Luisina Gareis*

La discusión sobre el intento de modificación de la Ley de Tierras puso la mirada sobre aquellos departamentos provinciales que ya sobrepasan el límite fijado por la normativa vigente desde el 2011. Un caso emblemático es el municipio de Puerto Libertad, en el departamento Iguazú, al norte de Misiones: el 80 por ciento de sus tierras productivas están en manos de una trasnacional (Arauco). Esta columna, como parte de los resultados de una tesis doctoral financiada por el sistema científico argentino, hace un recuento histórico de cómo se llega al tales niveles de extranjerización y las múltiples consecuencias que trae para las comunidades no ser dueñas de sus tierras. 

En el municipio de Puerto Libertad, ubicado a 25 kilómetros de la triple frontera Paraguay-Brasil-Argentina, los verdes son de un contraste llamativo. En la fotografía aérea que refleja la posesión y usufructo de la tierra, se destacan dos elementos. El primero, es una inmensa mancha de agua producto de la represa del arroyo Urugua-í, que desemboca en el río Paraná, frontera con Paraguay. Desde antes de su inauguración, en 1994, el proyecto para generar energía inundó 10.000 hectáreas de bosque y plantaciones.

El segundo elemento característico es la diversidad de verdes percibidos: domina un verde oscuro que responde a las homogéneas plantaciones de pinos que cubren mayoritariamente el terreno. Aparece un verde menos oscuro y más desprolijo que señala los escasos remanentes de selva misionera aún existentes. Por último, el mapa muestra los pequeños tres espacios donde viven las personas: el pueblo de Puerto Libertad y dos parches en el que se distinguen caminos y casas.

La historia forestal de Misiones data de principios del siglo pasado, cuando capitales nacionales compraron tierras para producir diferentes materias primas. Primero fue la extracción de madera y yerba nativa, luego se expandieron las producciones de yerba mate que, posteriormente, dieron paso a la expansión de los monocultivos de pinos exóticos. Año a año, la tierra se vendió, se deforestó la selva paranaense y se desplazó a la población local para que todo el territorio quede dominado por los bosques implantados, como los llama el agronegocio forestal. 

Décadas de políticas públicas para fomentar el monocultivo y la extranjerización

A partir de 1960 ocurre un progresivo aumento de la reforestación con pinos resinosos en toda la provincia, a partir del incentivo económico otorgado por el Estado. En estos años se instalaron en Misiones diferentes fábricas con el fin de dar valor agregado a la madera. Una de ellas fue la empresa Forestal San Jorge (Grupo Pérez Companc), que compró 60.000 hectáreas ubicadas al norte del municipio de Puerto Libertad y para 1975 empleaba a más de 850 trabajadores en el aserradero. En la actualidad, allí solo quedan los pinos. Ni la fábrica ni las viviendas de la "Colonia Bosetti" ni la escuela están con gente. En 1976, Celulosa Argentina S.A. funda Celulosa Puerto Piray S.A. y la empresa Alto Paraná S.A. (APSA) en el municipio de Puerto Esperanza, departamento Iguazú.

Para construir aquella planta de celulosa, APSA contrajo una gran deuda con el Banco Nacional de Desarrollo (Banade) y con bancos extranjeros. Con este dinero, APSA compró tierras para la forestación de pinos y eucaliptus en todo el departamento Iguazú. La planta de Puerto Esperanza comenzó a funcionar en 1982. El lema de APSA era “con raíces en la patria”, enfatizando el carácter nacionalista y desarrollista de la firma. La empresa construyó barrios para sus obreros, escuelas y clubes en todo el departamento. 

En la década de 1980, Argentina comienza a tener graves problemas financieros debido a la deuda externa contraída durante la última dictadura militar (1976-1983) y la estatización de la deuda externa privada de muchas empresas nacionales. Con el regreso a la democracia en 1983, comienza un proceso de renegociación de la deuda. El Citibank (CCI) era uno de los principales bancos extranjeros acreedores, por lo cual a través de diferentes vericuetos burocráticos y operaciones fraudulentas entre el capital extranjero, el capital nacional y el Estado presidido por Carlos Menem (1989-1999), la banca internacional logra adquirir a muy bajo precio varias empresas nacionales, como Celulosa Argentina y APSA.

Trasnformar un pueblo en "un corral de pinos"

El beneficiario de este proceso de descapitalización nacional fue el Citibank (CCI). Sin embargo, estas operaciones no implicaron que APSA se desendeudara ya que, a fines de 1996, se encontraba entre los principales deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ante ese nivel de endeudamiento, el grupo Citi vendió su participación de APSA a la empresa chilena Arauco S.A. el 27 de diciembre de 1996. Así comienza la etapa de expansión del agronegocio forestal a manos de una empresa transnacional que, en pocos años, compró el 70 por ciento de las tierras de Puerto Libertad. 

