A más de un año de su promulgación, la Ley de Educación Ambiental es un debate pendiente
septiembre 28, 2022
La norma, votada y promulgada en 2021, se estructura en el modelo de “desarrollo sostenible” imperante, pero contempla aspectos más progresivos. Docentes, ambientalistas y funcionarios analizan la demora del Gobierno en la puesta en marcha, valoran el paraguas que genera para los docentes que impulsan un debate crítico y coinciden en que abre una disputa de sentido pedagógico-política.
Educar para proteger la vida o educar para el desarollo

Por Fabio Primo 

Ha transcurrido más de un año desde la promulgación de la Ley de Educación Ambiental Integral. En el pasado, diversos proyectos de ley habían perdido estado parlamentario. En este caso, la propuesta contó con apoyo directo del Poder Ejecutivo nacional. La norma propone incentivar procesos educativos que aborden contenidos específicos y transversales tendientes a la concientización ambiental. “Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural”, sostiene la letra del texto promulgado en junio de 2021. Sin embargo, la aplicación muestra una distancia entre sus objetivos, la pregnancia social del proyecto y el rol del Estado nacional para ponerla en marcha.   

Un común denominador que pareciera atravesar a las diferentes realidades es la falta de impulso de estos principios en los ámbitos educativos, en el espacio docente, donde se ejerce la práctica pedagógica. Además de la acción del Estado, será necesaria la concertación de lo que el filósofo Carlos Cullen llama “una ética político educativa”, una férrea actitud que ordene discurso y práctica en contextos áulicos. 

Al analizar la actualidad de la Ley de Educación Ambiental, Pablo Sessano —educador ambiental, especialista en Gestión Ambiental Metropolitana y Gestión de Políticas Públicas Ambientales e integrante del colectivo Encuentro Verde por Argentina— advierte que “la ley viene atrasada en todos los aspectos” y apunta la demora en la conformación de la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de la norma y el Consejo Consultivo, organismos clave para su puesta en marcha. Y marca que el espíritu de la norma sostiene el modelo desarrollista imperante y presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que emanan de Naciones Unidas, pero deja abierta la posibilidad de instalar otras agendas desde las aulas

Por su parte, Luis Fernández, profesor de Geografía e integrante de la Red de Docentes por la Vida que trabaja en mesas de conversación sobre la norma en toda la provincia de Buenos Aires, señala que, por el momento, “tenemos ley, pero no tenemos fuerza que la impulse”, como desafío para la concientización del propio gremio docente y también como deuda del Estado: “Desde los ministerios no se meten en las escuelas a trabajar esta temática”. Fernández valora que la ley ya funciona como un amparo para problematizar las problemáticas locales frente a campañas de las empresas multinacionales, del agronegocio o mineras, que inyectan recursos para matizar los impactos de sus actividades. 

Desde el Ministerio de Educación, María Laura Canciani, licenciada en Ciencias de la Educación e integrante del equipo técnico del Área de Educación Ambiental Integral, valora lo que se logró con la redacción de la ley al volcar conceptos ligados al pensamiento ambiental latinoamericano y señala que la norma ya está generando cambios internos en la práctica pedagógica, en la disputa de sentido dentro de las aulas. “En Argentina tenemos muchas leyes de educación ambiental provinciales y un montón de prácticas de educación ambiental que ya están sucediendo. Entonces, hay un desafío muy grande para poder construir un enfoque crítico”, sostiene. 

“La pandemia tendría que haber servido para impulsar muchísimos debates ligados a la agenda ambiental”

La militancia ambiental es prolífica en la producción legislativa. Al igual que otras leyes, la actual Ley de Educación Ambiental Integral tiene como parteros a integrantes de organizaciones socioambientales. Pablo Sessano trabajó intensamente en el texto original que el Frente de Todos impulsó con cambios, para convertirse en Ley tras los proyectos fallidos presentados en 2014 por Adriana Puiggrós y más tarde por Pino Solanas.

La gestión pública tiende a ser lenta. La Ley viene atrasada en todos los aspectos”, apunta Sessano. Se refiere a la conformación de la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia de la Estrategia nacional de la norma, que debe articular a los Ministerios de Ambiente y Educación con representantes del Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y del Consejo Consultivo que debe estar integrado por organizaciones de la sociedad civil. “El contexto de pandemia tendría que haber servido como una excusa para impulsar muchísimos debates ligados a la agenda ambiental y creo que el Gobierno se conformó con tener una Ley”, lamenta el educador y representante de la sociedad civil. Asegura que desde el Ejecutivo “no hubo una evaluación de cuáles eran los problemas por los cuales realmente se necesitaba esta Ley”. 

