Por Lucía Guadagno y Nahuel Lag

El Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) es una de las organizaciones campesinas más grandes de Brasil. Forma parte del sector popular que apoyó la candidatura del presidente Luis Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022 y desde adentro de esa coalición política pelea para que el gobierno federal destine más recursos a la agricultura familiar. Anderson Amaro es su coordinador nacional y detalla cuáles son los principales programas alimentarios restituidos, desde 2023, que permitieron, junto a otras políticas, que el país saliera este año del Mapa del Hambre de la ONU (al que había reingresado en 2021 durante la gestión de Jair Bolsonaro). Para el MPA, si bien es valorable la vuelta de los programas, el presupuesto que se destina es insuficiente. También reclaman tierra y créditos para la producción campesina.

Amaro plantea que desde el MPA no solo buscan mejorar las condiciones de vida del campesinado, sino también aumentar la oferta de alimentos saludables y a precios accesibles para la población trabajadora. En ese sentido, se refirió a la Misión Josué de Castro, una articulación de organizaciones del campo y de la ciudad que busca presionar al Gobierno para que implemente políticas en favor de la soberanía alimentaria. 

En relación a los programas alimentarios restituidos, uno de los principales es el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), mediante el cual el gobierno federal compra la producción de la agricultura familiar y la destina a escuelas, hogares de ancianos, cárceles, comedores populares e instituciones de asistencia social. Según cifras oficiales, en los últimos dos años se destinaron unos 500 millones de dólares para la compra de 288 toneladas de alimentos a 112 mil familias campesinas. 

—¿Cómo se organizó el PAA para que toda esa compra pública sea a productores campesinos? ¿Y cómo evalúan el programa?

—La compra está regulada por ley. Quienes participen del programa tienen que estar inscriptos en el Registro de Agricultura Familiar. Es algo que funciona bien en todos los estados del país. Pero, hasta ahora, es poco lo que el Gobierno ha comprado si se compara con la demanda. Si hubiese más presupuesto, habría más productores vendiendo. De todos modos, este programa abrió una posibilidad muy buena para la agricultura familiar, que estaba sin aportes importantes por parte del Gobierno. 

—¿Qué otros programas se implementaron con el nuevo Gobierno?

—Otra política importante es "Arroz de la Gente", que fue lanzado en 2024, después de las inundaciones que vivimos en Rio Grande do Sul, donde se cultiva casi el 90 por ciento del arroz que se consume en el país. Con esa crisis se hizo preciso diversificar y descentralizar la producción. Hace unos diez años, teníamos estados como Maranhão, donde se cultivaba casi el 30 por ciento de las producción nacional, pero por falta de incentivo pasó a ser un cinco por ciento. Este programa es para las regiones norte y nordeste, porque en el sur ya hay producción. Va a aportar asistencia técnica y subsidios para desarrollar una mayor producción. Este arroz se va a vender a través del PAA, pero también va a proveer a la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) para tener stock en momentos de crisis.  

—¿El programa de arroz está destinado a campesinos y pequeños productores?

—Exclusivamente. Se identificaron los productores y ahora se realiza un acompañamiento técnico para mejorar la producción, que incluye maquinaria. Otro programa que se retomó es el de Fomento Rural, que es muy importante para familias de bajos ingresos. Estas familias reciben un subsidio único de unos 800 dólares, que si bien es poco, genera un proceso revolucionario en el campo. La familia que está en una situación empobrecida y recibe ese dinero, junto con acompañamiento técnico, lo invierte en un proyecto productivo y se empieza a dinamizar la economía familiar.

—¿Hay políticas de acceso a la tierra para el sector?

—Tenemos algunas debilidades en el acceso a la tierra, sobre todo por falta de presupuesto. El Gobierno lanzó el programa "Tierra de la Gente" para volcar tierras fiscales a la reforma agraria. Se trata de tierras adquiridas o en proceso de adquisición por parte del Estado, sujetas a adjudicación por deudas con el gobierno federal, propiedades de bancos y empresas públicas, zonas de actividad ilegal, terrenos públicos federales, entre otras. Se está haciendo, pero a pasos muy lentos.

—¿Y en relación a la agroecología y la producción orgánica?

