Por Mariángeles Guerrero

El gobierno de San Luis creó, en 2009, el Municipio Ranquel en el sur puntano. A través de un decreto, estableció la restitución de tierras para las dos comunidades ranqueles que habitaban las localidades de Villa Mercedes y Justo Dáract. Se trata de 23 familias que fueron reunidas y trasladadas a tierras fiscales, que la provincia destinó a la formación del municipio. La normativa, que avaló la restitución, indica que se debía «respetar la autonomía» del pueblo originario. Pero la denuncia de las ranqueles Noemí Escudero y Juana Alcántaro, a quienes se les quitó su ganado y se les impide realizar actividades para su propia subsistencia, muestra que eso está lejos de ser una realidad.

Desde 2019, por orden del gobierno provincial, el Municipio Ranquel está intervenido por Sergio Freixes, un huinca (blanco) que fue titular de los ministerios de Legalidad y de Medio Ambiente, Campo y Producción de la provincia. En 2018, el Tribunal Oral Federal de San Luis lo condenó a cinco años de prisión por coacción agravada y amenazas contra otros funcionarios y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por una década. Sin embargo, fue designado por el gobierno y administra el municipio. Según denuncia la machi ranquel Miriam Orellano, la comunidad está impedida de elegir sus propias autoridades desde 2019, debido a que el interventor no lo permite.

Itatí Arce es antropóloga y docente de la Universidad de San Luis. Respecto a Freixes, comenta: «Es la mano derecha de Alberto Rodríguez Saá. Ahora está llevando adelante la campaña electoral. Tiene un poder político muy grande en el sur provincial». Y denuncia: «Hoy el municipio es como una estancia grande donde Freixes es el capataz y si le desobedecés te castiga. Todas aquellas personas que se acercan a ayudar a Noemí y Juana son expulsadas. Hay una situación irregular muy grande». El predio de 60 mil hectáreas, que conforma el municipio, está cercado y cuenta con una sola tranquera por donde se sale y se entra.

La machi Orellano agrega que, con la creación del municipio, el gobierno de San Luis entregó 5000 cabezas de ganado para el Pueblo Ranquel. Pero la administración de los animales «está siendo trabajada por el señor Freixes y no sabemos adónde va ese dinero. Además se siembra y se cosecha, pero tampoco sabemos adónde va ese dinero».

Por otra parte, el gobierno puntano otorga a algunos integrantes de la comunidad planes sociales a cambio de que cumplan tareas en la localidad, además del trabajo que realizan en el campo, pero todo depende de la voluntad política. «Las mujeres no tienen derecho a tener un recibo de sueldo. No tienen derecho a reclamo, les dan 40.000 pesos por mes», señala Orellano.

En San Luis, la ley N° V-0600-2007 reconoce la preexistencia étnica y cultural de todas las comunidades que han habitado y habitan su territorio, estableciendo expresamente la restitución a las mismas de las tierras que históricamente les han pertenecido. También reconoce «los derechos que como comunidades autónomas les corresponden y hacen a cada una de sus culturas: organización, identidad, espiritualidad, desarrollo sustentable, respeto, y todo otro derecho que construya y revitalice su etnicidad y diversidad».

De acuerdo al decreto 2884-MGJyC9, de 2009, la creación del municipio consistía en una «reparación histórica» para que el Pueblo Ranquel «alcance la autonomía correspondiente para su plena viabilidad económica». La resolución sostiene que el Estado debe «coadyuvar al aseguramiento de su desarrollo integral y sustentable, arbitrando medios concretos para su planificación y acceso al capital que les permita adquirir autonomía económico-financiera, como así también ejercer libremente los derechos a la autodeterminación como pueblo. Asegurándoseles mecanismos de participación y consulta en las acciones políticas que le involucre».

Casi siete años después, Noemí y Juana luchan para recuperar su ganado y poder trabajar sus tierras. Los animales quedaron confiscados por Freixes, tras amenazas y maltratos. Su situación no es un hecho aislado. Para Escudero está claro que el interventor las humilla por ser «mujeres e indígenas».

