Familias campesinas denuncian que las aplicaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos diezman la producción de animales y afectan su salud. Exigen medidas urgentes para frenar la vulneración de derechos. Al mismo tiempo, se organizan para participar en la redacción de la nueva ley de agroquímicos, anunciada por el Ministerio de Producción.
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Secretaría de Agricultura Familiar: cuando la política pública no llega a los campesinos
El gobierno nacional cuenta con un área dedicada específicamente a los sectores populares del campo, pero la asistencia casi no llega a las familias rurales. Tras el desmantelamiento hecho por el macrismo, los trabajadores continúan precarizados y no cuentan con recursos básicos para sus tareas. La Secretaría está en manos del Movimiento Evita.
Tres generaciones campesinas y la lucha por la tierra
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero denunció intentos de desalojos contra quince familias productoras. Señalaron a un escribano de la capital provincial y repudiaron el accionar del Poder Judicial, que no aplica los derechos campesinos. El caso de Félix Salvatierra, que defiende las hectáreas donde nacieron su abuelo y su padre.
Libro: “Tito Ravelo, payadas y reflexiones del sachayoj”
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) y la Editorial de la Universidad Nacional de Luján editaron las memorias del campesino Tito Ravelo. Con entrevistas a su familia y a sus compañeros de la organización, reconstruyen el pensamiento y el accionar del referente rural del paraje Cejolao.
Allanamientos y detenciones a campesinos del Mocase
El Poder Judicial de Santiago del Estero ordenó un violento allanamiento sobre la comunidad campesina de Loma Blanca Norte. Se llevaron detenidos a dos campesinos y a un menor de edad. Desde el Mocase denuncian a patotas que buscan desestabilizar y quedarse con las tierras campesinas.
Selecciones |02, 2026
Alerta en defensa de los glaciares: Milei y gobernadores quieren entregar el agua a las multinacionales mineras
Con un proyecto de ley a medida de las empresas mineras internacionales, el Presidente y los gobernadores cordilleranos impulsan el desguace de la Ley de Glaciares. De aprobarse, cada gobierno provincial decidirá qué reservorio de agua se puede destruir para beneficiar al extractivismo. Especialistas afirman que la norma será inconstitucional y habrá judicialización. Rechazo unánime de organizaciones socioambientales, movimientos campesinos, pueblos indígenas y académicos que defienden el agua.