—Lo que ha crecido es el incentivo a la agricultura orgánica, que nosotros rechazamos. Porque es un proceso muy parecido al que el agronegocio hizo con los commodities, además de que los alimentos producidos son caros. Entonces la población que gana un salario mínimo no logra comprar esos alimentos. Por ejemplo, un kilo de azúcar normal cuesta casi un dólar, mientras que un kilo de azúcar orgánico cuesta casi dos dólares. Nosotros, en cambio, trabajamos fuertemente en la agenda de la agroecología. Cómo respetar la naturaleza y producir de forma saludable. Y para eso el MPA está liderando procesos de producción de bioinsumos en algunos estados del país. Buscamos cambiar los insumos para la producción desde una perspectiva agroecológica, no del mercado orgánico. El agronegocio ya percibió que la sociedad está rechazando los alimentos con agrotóxicos y está desarrollando productos sustitutos. Si nosotros no ponemos esta perspectiva en manos del pueblo, de los campesinos, el agronegocio va usurparlo una vez más. Porque quieren dominar la técnica para ellos. Y nuestra intención es popularizarla, para que la población campesina pueda tener acceso a los productos y al conocimiento, para que pueda producir sus propios bioinsumos, inclusive. 

—Al argumento de que la producción agroecológica no puede igualar los rendimientos de la producción con agroquímicos, ¿qué le responden?

—Es una “fake news”. Hay incluso una película, “El veneno está en la mesa de todos”, que tiene ejemplos de cómo la producción agroecológica no sólo es más eficiente, sino que produce más. Hay investigaciones en Brasil que demuestran que el agronegocio hace tiempo que ya no aumenta la productividad. Todos los años aumenta la producción, pero no la productividad. Se llegó a una meseta. Pero lo que aumenta cada año es el área de cultivo, por eso aumenta la producción. Por ejemplo, muchas áreas donde antes se producía otro tipo de cultivos, ahora se produce soja. Entonces, aumenta la producción de soja. Llevamos casi tres años seguidos de caída de la producción de la canasta básica: arroz, frijol y harina de mandioca. El área plantada con mandioca bajó casi un 25 por ciento en los últimos tres años. Algo similar pasó con el frijol y el arroz. Y con qué se sustituyen esas áreas: con soja o maíz. Pero no maíz criollo, que a nosotros nos gusta, sino maíces para exportación como proteína para los animales. Y otro peligro, en el último tiempo, es la producción de etanol a base de maíz, que antes se hacía con caña de azúcar. Es un crimen muy grande. 

El lobby del agronegocio, un cerco para la agroecología y la soberanía alimentaria

Un tema central para el MPA es la oferta de créditos para la producción campesina. Para Amaro, el Programa de Financiamiento para la Agricultura Familiar (Pronaf) operado por bancos estatales desde hace 30 años fue “secuestrado por el agronegocio”.

—¿Por qué afirman que el Pronaf no beneficia a los pequeños productores? 

—Porque cuando los pequeños van a buscar un crédito, los bancos lo que único que les ofrecen es un paquete ya armado para producir soja. A los bancos no les gusta dar créditos para producir arroz o mandioca. A pesar de que existen líneas de créditos para la agroecología y la agrofloresta, el acceso a esos créditos es bajo. Y no es porque al pueblo no le interese, sino porque los operadores bancarios no lo incentivan, porque les da más trabajo. Imagine que usted es un empleado bancario: ¿qué prefiere hacer, un crédito ya listo por 100 mil reales o hacer diez de 10 mil reales para criar gallinas? Los bancos quieren llegar a sus metas de créditos lo más rápido posible. Entonces financian cuatro o cinco cultivos y se fortalece el agronegocio. Este esquema no permite que los campesinos puedan desarrollar una producción más diversificada. 

—¿Y cuál es la alternativa?

—Desde el MPA queremos que el Gobierno cree una política nueva de crédito. Que sea desbancarizado y sin aplicar los principios del Acuerdo de Basilea, que exigen garantías por parte de quien pide el dinero. Este crédito, además, tiene que tener una parte subsidiada. Para producir alimentos, defendemos que sea subsidiado. Porque promover la producción ayuda a reducir la inflación. Esto lo alertamos al principio del gobierno de Lula: con el retorno de los programas sociales, las familias volvieron a tener plata y lo primero que hicieron fue comprar alimento porque estaban en situación de hambre. Pero la producción básica no había aumentado, entonces subieron los precios, incentivados también por la guerra, la crisis ambiental y otros factores externos. Entonces, tenemos un tarea que hacer: hay que aumentar la producción y tener stock público para que, en los momentos de crisis, se pueda actuar en forma contundente. Por eso, todos los países centrales tienen a la seguridad alimentaria como un factor fundamental en la soberanía nacional. No se puede hablar de soberanía nacional si no hay soberanía alimentaria.

