Por Sergio Alvez
El concepto “energías comunitarias” engloba una dimensión política que representa una alternativa al modelo energético capitalista. Se basa en experiencias rurales de implementación de tecnologías y saberes que, desde las organizaciones comunitarias de base, se expanden hacia procesos de formación y asociativismo para la soberanía energética. Este tipo de experiencias complementan proyectos de agroecología y abordan los desafíos de la crisis climática y la privatización del sector energético que afecta de diversos modos a las comunidades campesinas e indígenas en todo el continente.
Algunas de las tecnologías principales que comprenden el universo de las energías comunitarias son los sistemas fotovoltaicos (energía solar), las estufas eficientes que funcionan con leña, la deshidratación solar (uso de la radiación solar para deshidratar alimentos), los biodigestores, la reforestación, las prácticas agroecológicas y la siembra de aguas (uso del agua de lluvia). La premisa es que, cuando se habla de energías, no se debe limitar el alcance del término únicamente a la producción de energía o combustibles.
En el marco del Primer Encuentro Internacional de Energías Comunitarias, que tuvo lugar recientemente en Bogotá, Colombia, la coordinadora del Movimiento de Afectados por las Represas (MAR), Sonia Mara Marinho, observó que «el reto que tenemos es transformar la matriz energética con una transición justa, con control popular y atendiendo los derechos de las poblaciones afectadas por el modelo energético actual». «Este primer encuentro internacional pone en primer plano los procesos de construcción de las comunidades, de un proyecto energético popular», destaca.
Juan Pablo Soler, integrante de la organización colombiana Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías (SETAA) y miembro del MAR, explicó que “la energía comunitaria viene a ser la respuesta a muchas de las presiones que nos pone el capitalismo, porque cuando hablamos de energías comunitarias, nos referimos a proyectos renovables, limpios, eficientes. Muchos de ellos vienen de prácticas ancestrales y que las comunidades han ido adaptando a su contexto”. Y agregó que “la transición energética justa acontece sólo en la medida en que las organizaciones sociales de todos los territorios, y demás actores de la sociedad, actúan en concordancia a los desafíos climáticos”.
En el encuentro participaron 160 delegados de base que en espacios de intercambio, exposición y debate pudieron mostrar experiencias concretas de cada organización y aplicadas a comunidades campesinas, educativas e incluso urbanas, en diferentes rincones de Latinoamérica.
Las energías comunitarias en territorio
«Energía Comunitarias para la Transición Energética Justa» es una propuesta integral que nació en Colombia y se extendió en los últimos años hacia otros países latinoamericanos, a partir de iniciativas promovidas por las organizaciones colombianas CENSAT Agua Viva y el Movimiento Ríos Vivos. Las experiencias que se acumulan en los últimos años son crecientes. Cada una tiene características únicas, ya que están orientadas a brindar soluciones en territorios y contextos específicos.
En el Bajo Sinú, una de las siete subregiones del departamento colombiano de Córdoba, se viene desarrollando, desde 2021, un proyecto ejecutado por la Asociación de Pescadores, Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (Asprocig). El mismo consta de 35 sistemas de oxigenación, a partir de energía solar, para la producción de abono orgánico a partir del aprovechamiento de residuos agropecuarios. El sistema aumenta el volumen de producción del abono orgánico en un 108,67 por ciento (163 toneladas producidas), que benefician a 420 familias. De esa manera, el sistema logró impactar positivamente en más de cien mil hectáreas de sistemas agrosilvopastoriles.
Mileyda Correa Tapia, beneficiaria y miembro de la Junta Directiva de Asprocig, relató: “Se han instalado paneles solares que han permitido reemplazar plantas de diésel para mejorar los sistemas de oxigenación de unidades piscícolas; esto ha significado un ahorro cercano al 95 por ciento del consumo de energía, y un aumento de la producción de los sistemas comunitarios y familiares”.
Sobre el sentido de la transición energética, reflexionó: ”Suele pensarse que la transición hacia modos de vida bajos en carbono significa un gasto, pero esto evidencia todo lo contrario: familias que consumen energía sostenible, que mejoran su productividad y que son conscientes de la lucha que tenemos que dar contra el cambio climático”.
En Brasil, en tanto, uno de los proyectos de energía comunitaria más importantes, es el que promovió el Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), organización que defiende los derechos de las comunidades afectadas por las grandes represas hidroeléctricas, desde 1970, proponiendo un modelo energético popular. Desde marzo, el proyecto es gestionado por la agrupación Vereda Sol y Lares en el estado de Mina Gerais y es considerada la primera experiencia de gestión colectiva de la energía eléctrica en América Latina.
Se trata de la Planta Fotovoltaica Flotante instalada en la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) de Santa Marta, en Grão Mogol, en el norte de Minas Gerais. Tiene una capacidad de generación de 1,2 megavatios, producción suficiente para atender a 1.250 familias. “Además de su potencial innovador, al optimizar dos fuentes de producción de energía eléctrica en un solo emprendimiento, la propuesta de gestión y distribución de la producción de la planta no tiene precedentes en América Latina. Esto se debe a que la producción generada por los 3.070 módulos solares será gestionada por una asociación formada por familias del territorio donde se ubica el proyecto. La propuesta es el resultado de una construcción colectiva, desarrollada a lo largo de cinco años”, señalan desde el MAB.
Un encuentro para fortalecer la transición energética justa
Volviendo al Primer Encuentro Internacional de Energías Comunitarias, Marilin Peña, integrante del Centro Memorial Martin Luther King, de Cuba, rescató la importancia del evento: “Traemos los aprendizajes que Cuba tiene en materia de transición energética, en torno a todo lo que se hizo en el marco de la Revolución, para poder lograr la energía como un derecho para el pueblo; sin negar los enormes desafíos que tenemos en este momento. Es fundamental contar con las energías comunitarias para proveer a las poblaciones y familias de lo necesario para el desarrollo y la vida cotidiana”.
En tanto, Andrés Gómez, miembro de Censat Agua Viva, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer “la capacitación y la formación, es decir, profundizar la educación tanto en transición energética justa como en las energías comunitarias”.
Liss Lares, coordinadora del proyecto ecoturístico Todasana Orgánica, de Venezuela, apuntó: “El camino hacia una transición energética justa y sostenible debe basarse en el trabajo comunitario y la integración de diversas experiencias y conocimientos. Tenemos la necesidad de pensar en la integralidad de las energías comunitarias, entendiendo que la energía no es sólo electricidad, también es biomasa, también es el alimento y todo lo que permite dar valor agregado a la producción y calidad de vida”.
El encuentro internacional marcó un hito y expandió aún más la voluntad de las organizaciones que vienen sosteniendo estas experiencias, fortaleciendo el diálogo y la búsqueda de consensos tanto con los Estados como con la academia y otros ámbitos. Organizaciones oriundas de 15 países latinoamericanos se dieron cita entre el 18 y el 20 de septiembre en Bogotá.
Durante tres jornadas exhibieron el alcance de este tipo de experiencias, a partir de una feria y de una programación que, además de ponencias y debates, incluyó la participación de una delegación internacional del Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica. También se desarrolló, en ese marco, una Audiencia Pública en el Congreso de la República, cuyo eje temático central fue la hoja de ruta de la Transición Energética Justa en Colombia.