En una Argentina donde cada vez se consume menos carne, pan y leche, y el 55 por ciento de la población es pobre, el Gobierno se niega a entregar alimentos a los comedores de las organizaciones barriales. Ante una orden judicial, apeló a la Fundación Conin y su cuestionado método para el reparto. Lejos de ser una cuestión individual, la malnutrición obedece a una situación social con causas estructurales y responsables.
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El gobierno de Salta promete "combatir la desnutrición" con soja y ultraprocesados
El gobierno encabezado por Gustavo Sáenz celebró la aprobación de un diseño comestible, a base de soja, para combatir la desnutrición en niñas y niños wichí. Organizaciones, gremios y redes de profesionales de la salud, académicas y ambientales rechazaron por "cínica" la propuesta y advirtieron que carece de "sustento científico y sanitario".
Pueblos indígenas, desnutrición y desmontes en el Chaco salteño
A un año y medio de la declaración de la emergencia sociosanitaria de tres departamentos en Salta, las niñas y niños indígenas del Chaco salteño siguen padeciendo males relacionados con la malnutrición y mueren por enfermedades evitables. La falta de agua y alimentos, el despojo de territorios y los desmontes continúan. Los pueblos originarios protagonizaron dos marchas históricas, pero el Gobierno incumple las promesas.
Chaco salteño: la desigualdad se agudiza con la pandemia
Un relevamiento de investigadoras del Conicet confirma que la pandemia profundizó la ya grave situación de las familias criollas y wichí que viven en el norte de Salta. Un sistema de salud en crisis, desnutrición, dificultades para la educación virtual y el desmonte sin freno.
Salta: denuncian muerte de otro niño wichí y ausencia de médicos en las comunidades
“Esta se trata de una nueva muerte por hambre”, dijo el doctor Rodolfo Franco, que alertó sobre la grave situación sanitaria en el norte de la provincia.
Selecciones |02, 2026
Alerta en defensa de los glaciares: Milei y gobernadores quieren entregar el agua a las multinacionales mineras
Con un proyecto de ley a medida de las empresas mineras internacionales, el Presidente y los gobernadores cordilleranos impulsan el desguace de la Ley de Glaciares. De aprobarse, cada gobierno provincial decidirá qué reservorio de agua se puede destruir para beneficiar al extractivismo. Especialistas afirman que la norma será inconstitucional y habrá judicialización. Rechazo unánime de organizaciones socioambientales, movimientos campesinos, pueblos indígenas y académicos que defienden el agua.