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«Cualquier proyecto minero ofrece dinero fresco, pero primero está la vida»
abril 30, 2021
Sección: Extractivismos
Entrevista a Eduardo Córdoba, intendente de Andalgalá. Preocupado por la persecución del gobierno de Catamarca a su pueblo, describe el trasfondo de intereses políticos y mineros. Advierte: “Los estallidos sociales se producen porque el Estado se ausenta”.
Intendente de Andalgalá Eduardo Córdoba
Foto: Prensa Intendente Córdoba

Por Revista Cítrica y Agencia Tierra Viva

El 15 de febrero de 2010, cuando Andalgalá fue noticia nacional, Eduardo Córdoba tenía 22 años y estudiaba para ser ingeniero agrónomo. Aquel día, una feroz represión con gendarmes se desató contra el pueblo movilizado para impedir el avance del proyecto minero Agua Rica.

Andalgalá (20.000 habitantes, 250 kilómetros al oeste de la capital de Catamarca) dejó de ser noticia nacional durante muchos años, pero el pueblo siguió movilizado contra los proyectos mineros. Aquel año, además, comenzó una costumbre que se repite cada sábado: la “Caminata por la vida” que ya acumula 585 jornadas.

En este 2021 pandémico, el nombre de ese pueblo catamarqueño volvió a aparecer en el radar nacional. En la caminata 583, la misma semana que la población en alerta detectara la subida de máquinas perforadoras rumbo al cerro Nevado del Aconquija, hubo dos episodios violentos: el incendio de la sede del Partido Justicialista y de las oficinas de la minera Yamana Gold.

A Eduardo Córdoba, que asumió como intendente de Andalgalá en 2019 con un posicionamiento público en defensa del agua y el medio ambiente, le tocó ocupar ese cargo en mientras se dio una seguidilla de hechos escandalosos. Los días posteriores a los disturbios, se multiplicaron los allanamientos y las detenciones ordenadas por la Justicia local contra 12 personas referenciadas con la histórica lucha ambiental andalgalense, incluido un funcionario municipal.

Pesan todavía sobre 11 personas graves acusaciones judiciales –que incluyen figuras como estrago doloso y violación de domicilio– sostenidas, principalmente, en testimonios de gente vinculada a las mineras. En la comisaría local sufrieron torturas y maltratos, además de extorsión con muestras evidentes de espionaje ilegal sobre sus vidas. A nivel provincial, el gobernador Raúl Jalil intentó bajarle el tono al conflicto de fondo y defendió el accionar judicial y policial como respuesta a los disturbios.

Recién el lunes 26 de abril, después de dos semanas privados de su libertad, quedaron libres los últimos siete detenidos en la comisaría. Con esa novedad aliviadora, el intendente Córdoba accede a una entrevista con Cítrica y Tierra Viva para dar su testimonio en un nuevo momento clave de la historia andalgalense.

–Usted tiene un posicionamiento público en contra de la megaminería. ¿Cómo ha vivido estas últimas semanas?

–Preocupado, preocupado. Nosotros los andalgalenses, y yo como un vecino más, estamos preocupados por tantos interrogantes que hay con respecto a la explotación minera, particularmente en la cuenca del río Andalgalá. Cito este lugar porque es la ubicación geográfica donde las precipitaciones, tanto de nieve como de lluvia, conforman el área desde donde las aguas van luego hacia el río Andalgalá, que está formado por tres subcuencas: la del río Blanco, la del Candado y la del Minas. El temor de la gran mayoría de los andalgalenses es que en una de las subcuencas, la del río Minas, está emplazado el yacimiento Agua Rica. Entendemos nosotros que hay muchos interrogantes por ausencia del Estado mayor. Entendemos que vivimos en un país donde todavía las reglas de juego y los ámbitos de discusión ambiental, institucional, legales, sociales, así como en la provincia de Catamarca, dejan muchos vacíos que ocupan, por supuesto, las empresas mineras. En este sentido, la empresa Yamana Gold se ha fusionado con la empresa Alumbrera para lo que hoy es MARA, el nuevo proyecto. Nos preocupa porque el yacimiento Agua Rica no está emplazado en cualquier lugar geográfico del Departamento; está donde son las nacientes que dan agua para beber y para los cultivos de una población de casi 20 mil habitantes. Si nos remontamos a los originarios que habitaron estas tierras, inteligentemente se arraigaron en esta zona porque acá estaba el agua con la cual podían vivir, convivir y producir lo que luego comían. Hablar de un proyecto de la envergadura de lo que puede ser la explotación de Agua Rica, en un lugar tan particular de ambiente de glaciares y periglaciares, verdaderamente nos preocupa. Más cuando entendemos que el Estado, las instituciones que deberían dar explicaciones, allanar los interrogantes ambientales, sociales, institucionales, parecen no estar.

