La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció la decisión del INTA de despedir a 5 trabajadores del programa ProHuerta por considerar la “incompatibilidad” de sus tareas, por contar con otras fuentes de ingreso, cuando se trataba de personal flexibilizado con contratos temporales, algunos por más de diez años, como parte del programa de asistencia a la agricultura familiar. “Esperamos revertir estos despidos y alertar sobre lo que empieza a suceder con los cruces de información. No se puede hablar de ‘incompatibilidad’ cuando estamos hablando de flexibilización”, señaló Sebastián Fajardo, trabajador del ProHuerta y delegado de ATE-INTA.
Los despidos relevados por ATE-INTA en este 2021 son cinco y corresponden a personal contratado como promotores de producción para la agricultura familiar en Buenos Aires y Santa Fe. “Estamos hablando de contratados del Programa ProHuerta de diferentes edades, algunos de ellos con más de diez años de antigüedad”, denunció el comunicado de ATE-INTA y resaltó que el motivo de “incompatibilidad” de tareas apareció a partir de las declaraciones juradas que los contratados tuvieron que acompañar, a partir de una disposición puesta por el extinto Ministerio de Modernización durante la gestión de Mauricio Macri.
“Ahora las autoridades del INTA definen cruzar esa información y deciden dar de baja los contratos que muestran esta ‘incompatibilidad’”, denuncia el comunicado de ATE sobre los despidos ocurridos. “Lo que nos preocupa es que se empieza a cruzar información de esas declaraciones juradas en las que personas que son contratadas como monotributistas tiene que declarar si perciben una jubilación o son docentes o tiene ingresos por otro trabajo”, resalta Fajardo.
"La condición multilaboral siempre fue común en los contratados"
Si bien el INTA, según indicó el delegado a Tierra Viva, comenzó a regularizar la situación de parte del personal del programa que por años fueron contratados; aún persiste el sistema de flexibilización con contrataciones por tres, seis o máximo diez meses. Esos contratados percibe, según el nivel de especialización, ingresos que van entre los 20 mil y 40 mil pesos al mes para promover “la producción agroecológica, tanto para el autoabastecimiento, la educación alimentaria, la comercialización en ferias y mercados alternativos y el rescate de especies, saberes y costumbres populares”, según los objetivos planteado por el programa.
“La condición multilaboral siempre fue común en los contratados en general, incluso muchas veces alentada por la misma institución”, explica el comunicado de ATE y resalta: “En los últimos años, con la caída general de los salarios por debajo de la línea de pobreza, esta condición de autoexplotación se ha convertido en algo casi inevitable para poder llegar a fin de mes”.
Las personas contratadas que fueron despedidas, que desde el gremio temen que podrían ser más por el amplio despliegue territorial y rural que tiene el programa, no recibieron aviso de la decisión de cancelación de sus contratos y se enteraron de que no continuaban en el programa al no recibir el pago del último mes trabajado, ya sin contrato vigente.
“Para los contratados, siempre se destacó desde la institución que, al menos, se podía hacer otro trabajo para complementar el ingreso y mucha gente acomodó su vida y su economía en función de eso. Ahora, ocurren estos despidos por ‘incompatibilidad’, algo que no había ocurrido ni siquiera durante el macrismo cunando se logró mantener firmes todos los contratos del ProHuerta”, señaló Fajardo.
El programa, con más de 30 años, es ejecutado por el INTA, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Desarrollo Social. Según cifras del INTA, el programa cuenta con una red federal de 9.192 promotores voluntarios –un 67 % son mujeres–, 744 ferias agroecológicas y la coordinación con más de 3.000 organizaciones e instituciones. Del total de las huertas con las que trabaja en todo el país el 97 % son familiares.
