El campo de producción agroecológica de la familia Kener-Velázquez, integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina, vivió el Día de la Tierra con un nuevo intento de usurpación sobre los terrenos que trabaja desde hace 42 años en la localidad de Ministro Rivadavia, en el periurbano de la localidad bonaerense de Almirante Brown. Otra vez, y a pesar de las medidas judiciales a favor de la familia productora, una patota enviada por el empresario Joaquín Somoza tiró parte las instalaciones e intentó marcar una nueva línea de alambrado. El intento fue frenado por el acompañamiento urgente de integrantes del MNCI-Vía Campesina y la UTEP-Agraria.

La patota enviada por Somoza, un empresario que lleva años hostigando a la familia Kener-Velázquez para quedarse con los terrenos y ampliar un desarrollo inmobiliario, llegó en la mañana del 22 de abril con tres topadoras. Voltearon parte de las instalaciones, golpearon a los integrantes del campo agroecológico, entre ellos a la madre de la familia Kener-Velázquez, e intentaron desplegar un nuevo tendido de alambre para concretar la usurpación. El objetivo del empresario era tomar terrenos del campo agroecológico para trazar una calle de acceso a los terrenos que tiende detrás de la familia Kener-Velázquez.

El atropello contra la unidad productiva ordenado por Somoza desconoció la mediación judicial a la que se llegó en enero pasado, en la que el empresario se comprometió a respetar una línea de alambrado para separar las aspiraciones inmobiliarias de la unidad productiva agroecológica. Desde el MNCI-Vía Campesina y Utep-Agraria señalaron a Tierra Viva que luego del nuevo avance de ayer se buscó cerrar un nuevo acuerdo, con la mediación del abogado de la familia y el Municipio de Almirante Brown, para poner fin al conflicto.

El acuerdo que se trata de cerrar, mientras un grupo de la organización campesina acompañaba a la familia productora para evitar nuevos hostigamientos, es que la familia ceda una parte lateral del terreno para que se realice la calle y el empresario se compromete a reponer el alambrado y los postes tirados y reconocer los límites de la propiedad.

“Las familias campesinas tenemos derecho a trabajar y vivir sin miedo”, exigieron las organizaciones campesinas frente a los reiterados incumplimientos por parte del empresario de los acuerdos judiciales a los que se llegaron tras cada intento de usurpación y que, en todos los casos, le dieron la razón a la familia Kener-Velázquez.  

El trabajo que, desde 1979, se lleva adelante en el campo ofrece un ingreso a 22 personas, vecinas y vecinos de Ministro Rivadavia, que trabajan la tierra y les permite formarse en la producción de alimentos agroecológicos y acceder a ellos para la alimentación familiar. Los proyectos productivos que se desarrollan están dentro del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), dependiente de SENASA. 

Otra historia de violencia contra las familias campesinas 

Suspensión de desalojos, reglamentación de la Ley de Agricultura familiar, banco de tierras o una Ley de Acceso a la Tierra, son algunos de los reclamos urgentes de las organizaciones campesinas y ayer en el Día de la Tierra se materializaron en el campo agroecológico de la familia Kener-Velázquez. No se trató del primer intento de usurpación por parte de Somoza. El 20 de noviembre pasado, el empresario junto a su hijo Martín Somoza ingresaron al campo con un grupo de policías y otras 30 personas armadas con pistolas, machetes y palos. 

Aquel día, el grupo estaba integrado por un subcomisario de apellido Paez, del Comando de Patrullas de Ministro Rivadavia. Sin orden judicial, ingresaron al terreno, golpearon a integrantes de la familia, destruyeron parte de las instalaciones y se llevaron detenido a uno de los hermanos de la familia productora. La detención fue ordenada por el subcomisario luego de que el productor intentara grabar la agresión. Estuvo horas demorado en la Comisaría 4º de Longchamps y se le armó una causa por portación de armas. 

La patota ingresó en noviembre pasado con una máquina retroexcavadora con la que rompieron alambrados y trazaron una huella dentro del campo con el mismo objetivo que en el último intento: abrir una calle. Tras aquel ataque de noviembre también existió una mediación para respetar los límites de cada predio, pero Somoza lo incumplió. «Esperamos que esta vez se cierre el acta de acuerdo y lo cumplan», reclaman desde el MNCI-Via Campesina y la UTEP-Agraria.

El primer ataque contra la unidad agroecológica por parte de Somoza es anterior. Ocurrió en diciembre de 2014 con un modus operandi similar: topadoras, destrucción de las instalaciones y complicidad de la Policía Bonaerense. La diferencia de aquel primer ataque fue que la patota de Somoza avanzó directo contra la casa de la familia. 

Héctor Velázquez, fundador de la unidad agroecológica, vivió 5 años en una casilla en la puerta de su campo, mientras reconstruía su vivienda. Una historia que recuerda el ataque contra la histórica campesina cordobesa Ramona Orellano de Bustamente, quien por estos días resiste otro intento de desalojo. Héctor falleció el 24 de mayo del año pasado. 

“Las familias campesinas tenemos derecho a trabajar y vivir sin miedo”, insisten desde el MNCI-Vía Campesina y la Utep-Agraria. En Argentina, sólo el 13 por ciento de la tierra está en manos de los pequeños productores, que producen más del 60 por ciento de los alimentos para el abastecimiento interno, mientras que el 1 por ciento de las explotaciones agrarias controlan el 36 por ciento de la tierra cultivada.