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Despiertan tierras dormidas
octubre 28, 2020
Sección: Extractivismos
Productores Independientes de Piray (PIP) se organizó para frenar el monocultivo de pinos y a la empresa Alto Paraná. Resistió en el territorio misionero y logró algo pocas veces visto: expropiación de tierras a la multinacional. Además produce alimentos para la soberanía alimentaria.
Productores Independientes de Piray (PIP) se organizaron para frenar el monocultivo de pinos y a la empresa Alto Paraná. Resistiendo en el territorio y logrando la expropiación de tierras a la multinacional.
Foto: Juan Alaimes

Por Sergio Alvez. Desde Misiones

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Sobre la superficie inmensa y rojiza de suelo misionero, se amontonan, muertos ya, los troncos de pino y eucalipto que ⎯mingas mediante⎯ cientos de manos fueron cortando y apilando. Hacia el fondo, un fuego creciente se mimetiza con el color del cielo vespertino de Puerto Piray. En sus llamas arde el ramerío. Gajos y hojas que en combustión emiten ligeros sonidos, similares acaso al de cañitas voladoras. Humo denso y cenizas que se esparcen hacia todas partes: aquí yace el monocultivo de árboles de la multinacional Alto Paraná.

Queda mucho por hacer. Las mujeres y los hombres de la organización Productores Independientes de Piray (PIP), con las pocas herramientas que poseen, prosiguen el sacrificado pero necesario trabajo de limpiar esas hectáreas. “Curar la tierra”, como dicen. Sobre estos campos durante décadas sólo se plantó pino, y en menor medida, eucalipto. Las familias de estos lares, históricamente productoras de alimentos, debieron padecer la invasión verde y monocorde del llamado «pino teada«, prácticamente hasta en los patios traseros de sus chacras y viviendas. Semejante asedio trae aparejado un cúmulo de problemas que van desde lo sanitario hasta lo laboral pero que constituyen, además, un claro conflicto de soberanía territorial y alimentaria.

Ahora, al menos una porción de esas tierras ya no pertenece a los dueños de todo. Casi 20 años de batalla fecundaron, sin que por ello cese la lucha, en una conquista bien resumida en una palabra hermosa: expropiación.

Con un pie sobre uno de los troncos cortados, la gestualidad facial impregnada de fortaleza y la mirada hacia el horizonte, Bartola Perez dice: “Esto es nuestro”. Ella es una de las tantas campesinas que con paciencia y gallardía escribieron esta historia en el kilómetro 18 de este pueblo situado en el noroeste de la provincia de Misiones.

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En 1881, cuando Misiones pasó a ser Territorio Nacional, unas 21 familias se repartieron las tierras de lo que hoy es la provincia. Actualmente, una sola empresa multinacional, Arauco (antes APSA), ostenta la posesión jurídica de casi el 12 por ciento del total de la superficie de toda Misiones. Aquí, en el norte de la provincia, la selva paranaense aún late, esplendorosa pero asediada por los  desiertos de pino. Una tierra herida de extractivismo que sangra y escupe familias campesinas e indígenas hacia el éxodo y la pobreza urbana. En Puerto Libertad, municipio donde está enclavada la represa hidroeléctrica Urugua-í, el 85 por ciento del territorio le pertenece a Arauco: es el municipio con mayor grado de extranjerización territorial de toda la Argentina. 

Puerto Piray es uno de los pueblos asfixiados por la multinacional. La empresa tiene en su poder el 63 por ciento de la tierra. La mayor parte de la superficie está destinada al monocultivo. Se estima que cada hectárea forestada insume tres litros de agrotóxicos por año. Es decir, cada año la empresa derrama en Piray más de 70 mil litros de químicos. Los efectos sobre la salud de la población son tan elocuentes como invisibilizados: cáncer, infecciones respiratorias y dérmicas, malformaciones, entre otros males.

Además, la empresa posee en Piray una enorme planta donde se elaboran tableros MDF (paneles de madera realizadas con residuos, pegamentos y alta temperatura y presión). Esta fábrica tiene uno de sus accesos sobre la calle Goycochea, en el Barrio Nuevo. Allí, en una modesta casita de maderas azules y chapa de cartón, vive Faustino “Tribilín” Tabares, un vecino cuya esposa, Delia, falleció debido al grado de contaminación en sangre provocado por la inhalación cotidiana del formaldehído que la planta emana de su chimenea, ese mismo tóxico que los vecinos describen como “una sustancia con olor a huevo podrido que sale todos los días”

“El caso de mi esposa es solo uno. Hay muchas muertes y enfermedades que ocurren como si nada. Este barrio está lleno de personas enfermas”, dice Faustino. 

Las agresiones a la salud, la falta de trabajo y la escasez de tierras para producir hicieron que en 2005 un grupo de familias de Barrio Unión, Santa Teresa y Kilómetro 18 decidieran organizarse ante el avasallamiento de la multinacional. Conformaron la organización Productores Independientes de Piray (PIP), que hoy es parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). 

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Fueron decenas de marchas. Cortes de ruta. Gestiones. Miles de días de lucha y organización con un solo objetivo: recuperar las tierras para las familias. En 2013, el esfuerzo se hizo triunfo cuando la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones sancionó la ley de expropiación de 600 hectáreas en las tierras de la empresa ahora llamada Arauco en Piray. 

Miriam Samudio es una de las referentes de la gran familia del PIP. La parsimonia de su voz contrasta con la áspera firmeza que denota su importante accionar de lideresa. “Cuando salió la ley pensábamos que en uno o dos meses nos darían la tierra. Después pasó un año y nos obligaron a formar una cooperativa, nos pidieron un número de matrícula. Todo quedó en palabras, nos mintieron. Cuando se cumplieron dos años algunos queríamos ingresar a las 600 hectáreas, pero había otros con miedo. No entramos, pero salimos a luchar hasta que la empresa nos entregó una parte del total del territorio que nos corresponde y dejó la entrega de las partes faltantes a un cronograma de cortes [de pino]”, cuenta Miriam.  

