Por Anabel Pomar

Tras 16 audiencias, más de sesenta declaraciones testimoniales y una inspección ocular, el juicio oral por contaminación con agrotóxicos en Pergamino inicia su trayecto final. Concluida la última audiencia de instrucción probatoria, se fijaron las fechas para los alegatos tanto de las defensas como de la fiscalía y la querella. Los mismos están previstos para el 27 y 28 de mayo y el 4 de junio próximo, en los Tribunales Oral Federal 2 (TOF 2) de Rosario.   

Sentados en el banquillo de los acusados, se encuentran siete productores agropecuarios: Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, los hermanos Carlos y Hugo Sabbatini, Cristian Taboada; y el producor e ingeniero agrónomo, José Luis Grattone. Están acusados por el delito de contaminación por la aplicación de agrotóxicos peligrosos para la salud y el ambiente en zonas periurbanas cercanas a viviendas y escuelas. En algunos casos por no respetar una ordenanza (de 2014) y una medida cautelar (de 2020) que lo prohíben o disponen zonas de exclusión y protocolos específicos.

Junto a los productores mencionados, dos funcionarios municipales también están sentados en el banquillo por ser responsables de la fiscalización de las aplicaciones. Son Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini y están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las penas podrían ir de 3 a 10 años. En el caso del productor Cortese se lo acusa también por amenazas coactivas contra un familiar de Sabrina Ortiz, víctima de las fumigaciones, querellante e integrante de las organizaciones Paren de Fumigar Pergamino y Naturaleza de Derechos, en un hecho sucedido en 2020.

El TOF 2 de Rosario —integrado por los jueces, Elena Dilario, Román Lanzón, y Eduardo Rodrigues Da Cruz— además de analizar las responsabilidades y condenas, podrá adoptar medidas que brinden protección a los derechos al ambiente sano y  la salud. Esa decisión del tribunal no es nada menor, ya que las aplicaciones con plaguicidas y los cultivos transgénicos siguen siendo una actividad central en Pergamino y jamás se detuvieron en la localidad de la zona núcleo del agronegocio.  

Los pobladores de Pergamino, a la hora de alejar los agrotóxicos de sus casas, dependen de la tutela provisoria que ordena la cautelar dictada durante la instrucción de la causa, que estuvo a cargo del juez del Juzgado Federal 2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo; y de  la ordenanza municipal dictada en 2014, que no les brinda protección suficiente como tampoco lo hace la ley provincial.  

“Al momento de dictar sentencia, si hay condenas que reconozcan el daño ambiental que ha generado la contaminación con agrotóxicos y cómo eso ha repercutido en la salud de las personas —independientemente de la cantidad de condenados o de las penas que se impongan de acuerdo a la Ley 24.051 (de Residuos Peligrosos)— corresponde que el tribunal aplique el principio precautorio del derecho penal. El principio indica que deben evitar nuevos daños a la salud, que es el bien jurídico protegido. El tribunal debería mantener la cautelar o dictar nuevas medidas de protección”, analiza Carlos González Quintana, uno de los abogados de las querellantes Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, vecina afectada del barrio Santa Julia.  

Con las patas en los barrios fumigados de Pergamino 

La número 16 y última audiencia, ocurrida este miércoles, comenzó con media hora de demora —por motivos profesionales de uno de los jueces del tribunal—. La palabra “demora” no es menor si se toma en cuenta que todos los hechos juzgados forman parte de una denuncia iniciada hace ocho años. El Poder Judicial se tomó casi una década para brindarles la instancia de juicio oral a quienes exigen que dejen de fumigarlos en el corazón sojero bonaerense. 

Desde el 4 de febrero, todo se está escuchando en el foro pertinente. El 13 de mayo, incluso, los jueces pusieron las patas en el barro al realizar una inspección ocular en los campos y barrios fumigados por los acusados para dimensionar las distancias existentes.  Los metros que separan las casas o escuelas y los campos en los que se fumiga, fueron y son el corazón de varios debates. 

En la inspección ocular no se realizaron mediciones adicionales a las que ya obran en la causa, pero el percibir in situ aquello que se lee en una foja judicial no es un detalle menor para las víctimas, que esperan un fallo ejemplar del TOF 2 de Rosario. Los funcionarios llegaron a la inspección en varias camionetas y sus trajes oscuros, que en los pasillos de tribunales son algo corriente, llamaban la atención de los vecinos, que se acercaron a ver con sus ojos todo el operativo que interrumpió la actividad diaria y la tranquilidad habitual en barrios periurbanos de Pergamino y en las localidades de Peña y Ayerza. La inspección duró unas tres horas y media. 

Sabrina Ortiz guió a los funcionarios que salieron de sus sillas para caminar el territorio, visitando sectores de los campos de los productores Cortese, Roces, Tiribó, Sabbatini y el de Fabián Acerbo, productor ya fallecido, pero donde se realizaron fumigaciones por las que están acusados Taboada y Grattone. 

