La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza mantiene en vilo a la comunidad educativa que se forma en la Escuela Campesina de Agroecología de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), donde, desde 2011, jóvenes y adultos finalizan sus estudios secundarios orientando su formación al trabajo de la tierra. La DGE se había comprometido a mantener el convenio con la escuela, pero volvió a poner trabas y no da respuestas ante las presentaciones de la organización campesina. Además, decidió de manera unilateral reasignar el 66 por ciento de las horas cátedra de los docentes a otra escuela cercana.
“Para las comunidades de las zonas rurales es fundamental poder estudiar y comprender que el campo no es desarraigo sino que es el mejor espacio, que nos permite trabajar y vivir de lo que producimos”, reivindica Verónica Maturano, integrante de la UST, egresada de la escuela y presidenta de una cooperativa de conservas. “Es un atropello a la escuela campesina porque no hay fundamentos para que deje de funcionar”, sentencia.
El conflicto comenzó días antes del fin de 2020, cuando la Directora de Gestión Social y Cooperativa, Beatriz Della Savia, informó que el titular de la DGE, José Thomas, había tomado la decisión de ponerle fin a los convenios que sostienen a los secundarios de adultos de gestión social (CENS). La rápida reacción de las comunidades que mantienen esas instituciones abrió un espacio de diálogo, pero la DGE continúa dilatando la puesta en marcha de las escuelas.
Entre diciembre y enero, la UST acercó en las reuniones con las autoridades del DGE el plan pedagógico que se desarrolla en la Escuela Campesina de Agroecología —tres años de cursada, con orientación en agroecología, que otorgan un título provincial—. “En aquella oportunidad se acordó apoyar la propuesta y actualizar el convenio de manera de dar continuidad”, resalta la UST en un comunicado
Sin embargo, en un segundo encuentro, las autoridades educativas desconocieron el acuerdo anterior y “presentaron un acta que contenía graves errores y estigmatizaciones al proceso”, lamentan desde la UST. Entre las faltas que marcaba el acta oficial estaba la supuesta falta de un espacio físico propio para el funcionamiento de la escuela y otros señalamientos respecto de la infraestructura.
“Las autoridades nunca vinieron a conocer la Escuela Campesina de Agroecología”
“En la reunión que se mantuvo en enero les precisamos a las autoridades que la escuela cuenta con su edificio, dentro de un predio de tres hectáreas donde funciona la organización, y que tiene la habilitación del municipio de Lavalle. Además, los convocamos a que visiten la escuela, apunta Verónica y lamenta: “Nunca vinieron a conocer la Escuela Campesina de Agroecología, cuando nos podrían haber solicitado más información en tiempo y forma”.
El acta entregada por las autoridades no solo contaba con infracciones que, según la organización, parten del desconocimiento del funcionamiento de la Escuela sino que además ponía un corto plazo para ser respondida. “Presentamos un expediente con 143 folios, con respuesta a todos los puntos: con todos los papeles en regla. No sabemos si los han leído o no porque no nos han citado para dar una devolución de lo apuntado”, señala la egresada e integrante de la UST.
Además de la falta de respuesta ante la carpeta administrativa que mantiene en vilo la continuidad del convenio para la Escuela Campesina, la UST denunció que, a través de un memo de la DGE, se reorientaron el 66 por ciento de las horas cátedra que cubrían las tareas de asesoría pedagógica y preceptoría para 1º y 2º año de la escuela. “Es una decisión unilateral y administrativamente viciada”, repudió la organización campesina y subrayó que de esa manera se les otorga “un fin diferente al que le dieron origen de acuerdo a las resoluciones aprobadas”.
“Para la organización, los militantes y las comunidades rurales es fundamental poder tener una mirada de qué campo queremos, qué producción y de qué forma queremos alimentar al pueblo”, sostiene Verónica sobre el rol que la escuela cumple para las comunidad rural provincial y agrega que la matrícula actual de la institución es de 60 estudiantes que no saben si podrán continuar su formación.
“El modelo de la secundaria de adultos nos permite trabajar a los jóvenes que somos madres y padres, formarnos como militantes y estudiantes de agroecología y poder tener un trabajo digno poniendo en práctica nuestra conocimiento en la producción”, resalta la egresada y actual presidenta de una cooperativa de conservas.