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La Justicia entrerriana prohibió el uso de agrotóxicos en las islas Las Lechiguanas
El fallo fue a partir de una denuncia de diferentes organizaciones contra empresarios apuntados como responsables de las quemas ocurridas en esa zona del Delta del Río Paraná.
diciembre 4, 2020

El Juzgado Federal N°2 de Paraná impuso hoy una medida cautelar de protección sobre todo el sector de Islas Lechiguanas, incluyendo a toda la jurisdicción del departamento de Gualeguay, en el sur entrerriano. La resolución se produjo en el contexto de la causa motorizada por la denuncia de la Asociación Civil Unidos por la Vida y el Ambiente (UPVA) de la localidad de Ramallo, la Asociación Civil Cuenca del Paraná y el Foro Medio Ambiental, en contra de empresarios de la zona por las quemas ocurridas en el sector. La decisión judicial implica la prohibición de realizar acciones humanas que modifiquen el ambiente en la zona del archipiélago ubicado en el Delta del Río Paraná, inclusive del uso de agrotóxicos. Por otro lado, también legitima la presentación de carácter colectivo realizada por las organizaciones en defensa del ambiente.

Incendios en las Islas Lechiguanas, Entre Ríos
Foto: ONG Unidos por la Vida y el Ambiente

El fallo judicial ordena «la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, las actividades que impliquen el riesgo de incendio, aún de carácter accidental; construcción, modificación o mantenimiento de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda, así como el uso dentro de todo el territorio de las Islas de las Lechiguanas de agroquímicos, plaguicidas y/o sustancias contaminantes de cualquier naturaleza para la realización de tareas agrícolas». El área de Las Lechiguanas tiene una extensión de 250 mil hectáreas.

Además, la medida dispone el retiro de “todas y cada una de las maquinarias con capacidad para realizar movimientos de suelo (…) o aplicar agroquímicos y/o herbicidas y/o plaguicidas y/o cualesquier otras sustancias tóxicas”. A su vez, da a los empresarios Fabio Di Fonzo y Juan Pedro Nazar tres días a partir de que les sea comunicada la medida para acatarla. Asimismo les prohíbe el almacenamiento y la tenencia de «agrotóxicos de cualquier naturaleza» en los territorios afectados por la mencionada cautelar. También les impide el ingreso de nueva maquinarias y equipos agrícolas o viales a las Islas Lechiguanas, que, de encontrarse en el lugar, luego de vencido el mencionado plazo de tres días, serán objeto de secuestro preventivo.

«Meses atrás UPVA contribuía a la difusión de la cuestión con un video en el que se denunciaba a los responsables de las actividades económicas en la zona de islas frente a Ramallo, con prácticas que son, desgraciadamente, comunes a toda la enorme y diversa ecoregión del delta. En él mostrábamos, con nombre y apellido, exponiendo relaciones empresariales y aportando pruebas audiovisuales (que ya estaban en poder de la justicia) sobre lo que sucedía en las islas Lechiguanas mientras las autoridades miraban para otro lado, o dedicaban al tema a meras palabras de compromiso», expresaron UPVA.

«El material fílmico fue ampliamente difundido por otras organizaciones y personas, quienes como nosotros, vienen sintiendo la honda tristeza de ver cómo se destruye el ambiente en el que nos criamos, o el que adoptamos como lugar para vivir en este mundo, junto a la impotencia de sentir que nada puede hacerse, sea por la magnitud de los hechos, la distancia física o el desinterés de los organismos del Estado a la hora de tomar cartas en el asunto», señalaron.

«Estamos cada vez más cerca del día en que los humedales se encuentren definitivamente protegidos, para nosotros, para los seres vivos que los habitan y para las generaciones futuras», manifestaron desde la organización. En ese sentido, insistieron con el reclamo por una Ley de Humedales.

«Esto es un logro histórico por parte de las asociaciones que impulsaron la denuncia contra los empresarios: UPVA – Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, Asociación Civil Cuenca Río Paraná y FOMEA (Foro Medio Ambiental); sus representantes legales: Juan Ignacio Spinetto, Melisa Martiñena, Agostina Castillo y Fabián Maggi; y todas aquellas organizaciones y personas que desde su lugar y sus posibilidades aportaron su granito de arena, con asesoramiento, información, evidencias o ni más ni menos que su tiempo, para que este logro fuera posible», valoró la UPVA.