Por Carla Poth*

Cuando Aldous Huxley escribió su novela Un mundo feliz, en 1931, muy lejos quedaba la posibilidad de pensar que ese mundo imaginario creado de probeta, en las mesas y tubos de ensayo de laboratorios, podría alguna vez hacerse realidad. Hoy, esa novela cobra relevancia dado que la realidad ha superado la ficción en más de un aspecto. Sin embargo, lo que la vuelve un elemento central para comprender nuestro tiempo, no es tanto su similitud con la realidad vigente, sino sus preocupaciones filosóficas, y sus inquietudes políticas.

La novela de Huxley no hace más que vislumbrar y denunciar lo que ha sido un clima de época desde fines de siglo XIX: una confianza constante y certera en que la ciencia y la tecnología resolverían los grandes problemas de la humanidad. Huxley expone una crítica certera a una forma de producir conocimiento, asociado a la producción en masa, capaz de destruir su capacidad creativa e, incluso, subversiva. El autor critica la idea de un progreso lineal, asociado al consumo y la comodidad, que pone a la ciencia en el rol de reproducción del orden social, homogéneo y estable. En fin, Un mundo feliz es el lugar donde la ciencia despliega sus más fatídicos demonios: la necesidad de controlar el destino social a través de su mirada soberbia, el proyecto de una elite que, riéndose de los principios naturales, hacen sus propias reglas.

El problema ficcional de Huxley se transformó en nuestro problema de investigación. Porque la Comisión Nacional de Biotecnología Agropercuaria (Conabia), sus definiciones y su praxis nos permiten observar mucho más allá del período histórico revisado. Porque los expertos y el discurso científico se encuentran haciendo política en todos los ámbitos del Estado, especialmente cuando a problemáticas ambientales nos referimos. Hoy, los conflictos ambientales contienen en su seno la disputa por la producción del conocimiento. La generación de ordenanzas, los pronunciamientos judiciales, los informes mediáticos, se sustentan sobre una disputa conceptual, metodológica y epistemológica que cristaliza otro momento de la lucha de clases. No es una cuestión meramente discursiva, ni eminentemente superestructural; hace a las formas en que la dominación y la explotación del capital se despliegan en los territorios. De aquí, la relevancia política del conocimiento.

El lenguaje científico y el Modelo Biotecnológico Agrario

El lenguaje científico, basado en la producción- expropiación- apropiación de conocimiento como valor, no sólo brindó a la Conabia los argumentos necesarios para legitimar la necesidad de la reconversión productiva (la relevancia de las biotecnologías para el proceso productivo y el proyecto de desarrollo económico impulsado desde el estado), sino que también plasmó el carácter técnico resolutivo que, enmarcado en esta forma de Estado, resultaban centrales para implementar velozmente el Modelo Biotecnológico Agrario (MBA). Así, brindó los conceptos centrales para la creación del andamiaje regulatorio que facilitó la instalación y consolidación del MBA, a partir de elementos como, por ejemplo, el principio de equivalencia sustancial, que facilitó la rápida liberación de las semillas genéticamente modificadas.

Además, permitió la exclusión del debate y, en definitiva, el conflicto. Bajo la primacía de una aparente neutralidad y objetividad científicas, que legitiman a cierta forma de conocimiento como un universal abstracto, cualquier argumento considerado “político” o “ideológico” era dejado por fuera de la Comisión. Este lenguaje científico que apostaba a la producción de valor capitalista, lo que dejaba fuera de la discusión era cualquier posible planteo que fuera en detrimento o que pusiera palos en la rueda a la implementación del MBA. Así, este lenguaje científico “despolitizado” ocultaba el rol político de la Comisión, subrayando la primacía del mercado por sobre la racionalidad política de la mediación de los conflictos. De esta manera, el lenguaje científico permitió la internalización de conflictos, la producción de política pública y la consolidación de mecanismos de mercado. Y todo esto, lejos de ser un proceso armónico, tuvo un fuerte carácter disciplinador.

Producción de conocimiento para el mercado

La constitución de un objetivo político concreto (la consolidación del MBA) no fue en contra de su capacidad de adaptación para comenzar a canalizar demandas sectoriales. Iniciadas las primeras resistencias al MBA, la Comisión se vio obligada a interpelar a otras instituciones y diversificar sus herramientas para responder “científicamente” a problemas que se planteaban en términos claramente políticos.

La mirada integral del MBA que se plasmó en las instituciones y políticas del Estado a partir de 2002 parecían quitar relevancia a la Conabia. Envuelta en un nuevo organigrama de ministerios, secretarías y leyes, la Comisión parecía quedar relegada, poniendo en primera plana conflictos que debían ser resueltos con mayor premura.

