Por Eduardo Duschatzky
La familia de Félix Salvatierra lleva tres generaciones de vida campesina, más de un siglo, como poseedora de tierras en Villa Hipólita, localidad del departamento de Robles (30 kilómetros al este de la capital de Santiago del Estero). Si se consideran además la continuidad en las labores productivas y las mejoras de todo tipo introducidas en esas tierras, sus derechos como legítimos poseedores deberían estar fuera de toda discusión. Pero, en el mundo del revés, Salvatierra acumula tres sentencias desfavorables y una orden de desalojo.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) denunció por este y otros casos a “Elio Curet, escribano y abogado de la capital provincial, quien con maniobras oscuras usurpa los lotes de las familias de Villa Hipólita”.
“Se ve que este tipo anda prendido con jueces y fiscales pero no lo voy a dejar. La vamos a pelear, quiero defender esta tierra de mis viejos. Si me la sacan nos matan”, dijo Félix Salvatierra en una entrevista telefónica con Agencia Tierra Viva.
En algún momento, hace más de un siglo, su abuela se afincó allí. El padre, Domingo Salvatierra, nació en 1915 y pasó sus 92 años de vida en esas tierras. “Nacido y criado aquí, como yo y mis hermanos”, recuerda. Un total de doce hermanos, cinco de los cuales trabajan en agricultura en lotes próximos al suyo y comparten el monte en la producción ganadera.
“Lo que quiero es justicia. No queremos lo de otros, queremos lo nuestro”, subraya Félix y agrega: “Nunca hemos tenido problemas con nadie hasta que, desde hace unos 20 años, este hombre nos tiene así”.
En conjunto, los hermanos Salvatierra que no migraron dedican a la agricultura (cebolla, alfalfa, maíz, sandías y melones) lotes que en conjunto suman unas 25 hectáreas y hacen ganadería mayor y menor en unas 200 hectáreas de monte.
Entre las mejoras introducidas, cuentan con regadío. Por presión de Curet, la Unidad de Riego había suspendido la provisión de agua proveniente del Río Dulce, pero los Salvatierra lograron recuperar el vital recurso.
Quince familias y un Poder Judicial cómplice
El caso de la familia Salvatierra no es el único. Cerca de quince familias están en conflicto con el mismo empresario, que pretende sus tierras para ampliar sus negocios inmobiliarios.
El Mocase Histórico (una de las ramas de ese movimiento campesino) denunció en un comunicado que Curet actúa “con prepotencia y mal trato a las familias”, y afirmó que “tiene aceitado los mecanismos para que la policía de la ciudad de Beltrán y el Poder Judicial actúen en complacencia de sus intereses, sumándole el desconocimiento total de sus derechos de las familias” afectadas. Entre estos derechos, señaló que la llamada “ley veinteañal protege” a los campesinos por ser legítimos poseedores.
La “posesión veinteañal”, detallada en el Código Civil, establece que quién vivió y cuidó la tierra por dos décadas tiene derechos adquiridos. Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.
Félix Salvatierra afirmó que Curet actúa con agresividad hacia las familiar cuyas tierras pretende. Detalló que al vecino Oscar Gramajo “le tiró la camioneta encima” y, con el mismo vehículo, “se metió en el patio” de la vivienda de Salvatierra.
En este contexto, hace dos semanas las familias campesinas afectadas recurrieron al Comité de Emergencia, creado en la órbita del gobierno provincial para prevenir o intervenir en los conflictos de tierras.
Según explicó a esta Agencia Roger Almaraz, del Mocase Histórico, las acciones de Elio Curet “vulneran derechos de las familias campesinas de Villa Hipólita, El Barrozo y Buey Muerto” con la finalidad de “usurpar sus lotes, dónde las familias producen para vivir y ya hizo lo mismo en otros territorios de la provincia”.
Mediante operaciones “en negro” y sus vinculaciones con el Poder Judicial “pone en riesgo a muchas familias de estos pequeños parajes, que ancestralmente han vivido y viven, porque, estas tierras les pertenecen y han sido heredadas de sus padres y abuelos”, añadió.
El referente del Mocase sostuvo que, con esos derechos de posesión, “debería ser imposible que pierdan sus tierras mediante ningún tipo de juicio” y agregó que las sentencias desfavorables “demuestran a las claras quién tiene acceso a la justicia y quién no”.
Almaraz señaló que, “cuando comienzan a conocer sus derechos y a luchar por ellos, para estas familias comienza el proceso de aprendizaje para exigir justicia”, con el respaldo del Mocase. “Las familias campesinas ya están en pie de lucha, por la propia dignidad, por una forma distinta de vivir para sus hijos y nietos, por la tierra, el agua y el monte”.