Por Mariángeles Guerrero

El 6 de agosto pasado entró en vigencia la Resolución 414 del Senasa que regula la gradual prohibición de la importación, elaboración, fraccionamiento y uso del insecticida clorpirifos. Se trata de un insecticida de uso agropecuario y domiciliario (para el control de pulgas y garrapatas en animales domésticos). La resolución prohíbe la importación de la sustancia a partir de los 45 días, proscribe la elaboración y el fraccionamiento desde los 90 días y su uso y comercialización a los 455 días. Es decir, que el clorpirifos quedará totalmente prohibido en 2023. Otros países, como Estados Unidos y la Unión Europea, ya suspendieron su uso.

Javier Souza Casadinho, referente de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina (Rapal), puso la lupa sobre el plazo "laxo" de 15 meses que la resolución otorga hasta la prohibición total del insecticida, de amplio uso en la producción agropecuaria y hortícola. "Es poco serio y poco ético si hablamos de la salud socioambiental", lamentó el ingeniero agrónomo e integrante de la Rapal, en diálogo con Tierra Viva, y adelantó que "aquellas empresas que lo comercializan van a tratar de deshacerse de él antes del año y tres meses", lo que redundará en un mayor uso del producto y mayores daños socioambientales en el corto plazo.

"La primera cuestión que reclamamos desde Rapal es que las fechas de prohibición de la importación, de fabricación, de comercialización y uso sea unificadas para evitar el sobreuso de los productos en estos 15 meses que restan hasta su prohibición total", afirmó Souza Casadinho en base a la experiencia de la prohibición escalonada de otros agroquímicos.

En segundo lugar, el referente de Rapal aludió a la excepción del artículo 4 de la resolución del Senasa, exceptúa de la prohibición de importación del principio activo para su formulación y fraccionamiento a quienes se inscriban para "sólo exportación". "Los plaguicidas también afectan la salud de las comunidades donde se fabrican y se está permitiendo continuar con la exportación de un producto que sabemos que tiene efectos socioambientales", subrayó Souza Casadinho la ambigüedad de la resolución.

Como último punto de análisis de la resolución, el ingeniero agrónomo manifestó su preocupación sobre los excedentes del producto que quedarán sin utilizar e instó a que "el Estado tome ya mismo las medidas necesarias para tener un plan claro de almacenamiento y destino no contaminante". La resolución en su artículos 6, 7 y 8 convoca de manera "voluntaria" a las empresas a darse de baja del Registro Nacional de Terapéutica Vegetal para la producción de principios activos y agroquímicos formulados con clorpirifos, y las convocan a informar la existencia de stocks y remanentes.

¿Qué es el clorpirifos?

El clorpirifos etil es un insecticida organofosforado de uso agropecuario y doméstico. Se trata de un plaguicida que cumple con los criterios para que sea nominado e ingrese al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, debido a su persistencia, bioacumulación y transporte a grandes distancias. Según el informe de plaguicidas altamente contaminantes de Rapal, la sustancia fue detectada en la leche humana materna, en flujo vaginal, en fluido de esperma, en la sangre del cordón umbilical y en el meconio de bebés recién nacidos. Su uso genera efectos agudos por inhalación, tiene una importante persistencia en los suelos y afecta a las abejas.

La Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN) desde 2015 propone una serie de criterios para definir a los plaguicidas altamente peligrosos: que la toxicidad sea fatal o irreversible si es inhalado, si constituye un perturbador endocrino, que sea muy bioacumulable o muy persistente en el agua, en el suelo o en los sedimentos; muy tóxico para organismos acuáticos y, por último, muy tóxico para las abejas.

"El clorpirifos tiene alta persistencia en el ambiente. En algunos casos se encontró clorpirifos después de diez años de uso en los suelos. Tiene alta persistencia en los suelos y se evapora muy rápidamente. Esto lo torna un plaguicida altamente peligroso. Al transformarse en vapor muy rápidamente, pasa muy rápidamente al aire pudiendo ser inhalados por las personas estando cerca o lejos de donde se aplica", alertó Souza Casadinho.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) lo calificó como potencialmente cancerígeno y consignó sus efectos neurológicos y genotóxicos. Esto se debe a que es un producto que genera alteraciones a nivel hormonal, del sistema nervioso; y se cuenta con testimonios de productores que dan cuenta de algunos síntomas como lagrimeos, mareos, confusión y debilidad corporal.

El clorporifós es, en efecto, un plagicida catalogado como altamente peligroso. La categoría surge de dos acuerdos de las Naciones Unidas como el "Enfoque Estratégico para la Gestión de los Productos Químicos a Nivel Internacional" (SAICM por sus siglas en inglés) y el relacionado con el Código de Conducta sobre la Gestión de Plaguicidas, promovido por la FAO.

