Por Julián Pilatti
Comunidades de pueblos originarios sufrieron avance sobre sus territorios en Salta: primero con el desalojo violento en la comunidad Las Pailas, en Cachi, donde cinco familias fueron arrancadas de sus hogares luego de un fuerte operativo. Y días más tarde, cuando la Legislatura provincial aprobó un proyecto de ley para ceder nueve hectáreas al selecto club Tigres Rugby, donde actualmente viven varias familias de la comunidad Lule, asentada en la conocida Fincas Las Costas.
En el el caos de la comunidad Las Pailas, la contraparte y denunciante de las tierras es Florencia Wayar, funcionaria del Ministerio Público Fiscal de Salta. En la comunidad Lule, el proyecto fue aprobado con la complicidad de muchos legisladores, que cedieron esas tierras por 25 años en comodato, pese a que anteriormente la zona había sido declarada “reserva hídrica estratégica”.
Mientras en el Congreso de la Nación tiene media sanción el proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, impulsado por el gobierno de Javier Milei, y que tiene entre sus principales puntos el agilizar los desalojos. Sin olvidar que, el 10 de diciembre del 2024, el gobierno nacional derogó por decreto la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, que daba un mínimo amparo a los pueblos originarios.
“Salta es un feudo”, resume la abogada de la comunidad Lule de Fincas Las Costas, Mara Puntano. La activista e integrante de la Red de Luchas Socioambientales de Salta agrega que, pese a la existencia de una Constitución Nacional y leyes, en Salta “el poder sigue estando en manos de unas cuantas familias que vienen desde la conquista española”.
“Tienen sus riquezas en base al saqueo de los pueblos originarios. Entonces todo lo que sea poder está en manos de las clases oligárquicas, desde el Poder Judicial hasta un club de rugby”, afirma.
Un apellido del poder
“Les sacaron las vigas de los techos, les sacaron los animales a las rutas. Sacaron de sus casas a niños y ancianos que estaban shockeados”, expresa Tuju Gea Zamora, mujer Wichí de la organización de base indígena Na´ Nechepa ("Nos levantamos").
El operativo contra la comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas ocurrió el 12 de junio. Fue ordenado por la jueza María Fernanda Díaz, en base a la denuncia de la funcionaria judicial Florencia Wayar, quien reclama la titularidad de esas tierras desde el 2010.
El conflicto habría empezado cuando Wayar decidió no renovar contratos de arriendo con algunas familias que ocupaban parcelas dentro de la finca y luego inició acciones judiciales para avanzar con el desalojo.
“Yo crecí con esta gente y siempre tuvimos relación, pero después empezaron los conflictos por la tierra”, dijo la funcionaria judicial en diálogo con el medio salteño “N&N”.
Para Wayar, esas tierras nunca fueron de la comunidad Diaguita Kallchaki. Pero en Las Pailas hay otra versión, completamente distinta: con la aprobación de la Ley 26.160 (emergencia territorial) en el gobierno de Néstor Kirchner, muchas familias de la zona “comenzaron a buscar construir sus casas en donde sus ancestros habían vivido”.
Aún así, el operativo avanzó contra cinco familias y otras ocho personas de la familia Guzmán (que no se reconoce miembro de la comunidad). Allí se desalojaron 44 hectáreas, cuarenta más de las que había reclamado Wayar. Tras una movilización en la plaza central de la capital de Salta, la jueza María Fernanda Díaz retrocedió y ordenó devolver las tierras que no estaban en conflicto.
El día de la movilización, la comunidad Las Pailas recibió el apoyo de los miembros de la comunidad Lule frente a la Legislatura provincial. Justo esa misma tarde, cínicamente, los y las senadoras aprobaron sobre tablas el proyecto de ley que cede nueve hectáreas de Fincas Las Costas al club Tigres Rugby, una institución nacida del Jockey Club y que “representa a la elite salteña”.
La élite salteña
“Lo que está sufriendo hoy la comunidad es un atentado, un atropello. Sobre todo sus derechos constitucionales de los pueblos originarios”, sostiene Camila Rueda, integrante de la comunidad Lule y secretaria general de la CTA Autónoma de las Yungas (Salta).
La referente de la comunidad agrega que este comodato le permite al gobernador Gustavo Sáenz entregar las tierras por 25 años, “despojando a las familias de las zonas de pastoreo, en las cuales viven ancestralmente hace muchos años”.
No es la primera vez que el Ejecutivo permite la apropiación de ese territorio en disputa. En 2010, el gobierno de Juan Manuel Urtubey habilitó la ocupación de otro sector pretendido por parte del Jockey Club. Recién en diciembre de 2024 se formalizó el decreto con el contrato de comodato que otorga la cesión por 20 años a esta institución.
Pero una de las razones por la cual el nuevo avance se vuelve todavía más ilegal, es que la zona había sido declarada “reserva hídrica estratégica”, limitando las construcciones y la intervención en el lugar.
Para Rueda, las comunidades de Las Pailas sufren el mismo atropello, “porque detrás están los mismos intereses privados”.