“Más allá de cuál sea la sentencia final, la presencialidad y la reconstrucción de los hechos dejaron poco lugar a dudas. Las distancias eran mínimas. Las fumigaciones ocurrían a pocos metros, apenas unos pasos de la casa de Sabrina. Sólo una calle angosta separó al veneno de su hogar”, reflexionó Maia Cotelo, integrante de un grupo de estudiantes de la UBA que realizaron un registro fílmico de la caravana judicial para un futuro documental sobre los daños del agronegocio tóxico. 

La inspección ocular estuvo acompañada por varios medios de comunicación y desde la organización Paren de Fumigar Pergamino coincidieron en resaltar la importancia de que los jueces pudieran ver con sus propios ojos, en campo, lo que se vivía con las fumigaciones. El único inconveniente se registró en el campo del productor Mario Roces, ya que uno de sus familiares impidió el ingreso de los medios. Una de las hijas de ese acusado fue recientemente denunciada por amenazas y hostigamiento a un funcionario judicial. 

De regreso a palacio judicial, durante la última audiencia del 20 de mayo, tras desistir de algunos testigos, las defensas volvieron a sentar a declarar a los acusados para relativizar las distancias de fumigación observadas en la inspección ocular. El funcionario muncipal Mario Tocalini buscó, con mapas de apoyo, mostrar que los barrios visitados habían crecido desde las imputaciones hasta la actualidad. “No era tan así”, fue el argumento sobre los cambios en los lugares fumigados. Sabbatini, Cortese y Grattone repitieron el argumento en sus declaraciones respecto de  los metros que separaban los campos de las casas. La cautelar dictada en 2020 ordenó una restricción de 3000 metros para las fumigaciones aéreas y de 1500 metros para las aplicaciones terrestres.

Dieciésis audiencias cargadas de testimonios y pruebas 

Desde el inicio del juicio oral, los testimonios de las víctimas del modelo agrotóxico dejaron helada la sala. Por momentos, llanto; por otros voces quebradas o silencios obligados por la emoción. Un total de 14 personas, entre ellas, las querellantes Ortíz y Bianco, declararon su sufrimiento en primera persona: haber perdido familiares o padecer hasta estos días problemas de salud. Esos testimonios pudieron escucharse en las audiencias del 12  y 26 de febrero, en las del 4 y 11 de marzo y, por último, el 7 de abril.  

Sólo tres personas declararon por las defensas, diciendo que no habían sentido nunca ni olor a veneno, ni tener afectaciones, ni conocer a nadie que sufriera “por el tema”. Entre este grupo, Marcos Dotta, trabajador rural y vecino de un campo fumigado, admitió recibir agua potable en su domicilio, luego de que en la etapa de instrucción se ordenara proveer a los vecinos de los barrios donde se registró presencia de agrotóxicos. Dotta declaró bajo juramento que tomaba esa agua entregada por mandato judicial, pero manifestó que no tenía idea de porque se la daban. También reconoció que trabajaba eventualmente para Tiribó, uno de los productores acusado. 

Las audiencias permitieron repasar el cúmulo de pruebas existentes que demuestran el impacto de los agrotóxicos en el ambiente, el agua, el suelo y en las personas vecinas de los campos fumigados. 

Entre los testimonios, fueron determinantes los de profesionales de varias disciplinas, que precisaron lo hallado en estudios ambientales o de fluidos humanos. Verónica Torres, médica toxicóloga, en la audiencia del 4 de marzo, describió el cuadro de salud de uno de los hijos de Ortiz y declaró que indicó (hace 8 años) que la familia debía alejarse, con urgencia, de la exposición a las fumigaciones.

En la audiencia del 13 de marzo, declaró  Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma del INTA, responsable de los análisis de laboratorio del agua y suelo de los lugares denunciados. Aparicio precisó que, entre noviembre de 2018 y mediados de 2020,  se analizaron diez muestras y ninguna estuvo libre de plaguicidas. Glifosato, su metabolito AMPA, Metalocloro, derivados de la Atrazina, Acetoclor, Clorpirifos, 2,4D, fueron las moléculas encontradas. 

En la audiencia del 26 de marzo, fue destacable lo aportado por María Fernanda Cuño Basaldúa, licenciada en química y perito; y por Flavia Vidal, médica forense y toxicóloga. Basaldúa, quién realizó cinco informes para la causa, señaló algo que no es muy conocido para la mayoría: las normativas argentinas y la ley provincial, no pesquisan agrotóxicos cuando se monitorean matrices ambientales. A sus críticas de lo obsoleto de la legislación, la química agregó el detalle sobre todos los peligros que acarrean las moléculas de agrotóxicos encontradas en Pergamino, que está probado, además llegaron a las napas y acuíferos. 

