OPINIÓN

Por Adrián Moyano*

Sí, claro. ¿Cómo no vamos a marchar el jueves 6 de agosto por las tierras? Pero déjenme pasar un par de avisos: la primera extranjerización significativa de la historia que nos incumbe la llevó a cabo el Estado argentino a través de su brazo armado. Los corrimientos de la línea de fortines fueron paulatinos desde la década de 1820 en adelante, pero el ritmo de la usurpación se tornó vertiginoso y mortal a partir de 1878.

Me permito recordar que para 1810 la frontera entre el antiguo Virreinato del Río de la Plata y el territorio de los pueblos indígenas libres, entre ellos el mapuche, pasaba a dos o tres galopitos de Buenos Aires. Y fue junto con los rémingtons y los sables que llegó la propiedad privada.

El monumental despojo no benefició inicialmente en nada al pueblo argentino. Es más, en la época de "la manteca al techo" la clase trabajadora sufría condiciones de explotación espantosas, las que también comenzaron a padecer culturas que no eran perfectas, pero nunca habían puesto en el centro de su funcionamiento la plusvalía.

Cuando buena parte de los y las mapuche sobrevivientes todavía languidecía en campos de concentración, su antiguo territorio se fraccionó y quedó en manos de militares de alto nivel que se llenaban la boca con invocaciones a la patria, entre ellos, el propio Roca. Por dar un par de ejemplos, un año después de que muriera Inakayal, la Compañía de Tierras del Sud Argentino ya poseía una cantidad de hectáreas que incluso vulneraba la legislación vigente y en parte de los antiguos dominios del lonco Reuque Cura se instaló la Estancia Pulmarí, también de capitales británicos. De ese origen fue el Ferrocarril del Sud, que unió Bahía Blanca con el Alto Valle del río Negro y después con Zapala. ¿Se imaginan a cuánto trepó la cotización de las tierras que hasta 1879 recorrieron en libertad las caravanas mapuches y tehuelches?

Claro que vamos a marchar el jueves, pero desde que se reformó la Constitución Nacional (1994), ningún gobierno reconoció --como dicta la ley suprema del país-- “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” las comunidades indígenas y menos aún se dignó “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Pasaron 32 años y no sé cuántas gestiones. Como la “tierra indígena” no es “enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”, los títulos de propiedad comunitaria serían barricadas infranqueables ante la profundización del despojo que ahora requiere el funcionamiento capitalista.

Por último, déjenme sumar que la Ley 26.160 que ordenó el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas estuvo en vigencia durante 18 años y no se terminó en ningún lado. ¿Inoperancia o decisión política? ¿Cómo puede ser que, superado el primer cuarto del siglo XXI, el Estado en sus diversas jurisdicciones no sepa cuáles son los territorios indígenas? Si hasta tiene herramientas para saber si ampliamos el galponcito del fondo.

Vamos a marchar, claro que sí. Pero después no me vengan con que “hay que aprovechar las ventajas que nos da el mercado internacional”. Con esa excusa llenaron de soja hasta los maceteros. O con que “hay que pensar a la cordillera como una torta”.

*Periodista y escritor. Autor de numerosos libros, entre ellos "Crónicas de la resistencia mapuche" y "A ruego de mi superior cacique, Inakayal".