"Caá", así llamaban los guaraníes a la planta de yerba mate. La comunidad Perutí, en Misiones, inició un camino de recuperación de aquel cultivo ancestral con una marca propia, a partir de la hoja verde cosechada en el monte y plantaciones mixtas en sus tierras comunitarias. En articulación con organizaciones y productores locales, lanzaron un primer lote y esperan alcanzar los 150 mil kilos por temporada con el trabajo de 40 familias.
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Informe especial: Súper RIGI, extractivismo en fase inteligencia artificial
El gobierno nacional y sus aliados provinciales avanzan con una ley que entrega enormes beneficios para corporaciones como Google, Apple, Amazon, Meta (Facebook), Microsoft, Open IA y Antrophic. Estabilidad fiscal por treinta años, quita de impuestos, escasos controles y enorme consumo de agua, son solo algunos de los aspectos cuestionados. "Privatiza los beneficios, socializa los costos y consolida una nueva forma de enclave", denuncian.
La carne caprina es producción campesina e indígena, de calidad y puede alimentar a la población
Neuquén, San Luis, Mendoza, Córdoba y Santiago del Estero. Son algunas de las provincias con alta producción caprina, de base campesina e indígena, y con alta potencialidad para alimentar a los mercados locales e, incluso, a las grandes ciudades. Es una excelente fuente de proteína magra y de calidad para los platos argentinos. La mayor traba: la falta de políticas estatales para fomentar el sector.
De los transgénicos a la edición génica en Argentina, una mirada desde la ciencia digna
El libro "Edición génica en América Latina" detalla las nuevas técnicas de manipulación genética que impulsan corporaciones y gobiernos para profundizar el agronegocio. El capítulo del ingeniero agrónomo Fernando Frank describe la situación en la Argentina, una historia repetida de complicidad estatal y empresaria, con amplias consecuencias. Es un material de libre descarga y editado por el colectivo Alianza Biodiversidad.
Milei propone una reforma para los señores de la tierra: pérdida de soberanía y deuda
En un contexto de acaparamiento global de territorios por parte de fondos especulativos de inversión, el Poder Ejecutivo busca reformar la Ley de Tierras Rurales con el argumento de la seguridad jurídica y el federalismo. El proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" abre el juego a estructuras opacas que fugan sus ganancias y pone en riesgo el control soberano sobre los territorios, el agua, los ecosistemas y el modelo productivo.
"El Gobierno quita la posibilidad de seguir ejerciendo la soberanía nacional sobre nuestras tierras"
La Mesa Agroalimentaria Argentina denuncia los intentos de Javier Milei de avanzar con la entrega de tierras a extranjeros y grandes empresas, mediante la denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Aunque aún no pudo tratarla en sesiones, mantiene el proyecto en comisiones y negocia apoyos. “El Gobierno crea seguridad jurídica para las corporaciones e inseguridad para quienes usamos la tierra para producir alimentos”, afirman.
Primero los negocios y luego la salud: Milei contra la Ley de etiquetado de alimentos
El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, conocida como de "etiquetado frontal". Alineado con el pedido de las grandes empresas, Milei no acepta ningún sello de advertencia en los productos ultraprocesados con excesos de grasas, azúcares y sodio. Éstos tienen directa relación con enfermedades que en Argentina provocan 140.000 muertes al año. "Es un grave retroceso en materia sanitaria, política y también democrática", afirma Andrea Graciano.
Selecciones |07, 2026
Primero los negocios y luego la salud: Milei contra la Ley de etiquetado de alimentos
El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, conocida como de "etiquetado frontal". Alineado con el pedido de las grandes empresas, Milei no acepta ningún sello de advertencia en los productos ultraprocesados con excesos de grasas, azúcares y sodio. Éstos tienen directa relación con enfermedades que en Argentina provocan 140.000 muertes al año. "Es un grave retroceso en materia sanitaria, política y también democrática", afirma Andrea Graciano.