En ambos acuerdos internacionales participan representantes de gobierno, de instituciones de la ONU, de la industria de plaguicidas y otros grupos de interés público identificados como "partes interesadas". Argentina participa de dichos acuerdos internacionales, pese a lo cual establece una prohibición escalonada del producto.

La prohibición del clorpirifos en contexto

El clorpirifos se utiliza en Argentina hace 50 años. Su uso se intensificó en los últimos años como reemplazo del endosulfán, prohibido en 2013 tras la muerte del niño Nicolás Arévalo. Es un plaguicida que se usa en nuestro país en producciones intensivas y extensivas de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, tabaco, algodón, peras y manzanas, cítricos y como preservantes de la madera. Dos empresas fabrican este agrotóxico en Argentina: Dow Agrosciencias Argentina S.A y Chemotécnica. El clorperifós que se comercializa en Argentina puede tener las categorías de toxicidad, según su formulación, de 1b, 2, 3 y 4.

Según un informe de 2019 de Rapal, en la Argentina, había 53 agroquímicos registrados que contenían en su formulación clorpirifos, lo que representaba un 2,7 por ciento del total de soluciones sintéticas que se pulverizaban en el país. El dato ubica a este insecticida, que quedará prohibido recién 2023, solo debajo del glifosato (que aparecía en 107 formulaciones registradas y representaba el 5,4 por ciento del total).

La expansión de la frontera agropecuaria y, dentro de este esquema productivo, el incremento del área destinada a los monocultivos, ha determinado una expansión en la utilización de plaguicidas aplicados en forma terrestre y aérea, que provocan un impacto sobre la salud de los ecosistemas y los seres humanos.

Se incrementó la superficie sembrada con cultivos transgénicos, especialmente soja y maíz, con la adopción de un paquete tecnológico basado en la utilización de semillas modificadas genéticamente y la aplicación de herbicidas como glifosato, atrazina y paraquat, de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, de insecticidas como el clorporifós y el imidacloprid, y fungicidas como el carbenzadin.

Ese modelo agrotóxico llega a la mesa de cada día. Según un informe de la organización Naturaleza de Derechos —sobre el análisis de los informes del Senasa para detectar presencia de agrotóxicos en frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas—, el clorpirifos fue el tercer principio activo más hallado en los controles que arrojaron positivo en presencia en alimentos, por fuera de los parámetros permitidos por el organismo de control. Sobre 48 frutas, verduras y hortalizas analizadas, el clorpirifos apareció en 28. El insecticida de mayor presencia en esa serie de estudios fue el imidacloprid.

“Se niegan o invisibilizan las investigaciones”

Con el respaldo de las estadísticas y el conocimiento científico acumulado sobre el impacto de los agrotóxicos en el ambiente y la salud, el referente de Rapal cuestiona a quienes promueven el "uso cuidado" de los agroquímicos a través de las "Buenas Prácticas Agrícolas" (BPAs). "Cuando un plaguicida sale de la boquilla de un aplicador perdemos todo control sobre este producto. Evidentemente después va a ser arrastrado por el agua, se volvió a acumular, quedó en los sedimentos y va a afectar la salud socioambiental", describe el especialista y denuncia: "Muchas veces se niegan o se invisibilizan las investigaciones". Entre ellas, señala las que evidencian el impacto de la exposición crónica a estas sustancias.

La "negación" acerca de los estudios científicos que abordan el impacto de los agrotóxicos no es historia nueva en Argentina. "El caso más evidente fue el endosulfán, donde Argentina formaba parte del Comité de Estocolmo e intentó hasta último momento bloquear su incorporación" como contaminante orgánico persistente", recuerda Souza Casadinho. "Se decía que los productores no iban a tener alternativas económicas para el manejo de insectos, sobre todo en soja o en otros cultivos industriales si se prohibía el endosulfán. Anteponen un criterio económico al de la salud", señala.

Hacia la agroecología

Para Rapal, no solo hay que establecer una prohibición clara y sin escalonamientos. También hay que evitar reemplazar un veneno por otro. "Sabemos que a medida que los tóxicos se van usando a través del tiempo provocan resistencia y que se usan cada vez más dosis, más aplicaciones, más cantidad y esto implica más efectos socioambientales", dijo Souza.

"Buscamos que no se reemplace por otro tóxico sino por prácticas y estrategias agroecológicas. Hay que impulsar desde las políticas públicas y con las y los productores otras estrategias para controlar y prevenir el ataque de los insectos y plagas", convocó e invitó a profundizar la reflexión sobre el uso de agrotóxicos, que están siendo prohibidos "en los países a los que exportamos, pero acá los seguimos vendiendo". "Por un lado, se puede pensar en una cuestión de mercado, si no los prohibimos esos mercados no nos van a comprar; pero necesitamos pensar en nuestro país con una lógica de la salud socioambiental".