Hablará después del origen del conflicto: “Hay una lucha que lleva muchos años, que ha traspasado incluso las generaciones y las ideologías religiosas, políticas, sociales. Lleva más de una década y se ha llevado puesta una generación de protestas, de manifestaciones. Me parece que el movimiento está mal llamado anti-minero, porque es un movimiento ambientalista que en Andagalá lleva once años con caminatas consecutivas todos los sábados, no se ha interrumpido nunca. Eso es algo que cuesta encontrar en otra parte del mundo. El dolor de muchos andalgalenses es que por ahí los hechos aislados que se han hecho públicos hace algunas semanas, sobre el incendio de las instalaciones de la empresa Yamana Gold… muchos actores políticos, institucionales se han quedado con hechos aislados, pero no hemos visto prácticamente, a nivel institucional político, preguntarse qué ha generado la expresión del pueblo, qué viene provocando que el pueblo se exprese desde hace muchos años de manera consecutiva, pacífica. Yo suelo decir que los estallidos sociales se producen porque el Estado se ausenta: para responder a esos interrogantes ambientales, para generar esa confianza que debe tener el pueblo”.

Entre los antecedentes institucionales que ostenta Andalgalá, en 2016 fue votada por unanimidad, en el Concejo Deliberante, la Ordenanza 029/16 que protege la cuenca alta del río Andalgalá de toda acción antrópica, incluida la minería. Esa Ordenanza fue llevada más tarde a la Corte provincial, que votó en contra.

Dice el intendente: “Yo digo que es una ordenanza pro-vida, que viene a resguardar el ambiente, un ambiente delicado donde nace el agua que toma el pueblo de Andalgalá. Hoy se la ha violado, se ha autorizado la exploración del yacimiento por parte de la empresa minera. Hubo un fallo de la Corte provincial, que nosotros creemos que está viciado. De forma inmediata, el Municipio de Andalgalá presentó un amparo y recusó la postura de uno de los ministros de la Corte. Es una postura contradictoria, porque este hombre, (Carlos Miguel) Figueroa Vicario, once años atrás, cuando fue la represión del 15 de febrero de 2010…

–¿Qué recuerdos tiene de ese episodio?

–Yo era estudiante en ese momento, tenía 22 años. Ese 15 de febrero se produjo otro estallido social, el pueblo impidió el avance de los estudios en la cuenca del río Andalgalá para el yacimiento Agua Rica. Este ministro de la Corte, Figueroa Vicario, era diputado provincial por el Partido Justicialista y en ese momento gobernaba el Frente Cívico Social. Este diputado vino a Andalgalá y fue promotor luego, a niveles legislativos, de un proyecto de ley para suspender la minería a cielo abierto en el Departamento Andalgalá. Diez u once años después, ya como ministro de la Corte, tiene una postura totalmente contradictoria derogando una ordenanza que tenía el mismo espíritu de lo que él impulsaba antes. Cualquier ciudadano puede tener una postura contradictoria en la vida común, pero para aquellos que tienen responsabilidades institucionales, como un ministro de la Corte, genera muchos interrogantes. Cuando salió el fallo de la Corte, que no fue unánime pero invalidaba la ordenanza, el Municipio apeló y recusó la postura de este ministro. Al apelar y presentar un amparo, nosotros consideramos que la ordenanza sigue vigente, por lo tanto, el espíritu de resguardo de la ordenanza impide lo que hoy se ha autorizado.