Juan Duarte, otro integrante del PIP, uno de los más jóvenes, aporta que la entrega de las tierras estaba pautada en etapas, respetando los turnos de corte que la empresa había establecido. La primera tanda, pautada para el 2013, se entregó recién a mediados de 2017. Así mismo, los turnos de corte de la madera se encuentran atrasados sobremanera, y el Estado provincial no se hace presente para hacer cumplir la Ley. «Hace años que nos mienten y ya no estamos dispuestos a seguir esperando”, advierte.

Cuando en 2017 la empresa Arauco les entregó a las familias campesinas esas primeras 166 hectáreas, el PIP estableció turnos de trabajo en cuadrillas. Con el apoyo de un grupo de técnicas y técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar ⎯que estuvieron junto a la organización desde su origen⎯, las familias comenzaron a plantar. Brotes de maíz, poroto, batata, mandioca, sandía, melón, repollo y decenas de cultivos más poblaron al poco tiempo aquellos suelos de monocultivo. 

“Nuestro trabajo fue acompañar y asesorar a la organización tanto para la resistencia a los intentos de desalojo, como en la gestión de instancias de tenencia de tierra, conquista de tierras y aspectos productivos”, cuenta Karina Gutowski, una de las trabajadoras de Agricultura Familiar. Tanto ella como otros técnicos, en clara represalia y en el marco del vaciamiento de políticas para el sector, fueron despedidos en 2018 por el Ministerio de Agroindustria. 

El ingeniero Raúl Gorriti, uno de los despedidos, señala que “es bueno poner en discusión cuáles son las concepciones de desarrollo de las cuales estamos hablando. Según la empresa (Arauco), y el sistema que los apoya, la concepción de desarrollo es la generación de riquezas. Sin preguntar: riquezas para quién ni riqueza a costa de qué. Los vecinos denuncian constantemente que esa generación de riqueza queda en pocas manos, de empresas transnacionales, y a costa del desastre ambiental. Arauco dice ‘damos trabajo’, pero en definitiva lo que estamos observando es que emplea cada vez menos mano de obra. Lo estamos viendo con cierres de aserraderos, el despido de los motosierristas que antes trabajaban y que ahora están siendo reemplazados por maquinarias”.

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Las tierras recuperadas y curadas por el PIP resultaron más que aptas. Las primeras cosechas brindaron cultivos anuales de buen porte y calidad. Apostando a la producción de alimentos saludables, para el autoconsumo, la venta y la experimentación con semillas originarias, las familias lograron una reconversión exitosa de esas parcelas. 

Con la azada en una mano y una mariposa posada en su hombro, la productora Silvia Acosta  muestra uno de los viveros productivos del PIP. “Tenemos un poco de todo. Lechuga, acelga, tomate, verdeo, perejil, sandía, melón, frutillas, zanahorias. Cada familia tiene su proyecto de huerta y además tenemos los viveros. Estamos cumpliendo el sueño que tantas veces soñamos. Producir en estas tierras. Antes había solo pino, hoy nosotras plantamos alimentos. En el medio, hubo años y años de lucha”, afirma Silvia. 

El terruño recuperado cuenta con vertientes y hasta con un deslumbrante salto que desemboca en una olla de agua limpia, rodeada de piedras y sombra vegetal. “Es un paraíso. Soñamos con poder implementar un proyecto cooperativo de turismo agroecológico en este lugar”, señalan desde PIP. 

Otro proyecto que se puso en marcha estos años, en paralelo a las instancias productivas, fue la Escuela de Adultos, donde un grupo de vecinas y vecinos se reúnen cada semana para aprender y estudiar. 

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En plena primavera de 2019, el PIP vuelve a estar en las rutas misioneras, visibilizando el reclamo ante los incumplimientos de la empresa respecto de la entrega de las hectáreas restantes: dos tercios del total. La lucha se tradujo en cortes en la Ruta Nacional 12, en la Ruta Provincial 16, acampes y panfleteadas. Un grupo de representantes de la organización llegó hasta la ciudad de Posadas para reclamar directamente en Casa de Gobierno. Además, a instancias del diputado del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, el reclamo llegó a la Cámara de Diputados de la Provincia. Sin embargo, tampoco prosperó. Cientos de mensajes de apoyo al PIP se hicieron escuchar por esos días. Uno de ellos provino de Honduras. Salvador Zuñiga Cáceres, hijo de Berta Cáceres (activista hondureña, militante del medioambiente y luchadora por los derechos de los lencas, asesinada en marzo de 2016), envió al PIP un video expresando su total apoyo y el de las organizaciones sociales que integra, para con esta lucha que se acrecienta. 

“Junto a otras organizaciones campesinas y sociales estamos luchando por otro modelo de producción, más justo, con campesinos en las chacras, sin agrotóxicos. Estamos sosteniendo el Foro Agrario, Soberano y Popular de Misiones. Participamos de las ferias de semillas y seguimos luchando para que nos entreguen las tierras que nos faltan. Estamos orgullosos y muy contentos de formar parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra, donde nos hermanamos en la lucha con organizaciones de todo el país”, añade Miriam Samudio. 

Esas son las premisas: soberanía alimentaria y justicia social. Bases de acción que cimentan la acción de Productores Independientes de Piray, una organización que se convirtió en ejemplo de resistencia y construcción en la tierra roja. 

Corrección: Nancy Piñeiro.

Curso Soberania alimentaria Derechos Humanos y Agroecologia