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Amenazas e intentos de desalojo a comunidades productivas en La Plata y Almirante Brown
La rama agraria de la UTEP denunció dos casos de amenazas contra pequeños productores de zonas periurbanas bajo el mismo modus operandi: policías y patotas presionando para desalojar. Negocios inmobiliarios de fondo.
noviembre 24, 2020

La comunidad ava-guaraní Iwi Imemby cuenta con un contrato de comodato aprobado por el Concejo Deliberante de La Plata para realizar trabajos agrícolas en tres hectáreas ubicadas en la localidad de Abasto, pero a menos de un mes de su instalación en esos terrenos recibieron amenazas por parte de la Policía Bonaerense y la barrabrava de Gimnasia y Esgrima La Plata para desalojarlos; mientras que el intendente platense, Julio Garro, busca revocar el comodato y trasladar a las familias guaraníes. A 50 kilómetros, en la localidad de Ministro Rivadavia, en Almirante Brown, la familia Kener-Velázquez, que lleva adelante un proyecto agroecológico hace 35 años, fue atacada por la patota del empresario Jesús Somoza, que intenta desde hace 6 años desalojarlos por la fuerza para desarrollar un emprendimiento inmobiliario sin permisos municipales. 

Iwi Imemby, frenar el segundo despojo

Las familias ava-guaraní que integran la comunidad Iwi Imemby se radicaron en los barrios platenses El Pato y El Peligro luego de ser despojadas de sus tierras en Salta por el avance de la frontera agrícola. Llegaron a esa zona periurbana con intención de trabajar la tierra en el conocido cinturón hortícola de la capital de Buenos Aires. Mantuvieron la unidad de la comunidad, consiguieron la personería jurídica y lograron acceder a partir del programa “Proyectos agrícolas de comunidades indígenas” del gobierno bonaerense a un terreno de 41 mil metros cuadrados en el barrio de Abasto, ubicado en calle 38 entre Ruta 36 y calle 36.

El terreno fue entregado en comodato, por 99 años, por la Municipalidad de La Plata con el aval del Concejo Deliberante en febrero de 2019 y ratificado el 15 de octubre pasado (expediente 69.989). Con la documentación en mano, la comunidad instaló dos casillas en el terreno el 7 de noviembre para comenzar a habitar el terreno y producir. 

«Dos días después acudieron fuerzas policiales y, sin una orden judicial de respaldo, alegaron que el territorio pertenecía al club Gimnasia y Esgrima y la comunidad debía abandonarlo. Las fuerzas policiales regresaron y, ante el rechazo de dejar el lugar por parte de los legítimos habitantes, el 18 de noviembre se presentó parte de la barrabrava del club platense y amenazaron a los miembros de la comunidad», denunciaron las organizaciones de la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). 

«Llegaron unas personas diciendo que son socios del club Gimnasia, nos amenazaron con mandarnos las patotas para sacarnos de acá«, confirmó Patricia Segundo, referenta de la comunidad a RedEco. A partir de las denuncias de hostigamiento, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Comisión de “Trabajos Interculturales con Pueblos indígenas y Migrantes” de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP tomar intervención para resguardar a la comunidad. 

El terreno está ubicado detrás de la Escuela Agraria Nº1 y es lindero al predio deportivo de Gimnasia y Esgrima La Plata conocido como Estancia Chica. Desde que el 7 de noviembre la comunidad instaló dos casillas comenzaron a recibir intimidaciones por parte de personas de la Comisaría Séptima y de la patrulla del 911, que llegaban sin orden judicial y se retiraban al ver la documentación que confirma la titularidad de las tierras. 

Esas hectáreas ya no pertenecen al club platense, que las cedió a la Municipalidad de La Plata en 1980 para avanzar en un loteo urbano y Club de Campo, que nunca se realizó. Sin embargo, el intendente Garro adelantó al diario El Día que buscará dar marcha atrás con el contrato de comodato y relocalizar a la comunidad Iwi Imemby. “Aunque no sean de Gimnasia, hoy no estamos discutiendo eso, esta situación no le conviene a nadie. Por eso, los convocamos para charlar y ofrecerles otro lugar. Existen tres o cuatro alternativas y vamos a revocar ese convenio”, sostuvo Garro.  

«La comunidad no acepta el desalojo que pretende imponer el club y se quedará en las tierras que le pertenecen. Así se lo hicieron saber a las organizaciones y miembros del Consejo Deliberante que se hicieron presente en el lugar de manera solidaria», sentenciaron las organizaciones de UTEP que respaldan a la comunidad y exigieron al intendente Garro que respete la Ley 26.160

Por su parte, la comisión de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP exigió «el fin del hostigamiento a la comunidad» y responsabilizaron a las autoridades provinciales por cualquier agresión.

Una patota contra un proyecto agroecológico

La familia Kener-Velázquez trabaja desde hace 41 años en su campo ubicado en Ministro Rivadavia, zona periurbana del partido de Almirante Brown. La unidad productiva agroecológica que desarrollan desde 1979 emplea a 22 personas de la zona, integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina y está registrada en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), dependiente de SENASA. 

Sin embargo, desde el viernes pasado, el campo de la familia es asediado por patotas armadas encabezadas por el empresario Joaquín Jesús Somoza, según denunció la rama agraria de la UTEP. El primer episodio ocurrió el viernes pasado, cuando Somoza ingresó junto a su hijo, Martín; 30 personas armadas con pistolas, machetes y palos. El grupo lo integraba también un subcomisario de apellido Paez, del Comando de Patrullas de Ministro Rivadavia. 

El ingreso de la patota fue acompañado por una máquina retroexcavadora con la que rompieron alambrados y trazaron una huella dentro del campo para abrir una supuesta calle.  La familia intentó grabar la agresión, pero el celular fue robado por la patota y el subcomisario ordenó la detención de uno de los hermanos de Velázquez, que estuvo horas demorado en la Comisaría 4º de Longchamps, y se le armó una causa por portación de armas. 

Luego de ese violento episodio, las amenazas continuaron el domingo con la quema de los pastizales y los corrales del campo Kener-Velázquez. El asedio por parte de Somoza no es nuevo, ya que el empresario posee hectáreas linderas a la unidad agroecológico y lleva años intentando poner en marcha un desarrollo inmobiliario, sin autorización municipal, para el que precisa quedarse con el campo de la familia integrante del Movimiento Nacional Campesino. 

«En 2014 y con la misma modalidad, Somoza ingresó con una patota a la casa de los Velázquez. Los individuos destruyeron íntegramente su casa y sus posesiones, y mataron o dispersaron a gran parte de sus animales con el apoyo presencial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que no ahorró golpizas ni detenciones. Más tarde, la Justicia falló a favor de los Velázquez en todos los niveles», recordaron desde la UTEP. 

Luego de aquel ataque, Héctor Velázquez, fundador de la unidad agroecológica, vivió 5 años en una casilla en la puerta de su campo mientras levantaba nuevamente los cimientos de su casa y la chacra, sin dejar de ser hostigado por Somoza. El 24 de mayo pasado falleció producto de un cáncer.

«Pese a las denuncias presentadas por este nuevo hecho, Somoza continúa impunemente. En tiempos en que la problemática del hábitat y la vivienda digna han tomado relevancia, un empresario sin títulos de propiedad avanza sobre tierras productivas de Almirante Brown, con sicarios y acompañado por fuerzas policiales», denunciaron desde la UTEP.