–¿Usted fue informado de que iban a subir las máquinas perforadoras al cerro o se enteró como el resto de los vecinos?

–Nos enteramos días antes por los rumores de los vecinos. Yo me enteré, si no recuerdo mal fue un día jueves, por el diario. La noche anterior habíamos visto a algunos vecinos de Andalgalá que habían subido a los caminos por los que se accede al yacimiento por el norte; habían sacado algunas fotos que nos hacían suponer que estaban subiendo camiones para perforar, para tomar muestreos. Al día siguiente sale la noticia. Yo en ese momento hablé por la radio, donde me mostré preocupado, no recuerdo la expresión que tuve en ese momento que a algunos no les gustó. Me había mostrado enojado por la situación de que nos tengamos que enterar por medios de comunicación, con lo cual los andalgalenses volvemos a pasar por lo mismo, nos enteramos siempre de la manera menos apropiada. Inmediatamente, al día lunes siguiente, pedimos un informe al Ministerio de Minería para que se aclare cuál era la situación. Por otro lado, el Municipio presentó un amparo ante el juez de Minas de la provincia, para que se detenga la acción y se dé explicaciones sobre lo que estaba pasando. Que se detenga toda acción que vaya a generar un daño en el ambiente.

–¿Recibieron alguna respuesta?

–Todavía no hemos recibido ninguna respuesta oficial. Hay otra cuestión a aclarar. Así como está la Ordenanza 029/16, tampoco hay un inventario preciso de los glaciares en el cordón montañoso del Aconquija y los ambientes periglaciares. Por otro lado, se ha violado un amparo de 2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ante los sucesos del 15 de febrero de 2010 prohibía toda acción antrópica, todo estudio y explotación en la cuenca del río Andalgalá, propiamente en el yacimiento Agua Rica. O sea que hay tres cuestiones que se han obviado.

–¿Usted tiene diálogo y lo ha tenido últimamente con el gobernador Raúl Jalil?

–Sí, sí, nosotros tenemos diálogo. Incluso unos días antes de que se incendiaran las oficinas de Agua Rica, yo me reuní con los vecinos de las asambleas a charlar. Entre todos habíamos consensuado tratar de pedir la venida de la ministra de Minería, Fernanda Ávila, a dar información de lo que no sabíamos que estaba pasando en ese momento, que eran rumores sobre la subida de camiones y maquinarias para estudios y perforaciones. Yo viajé y me reuní con la ministra, le comenté la inquietud del pueblo, la necesidad de que ella se acercase a dar explicaciones al pueblo, a llenar esos vacíos que viene generando el Estado provincial hace muchos años. Ella se comprometió a venir. El día jueves previo al suceso del sábado, ella dijo que no iba a poder venir; la reunión era el viernes. Intentamos bajo todos los medios de poder juntar las partes, de que el Estado provincial a través del Ministerio de Minería se arrimase, conversase con los vecinos, se les dé explicación de lo que estaba aconteciendo. Y bueno, no lo logramos. Yo siempre he sido abierto al diálogo, relaciones institucionales de todo tipo con el Gobierno provincial, porque soy el intendente de todos, pero no entiendo las políticas en materia de minería de nuestra provincia.

–¿La ministra tenía información de que había una orden para que las perforadoras subieran al cerro?

–A mí no me la manifestó días antes. Estimo que sí, porque la orden salió de ahí, del Ministerio de Minería.

–¿Y con el gobernador tuvo diálogo después de lo que pasó y cuando avanzaron las detenciones?