—¿Y el Gobierno comprende que destinar la tierra para producir commodities en detrimento de la producción de arroz o mandioca es un problema de soberanía alimentaria?

—Parte del Gobierno no. Ese es un gran problema. Principalmente aquellos más cercanos al Presidente. Porque no creen en esto. Para ellos es mejor decirle al Presidente que la inflación es por culpa del mercado, la tasa de cambio, que va a mejorar en dos o tres meses. Estamos trabajando con los movimientos que participamos de la Misión Josué de Castro para presionar y mostrar al Gobierno que tiene que hacer algo, crear un instrumento, tal vez un fondo de agricultura campesina, para facilitar el acceso al crédito. Un instrumento colectivo que sirva de incentivo para la producción de alimentos en el campo de Brasil.

—En esos límites a la promoción de la agricultura familiar, ¿cuánto influyen la alianza de gobierno que construyó Lula para llegar a la presidencia y la presión de la bancada ruralista en el Congreso?

—Nosotros decimos que en Brasil ganamos la presidencia pero no el gobierno. Parte del gobierno de Lula es de la derecha, lo conformó así para poder gobernar. Y el Congreso es el peor de todos los que tuvimos hasta ahora. La mayor parte es de derecha y, una parte, fascista. El Congreso que tenemos cambió muchas cosas, entre ellas, parte del presupuesto nacional. A través de enmiendas parlamentarias reivindicaron para sí un tercio (de los gastos discrecionales) del presupuesto. Es una disfunción de la estructura gubernamental y de la estructura democrática. El Gobierno se queda sin condiciones de llevar adelante un proceso coordinado, de impulsar la política pública para el conjunto de la población. Si el Ejecutivo tiene que desarrollar un programa importante, que necesita algunos millones de reales, queda amarrado, porque parte del presupuesto lo tiene que acordar con el Parlamento. Uno de los mayores problemas para el avance de las políticas que nos gustaría tener, incluso la reforma agraria, es que no hay plata para eso. El Parlamento no quiere. Para las elecciones de 2026, como el propio Lula dice, el desafío es alcanzar la mayoría al menos en el Senado.

—¿Además del fondo para la agricultura campesina, cuáles son los otros temas en la agenda la Misión Josué de Castro?

—La Misión es una plataforma de soberanía alimentaria. La llamamos así en homenaje a Josué de Castro, que fue un estudioso de la geografía del hambre en Brasil. Era médico y geógrafo, entonces comprendió muy bien que el problema del hambre no es la falta de comida sino que es un problema político, de decisión política. La plataforma reúne a organizaciones del campo y de la ciudad, porque es necesario trabajar en conjunto productores y consumidores en esta estrategia. Porque los ricos ya pueden comprar sus alimentos, incluso saludables. Pero los trabajadores no. Entonces, ¿cómo hacer para abastecer con alimentación sana y a precios accesibles a los trabajadores urbanos? La estrategia es diversificar y aumentar la producción agroecológica a partir de las realidades de cada uno de los biomas de Brasil. Cada región tiene distintas culturas y cultivos alimentarios y eso hay que respetarlo. Apuntamos a un proceso con políticas públicas. Ya estamos haciendo cosas, pero queremos amplificarlo y articularlo mejor. Es un desafío grande pero confiamos en que se puede, ya tuvimos algunas experiencias y es posible. Pero se necesita presupuesto. Por eso decimos, por ejemplo, que los fondos del Pronaf que hoy van para los commodities se tienen que destinar a una nueva política para hacer una revolución en el campesinado de Brasil. Vamos a pelear para logralo.

* Esta entrevista forma parte de la cobertura colaborativa de la Agencia Tierra Viva y Huerquen Comunicación del Seminario “El futuro de nuestro alimento” realizado en Buenos Aires el 13 y 14 de junio de 2025 y organizado por la Oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Movimiento Nacional Campesino e Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST) y el Grupo ETC.