“A mi familia, a las cinco familias que trabajamos en una quinta de cuatro hectáreas, se nos termina el contrato y no nos quieren renovar. Estamos esperando que los dueños decidan si les es más rentable que haya gente trabajando y produciendo alimentos o si van a destinarlo a un loteo para un country.” Elsa Yanaje es tercera generación de una familia de horticultores que llegó desde Jujuy para instalarse en el cordón verde de La Plata y cuenta en primera persona lo que viven gran parte de los productores de la agricultura familiar, campesina e indígena. Asegura que “el acceso a la tierra es la base” para todas las políticas públicas para el sector que adeuda el gobierno del Frente de Todos. Sostiene que “con el macrismo sería peor” y pide que en la campaña electoral “se comprometan con la agenda del sector rural campesino, algo que hasta ahora nunca se dio”. También pide a la ciudadanía que se involucre en el reclamo por acceso a la tierra y deja una pregunta: “¿De qué se van a alimentar las próximas generaciones?”.  

Yanaje es integrante de la Federación Rural por la Producción y el Arraigo. Su padre fue fundador del Movimiento de Pequeños Productores (MPP) en La Plata. En 2015 se unieron a las filas del MTE-Rural y el año pasado participó de las plenarias que a nivel nacional decidieron crear la nueva federación, “como un salto estratégico y una expansión”. El espacio se separó del MTE, pero permanece dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP. Puso como objetivo ampliar el horizonte y sumar organizaciones de base y cooperativas con caminos ya recorridos.

“La búsqueda es construir una herramienta gremial específica para el sector campesino indígena con arraigo y para dar la lucha por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria”, sostiene Yanaje, sobre el espacio que, cuenta, desde su reciente creación ya cuenta con representación de horticultores, ganaderos, floricultores y trabajadores de la pesca artesanal en alrededor de 60 cooperativas y más de 100 organizaciones de base en 15 provincias.

La Federación será parte del  Primer Congreso Nacional por la Tierra, la Producción y Nuestra Casa Común, convocado por la UTEP-Agraria para los próximos 11, 12 y 13 de marzo en la localidad bonaerense de Ezeiza. “Se están viviendo tiempos difíciles con los problemas climáticos, por eso destacamos que tenemos que hablar de la Casa Común y la Madre Tierra, pero también queremos dimensionar lo que está pasando en el campo: que muchos compañeros están dejando la tierra porque no existe un acompañamiento como el que esperábamos para los pequeños productores. No somos dueños de la tierra y el mapa del campo cada vez se achica más. Esto nos pone en alerta y nos convoca a discutirlo con profesionales, universidades y gente de la ciudad”, convoca.  

La dirigente de la Federación Rural por la Producción y el Arraigo tiene claro que es necesario “poner sobre la mesa los debates pendientes de la ruralidad como la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar y la disponibilidad de los fondos prometidos por el presidente Alberto Fernández en junio del año pasado. “Los más castigados en estos días son los pequeños productores de la agricultura”, sostiene.  

—¿Qué evaluación hace del gobierno del Frente de Todos en materia de políticas agropecuarias?

—En la provincia de Buenos Aires pudimos trabajar bastante, siempre diálogo abierto y con disposición a mejorar. El trabajo en el campo es totalmente distinto a las dinámicas de la ciudad y, a veces, las políticas diseñadas en las oficinas no se corresponden con esas lógicas. Por eso, siempre pedimos que las políticas se trabajen con los pequeños productores, para evitar errores y porque pasa que hay programas que no tienen impacto porque falta trabajo territorial. En la actualidad, hay ayudas para los pequeños productores y con la mirada puesta en la alimentación. 

—El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense viene destacando el trabajo hecho en fomentar la agroecología, la creación de un registro de productores y la apertura de mercados locales. ¿Cómo lo evalúan desde su experiencia?  