“El hilo conductor de ambos desalojos es el poder salteño, porque tanto en Las Pailas como en la localidad de San Lorenzo existe un negocio inmobiliario denominado 'Proyecto Norte', que busca avanzar en este sentido”, cierra Rueda.
Contra mineras extranjeras y el agronegocio nacional
Desde hace más de 200 jueves, Mara Puntano y un grupo de mujeres protestan frente a la Legislatura salteña. Giran alrededor del monumento a don Martín Miguel de Güemes, tal como lo hacen las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo desde hace cinco décadas. En este caso, la lucha incluye frenar los proyectos extractivistas que vulneran los derechos humanos, pero también contra los derechos de la tierra.
En diálogo con Tierra Viva, la referente socioambiental amplía el mapa: los conflictos por la tierra en Salta van desde la Puna hasta el Chaco salteño. Empresas mineras, proyectos inmobiliarios, madereras y agronegocios, se instalan sobre comunidades preexistentes al Estado, violando toda garantía constitucional.
“En la Puna están las comunidades coyas y atacamas sufriendo el saqueo de sus recursos naturales. Empresas transnacionales como Cofco, Río Tinto y Eramine obtienen todas las comodidades desde los gobiernos de turno, sin importar el derecho de los pueblos que viven ahí”, sostiene Puntano.
En el departamento de Los Andes (al oeste provincial) , por ejemplo, se explota oro, litio, plata, cobre y tierras raras. Ahora, agrega Puntano, “hasta buscan abrir una minera de uranio”. Siempre, sin permiso de las comunidades, ni licencia social, ni estudios de impacto ambiental serios.
Sin embargo, no siempre ganan las corporaciones. En San Antonio de los Cobres, la comunidad Coya echó a la minera AngloGold Ashanti, luego de varias semanas de resistencia y protestas. En agosto del 2025, por decisión unánime mediante asamblea extraordinaria, la comunidad se negó a dar su consentimiento a la minera para realizar cualquier tipo de actividad, dentro de su territorio reconocido por la legislación argentina. En octubre, los directivos de la empresa comunicaron que se iban de Salta.
Durante esa asamblea, que incluyó la participación de representantes de la minera, la cacica de la comunidad Kolla El Desierto, Reina Ferryl, denunció que el agua era potable en la localidad hasta la aparición de las mineras, y que la utilización de cianuro y otros químicos contaminan las aguas.
“Muchas de estas mineras están sobre la zona peri glaciar, por eso necesitaban modificar la Ley de Glaciares en el Congreso. Están borrando cerros y perjudicando los ecosistemas que son muy delicados en la puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, diciendo que son desiertos y esto es completamente mentira”, manifiesta Mara Puntano.
La abogada, que también acompañó el reclamo de la comunidad Coya, aseguró que “acá hay humedales, hay ganadería y agricultura ancestral”.
Pero más allá de la resistencia contra las mineras en la Puna, también se alzan conflictos con la comunidad Guaraní, al noreste de la provincia. Allí, la resistencia se da contra el Ingenio San Martín del Tabacal, en el departamento de Orán e Hipólito Yrigoyen, donde aseguran que la empresa “contamina aguas de los ríos y provoca una mortalidad masiva de peces”, cuando las comunidades viven especialmente de ese recurso.
En esa línea, Puntano suma otro conflicto al cual no duda en calificarlo de “genocidio silencioso”. En el Chaco Salteño, la comunidad wichí se encuentra completamente desamparada. Los sucesivos desmontes en manos de empresas madereras y también por el avance del agronegocio, acorralan a las poblaciones y las arrancan de sus principales alimentos y formas de vida.
“Acá hay un genocidio de los niños menores de dos años, porque muchas de las comunidades no tienen para comer. Los desmontes masivos que aprueba la legislatura de Salta le quitan a esta gente su alimento, su medicamento y su materia prima para trabajar”, indica la abogada.
En esta zona, de profundos montes y tierras vírgenes, hay intereses millonarios que atraen apellidos del poder. El ex presidente Mauricio Macri declaró, en 2016, haber adquirido 373 hectáreas en el departamento de Rivadavia, cuando en realidad eran 2000. En tanto, Eduardo Elsztain, empresario y aliado de Javier Milei, tiene en su poder 239.000 hectáreas en ese mismo departamento. Según los registros públicos, a través de su empresa agropecuaria Cresud, Elsztain ya desmontó más de 120.000 hectáreas. Es el dueño de la corporación IRSA —principal empresa inversora del país—, tiene un capital de más de 5000 millones de dólares.
“Acá el Estado hace un abandono de personas, directamente”, dice al respecto Mara Puntano y agrega respecto a la posible aprobación de la modificación de la Ley de Tierras: “Salta siempre viola los derechos de los pueblos originarios. Ni siquiera se necesitó la ley de extranjerización de la tierra, ya que acá ya se está dando de hecho. Los jueces miran para otro lado. Lo que viene a hacer esta ley, en todo caso, es legitimar una práctica que ya se venía dando desde hace varios años”.
*Edición: Darío Aranda.
