Por Lis García*

El Parlamento Europeo aprobó una ley que permite la incorporación de la nueva generación de organismos genéticamente modificados (OGM), los organismos producidos a través de la edición genómica. Esta técnica constituye un tipo de ingeniería genética que produce cambios específicos en el ADN de una célula u organismo en condiciones de laboratorio. Existen distintas técnicas de edición genómica, pero es la CRISPR-Cas la herramienta más utilizada. Esta actúa como una especie de “tijera” genética que corta el ADN en zonas específicas. Con esto se originan cambios en la secuencia genética “editada”: se pueden adicionar, quitar, reordenar o cambiar nucleótidos en ubicaciones específicas del genoma. La mayor parte de las patentes de esta tecnología están en manos de las corporaciones que dominan el mercado global de semillas.

Debido a la naturaleza dirigida de la ruptura de la doble cadena de ADN, los representantes de estas corporaciones –principales promotores de estas nuevas tecnologías– afirman que la edición genética es precisa. Sin embargo, aunque la rotura inicial del ADN puede dirigirse a un punto específico del genoma, la “reparación” posterior no puede ser controlada por los mecanismos desarrollados bajo el paradigma de la ingeniería genética. Por lo tanto, esta técnica es inherentemente imprecisa, y puede provocar daños no deseados en el ADN. Estos incluyen mutaciones en ubicaciones genómicas distintas a las deseadas (llamadas mutaciones fuera de objetivo), así como alteraciones imprevistas en el mismo sitio de la edición (llamadas mutaciones en el objetivo).

Se observa claramente que esta tecnología constituye una forma de manipulación genética y, por lo tanto, los organismos resultantes son genéticamente modificados. Los mismos se encontraban sujetos a la normativa de la legislación europea sobre los OMG, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). Esta modificación empezará a aplicarse efectivamente en marzo de 2028, implica la desregulación de la normativa sobre los OGM en la UE. Ello implica un importante debilitamiento en los estándares globales de bioseguridad y la consolidación de un marco normativo internacional que legitima la privatización de las semillas de cultivos dirigidos a la alimentación humana directa. Y, además, una entrega de los derechos de agricultores, consumidores y de la naturaleza, a las corporaciones de semillas.

La aprobación de la misma se ha dado a pesar de las críticas y la movilización de las organizaciones europeas de consumidores, ecologistas y agrícolas, que durante los últimos tres años han advertido de sus peligros. Desde estos sectores advierten que la UE debilita así su autonomía agroalimentaria en un contexto geopolítico crítico, avanzando hacia un escenario que incrementa el control a través del patentamiento de la cadena alimentaria por parte de las grandes empresas agroindustriales —como Bayer Monsanto, Corteva o BASF—, que ya dominan el mercado mundial de semillas y agrotóxicos.

Desde estas organizaciones además alertan que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo están negociando una propuesta mucho más radical que buscaría derogar la Ley de Ingeniería Genética, lo cual supone una amenaza mucho mayor para la autonomía, los bienes comunes y la salud pública. Con ello se busca flexibilizar drásticamente las normas sobre la liberación de microorganismos transgénicos (desde bacterias hasta hongos y virus) al medio ambiente.  

Implicancias para América Latina de la decisión de la Unión Europea

Esto significa un recrudecimiento de la presión por la introducción de semillas editadas genéticamente, camufladas bajo etiquetas supuestamente “verdes”, “sustentables”, “adaptadas al cambio climático” o “resistentes a la sequía” en el marco del comercio internacional. Este hecho incrementa la amenaza sobre la soberanía alimentaria, la contaminación de variedades nativas y criollas, y nuevos riesgos aún desconocidos. Esto se agrava en un escenario de comercio internacional con Europa marcado por la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur.

La base de este proceso de desregulación implica una artimaña semántica: se encuentra en la denominación misma de esta tecnología, cuyos productos han sido definidos como organismos obtenidos a través de “Nuevas Técnicas Genómicas” (NTG), con el objetivo explícito de distanciarse de los organismos transgénicos. Este procedimiento engañoso no es nuevo, ha sido la estrategia que permitió la entrada de esta tecnología en varios países de América Latina, tras un largo proceso de debilitamiento de las normativas de bioseguridad.

De hecho, el continente latinoamericano ha sido el territorio en el que esta tecnología ha desembarcado con mayor agresividad, logrando incluso introducir estas tecnologías en países que prohíben por ley los cultivos transgénicos de primera generación (como Ecuador o Perú). Mientras en los países del Cono Sur la legalización de los organismos de edición genómica ha añadido mayores niveles de opacidad en los procedimientos institucionales de bioseguridad, legitimando con discursos verdes una mayor carga tóxica en los extensos territorios fumigados.