En ese sentido, Sessano hace una primera evaluación sobre el texto aprobado y cómo impacta en la cotidianeidad de las escuelas al subrayar que no compromete a las provincias ni a los municipios en su implementación sino que deja la coordinación al Estado Nacional. “La Ley al día de hoy no ha traído ningún cambio”, sentencia. 

—¿Qué aspectos positivos y qué aspectos negativos le ve a la letra de la Ley?

—Me parece que tener una Ley así en cierto modo movilizó a los actores que están vinculados directamente, especialmente a los educadores. Movilizó insuficientemente, pero movilizó. Uno podría decir: ¿por qué necesitamos una Ley para movernos? La ley contribuyó a que mucha gente se sintiera apoyada y tuviera un poco más de optimismo. La ley pone en agenda un debate al interior del mundo educativo sobre qué educación ambiental es la que estamos queriendo ¿Es una educación anclada en el pensamiento latinoamericano o es una educación para el desarrollo sostenible? Yo creo que un defecto de la ley es que se alinea con toda claridad en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pero también es cierto que hay un montón de conceptos dentro de la norma que contradicen un poco esa mirada. 

—¿Qué puede ocurrir con esas contradicciones presentes en la Ley?

—Esto es muy interesante, porque si bien la norma adscribe a la lógica desarrollista, deja abiertas algunas cuestiones que emergen como contradicciones en la propia ley. Eso es interesante si se da un debate. Ahí es donde pienso en la importancia de los educadores, que son los que deben poner ese debate en agenda. Otro factor relevante es el de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental de las universidades. Esta es una propuesta interesante. Es débil ya que no las interpela, pero de todas maneras las deja ligadas a un compromiso de plantar el debate dentro de las casas de estudio. 

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Foto: Nicolas Pousthomis / Subcoop

“Hay un desafío muy grande para poder construir un enfoque crítico”

Las propuestas legislativas vienen tomando un rol de imposición de agenda. El Estado Nacional cuenta con una robusta legislación que le permitiría intervenir o resolver tantísimos problemas, pero el drama es menos institucional que político. El fomento legislativo, por un lado, afina el marco y habilita a la participación ciudadana; por el otro, configura un espacio para disputa política donde los diversos actores —en particular los colectivos— pueden incidir y presionar. Surge también una discusión en torno a esta estrategia —como puede verse otras propuestas legislativas como la Ley de Humedales—, que es el hecho que erige a la ley como conquista y al Estado como ejecutor ¿Qué pasa cuando el Gobierno no muestra voluntad de avanzar con esas agendas o está muy condicionado? ¿La puja se da sólo en la esfera burocrática? 

“La ley se inserta en una disputa por el sentido. Por eso es tan importante poder leerla en el marco de un campo de disputa que entiende lo ambiental y lo educativo como ámbito a construir. Yo creo que es una ley que nos permite elaborar un sentido integral, transversal, político, que pone a los conflictos ambientales como oportunidades de enseñanza. Es un punto de partida desde donde seguir trabajando por su efectiva implementación desde el Estado”, analiza María Laura Canciani, licenciada en Ciencias de la Educación e integrante del equipo técnico del Área de Educación Ambiental Integral del Ministerio de Educación.

Canciani considera que la disputa es fundamentalmente político-pedagógica y que en las escuelas ya está ocurriendo. Se da un proceso diferente al de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que fue una ley muy limitada sancionada en 2006 y cuyo proceso en los términos pedagógicos que hoy se ve en las aulas sucedió después. Creo que la Ley de Educación Ambiental ya forma parte de un debate.  

—¿En qué momento está ese desafío de aportar una mirada crítica? 

—No todas las prácticas de educación ambiental tienen ese enfoque. La ley está operando de un montón de maneras. Hay provincias que están revisando sus propias leyes y están avanzando para sacar su propia legislación. El hecho mismo de que exista una ley es importante para las escuelas. El sistema educativo es muy vertical, jerárquico y muy formal. Entonces no es lo mismo tener ley que no tener. Ya está habilitando y legitimando un montón de prácticas. También es una protección para los docentes que haya una legislación.

¿Qué otras particularidades nota en la aplicación de esta ley respecto del contrapunto que hace con la de Educación Sexual Integral?

