"A más extractivismo, menos democracia", es una consigna que desde hace años resuena en los territorios afectados por la explotación de la naturaleza. El desguace de la Ley de Glaciares es un ejemplo obsceno: entrega el agua de millones de personas a las multinacionales mineras. Un modelo colonial y violento, que arrasa vidas y llama a pensar otras respuestas
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De qué hablamos cuando hablamos de glaciares
Siete millones de personas dependen del agua de los glaciares. Numerosas leyes protegen ese derecho humano. Aún así, el gobierno nacional y sus aliados priorizan a un puñado de multinacionales mineras. Números concretos, nombres propios y hechos irrefutables que confirman cómo el poder político decide sacrificar territorios y poblaciones. Glencore, BHP, Lundin, Río Tinto y Barrick Gold, algunas de las corporaciones beneficiadas.
Más de 100 mil razones para defender los glaciares del lobby minero
En un hecho histórico, se registraron más de 100.000 inscriptos para las audiencias públicas en defensa del agua. Pero el gobierno nacional sólo permitió que se expresen 200 personas. Dos días donde quedó muy en evidencia que el Congreso Nacional se mueve en función de los intereses de multinacionales mineras. La complicidad del Poder Judicial y las voces de los territorios que rechazan el extractivismo.
El poder detrás del poder: las mineras beneficiadas si se reforma la Ley de Glaciares
Glencore, BHP, Lundin, McEwen Cooper, Río Tinto y Barrick Gold son algunas de las multinacionales que impulsan proyectos mineros en áreas protegidas por la Ley de Glaciares. Voces de San Juan, Catamarca, La Rioja y Mendoza reiteran el rechazo al extractivismo, defienden las fuentes de agua y denuncian la complicidad de gobernadores. “Está en juego la vida de nuestros pueblos”, remarcan.
Hasta Naciones Unidas lo advierte: modificar la Ley de Glaciares pone en riesgo a comunidades y ciudades
Naciones Unidas, constitucionalistas, organizaciones socioambientales y hasta voces del gubernamental Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) expusieron numerosos argumentos para que no se modifique la Ley de Glaciares. Queda en evidencia que solo las multinacionales mineras, y sus gobernadores y legisladores aliados, priorizan la actividad extractiva por sobre el acceso de la población al agua.
Ley de Glaciares para proteger las fuentes de agua en un mundo en quiebra hídrica
La reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el presidente Javier Milei, con el aval de los gobernadores mineros, choca de frente con la información científica del flamante informe de Naciones Unidas que alerta sobre la "quiebra global hídrica". Con glaciares en retroceso, debido al innegable impacto del calentamiento global, defender la norma vigente significa salvar cada gota de agua y la vida.
"Del agua de los glaciares dependen más de siete millones de personas"
El proyecto para modificar la Ley de Glaciares es inconstitucional, carece de legalidad y legitimidad: es rechazado por poblaciones que dependen del agua de deshielo. Un análisis en clave de derecho confirma el retroceso que implica y las leyes y tratados internacional que se vulneran. ¿Agua para las mineras o para las comunidades?
Primero los negocios y luego la salud: Milei contra la Ley de etiquetado de alimentos
El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, conocida como de "etiquetado frontal". Alineado con el pedido de las grandes empresas, Milei no acepta ningún sello de advertencia en los productos ultraprocesados con excesos de grasas, azúcares y sodio. Éstos tienen directa relación con enfermedades que en Argentina provocan 140.000 muertes al año. "Es un grave retroceso en materia sanitaria, política y también democrática", afirma Andrea Graciano.