–Dialogué con él dos días posteriores a las detenciones para pedirle que se garanticen los derechos a los detenidos, para que se les garantice comodidades, en su momento habíamos recibido denuncias de algunos vecinos que habían sido violentados en los procesos de allanamiento. Yo me comuniqué con él para pedirle que se den las garantías de trato, de confort, de resguardo. Él mandó a su ministro de Seguridad al lunes o martes siguiente. Charlé con él y se mejoraron algunas cuestiones de comodidad, de confort. Por ejemplo, esos días previos no había suficientes colchones para las personas en la comisaría, las detenciones venían siendo violentando los domicilios sin total resguardo de la integridad familiar. Acá somos vecinos donde todos nos conocemos, incluso gente que son docentes, músicos, artistas… Yo hablé con él para pedirle estas garantías y que los tratos hacia la gente sean correctos.

–Pero usted sabe que eso no se cumplió, porque hay denuncias de las propias personas detenidas de haber recibido torturas, maltratos…

–Estoy al tanto, estoy al tanto, estoy al tanto… Impotente, impotente porque de verdad la comisaría local no estaba preparada, no tiene las comodidades, de hecho, el Municipio la primera noche acercó algunos colchones, frazadas. No he podido conversar, hace poquito han liberado a los chicos, el día de ayer más precisamente. Algunos de ellos son amigos míos inclusive, amigos de la vida. Nos hemos mensajeado pero no he podido conversar a fondo con ellos.

–¿Usted se acercó en algún momento durante los días de detención?

–Yo estuve el día domingo y el día lunes me parece, también. Y después en contacto, por supuesto, con el representante legal de los chicos, con gente de confianza de las asambleas. Soy amigo de muchos, Andalgalá es un pueblo pequeño donde nos conocemos y somos amigos, vecinos, colegas. Por supuesto que he estado en contacto con ellos.

–¿Cómo cree que va a seguir este tema hacia adelante? Porque las acusaciones judiciales siguen firmes y, de hecho, una de las personas acusadas es Oscar Martiarene, funcionario del Municipio.

–Sí, Oscar es funcionario nuestro. Él es un militante de toda la vida. En la marcha había amigos, estaba mi familia también, amigos, vecinos. Muchos sectores de la política han tenido opiniones despectivas, a mí me duele mucho cuando se habla de anti-mineros y pro-mineros. Son adjetivos que nos califican de mal manera, yo no creo que haya anti-mineros y pro-mineros, sino que hay gente que tiene temor por el resguardo de su ambiente y hay gente que a lo mejor ve en la actividad minera la salida laboral. Esos calificativos para la gente de Andalgalá, muchas veces escuchados desde sectores institucionales políticos de afuera, duelen, porque nos han atravesado a los vecinos de Andalgalá. Yo trato de decir siempre que el responsable de todo esto es el Estado, el Estado mayor que por no acercarse, por no resolver esos interrogantes, los ha visto a los vecinos de Andalgalá enfrentados.

–En Andalgalá no hay licencia social para la megaminería, pero la Provincia avala este tipo de explotaciones y, por otro lado, hay persecución judicial a personas que ni siquiera estuvieron cerca de los hechos que se denuncian. La Justicia pareciera que actúa acorde a los intereses económicos. ¿Hay alguna salida institucional para este conflicto?

–Claro que sí. Vivimos en un país donde los canales institucionales, y esos ámbitos ambientales y sociales, no son claros. La postura de Andalgalá es clara. Por supuesto que no es unánime, que hay gente que piensa distinto, pero una gran mayoría de andalgalenses teme por su ambiente, teme por el riesgo de su agua, de su vida. Desde el Municipio vamos a agotar los canales de la Justicia, agotar el diálogo también. De una vez por todas, a los vecinos de Andalgalá se los tiene que escuchar. Es triste ver que se suscriba lo que pasó hace dos semanas y se le dé la espalda a una lucha que ha traspasado inclusive barreras generacionales, ideológicas, sociales, y que viene desde hace muchos años, no es una cuestión nueva. Hemos escuchado a algunos actores de la política decir que el proyecto MARA ya tiene licencia social… bajo ningún punto de vista. Mientras siga habiendo interrogantes, mientras sigan los vecinos de Andalgalá preguntándose qué va a pasar y mientras siga el Estado ausente, cada vez más el pueblo de Andalgalá se va a poner del lado del temor, de resguardar su ambiente, de manifestarse en contra de cualquier explotación minera que pueda darse en la cuenca del río Andalgalá.

