El Gobierno impulsa el proyecto de Ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que en la práctica es una reforma a la Ley de Tierras. Promueve la extranjerización de la tierra en Argentina y facilita los desalojos a las comunidades indígenas y campesinas. Se prevé que el tratamiento en el Senado sea el jueves 6 de agosto y las organizaciones campesinas y socioambientales convocan a una movilización al Congreso para ese día. El Observatorio de Tierras, del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, califica la iniciativa como “una contrarreforma a favor del capital”. La Mesa Agroalimentaria Argentina, que nuclea a organizaciones de productores campesinos e indígenas, manifestó su rechazo. Actualmente, 13 millones de hectáreas están en manos de empresarios extranjeros.

A partir de 2008, tras la crisis financiera global, la tierra pasó a ser un commodity a nivel global para los capitales especulativos. La Ley de Tierras, sancionada en 2011, estableció límites para la extranjerización. Según la normativa actual, personas físicas o jurídicas no pueden comprar más del 15 por ciento de las tierras rurales en el territorio nacional. La Ley de Tierras establece también que dicho porcentaje se computará para las superficies provinciales y municipales. Y existe un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo de la producción agropecuaria para un mismo titular extranjero.

En esa ley no se consideró extranjero solo al titular de la propiedad, sino que se consideró foráneas a las empresas controladas por hasta un 25 por ciento de personas físicas o jurídicas extranjeras. Pero el gobierno de Mauricio Macri, mediante el Decreto 820/2016, elevó ese tope a más del 51 por ciento.

Con estos antecedentes, el proyecto impulsado por La Libertad Avanza y negociado por Patricia Bullrich en el Congreso con sus liados provinciales, propone:

• Eliminar los límites de compra de tierras rurales por parte de empresarios o compañías extranjeras.
• Suprimir la restricción de compra de más de 1.000 hectáreas a empresarios foráneos en la zona núcleo de la producción agropecuaria.
• Dejar sin efecto la prohibición de adquirir tierras ribereñas de cursos de agua permanente o en zonas de frontera.
• Eliminar el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. Es el ente encargado de regular lo que ocurre con las tierras a nivel nacional y de supervisar que se cumplan los límites de adquisición de tierras rurales.
• Modificar el concepto de “titularidad extranjera” y habilitar a comprar tierras en el país a cualquier persona física extranjera (no radicada en el país) y a personas jurídicas con participación de capitales internacionales. Es decir, un fondo de inversión privado de Arabia Saudita, Vanguard, BlackRock o cualquier corporación transnacional podría adquirir tierra sin límites.
• Introducir el juicio sumarísimo (procesos breves para resolver situaciones urgentes) para habilitar desalojos en zonas urbanas y rurales. Habilita el uso de la fuerza pública para esos operativos.
• Mantener las prohibiciones vigentes para los Estados extranjeros y empresas estatales extranjeras.
• Delegar a las provincias la decisión de qué tierras vender o la capacidad de crear legislaciones específicas de protección (argumento de “dominio originario” que ya se utilizó para desarmar la Ley de Glaciares).
• Derogar el artículo 4 del Decreto 15.385 de 1944, que establece: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”. Por zonas de seguridad para la defensa nacional se entienden, por ejemplo, las zonas de frontera.
• Limitar la capacidad del Estado para expropiar tierras de “utilidad pública” (con modificaciones a la Ley 21.499 sobre Expropiaciones y Ley 24.374 sobre Regularización Dominial). 
• La reforma alcanza también la Ley de Manejo del Fuego. La prohibición de cambiar el uso del suelo tras un incendio quedaría restringida a bosques nativos definidos por ley, eliminando las salvaguardas sobre humedales, pastizales, matorrales y áreas agrícolas.
• Este proyecto acentuará la extranjerización de la tierra rural en Argentina. En el país hay, según el Observatorio de Tierras, más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas que se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas. Por ejemplo: en áreas de frontera, a la vera del río Paraná, en nodos logísticos clave, en regiones con potencial minero, en territorios con cursos de agua en zonas frías, en acuíferos de importancia estratégica y en extensas áreas de bosques nativos.
• Según un relevamiento del Observatorio de Tierras, 36 municipios del país situados en esas zonas estratégicas ya superan el límite del 15 por ciento de extranjerización previsto por la ley vigente. Cuatro de ellos exceden el 50 por ciento con dueños extranjeros. Se trata de Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), todos ellos en zona de cordillera o precordillera con recursos de agua dulce o de minerales.
• Los principales poseedores de tierras en Argentina son estadounidenses (2,7 millones de hectáreas), italianos (dos millones) y españoles (1,7 millones). Gran Bretaña ocupa ilegalmente 1,1 millón de hectáreas en las Islas Malvinas, pero además posee otras 246 mil hectáreas en el resto del territorio nacional. Además, 2,2 millones de hectáreas están controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o países con regulaciones especiales.
• Las mayores empresas que operan a nivel internacional y que concentran tierra en Argentina son Arauco (Chile), Benetton Group (Italua) y Cresud (del argentino Eduardo Elsztain, impulsor y aliado de Javier Milei).
• Según el último Censo Nacional Agropecuario (2018) la agricultura familiar representa al menos el 65 por ciento de las los productores del país. Pero solo accede al 13 por ciento de la superficie agrícola.