pudieran rendir de manera correcta el subsidio que recibían.

Hoy no están los técnicos de agricultura familiar. Los productores que se referencian con nosotros, nos siguen llamando y mandando mensajes, pidiendo que les demos una mano. Con gusto les brindamos la información que necesitan, pero es imposible realizar la tarea que realizábamos como cuando éramos empleados del Estado.

Los productores se encuentran solos. Si no presentan los papeles ni la rendición que solicitan Provincia y Nación peligra la posibilidad de poder, el día de mañana, recibir otro subsidio. Y no sólo eso sino que dentro de 60 días vence el plazo para la rendición al Tribunal de Cuentas, organismo que si no se rinde el total o más de lo recibido con facturas a nombre del productor en un plazo determinado, envía una intimación y luego pasa a las áreas legales quienes sin mirar a quién los vuelven a intimar y piden la rendición o la devolución del monto recibido. Claramente las y los productores son los más perjudicados.

En mí caso particular, hoy trabajo para la Municipalidad de Piedras Blancas. Esa labor ocupa gran parte de mi tiempo, y me es imposible realizar las reuniones que hubiéramos programado —seguramente— en cada paraje del departamento La Paz para poder realizarle a cada uno de los que recibieron la emergencia los papeles que solicitan Provincia y Nación.

Es sólo un caso que sirve de ejemplo. Como ya expresé, se subestimó siempre nuestro trabajo, se minimizó nuestra función en el medio rural de toda la provincia.

Quedarse sin trabajo con más de 40 años de edad es muy angustiante. Y peor si durante los últimos 15 años (en algunos casos hasta 30) las y los técnicos se han capacitado y formado para el trabajo con este sector determinado del campo y ya no podrán hacerlo. Con una situación nacional y provincial de crisis, con un porcentaje alto de desempleo y con la especificidad que tenemos es muy difícil.

Producir horticultura, volver a la docencia, que te llamen de algún municipio para poder realizar algunas tareas puntales —como en mí caso—, son las alternativas que vamos buscando. A tres meses de los despidos nos seguimos reinventando.

Las y los productores de la agricultura familiar hoy se encuentran solos en la provincia. Pedimos al Gobierno provincial que recapacite y convoque a las y los técnicos, que son los que conocen el territorio y saben cómo llevar a cabo el trabajo con este sector, a conformar un área que contenga a cada uno de ellos y desde la que se brinden herramientas para dar respuestas a las necesidades de los más pobres del medio rural.

(*) Ingeniero agrónomo e integrante del Federación Nacional Campesina. Despedido luego de 18 años de trabajo tras el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Inafci).