–¿Usted siente que hay presiones en el Municipio para darle el brazo a torcer a la comunidad por los intereses provinciales y nacionales?

–Sí, sí, siento que no se nos escucha, que se sigue subestimando la postura social, la postura institucional. Porque el hecho de que el Municipio haya amparado el fallo de la Corte en contra de la Ordenanza; el hecho de que hayamos recusado lo que creemos que es un fraude de la Justicia, la postura de un ministro de la Corte; el hecho de que en 2016 siete concejales, de manera unánime, tanto justicialistas como radicales, hayan creado una Ordenanza que resguarda lo que es la cuenca del río Andalgalá; el hecho de que el pueblo salga a la calle todos los sábados desde hace once años de manera consecutiva… Son demasiados sucesos y posturas institucionales y sociales que deberían llamar la atención de quienes hoy gobiernan la Provincia de Catamarca, inclusive de quienes tienen responsabilidades institucionales a nivel nacional.

–¿Qué piensa de las imputaciones judiciales contra personas que en algunos casos, según dice, son sus amigos y también contra un funcionario municipal como Martiarene?

–Yo fui denunciado, el Partido Justicialista me denunció porque intentó politizar una situación. Esto es una coyuntura social muy profunda y ellos quisieron vincularme a los hechos aislados del sábado, porque yo había aparecido días antes en la radio a manifestar mi fastidio por habernos enterado los andalgalenses por los medios de comunicación, por un diario de tirada provincial, que estaban subiendo las máquinas al yacimiento Agua Rica. Ellos quieren hacerle creer a gran parte de la provincia, porque a los andalgalenses no, que el intendente fue instigador de la violencia. Avergüenza que un partido político intente darle la espalda a una coyuntura social de muchos años politizando y juzgando lo que fueron los hechos de un día… que es el clamor del pueblo. Nadie se pone del lado de la violencia o de los actos que vayan a poner en riesgo la integridad de las personas, pero hay que preguntarnos qué es lo que ha originado esos hechos, por qué viene marchando un pueblo hace muchos años, por qué hay posturas institucionales de resguardo sobre el ambiente. Eso es lo que todavía no está claro en algunos sectores políticos provinciales, que son gente que no vive en Andalgalá ni siente como sentimos los andalgalenses.

–¿Cuál sería el escenario institucional posible para que se logre la paz social en Andalgalá?

–Lo primero que debería suceder es que las máquinas y los estudios de perforación que se están haciendo en la cuenca del río Andalgalá se detengan, se le dé explicaciones al pueblo y se empiecen a resolver todos esos interrogantes. Necesitamos al Estado provincial más presente, la política minera tiene que empezar a resolver esos interrogantes ambientales, sociales, institucionales. No puede haber andalgalense tranquilo cuando está en riesgo su fuente de agua. Muchas veces la presión económica, solamente el concepto de economía, deja de lado el concepto ambiental y todos los conceptos sociales. Mientras el Estado no se haga responsable, por supuesto que la gran mayoría de vecinos de Andalgalá van a temer. Es una cuestión lógica. Mire, en la marcha de ese sábado estaba mi mamá, mi hermano. Esto es un reclamo histórico del pueblo de Andalgalá. Necesitamos ser escuchados.

–¿Eso quiere decir que si usted no tuviera una responsabilidad política habría marchado también?

–Por supuesto. No puedo hacerlo porque tengo una responsabilidad institucional, pero siento lo mismo y sufro igual que sufren muchos andalgalenses. Me duele mucho que tengamos que llegar a sucesos como los de hace algunos días, que tengamos que apelar con tanta recurrencia a la Justicia para lograr ser escuchados. Nadie niega la situación económica ni lo que ofrece en materia de recursos económicos cualquier proyecto minero, que es dinero fresco, pero primero está la salud, el ambiente, el agua. Primero está la vida.

*Cobertura colaborativa con Revista Cítrica.

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