Una historia testigo de la autonomía ficticia del Municipio Ranquel

Las comunidades Lonko Guayqui Gnerr (de Villa Mercedes) y Manuel Baigorria (de Justo Dáract) fueron trasladadas en 2009 al Municipio Ranquel, ubicado en el departamento Gobernador Dupuy. Junto a la primera comunidad llegaron Noemí y Juana, con sus propios animales. Entre 2010 y 2019, las mujeres llegaron a tener 287 ovejas, diez cabras, diez caballos y 90 vacas. En 2013 tramitaron las marcas y señales de su hacienda.

En 2017 asumió como autoridad del Municipio Ranquel, por un periodo de dos años, una asamblea tripartita integrada por las lonkas Ana Escudero —hermana de Noemí— y Laura Garay, y el lonko Víctor Baigorria. Tras ser electa como autoridad, la comisión tripartita pidió asesoramiento al gobierno provincial para poder administrar los campos del municipio. “Pidieron ayuda. Y esa ayuda fue este interventor, puesto por el Gobierno. Pero Freixes no reconoció la figura de las lonkas por el hecho de ser mujeres. Sólo dejó a Baigorria”, denuncia Noemí.

El lonko Baigorri le aseguró que «obedece a las órdenes de Freixes«. De esta manera, el Pueblo Ranquel quedó aislado y sin poder de decisión.

En 2020, Noemí y Juana se acercaron a Freixes para pedirle un comodato de pastaje (cesión del derecho para los animales), que les posibilitara la inscripción de los mismos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) y poder vacunarlos. Noemí recuerda aquella primera conversación e indica que fue el inicio del conflicto: “Cuando quisimos hablar con él, nos contestó de mala manera. Nos dijo que, para evitar problemas, nos compraba todo, hasta el perro. Intentamos explicarle que los animales son nuestro sustento personal y que también hacen a nuestra identidad cultural, porque el ranquel siempre vivió de los animales, del campo y de la tierra. Pero este señor no nos dejó terminar de hablar y se fue”.

La segunda vez que hablaron, afirma la mujer, Freixes las amenazó. Fue cuando ellas le pidieron permiso para que una camioneta ingrese al municipio a descargar alimentos para sus animales. “Intenté explicarle eso y me dijo que me dejará de joder o me iba a ir mal”, denuncia Noemí. El interventor volvió a presionarlas para comprarles la hacienda, pero ellas se negaron. Como respuesta, Freixes ordenó que los animales quedaran en unos corrales e impidió el acceso de sus dueñas.

Esa no fue la única represalia. A los pocos días, Noemí supo que había perdido su otro trabajo como personal auxiliar del Hospital Ranqueles. Meses después, ya en 2021, las mujeres tuvieron una audiencia con el gobernador Rodríguez Saá, quien dijo desconocer la figura de Freixes, aunque lo mantuvo en su puesto.

Al continuar el conflicto, en abril de 2022, Juana y Noemí sostuvieron un acampe de 18 días frente a la Casa de Gobierno de San Luis. En ese marco denunciaron la ausencia de autonomía de la comunidad ranquel. Pidieron la restitución de sus animales, del trabajo de Escudero y el cese del hostigamiento por parte del interventor hacia la comunidad. Ese mismo mes, ambas fueron denunciadas por el lonko Baigorria por abigeato —robo del ganado—, delito que no pudo ser probado pero que significó que la Policía Provincial intervenga en la confiscación del ganado.

“Se nos acusó de abigeato, por lo que tuvimos que abandonar el acampe y regresar al municipio a pelear por nuestros animales. Una vez en nuestra tierra, vimos unos 60 uniformados: desde la Policía Montada, pasando por la de Antidisturbios y la Rural”, recuerda Noemí y cuenta que los propios efectivos arriaron los animales para sacarlos del corral de la Comunidad Baigorria y llevarlos a otra parte del municipio. Ese movimiento fue acompañado por un gran operativo para controlar a Noemí, a su pequeño hijo y a Juana.

Así, a tres años de que el interventor decidiera arbitrariamente confiscar el ganado, las mujeres todavía esperan que se lo devuelvan para poder seguir realizando sus tareas de cría para el autoabastecimiento. Pero el Estado provincial continúa sin respetar su propia ley.