La edición génica avanza en un contexto de avance de la extrema derecha en Europa

La aprobación de esta normativa se da en un contexto político marcado por el avance de la extrema derecha en Europa, como correlato de la crisis a nivel internacional, en un escenario crítico a nivel de disputas geopolíticas. En Europa este proceso se viene expresando en términos institucionales a partir de una desregulación de derechos en varios ámbitos. De acuerdo a datos relevados por el Observatorio Corporativo Europeo, esta agenda responde a una iniciativa coordinada entre comisarios europeos y los principales grupos de presión empresariales.

El informe “Así es como se manifiesta la captura corporativa” del Observatorio Corporativo Europeo revela que, a través de espacios formalizados como los Diálogos de Implementación y las Evaluaciones de la Realidad, controlados casi con exclusividad por representantes empresariales, la Comisión Europea invitó activamente a las industrias más contaminantes del continente (incluyendo gigantes tecnológicos, transnacionales de combustibles fósiles y lobbies mineros) a dar forma a su agenda. El resultado ha sido una avalancha de propuestas de desregulación presentadas bajo la modalidad de leyes “Ómnibus” (diez de las cuales vieron la luz en 2025), diseñadas a la medida de las demandas de las élites corporativas. 

Esta ofensiva responde a la denominada “agenda de simplificación”, impulsada con fuerza desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió su segundo mandato. Bajo denominaciones como “proyectos estratégicos” o de “interés público superior”, corporaciones vinculadas a la venta de agrotóxicos, petroleras y mineras, han logrado eludir de manera alarmante los procedimientos habituales de control. Con ello, se atenta de manera directa contra los derechos colectivos y agudiza el riesgo de incrementar crecientes niveles de degradación ambiental, a través del subsidio a los propios contaminadores mediante presupuesto público europeo, en un contexto de relanzamiento de dinámicas coloniales a través de actividades extractivistas disfrazadas de “verde”, para los países de América Latina y las demás regiones periféricas.

En el caso específico de los organismos modificados genéticamente, la reciente aprobación se dio luego de más de una década de intentos por parte de la industria biotecnológica de desmantelar las normas de la UE en materia de seguridad de los OGM. De acuerdo con denuncias de organizaciones internacionales como Save our Seeds, la votación de este reglamento se llevó a cabo de manera apresurada bajo la mirada de numerosos grupos de presión biotecnológicos y agroindustriales, en un escenario carente de las mínimas garantías democráticas. Así, como en los casos previos observados en la región, este paso respondió a los intereses de este sector, los cuales estuvieron representados a través de la articulación de las fuerzas conservadoras del Partido Popular Europeo (PPE) en alianza con bloques políticos de extrema derecha como Patriotas por Europa (PfE).

Según el Observatorio Corporativo Europeo, en 2024, los miembros del Parlamento Europeo apoyaron medidas para limitar las patentes de semillas y cultivos transgénicos, pero esta demanda crucial se perdió en las negociaciones entre las instituciones de la UE. Esto se observa en documentos que demuestran, en particular, cómo el lobby de la industria de pesticidas y biotecnología CropLife Europe intentó activamente mitigar la preocupación generalizada por el aumento de cultivos patentados en el mercado, que se produciría con la aprobación de esta medida de desregulación de los cultivos de edición genómica. Asimismo, se ha observado cómo una coalición de más de treinta socios del sector agroalimentario —entre los que destaca la patronal de semillas Euroseeds— ejerció una intensa presión durante las últimas semanas para forzar el respaldo al texto de consenso alcanzado previamente.

¿Con qué argumentos se desreguló la edición génica?

El argumento en el que se basa esta normativa parte de una falsa distinción entre los organismos transgénicos convencionales y los editados genómicamente, bajo el discurso de que el primero implica la incorporación de un gen de otra especie en un organismo vegetal, mientras que las “NTG” permiten realizar modificaciones específicas en el propio ADN de la planta. 

Sin embargo, tal como expresa Ribeiro “todas las técnicas de edición génica son formas de ingeniería genética que manipulan los genomas de cultivos o animales y conllevan nuevos impactos e incertidumbres, además de mantener los riesgos que ya tenían los transgénicos”. A partir de esta falsa distinción, los vegetales modificados con NTG se dividen en la nueva normativa europea en dos categorías, cada una con obligaciones jurídicas diferentes.

