Por Mariángeles Guerrero

La II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Ciradr+20) se realiza desde el 23 al 28 de febrero en Cartagena (Colombia). Es convocada para promover el derecho a la tierra para las poblaciones campesinas e indígenas a nivel global. “Lo que hoy nos amenaza es la mercantilización de la naturaleza. Se debe tener en cuenta a los territorios como un centro de autodeterminación y de vida”, afirma Nury Martínez, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) de Colombia, organización integrante de La Vía Campesina. Actualmente, el uno por ciento de las grandes explotaciones de tierra concentra el 70 por ciento de las tierras agrícolas mundiales. Y los establecimientos de pequeña escala solo cuentan con el 12 por ciento de las tierras.

La primera Ciradr, realizada en Brasil en 2006, definió los compromisos internacionales para el acceso equitativo a la tierra, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural inclusivo. Veinte años después y con Colombia como anfitriona, la Conferencia reúne a gobiernos, organizaciones internacionales, representantes de la agricultura familiar, pueblos indígenas y personas del sector académico para actualizar el diálogo sobre la reforma agraria.

El concepto y la práctica de reforma agraria tiene múltiples aristas. El histórico dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, João Pedro Stédile, en su artículo “Conceptos y tipos de reforma agraria“ (incluido en el libro Experiencias de reforma agraria en el mundo), explica que esta noción se adoptó en el siglo XX como una síntesis de programas o propuestas para democratización del acceso a la tierra en cada país. Sin embargo, a lo largo de la historia, hubo procesos similares aunque no se llamaron explícitamente “reforma agraria“. Sucedieron en Europa, Asia, América (incluido Estados Unidos) y África.

El sociólogo chileno Sergio Gómez, en el texto “Reformas Agrarias en América Latina en el siglo XX“, destaca las experiencias de México en la primera mitad del siglo XX (con el lema zapatista de “la tierra para quien la trabaja“); de Bolivia a mediados de siglo y de Cuba post revolución, entre otras. Señala que en solo dos países de la región la reforma agraria no llegó a plantearse como tal en el siglo pasado: Argentina y Uruguay. Y explica que eso ocurrió porque, en el auge de las reformas, estos países no contaban con un "problema agrario" sino que sus "agriculturas eran altamente eficientes, conectadas a los principales mercados agropecuarios mundiales de la época".

También apunta que, en la actualidad, las políticas de reforma agraria se dan por expropiaciones o por diversas formas de asignación de tierras. Un ejemplo de ello es la experiencia del MST brasileño de “ocupar, resistir y producir“ en grandes latifundios improductivos.

A la historia transitada se suman los desafíos del presente: la alta concentración de tierras en manos de multinacionales, la necesidad de planificar las políticas rurales en clave feminista, la iniciativa de mejorar la situación de la tenencia de la tierra de las familias campesinas y de restituir las robadas a los pueblos indígenas.

En las vísperas del encuentro, Martínez apunta: “El agronegocio se fundamente en los agrotóxicos y el monocultivo. Y consideramos que las reformas agrarias en los diferentes países deben estar basadas en la soberanía alimentaria y en la agroecología”. Afirma que la distribución de la tierra incluye al agua y a las semillas.

Distribución de la tierra ante el poder corporativo

La Segunda Conferencia de Reforma Agraria se propone actualizar estos debates con aspectos como la seguridad y la soberanía alimentaria, la inseguridad de la tenencia por parte de las comunidades campesinas e indígenas y la gobernanza de la tierra. La convocatoria institucional define a la reforma agraria como “el conjunto de políticas que buscan redistribuir, regularizar o democratizar el acceso y uso de la tierra, especialmente para las poblaciones rurales excluidas“.

En 2012, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) ratificó un conjunto de directrices universales y voluntarias. Las mismas están orientadas a los gobiernos para salvaguardar el derecho de las personas a poseer, ordenar y acceder a la tierra, la pesca y los bosques. Pero no son vinculantes. Y diversos datos afirman que lo que se incrementó en los últimos decenios es la concentración de la tierra en pocas manos.