La respuesta del gobierno provincial es que la tenencia de estos animales es un problema que debe solucionar el Pueblo Ranquel. Así lo explica la antropóloga de la Universidad de San Luis, que acompaña el reclamo de Noemí y Juana. «Les dicen que es un tema de autonomía y que lo resuelvan ellos. Esto es porque, supuestamente y al restituirse las tierras en 2009, el Pueblo Ranquel tiene autonomía política para poder organizarse, independientemente de las formas organizativas del Estado-Nación». Pero la docente aclara: «Se juega con distintos significados en torno al término ‘autonomía’. Es una autonomía ficticia, porque en verdad el Pueblo Ranquel no tienen poder en el municipio».

«Nos humillan por ser mujeres e indígenas»

La situación de Escudero y Alcántaro no es un hecho aislado. Toda la comunidad sufre amedrentamientos por parte del Interventor. Durante la pandemia, denuncian que Freixes puso un candado en la entrada al territorio. “Supuestamente era para cuidar a las personas del Covid. Había que pedirle al lonko Baigorria la llave. Tenías que dar una explicación de por qué querías salir”, dice Noemí Escudero. Recuerda los problemas que tuvieron por esa situación: su mamá tenía otras enfermedades y ella no podía ir a Buena Esperanza, una localidad cercana, a buscar medicamentos. Uno de sus hermanos tuvo que romper el candado durante una madrugada para llevar a su hijo enfermo al hospital. 

Para Escudero, siempre hubo un rechazo por parte de Freixes hacia las mujeres. «Siempre se dirigió a nosotras como una cosa, como si fuéramos muy poca cosa. Vemos en sus actitudes que siempre fue desafiante hacia nosotras. Siempre sentimos esa humillación sólo por ser mujeres e indígenas”, asegura.

La discriminación institucional trasciende los límites del municipio. El pasado 29 de mayo, Noemí y Juana tenían cita con el fiscal Maximiliano Bazla Cassina, interviniente en la causa por «abigeato», pero el funcionario judicial sólo recibió a su abogado. “La conversación no duró más de cinco minutos, le dijo que ese mismo día iba a venir la Policía con una orden donde se nos hacía entrega de todos los animales. Eso fue de palabra porque no hubo un papel ni nada”, comentan.

En agosto de 2022 vivieron una situación similar: “También dijeron que nos iban a devolver los animales y no pasó nada. No sabemos si los van a devolver ni en qué condiciones”. Lo último que saben, informan personas allegadas a la causa, es que sólo les van a devolver los animales que no tienen tramitado en la actualidad el registro de marcas y señales.

Arce destaca que lo que ocurre con las mujeres ranqueles no es un hecho aislado. Alude a lo que pasa en la zona de Cuyo, donde «hay una ofensiva hacia los pueblos originarios». Y pone como ejemplo las medidas discriminatorias recientemente discutidas en Mendoza. «En este caso, además del racismo se mezcla el machismo y el colonialismo. Noemí y Juanita son dos mujeres independientes, que no dependen de un varón para subsistir. Son de las pocas mujeres que tienen ganado y animales. Y que además denunciaron«.

Quienes viven las situaciones de violencia producidas por el avasallamiento de los derechos indígenas en el sur puntano, generalmente no denuncian. «Los hechos de expulsiones y de irregularidades son transitados de manera silenciosa. Los expulsan, se van y nadie se atreve a hacer una denuncia al gobierno provincial o a alguien como Freixes. La valentía de estas mujeres para pelear por su derecho es algo excepcional», dice Arce.

Noemí resume la situación de injusticia: “Luchamos por esos animales y por el derecho de tenerlos acá porque nosotras somos de acá. ¿Por qué vamos a sacar nuestros animales? Si cuando vinimos aquí el mismo gobernador Alberto Rodríguez Saá nos dijo que podíamos criar animales“. Y señala que están pensando en hacer un nuevo acampe: “Estamos cansadas de que hasta la Justicia nos mienta“.