La primera categoría es entendida como cultivos cuyas modificaciones podrían haberse producido mediante una mejora convencional, por lo que se los tratará de esa manera. Los de la segunda categoría, son definidos como cultivos que han sufrido modificaciones genéticas más extensas o complejas, por lo cual están sujetos a la normativa en materia de OGM que contempla un proceso de evaluación de riesgos, autorización, etiquetado y trazabilidad, así como a la exclusión voluntaria del cultivo por parte de los Estados miembros.

Cabe destacar que, si bien los vegetales diseñados para tolerar herbicidas o producir sustancias insecticidas no pueden considerarse NTG de “categoría 1”, la normativa busca estimular la incorporación de organismos transgénicos que presenten características de supuesta adaptación al cambio climático, como la resistencia a la sequía.

Frente al discurso oficial que intenta catalogar a las NTG como mecanismos limpios o equiparables a la selección tradicional, la evidencia científica y normativa demuestra que la modificación de estos organismos no ocurre por reproducción natural ni por selección tradicional, sino mediante una intervención tecnológica dirigida directamente sobre el genoma. Tal como expresa Elizabeth Bravo la edición genómica es un tipo de ingeniería genética a través de la cual se hacen cambios específicos en el ADN de una célula u organismo vivo. Esta técnica es inherentemente imprecisa ya que puede provocar daños no deseados en el ADN; esto es, mutaciones en ubicaciones genómicas distintas a las que se quería manipular.

De acuerdo con el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (PCB), un organismo vivo modificado (OVM) es “cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético obtenido mediante el uso de la biotecnología moderna”. El PCB define explícitamente la biotecnología moderna a través de la aplicación de técnicas de ácido nucleico in vitro, incluyendo el ADN recombinante y la introducción directa de ácidos nucleicos en células u orgánulos. Por lo tanto, las NTG forman parte de la categoría de modificaciones genéticas y conllevan los riesgos de bioseguridad, impactos ecosistémicos y control corporativo de las semillas.

Organismos nacionales como la ANSES en Francia, el BfN en Alemania y la UBA en Austria, han cuestionado la base científica de la propuesta argumentando que las plantas clasificadas como NGT-1 podrían suponer riesgos para la naturaleza y la salud humana. De hecho, las grandes empresas semilleras, en particular Corteva y Bayer, y algunas instituciones académicas dominan el control de las patentes para los “nuevos OGM” creados con herramientas de edición genética como CRISPR/Cas. Las mismas asientan su discurso en una flagrante con-tradicción, ya que mientras que sostienen que estos nuevos cultivos transgénicos son “equivalentes” a los cultivos convencionales, por lo que no hay necesidad de una evaluación de riesgos; basan sus solicitudes de patente en afirmaciones de que son muy diferentes y una “invención” de ingeniería genética.

Desde la organización Testbiotech manifiestan que esta normativa se basa en umbrales sin fundamento científico y exime a aproximadamente el 90 por ciento de las plantas NTG de disposiciones cruciales de la legislación vigente. Con ello, estos cultivos podrán comercializarse sin someterse a una evaluación de riesgos ambientales, mientras tanto, los riesgos para la salud solo se evaluarán en casos específicos. Además, no incorpora requisitos para el etiquetado de los productos alimenticios ni métodos para detectar las plantas NTG.

Por su parte, la organización Acción Ecológica advierte que la aprobación de esta ley en la práctica supondrá, por un lado, la simplificación de procedimientos de autorización y, en lo concreto, su eliminación para muchas plantas modificadas genéticamente. Y, también, el incremento de la dependencia y la concentración del sistema alimentario en manos de muy pocas empresas multinacionales a partir del patentamiento, con la posibilidad de que empresas puedan patentar genes o variedades que se encuentren en la naturaleza. Todo ello abre nuevos riesgos hacia polinizadores y el equilibrio ecosistémico en general, sumado al incontrolable proceso de contaminación biológica.

La peligrosidad de las liberaciones de este tipo de organismos genéticamente modificados en los diferentes territorios tiene como correlato la degradación de principios democráticos, en contextos institucionales con prácticas altamente opacas, que violan sistemáticamente el principio de precaución. Mientras estos procesos jurídico-institucionales avanzan de la mano de los intereses corporativos, hasta el momento esta tecnología se encuentra aún en momento experimental, sin demostrar la eficacia en ninguno de los resultados prometidos. Tal como ocurre con los transgénicos de primera generación que vienen acaparando y degradando las condiciones de vida de las poblaciones desde hace ya tres décadas.

*El texto original fue publicado en el Boletín 84 de Informes Especiales de Base-IS, Paraguay.