El Transnational Institute marca cómo se consolidó la compra de tierras a gran escala. Por ejemplo, 30.000 hectáreas adquiridas en Nigeria por la empresa estadounidense Dominion Farms, en 2011, para producir arroz. Otro caso: 60.000 hectáreas adquiridas en Camboya por el político y empresario local Ly Yong Phat, en 2006, para producir caña de azúcar. O las 900.000 hectáreas compradas en Argentina por la compañía italiana Benetton, en 2002, para monocultivos y cría de ovejas. 

En muchas instancias, agrega el informe, se sobrepasan los marcos formales-legales preexistentes para dar la apariencia de legalidad. Algunos de los casos más destacados conllevan acoso, intimidación y violencia contra las comunidades. Y destacan que la inversión en tierras se relaciona más con la especulación de su valor que con iniciativas productivas.

La FAO señala en su estudio "Tenencia de la tierra y sistemas agroalimentarios sostenibles" que agricultores con menor acceso a la tierra (propiedades de menos de dos hectáreas) producen aproximadamente el 35 por ciento de los alimentos del mundo. Y cuentan con solo el 12 por ciento de las tierras agrícolas disponibles en el planeta.

El relavamiento titulado “Señores de la Tierra” de la organizaciones FIAN y Focus on the Global South da cuenta del aumento de las adquisiciones trasnacionales de tierras desde el 2000, con aproximadamente 65 millones de hectáreas. Blue Carbon, firma financiera de los Emiratos Árabes centrada en créditos de carbono, encabeza la lista: 24,5 millones de hectáreas. El segundo lugar es de la australiana Macquarie Group, empresa de gestión de activos, con 4,7 millones. En tercer lugar, con 2,36 millones de hectáreas, está Olam Group, empresa agroindustrial de Singapur. En Argentina, entre las diez grandes empresas que concentran la tierra en el mundo operan la forestal Arauco, el Grupo Benetton y Cresud. 

Ese informe destaca que el uno por ciento de las grandes propiedades agrícolas concentran el 70 por ciento de la tierra a nivel global.

Otro estudio, “Estructura Global de la Tierra por regiones analíticas: concentración y fragmentación” (de Carlos Duarte, Carlos Salgado y Lina Díaz), describe que en América Latina y el Caribe la concentración de la tierra es del 56 por ciento. La región contiene más del 50 por ciento de las explotaciones agrícolas por debajo de las cinco hectáreas.

José Dionicio Canahui, miembro del Consejo Internacional de Tratados Indios, denuncia la criminalización de los líderes indígenas, muchas veces acusados de terrorismo por defender su territorio. Asegura: “Hay una agenda de los Estados y de las corporaciones internacionales de acaparar la tierra. Y no cualquier tierra, sino la tierra fértil, la tierra donde están los minerales y el agua. Y quienes producimos la comida y nutrimos a las comunidades nos estamos quedando sin tierra, sin agua y sin recursos”.

Derecho a la alimentación, crisis climática y cuidado de la biodiversidad 

Martínez precisa que es necesario abordar los factores estructurales del despojo: la explotación y el colonialismo. Sin embargo, marca su posicionamiento frente a la conferencia: “No nos ilusionamos con que este encuentro vaya a resolver estos aspectos, pero sí nos va a permitir participar por primera vez, como movimientos sociales, en la conferencia oficial y colocar allí nuestras posiciones”.

Consultada sobre el rol de los Estados, considera que falta un compromiso real con la reforma agraria. “Hay muchos compromisos de los Estados con el Banco Mundial, con la Organización Mundial del Comercio (OMC). A través de las COP y de los compromisos que han habido, se aumenta o se mantiene el acaparamiento de tierras. Los compromisos que existen son los que mantienen el poder de las corporaciones”.