—La certificación agroecológica es algo que venimos pidiendo hace tiempo y no solo desde la Federación Rural sino desde las organizaciones de base. Tenemos en ese sentido un trabajo que venimos realizando con el INTA. El aval de la producción agroecológica con una certificación es necesaria para no chocar contra la pared al momento de la comercialización: parte de las personas que quiere consumir alimentos sanos piden un aval y, por eso, es importante que participen instituciones como el INTA y Senasa en ese proceso, organismos que siempre han estado para asistir al agronegocio. De esa manera se fueron conformando los Sistemas de Participación de Garantía, que conseguimos involucrando instituciones tanto de Provincia como de Nación, como también la certificación para los bioinsumos que utilizamos. En las ferias que se realizan desde el Estado se remarca el origen agroecológico de las producciones y pone en valor el riesgo que toman los productores para producir de esa manera en tierras que aún son alquiladas.  

—Volviendo a una mirada macro, de las políticas agropecuarias a nivel nacional. ¿Cree que en este año electoral queda margen para impulsar las medidas que precisa la agricultura campesina?

—Las organizaciones campesinas han gritado desde el campo, movilizadas en la ciudad y ante los organismos estatales que trabajan con el sector la importancia de poder avanzar en el acceso a la tierra. Se necesita una mirada que comprenda la situación de la tierra en cada lugar del país y avanzar. En el cordón hortícola de La Plata, por ejemplo, no hay una protección de las tierras productivas; algo que también ocurre en el sur bonaerense, donde en la Federación se agrupan más de 6000 productores cebolleros o en Tucumán donde hay 2000 productores de frutillas. 

—¿Cómo se materializa esa falta de protección a las tierras productivas? 

—No existe un ordenamiento territorial que proteja las tierras productivas del avance de los emprendimientos inmobiliarios, por lo que se termina definiendo por decisiones de rentabilidad de los dueños de la tierra y no en el marco de una política de soberanía alimentaria. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que los alimentos se trasladen desde cientos de kilómetros de distancia a los mercados concentradores? ¿Hasta cuándo vamos a estar envenenándonos con producciones que responden a ese modelo? Hay un listado de cuentas pendientes que no se están tratando y espero que dentro del plano electoral se pongan en agenda y no sea solo en palabras. Entre esas cuentas pendientes es muy importante la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena. 

—El presidente Alberto Fernández anunció la reglamentación de la ley en junio y luego se creó por decreto el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena. ¿Cómo evalúan estos pasos y qué expectativas tienen? 

—Participamos de la reunión del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar en la que el Presidente realizó el anuncio de la reglamentación. En ese momento lo celebramos porque creemos que es la base de las políticas para frenar el avance de los pooles de siembra y los negocios inmobiliarios sobre nuestros campos y abre un paraguas de temas centrales: el arraigo de los jóvenes, la agroecología, las semillas, las viviendas, la conectividad. Es una Ley, votada en 2014, y que aún estamos esperando que se ponga en marcha. 

—¿Qué ocurre con esa demora por parte del Gobierno?

—Alberto hizo el anuncio con bombos y platillos, pero quedamos esperando que ponga la firma y el presupuesto que se necesita para ponerla en marcha. Nosotros acompañamos las iniciativas del Gobierno, somos compañeras y compañeros, pero llega un momento que se observa que hay una desidia clara para con el sector campesino.

—¿La creación por decreto del Instituto resolverá esta parálisis? 

—La creación del instituto ocurrió dentro de un achique de los ministerios, en el que la cartera de Economía absorbió al Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca, y por lo tanto bajó de rango a la Secretaría de Agricultura Familiar, que continuó con menos recursos y menos trabajo territorial. El trabajo de la Secretaría no estaba yendo para ningún lado, la gestión de Economía estaba focalizada para la producción de granos, de carne y pesca industrial para la exportación. Dentro del Ministerio no había lugar para los pequeños productores. 

—¿Y el Instituto puede modificar esa situación?