Sin embargo, ocurría todo lo contrario. Porque mientras los aspectos conflictivos del modelo, como la cuestión de los agrotóxicos o el acceso a la tierra, eran fragmentados y desarticulados entre los pasillos de múltiples oficinas gubernamentales, todo lo referido al insumo básico del MBA, la semilla, continuaba bajo el control de esta Comisión. Y la perspectiva regulatoria, bajo el lema de “la necesidad de consolidar el MBA”, continuaba intacta.

Y lo más paradigmático fue que, mientras la Conabia quedaba oculta entre la gran maraña de la institucionalidad estatal, su perspectiva sobre la producción de conocimiento (asociado a las biotecnologías) se expandía y consolidaba en todo el sistema científico tecnológico. Las formas de producción-expropiación-apropiación de conocimiento como valor, asociadas a la producción de conocimiento para el mercado, alcanzaron un status renovado como política de estado. En efecto, la producción de valor agregado a través del sistema científico-tecnológico se volvió una mirada estratégica, por lo que el Estado creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en 2007, incrementó el presupuesto de ciencia y técnica, creó mecanismos de vinculación tecnológica entre la investigación y el sector productivo, financió becas, en pos del desarrollo de las biotecnologías agrarias.

Con esta expansión, el lenguaje de la Conabia se consolidó como política de Estado. Lo interesante de este proceso es que, consolidar la producción-expropiación-apropiación de conocimientocomo valor en una política de Estado, habilitó a que los organismos de investigación se configuraran como espacios de disputa, cristalizando un nuevo momento en el antagonismo de clases.

Ciencia crítica o ciencia como engranaje del poder

En los últimos años han surgido espacios de investigación que trabajan con el objeto de construir conocimiento en torno a lo que sucede en los pueblos expuestos a las fumigaciones, a la contaminación de los afluentes de agua y los residuos en tierra, la persistencia de los agrotóxicos en alimentos y los múltiples impactos ambientales. Dispersos en diversos organismos de investigación (INTA, Conicet, universidades) estos espacios proponen una multiplicidad de herramientas para abordar la generación de conocimiento y construyen evidencias que sustentan el trabajo de las organizaciones que luchan contra los impactos del MBA.

La multiplicación de estos espacios muestra que la consolidación de una nueva política científica (asociada a la producción-expropiación-apropiación de conocimiento como valor) abrió una nueva etapa en la que el antagonismo de clase comenzó a expresarse, entre otras dimensiones, en la disputa por la producción de conocimiento en sí misma. Disputa que, al poner en foco el debate por la “neutralidad” con la que se reviste la producción de biotecnologías y semillas genéticamente modificada (GM), muestra que la producción de conocimiento —lejos de plasmar debates armoniosos, convivencias pacíficas y valores democráticos— cristaliza una disputa que se traduce en exclusión, dominación y violencia.

Y esta exclusión, dominación y violencia no sólo se expresan en la persecución de científicos (como ocurrió con Andrés Carrasco, quien hizo público los resultados de su investigación demostrando los efectos dañinos del glifosato en embriones), sino también en los constantes ajustes que se implementan en el sistema científico- tecnológico. Estos ajustes apuntan a la reducción del gasto público, pero también refuerzan, hoy, la consolidación de esas formas de producción- expropiación- apropiación de conocimientocomo valorque se expandieron e institucionalizaron durante la etapa que va de 2002 a 2010. Porque la reducción de presupuesto recorta aquellas líneas de investigación que se entienden como “poco relevantes” para el desarrollo estratégico (las que, por la temática abordada o la perspectiva epistemológica utilizada, no son plausibles de generar utilidades capitalistas), operando como un fuerte disciplinamiento a quienes no son parte de las formas de producción-expropiación-apropiación de conocimiento como valor.

De estas maneras, la ciencia hace política poniendo en funcionamiento engranajes del Estado, revitalizando las dinámicas de acumulación del capital en las regiones agrarias y constituyendo las dinámicas de dominación abstracta y autónoma del capital en el Modelo Biotecnológico Agrario (MBA).

La configuración del MBA en Argentina implicó la constitución de un organismo experto que permitió la construcción de una unidad política en torno al reconocimiento de que las biotecnologías serían la condición sine qua non del crecimiento y el progreso económico. Su constante apelación al método científico, con la que intentaría revestirse de un halo de aparente “neutralidad”, le permitiría construir mecanismos políticos facilitadores de la inserción del modelo.

*El libro "Agricultura, ciencia y poder. Un análisis crítico sobre las políticas biotecnológicas del estado capitalista argentino" fue publicado por la Editorial de la Universidad de Luján y se puede adquirir online.