En la década menemista se consolidó el modelo neoliberal, que en la agricultura se tradujo en agronegocio. Un modelo extractivista basado en los monocultivos y la explotación intensiva de los recursos naturales, cuya apropiación de la renta se concentra en grandes actores económicos extranjeros, que posee escasa articulación con las dinámicas locales. Para implementar su modelo productivo, la empresa trasladó especialistas desde Chile, donde se encuentra su casa matriz, y se establecieron en Puerto Esperanza.

En el 2000, Arauco compra en el municipio de Libertad 4.320 hectáreas y tres años después adquiere las 60.000 hectáreas de la Forestal San Jorge (Grupo Pérez Compac) —20.000 correspondientes a reserva de bosque nativo, 27.000 implantadas y 3.000 a forestar— y el aserradero que funcionaba en el paraje de Puerto Bosetti. Esta alta concentración de tierras tuvo diferentes críticas por parte de funcionarios nacionales y locales quienes temían que aumentase el desempleo en la zona.

En 2003, diputados provinciales denunciaron la compra de tierras realizada porque, según alegaban, se conformaría un monopolio forestal en la provincia que podría perjudicar a las pequeñas y medianas empresas. Con las masivas compras legalizadas de tierras, el pueblo de Puerto Libertad quedó acorralado. “Es un corral de pinos”, es como se describen los habitantes del municipio misionero. Para poder agrandarse o generar nuevos espacios, el pueblo debe solicitar tierras a la empresa ya sea para una cancha de futbol, la construcción de la terminal de ómnibus o la creación de nuevos barrios. Durante el debate en el Senado por los modificaciones a la Ley de Tierras, el intendente de Puerto Libertad, Fernando Ferreira, contó que hace dos años intenta comprarle a la empresa diez hectáreas para crear un parque industrial.

El acamparamiento de tierras y las inversiones no trajeron trabajo sino despidos

Otro efecto es el desplazamiento y abandono de las pequeñas chacras, ya que el monocultivo dificulta el crecimiento de otros cultivos. A lo largo de los años, Arauco ha realizado transformaciones en los procesos de trabajo, acentuando el proceso de tercerización y tecnificación en diferentes momentos de la cadena productiva. Se agudiza la integración vertical ya que la trasnacional, además de los aserraderos, plantas de celulosa y plantaciones forestales, desde 2004 implementa la producción de pasta fluff en Puerto Esperanza para la fabricación de pañales descartables; siendo el único proveedor de estos productos a nivel nacional.

Al año siguiente compra la división forestal de la multinacional agroindustrial Louis Dreyfus para producir paneles aglomerados, en Buenos Aires, y una planta de metanol y resinas, en Santa Fe. En 2010, comienzan a generar energía a partir de la biomasa residual de las cosechas de pino con el objetivo de autoabastecer de energía a sus plantas. Con esa decisión, se posicionó como la única compradora de "chip" (restos de madera aserrada utilizados en la pasta de celulosa o para generar energía) y raleo (cortes de árboles más pequeños) en el mercado forestal misionero. 

En las plantaciones forestales se incorporaron paquetes tecnológicos basados en semillas mejoradas genéticamente, agroquímicos y maquinaria especializada para la siembra. En la etapa de cosecha, la empresa introdujo la máquina Harvester, capaz de cortar, trasladar y pesar los pinos, lo que redujo drásticamente la demanda de mano de obra: tareas que antes requerían alrededor de 80 trabajadores pasaron a ser realizadas por apenas dos operarios. A su vez, la empresa redujo la cantidad de trabajadores contratados en diferentes plantas industriales. El ejemplo más claro de Puerto Libertad fue el cierre del Aserradero San Jorge en Puerto Bosetti, en 2010, donde trabajaban aproximadamente 400 personas. "En Libertad no hay un gerente y ahora solo quedan ocho trabajadores forestales”, definió un trabajador despedido. 

Este recorrido histórico permite comprender que las transformaciones impulsadas por el agronegocio forman parte de un proceso más amplio que excede la acción de las empresas transnacionales productoras de commodities. En él convergen políticas estatales, organismos internacionales y otros actores que han favorecido la expansión de este modelo. Al mismo tiempo, la extranjerización y la concentración de la tierra no solo reducen la capacidad de decisión sobre los territorios, sino que también consolidan un esquema productivo que destruye empleo local, debilita las economías regionales y captura los beneficios económicos fuera de las comunidades donde se generan. Así, buena parte de la riqueza producida se transfiere hacia el exterior, mientras los territorios afrontan los costos sociales, económicos y ambientales del modelo.

*Doctora en Antropología. Especialista en ruralidades, juventudes, economía feminista, justicia ambiental y agronegocio.

**Edición: Nahuel Lag.