—Se espera que la creación del Instituto dé autonomía. Hubo un debate del que participamos, pero hasta la actualidad solo está el nombramiento del presidente (NdR: quedó a cargo de Miguel Gómez, ex subsecretario de Agricultura Familiar), pero falta el resto del organigrama. Por eso muchos piensan que en este año electoral va a ser una pérdida de tiempo con la dificultad que significa conformar una nuevo Instituto y que se le asignen recursos. 

— Si le dieran la lapicera para escribir una plataforma electoral en los ejes de políticas territorial, productiva y alimentaria. ¿Qué tres programas o leyes no podrían faltar en un próximo Gobierno?   

—El acceso a la tierra. Es la base. Una vez que tengamos el acceso a la tierra, las familias campesinas podrán pensar en tener una vivienda digna: en la actualidad seguimos viviendo en casillas. Hace más de 30 años vivo con mi familia en una casilla y no podemos construir porque el dueño no nos deja. Si tuviéramos la posibilidad de comprar, de tener crédito, de contar con un terreno propio de hectárea o hectárea y media para poder seguir trabajando en la horticultura, podríamos tener el derecho de decidir qué casa queremos construir. Otro derecho, de soberanía alimentaria, sería elegir qué tipo de producción queremos realizar para dejar los venenos e ir a lo agroecológico. La base principal es el acceso a la tierra. Otro línea programática sería la de fortalecer la soberanía alimentaria, la de mejorar los canales de comercialización de la producción local desde la producción hortícola o ganadera hasta la pesca artesanal.    

—¿Qué le diría a la ciudadanía que aún no cree necesarias las políticas de acceso a la tierra y de soberanía alimentaria? 

— Que se involucre más. Las experiencias que tuvimos de conectar el campo con la ciudad han sido positivas y hay que fortalecerlas. En el campo vemos cómo el cambio climático está haciendo de las suyas y cómo tenemos que exigir políticas públicas frente a esta problemática, los que son dueños de la tierra y los que no. En las quintas, nuestros compañeros y compañeras sufren de remolinos que les destruyen los invernaderos. Invernaderos que cuestan hasta 90.000 pesos y se hace muy difícil volver a levantar. Un evento climático como ese, sin respaldo de políticas públicas, o el avance de la venta de tierras para la construcción de countries pone en peligro la sostenibilidad de las familias campesinas en el campo. Los productores podríamos decir “me voy a la ciudad a trabajar de otra cosa”, pero una familia más que desaparece en el campo es alimento que desaparece. Si se piensa más en la construcción de un country que en el alimento, ¿de qué se van a alimentar las próximas generaciones? ¿De alimentos disecados y de alimentos de diseño industrial? La ciudadanía tiene que analizarlo e involucrarse porque cada vez que vamos a las calles para reclamar por “acceso a la tierra” nos echan por “planeros” o “usurpadores”. Nosotros queremos seguir viviendo en el campo y producir alimentos sanos. 

—De quienes asoman como candidatos, como Federación o desde lo personal, ¿hay alguna preferencia? ¿Hacen una autocrítica por el respaldo al Frente de Todos?  

—En lo personal, siempre trato de ver quiénes son afines al sector popular. No voy a votar a una persona que nunca se involucró o visitó el territorio, no muchos vienen a los sectores rurales. Las campañas siempre se enmarcan en la ciudad y se invita al campesinado a participar y se subestima bastante a la agricultura familiar campesina e indígena y de la pesca federal. Como Federación apostamos a una persona que tenga diálogo con el sector, más allá de que cada compañero tiene la libre decisión de ver a su favorito. No somos partidarios sino que buscamos que se comprometan con la agenda del sector rural campesino, que hasta ahora nunca se dio. Respecto del respaldo al Frente de Todos, dentro de la UTEP la posición era que no gane el macrismo, preferimos que no vuelvan al Gobierno porque sabemos que va ser para mal. De hecho, acá en La Plata, donde gobiernan el Municipio, han sido desastrosos la gestión, nunca existió diálogo. El Frente de Todos ha cometido errores, pero tenemos esperanza de que se puedan mejorar las políticas, creemos que hubiese sido peor si ganaba el macrismo.