Señala también la necesidad de ampliar el Acuerdo 8J, adoptado en la 16° Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), realizada en Cali en 2024. Allí se reconoció a los pueblos indígenas como guardianes de la biodiversidad, por sus conocimientos tradicionales y derechos territoriales. “Pero no se reconoció al campesinado y no se vinculó ese acuerdo con la Declaración de los Derechos de Campesinos y Campesinas de la ONU”, apunta.

“Si queremos conservar la biodiversidad se le debe entregar tierra a los pequeños productores campesinas y campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras, pastoralistas, pescadores”, argumenta.

Recuerda que el sistema agroalimentario industrial es uno de los responsables del calentamiento global, por lo que es necesario hablar de cambios sistémicos y no tener discusiones multilaterales en conferencias independientes sobre clima, sobre biodiversidad o sobre alimentación. Y subraya que el Banco Mundial y el poder corporativo sí ven estos aspectos como un todo al momento de hacer negocios.

También menciona los negocios ilegales que acaparan tierras. Por ejemplo, la minería ilegal y el narcotráfico. Y anticipa que ese será otro tema que llevarán a la conferencia. “El narcotráfico en América Latina también despoja y criminaliza. No son los pueblos los que cultivan coca o amapola; son los grandes narcotraficantes que ni siquiera están en estos países”, señala.

Sobre la coyuntura global, analiza: "Estamos en un momento político complejo. Vemos lo que pasa en Cuba y en Palestina, donde se instrumentaliza la alimentación como un arma de guerra. Para acabar con el hambre en el mundo, hay que hablar de redistribución de la tierra. Y por lo que pasó con Venezuela también es importante colocar el elemento antiimperialista en esta conferencia”.

Una perspectiva feminista de la reforma agraria

Sarah Luiza de Souza Moreira es activista de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la Articulación Nacional de Agroecología (ANA) de Brasil. Camino a Cartagena, señala: “Estamos muy atentas y preocupadas por los desafíos que enfrentamos para construir una reforma agraria verdaderamente feminista, integral y popular en nuestra región”.

“Las mujeres han experimentado los desafíos concretos de enfrentar la concentración de la tierra en manos de grandes terratenientes, empresas transnacionales y hombres. Representan alrededor del 40 por ciento de la fuerza laboral agrícola mundial, pero solo poseen el 15 por ciento de las tierras agrícolas a su nombre”, indica. Sin embargo, agrega, contribuyen de manera fundamental a la producción de alimentos agroecológicos.

Para Moreira de Souza, una reforma agraria popular integral debe ser también una reforma agraria feminista que reconozca y valore el trabajo de las mujeres. Pero que cuestione y problematice la sobrecarga laboral que recae sobre ellas, por las tareas de activismo, de trabajo doméstico, de cuidado y en el campo.

Y concluye: “No es posible luchar por la reforma agraria y construir políticas públicas de reforma agraria sin que las mujeres sean escuchadas, sin que sus necesidades, conocimientos y sabidurías sean valorados. Sin feminismo no hay reforma agraria justa, integral, popular; sin feminismo no hay soberanía alimentaria ni justicia climática”.

En el informe “Tenencia de la tierra y sistemas agroalimentarios sostenibles”, la FAO remite a una estimación que realizó en 2011. La misma proyectaba que, a nivel mundial, si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a recursos productivos como la tierra y los fertilizantes, podrían aumentar la producción de sus explotaciones agrícolas entre un 20 y un 30 por ciento. E incrementarían la producción agrícola total entre un 2,5 y un 4 por ciento.

Pueblos indígenas: “Que nos devuelvan lo que es nuestro”

José Dionicio Canahui vive en Guatemala y pertenece al Pueblo Maya. Sobre la situación de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas en el país, hace historia. Explica que durante la colonización se arrebataron grandes extensiones de tierra. Más tarde, en la época liberal, se les quitó a las comunidades las pocas hectáreas que les quedaban. En la actualidad los pueblos indígenas que habitan Guatemala cuentan con muy poco territorio. Y lo grafica: "Una manzana por familia, como mucho".