—Esta ley tiene una particularidad en torno a los principios que la ordenan. Tiene todo un preámbulo que a priori no es tema que la norma deba regular. Esos artículos fueron muy discutidos y se lograron poner. Tiene una marcada orientación pedagógica, que, si bien son generales, están ahí. Los principios están ligados a la igualdad de género, a la orientación holística, el principio de ejercicio de derechos y participación, de problemáticas ambientales como oportunidades de enseñanza, de recuperación y respeto de las culturas indígenas. Ese es un aspecto muy importante. Por ejemplo, uno no ve en la ley de ESI el enfoque y los principios que la ordenan. Eso fue construyendo después en la propia práctica pedagógica y en la misma propuesta de política pública. La ley de EAI logró incorporar muchos aspectos que están ligados al Pensamiento Ambiental Latinoamericano y eso no fue fácil. Es muy fácil criticar, pero en la disputa por las palabras, en qué se pone y cómo se pone esto es muy importante. El artículo 1 dice que la Educación Ambiental es un derecho –esto nunca se destaca – y para mí eso es muy importante. Por supuesto, hay que llevarlo a la práctica.

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El presidente Alberto Fernández, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié; y el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el acto por la promulgación de la ley en junio de 2021. Foto: Prensa Presidencia

“Hay que trabajar es una batalla cultural muy fuerte hacia adentro del colectivo docente”

¿Puede ser la Ley de Educación Ambiental Integral el dique de contención que no deje pasar los proyectos extractivos en las aulas? Si bien es cierto que el sistema educativo público, de impronta urbana, cuenta con anticuerpos para frenarlos: ¿Qué pasa en los territorios? ¿Qué margen tienen las instituciones donde el agronegocio, la minería u otras formas de explotación son las que tienen la “sartén por el mango”? 

Allí, en esas zonas, los docentes se organizan para denunciar los abusos y cuidar a las poblaciones. Ejemplo de esto es la Red de Docentes por la Vida, un amplio agrupamiento de docentes de tantísimas localidades del país que denuncian al lobby empresario en las propias a escuelas fumigadas con agrotóxicos. Una bandera de esa lucha es la fallecida docente Ana Zabaloy

¿Dónde encontramos el problema de la Ley de Educación Ambiental? En las ambigüedades de la norma y la política pública que se lleva adelante. La ley es bien clara cuando habla de 'compromiso ambiental intergeneracional', pero no hay compromiso posible si se está acordando a 30 o 40 años con las empresas, cuando ya no quede más nada, cuando queden las comunidades arrasadas. La ley nos permite que la escuela sea un lugar para problematizar, en eso es clara. El problema que tenemos acá es el grado de colonialidad que tienen muchos de nuestres compañeres docentes. En lo primero que hay que trabajar es en una batalla cultural muy fuerte hacia adentro del colectivo docente, para luego salir hacia afuera”, reflexiona Luis Fernández, profesor de Geografía Social e integrante de la Red de Docentes por la Vida. 

El ex director de la Escuela Secundaria 5 de Saladillo (Buenos Aires), rebautizada por la comunidad como “Andrés Carrasco”, describe la cotidianeidad de las escuelas que integran la Red y el abanico que abrió la Ley: “En todo el territorio nacional luchamos contra empresas como Bayer-Monsanto, que vienen y te ponen la plata para el invernáculo en las escuelas agropecuarias. Esos casos nos sirven para problematizar, pero los primeros casos los damos los militantes. Es ahí donde la escuela se transforma en un campo de disputa. Lo importante es que la ley nos ampara, nos da un margen para que no venga el gerente de una empresa a decirle a la directora que calle a algún docente o a la hora de denunciar las fumigaciones en las zonas linderas al área urbana. Ahí tenemos el amparo para decir “bueno, paren un poco”. Hay una expectativa positiva. 

—¿Cómo ve la implementación de esta Ley, a la luz de que debe operar sobre una educación federalizada? 

—Actualmente vengo trabajando como capacitador para la región, no solo en Saladillo. Desde este lugar vengo desarrollando mesas de conversación con docentes, directores y personal educativo. De los 70 o 60 que se habían anotado solo quedaron diez ¿Qué pasó en el medio? Esta iniciativa está abierta a los docentes, pero en horarios de trabajo. Ahí tenés una contradicción. Por un lado, se abre el espacio y la invitación, pero por el otro no se otorgan los permisos al personal. Si esta formación fuera de ESI tendría otro impulso. Está bien, con todos los años que tiene la ESI de funcionamiento. Tenemos ley, pero no tenemos fuerza que la impulse. Desde los ministerios no se meten en las escuelas a trabajar esta temática. Los que impulsamos esto terminamos quedando en minoría respecto de todo el arco existente. Si nosotros no tenemos un apoyo para poder transformar estos espacios, no podemos.

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