La Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales presentó una medida de amparo para frenar la comercialización del trigo transgénico, aprobado a principios de octubre pasado por el gobierno nacional, y envió cartas documentos al ministro de Agricultura, Luis Basterra; y a las compañías productores del primer trigo genéticamente modificado del mundo: Bióceres e Indear, que cuenta entre sus accionistas y directivos a Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel. El amparo y un pedido de medida cautelar continúa cajoneados en el Poder Judicial. 

La federación advirtió que no habrá forma de distinguir el trigo del trigo transgénico (HB4) –resistente glufosinato de amonio, un herbicida aún más tóxico que el glifosato– para su acopio y provocará una contaminación, que derivará en perjuicios generales en la población, además de los económicos. “Ningún mercado del mundo acepta o compra trigo transgénico, no hay ningún país que se anime a producir semillas modificadas, por la sencilla razón que nadie las compra, absolutamente nadie”, sostiene la federación de acopiadores, que reúne a los casi 1.000 centros de acopio de todo el país.

El amparo de la federación de acopiadores cuenta con un pedido de medida cautelar para detener la cosecha, ya que denuncia que Indear realizó caso omiso de la Resolución 763/11, que le indica “abstenerse de producir y comercializar” el evento transgénico, pero “en realidad, este Instituto motorizó un convenio con Aapresid que implica una comercialización llana del producto a pesar de no estar aprobado”.

El trigo HB4 fue aprobado por resolución 41/2020 condicionando su liberación “a la aprobación comercial por parte de las Autoridades competentes de la República Federativa del Brasil”, por el temor original de que el transgénico fuera rechazado por el principal socio comercial de la Argentina. Sin embargo, la federación de acopiadores denuncia que en la Argentina ya existe una “desproporcionada” superficie sembrada con este evento: 6.200 hectáreas. “Estamos ante la inminente cosecha de esa producción y la contaminación sería fatal”, sentencian. 

El amparo fue presentado en octubre, pero la Justicia Civil y Comercial Federal se declaró incompetente por verse afectadas cuestiones de “interés público”, por lo que pasó al Contencioso Administrativo. “Estamos pidiendo una cautelar en virtud de la cosecha de trigo, que pueden declarar admisible o no”, indicó el abogado de la federación de acopiadores, Alejandro Carelli, a Tierra Viva. 

La presentación judicial indica que la federación “avala la biotecnología” –incluso es parte de la Red de Buenas Prácticas–, pero marca una diferencia en la “aparente dicotomía” con la creación de este evento transgénico. “El trigo es una especie principalmente dedicada al consumo humano (pan, galletitas, fideos, harinas, etc), con todo lo que ello implica, a diferencia del maíz y de la soja que son habitualmente para consumos forrajeros ( uso de animales)”, señala la presentación judicial. 

Cartas documento para frenar el trigo transgénico

Antes de realizar la presentación judicial, la federación de acopiadores dio aviso a todas las partes involucrada en la liberación del primer trigo transgénico del mundo, entre ellos, al  al titular de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación que conduce Marcelo Alos, quien firmó la resolución en octubre. “Se ha liberado sin fundamentos técnicos adecuados y eficaces un evento que va en contra de lo requerido por los consumidores internos y externos de trigo y harinas, que exigen productos libres de transgénicos”, le advierten.  

Y, en ese tono, la federación subraya la respuesta al condicionamiento puesto por la resolución: “La desaprobación clara de los principales compradores nucleados en Abitrigo de Brasil, quienes informaron que no solo no comprarán esa producción transgénica sino que tampoco adquirirán más trigo argentino”. Por eso, la federación carga sobre Alos “todos los perjuicios que esta decisión provocaría sobre el mercado nacional e internacional de trigo convencional, productos y subproductos derivados”.

De acuerdo a lo expresado en la presentación judicial: “De no admitirse este amparo, implicaría la extinción de 70.000 productores trigueros, de los acopios del país y, peor aún, la inaplazable abolición de todo el mercado exportador de trigo de la República Argentina”. 

Otras de las cartas de la federación fue dirigida al titular del Insituto Nacional de Semillas (Inase), Joaquín Salguero, a quien le exigieron que “exponga los fundamentos técnicos y científicos que han sido evaluados para autorizar esa superficie sembrada con el evento OGM, también las inspecciones para verificar las condiciones de  bioseguridad en cada lote sembrado, el aislamiento, confinamiento, segregación y logística para evitar la contaminación con semillas de trigos convencionales”. 

Y le advirtieron: “Es importante que describa cómo actuará el Estado para destruir el total de esas 6.200 hectáreas producidas con estas semillas, de forma de asegurar que no ingresen en el circuito comercial como exigió Abitrigo”