Guatemala tuvo su experiencia de reforma agraria en 1953, durante el gobierno de Jacobo Arbenz. Se distribuyeron tierras a 100.000 familias campesinas. Pero el proceso fue detenido por la empresa United Fruit Company, en complicidad con Estados Unidos.

Explica que hay comunidades que habitan zonas de amplia biodiversidad. Y que están siendo hostigadas para dejar sus tierras porque el área donde viven es codiciada para la minería, las hidroeléctricas, la explotación maderera o el monocultivo de palma africana.

En Guatemala viven el Pueblo Maya, el Pueblo Garífuna y el Xinca. El Pueblo Maya, que es el más numeroso, se divide en 22 nacionalidades. Según el Instituto Nacional de Estadística, los pueblos indígenas representan el 43 por ciento de la población guatemalteca. Pero Canahui asegura que la metodología estadística no es utilizada correctamente y que ese porcentaje asciende al 70 por ciento.

“Los pueblos indígenas hablamos de restitución de tierra y territorios y bienes naturales. No hablamos de que distribuyan lo que tiene el Estado, porque el territorio de los actuales Estados es territorio de pueblos indígenas. Hablamos de que devuelvan lo que nos han quitado”, asegura.

Menciona que varias comunidades poseen tratados firmados por los Estados colonizadores (como España). Estos reconocen su posesión de las tierras, pero no son tenidos en cuenta. “Esos títulos deben prevalecer en las relaciones actuales con los Estados”, señala. Este reconocimiento figura en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (del 2007).

También alude a la importancia de incorporar los saberes y tecnología indígenas en la producción de alimentos, frente al avance del paquete tecnológico del agronegocio. Y reflexiona: “Las personas de las ciudades deben estar conscientes de que la comida que llega a su mesa no viene del supermercado. Hay miles y millones de personas del campo labrando la tierra, cortando y transportando los frutos hacia su mesa”.

Canahui marca que el colonialismo es algo vigente. “La reforma agraria solo será viable cuando hablemos de la descolonización contemporánea. Cuando el Estado deje de pensar que quitar tierras a los pueblos indígenas significa garantizar mayor producción de alimentos para el mercado internacional o mayor rentabilidad para los bancos”, afirma. 

Marca el deterioro de los organismos multilaterales de las Naciones Unidas y la presión que ejercen sobre ellos las multinacionales. Se esperanza en la solidaridad internacional entre los titulares de derechos. En otras palabras: “Entre la gente del campo, entre la gente que sale a las calles a manifestar, a señalar al Estado. Ahí está nuestra fuerza porque ¿de dónde viene el poder, sino del pueblo?”.

Colombia: sede de la conferencia y escenario de una reforma agraria

El país donde se realiza la conferencia no es casual. El gobierno de Gustavo Petro, electo en 2022, comenzó a implementar políticas de reforma agraria en Colombia. Y desde el Ministerio de Agricultura asumieron la organización del encuentro multilateral. Sobre la reforma agraria colombiana, Martínez considera: “No es el cambio estructural que nos gustaría, pero es importante porque el Gobierno tomó elementos que ya estaban en las leyes y los usó para el bien de la población rural”.

Cita como ejemplo el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmado en 2016. Ese documento incluye el desarrollo rural con enfoque de reforma agraria. Pero, asegura, fue el punto que menos avanzó en la implementación del acuerdo. “El gobierno actual lo colocó como un elemento importante“, asegura.

También destaca que Petro haya reconocido al campesinado como sujeto de derecho. Tuvo en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (Undrop) y la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Undrip).

No obstante, el Presidente se comprometió en la campaña electoral a no realizar expropiaciones. Por lo tanto, las tierras que hasta el momento se entregaron a las familias campesinas e indígenas son aquellas incautadas al narcotráfico. “La voluntad política y el trabajo que se hacen son importantes, aunque el Congreso y la Corte Constitucional no hayan querido avanzar en ello”, alerta.