Por su parte, Vidal fue contundente respecto de la acción de los plaguicidas como agentes para aniquilar “plagas” y señaló que si tienen efecto sobre plantas o insectos, también lo tienen sobre los humanos. En esa misma audiencia, el ingeniero químico Guillermo Hough describió las derivas que provocan las aplicaciones, aunque sean consideradas “controladas” o realizadas bajo las “buenas prácticas agrícolas”. 

La genetista, Delia Aiassa, en la audiencia del 27 de marzo, graficó los daños genéticos que provocan los agrotóxicos y las afectaciones detectadas en Ortiz y su hijo, ambos con daño genético. El médico pediatra y perito de parte de la querella, Medardo Avila Vázquez, también relató los daños que provocaron los agrotóxicos en el hijo de Sabrina y los riesgos que implican a futuro toda esa exposición.

Ese mismo día declaró también, el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quién enumeró todos los peligros intrínsecos de la actividad basada en transgénicos y venenos.  Toda esa información sobre los peligros y el riesgo del uso de agrotóxicos fue ampliada por el Ingeniero químico Horacio Beldómenico en la audiencia del  7 de abril, que marcó el cierre de las exposiciones por parte de los especialistas. 

Sentir los agrotóxicos en el cuerpo o negar la realidad   

En una de las audiencias iniciales, el relato de algunos policías que participaron en allanamientos y muestreos ordenados durante la instrucción de la causa brindaron detalles claves para la reconstrucción de los hechos. Los relatos de los uniformados Diego Mondedoro, Maximiliano Melo y Federico Galarza Puig fueron los que resaltaron entre un grupo de colegas que, mayormente, prefirió no recordar. Mondedoro declaró que los vecinos denunciaban que el agua se volvía intomable y que él en persona sintió afectaciones al visitar los barrios pegados a los campos fumigados. “Te picaba la garganta y sentías irritación”, reconoció. 

Por su parte, Melo también relató sufrir en su propio cuerpo lo mismo que padecían los vecinos de los campos fumigados por Cortese: “Había olor, se sentía un olor artificial y te agarraba picazón en el cuerpo”. Galarza Puig señaló que, a raíz de haber leído una nota periodística (que relataba denuncias de enfermedades que hacían personas fumigadas de los barrios La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia), decidió actuar de oficio e iniciar investigaciones y dar conocimiento al Poder Judicial (Juzgado de San Nicolás).

El rol de los funcionarios de la salud, en cambio, fue para desestimar las denuncias de varias vecinas de los barrios fumigados, que en la causa, denunciaron que las enfermedades o problemas no eran tratadas como casos de contaminación ambiental. Pablo Bonelli, médico del Centro de Atención Primaria de Villa Alicia, en el periurbano de Pergamino, declaró el 8 de abril, y desestimó que las enfermedades sean tantas y dijo no poder asociar ningún cuadro de los que veía a los daños por la fumigación con agrotóxicos. Bonelli, pese a que integra la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), desconocía por completo el trabajo de la SAP que denuncia los impactos de los agrotóxicos en niñeces.

En el mismo tono, María Marta Peretta, ex titular de la Dirección de Salud de Pergamino, también admitió bajo juramento desconocer la publicación de la SAP, la clasificación toxicológica del glifosato, sus peligros, la clasificación de la Agencia Internacional de Cáncer, y comparó a los plaguicidas altamente peligrosos con insecticidas hogareños. Esa funcionaria tuvo a su cargo un relevamiento en los barrios que concluyó que no había señales de alerta. El trabajo no incluyó perspectiva toxicológica ambiental, especialidad que no existe en las dependencias de salud municipales que estuvieron a su cargo. 

El municipio de Pergamino, bajo la intendencia de Javier Martínez, siempre negó cualquier afectación y ha intentado, sin éxito, hacer caer la cautelar de protección.  Por parte de las defensas, los testigos aportados señalaron que “todo se hacía bien” o resaltaron “el buen manejo y las buenas prácticas agrícolas”. Entre ellos, de modo presencial o virtual, declararon catorce productores rurales, empresarios fumigadores, aplicadores, ingenieros agrónomos y hasta el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, Pedro Jacquelin, y un ex directivo del INTA, Daniel Freggiaro; éstos dos últimos en la audiencia del 6 de mayo. 

Los acusados, que gozan de derecho a la defensa, y no tienen obligación de declarar verdad, hicieron lo propio, algunos más de una vez. Acorde a sus relatos, nada malo sucedió. Que “es algo político”, deslizaron, que es “todo injusto para personas de honor y trabajo”. Sin embargo, allí, los agrotóxicos presentes en personas y en el ambiente, señalan otra historia. Resta saber que decide el Poder Judicial. El histórico juicio inicia su etapa final en la sede del TOF 2 de Rosario, en Boulevard Oroño 940, y podrá presenciarse en vivo o a través de la transmisión oficial del tribunal.