OPINIÓN
Por Clarisa Néztor*
Agua potable, energía eléctrica, salud, educación y la titularidad de sus tierras. Para reclamar por estos derechos, cincuenta comunidades Mbya Guaraní de Misiones se movilizaron a la Plaza 9 de Julio, en Posadas. Acamparon una semana con el objetivo de ser recibidas por el gobernador, Hugo Passalacqua, pero el mandatario no se presentó en el lugar. Delegó en el presidente de la Cámara de Diputados, el ex gobernador Oscar Herrera Ahuad, lo que debía asumir él como máxima autoridad provincial: el diálogo con las comunidades indígenas. “Fue muy duro, pero con la fuerza de los caciques logramos al menos un paso adelante. El Estado se comprometió a garantizar agua, energía y un encuentro general con las comunidades", explica Santiago Ramos, autoridad de la comunidad Puente Quemado 2.
Los reclamos llevan años. Entre ellos se cuentan el contar con servicios básicos, el urgente reconocimiento y regularización de los territorios y un alto a los desmontes en la selva misionera. También el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos y la incorporación de los derechos indígenas en la Constitución de Misiones. Además, exigen que las políticas públicas incluyan una real participación Mbya. Respecto a esto último, cuestionan el funcionamiento del Consejo de Ancianos y Guías Espirituales, creado en 2004 por decreto provincial y demandan su disolución. Afirman que esa medida no contempló la cosmovisión, la tradición ni la organización cultural Mbya. Denuncian que las actuales autoridades del Consejo fueron impuestas bajo presión del Estado y que responden a los intereses del Gobierno.
Las comunidades exigen que sean los propios Mburuvicha (líderes de las comunidades) quienes nombren a los referentes legítimos, elegidos en sus territorios, de acuerdo con su cosmovisión y cultura, y no funcionarios que operan como delegados del poder política provincial.
Las comunidades esperaban una audiencia con el Gobernador, pero no fueron recibidos. El gesto expuso el desinterés absoluto de Passalacqua por los pueblos originarios. Y reveló una práctica colonialista vigente en Misiones: el Estado no solo ignora los reclamos, sino que impone cómo, dónde y bajo qué condiciones las comunidades deben expresarlos, negándoles el derecho a la autodeterminación.
Mario Borjas es mburuvicha de la comunidad Ka'a Kupe, que mantiene un conflicto con la empresa forestal Carba por un área natural de 5.633 hectáreas (se encuentra dentro de los territorios relevados en el marco de la Ley 26.160), en el centro de la provincia. Tras la reunión con Herrera Ahuad, Borjas señala: “Le planteamos que el trabajo con las comunidades debe estar en la agenda política. También hablamos del impacto de vivir en un territorio sin seguridad, con la amenaza constante de un desalojo”.
La comunidad Puente Quemado 2 lleva una larga lucha contra la multinacional forestal Arauco. Ramos, su mburuvicha, hace un balance sobre el acampe. Afirma que lograron "un pequeño avance al arrancar al Estado compromisos para garantizar derechos básicos". E indicó que el gobierno provincial se comprometió a llevar adelante una asamblea con las comunidades Mbya el próximo 14 de octubre en Capioví, donde la comunidad El Pocito denuncia la intrusión, el cercamiento y el desmonte ocasionado por un productor ganadero sobre su territorio.
“Queremos personas que defiendan a los pueblos, no que trabajen en contra de sus propios hermanos. No hemos logrado mucho, pero al menos tengo la esperanza de que algo se va a mover”, añade Ramos.
Deudas con los pueblos indígenas y connivencia con el desmonte
Hilario Moreira, mburuvicha de la comunidad Tape Mirī (municipio de Garuhapé) resume: “Nos manifestamos en la plaza por nuestros derechos a los territorios, por la incorporación de los derechos indígenas en la Constitución provincial mediante la Ley 4000, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. También por todos los servicios básicos que no tenemos: acceso al agua, puestos de salud, arreglo de caminos y escuelas. Solo el 40 por ciento de las comunidades cuentan con título de propiedad comunitaria. Por eso seguiremos luchando”.
Su testimonio exhibe la profundidad de la deuda estructural del Estado provincial: derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en convenios internacionales siguen sin ser respetados en Misiones.
Ricardo Benítez, mburuvicha de la comunidad Tuna’i, lo expresa con dureza: “Estamos cansados. Tenemos miles de pedidos y nunca respondieron. El Estado no cumple con su compromiso hacia las comunidades. Cada familia indígena debería tener una casa digna, agua potable, luz eléctrica, buena salud, educación. Y nada de eso ocurre: vivimos en el abandono total.”
El gobierno de Passalacqua es cómplice del despojo y de condenar al Pueblo Mbya a la exclusión. También de la pérdida de su territorio y de la destrucción de la selva misionera, donde las comunidades son guardianas y protectoras.
Alertan que el Ministerio de Ecología avanza rápidamente en otorgar permisos a las empresas forestales, como Arauco, Hijas de Juan Harriet, Moconá y Carba, para desmontar la selva. Según datos de Greenpeace, solo la empresa Arauco arrasó con 120.000 hectáreas de selva paranaense.
Las voces de los mburuvicha revelan la injusticia que persiste en Misiones: un Estado que niega audiencias, posterga derechos, impone interlocutores funcionales y habilita el saqueo de la selva. La resistencia en la Plaza 9 de Julio fue más que una protesta, fue un grito de dignidad frente a siglos de despojo y un recordatorio de que los pueblos indígenas no se rinden.
Autoridades impuestas y estructuras que niegan derechos
El "Consejo de Ancianos y Guías Espirituales de la Nación Mbya Guaraní" fue creado en 2004, durante la gobernación de Carlos Rovira, quien actualmente integra la Cámara de Representantes (órgano del Poder Legislativo de la provincia). El Consejo funciona en la órbita de la Dirección de Asuntos Guaraníes, presentado como un organismo destinado a representar a los pueblos originarios. Los mburuvicha señalan que se trata de una estructura diseñada para neutralizar las voces indígenas y dividir a las comunidades.
Borjas afirma: “Es una Dirección que tiene un nombre importante, pero muchas veces juega en contra de las comunidades. No representa la voz del Pueblo Mbya, no atienden nuestras urgencias. Incluso han creado un Consejo que se utiliza como herramienta para actuar en contra de las propias comunidades”.
El "Vasco" Baigorri, periodista e integrante del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), explica: “Existe solamente para responder a lo exigido por el Convenio 169 de la OIT y con eso cubren una necesidad jurídica. Pero nunca se consultó a las comunidades para su creación. Es meramente una herramienta gubernamental”.
El Consejo de Ancianos legitima decisiones estatales sin el consentimiento real de las bases, impone representaciones falsas y niega el derecho a la autodeterminación. Como estructura del gobierno provincial, solo busca dividir para gobernar, manipular para silenciar y utilizar a algunos líderes como herramientas del poder. Para el Pueblo Mbya este tipo de maniobras constituye una de las expresiones más violentas del colonialismo que persiste en Misiones.
*Integrante de XR Misiones.
**Edición: Mariángeles Guerrero.
