La Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe alerta sobre la utilización de agrotóxicos en el período denominado «campaña de cosecha gruesa». «Desde septiembre y hasta mayo aproximadamente, en Santa Fe, como así también en las otras provincias de la ‘pampa húmeda’, se desarrolla la llamada ‘campaña de cosecha gruesa’ (soja, maíz, sorgo, girasol). En estos meses se utiliza una cantidad muy importante de agrotóxicos (herbicidas, fungicidas, bactericidas, insecticidas)», advierten desde la organización.
En ese marco, llaman a los pueblos fumigados a estar atentos a posibles aspersiones «frente a la permisividad de la Ley provincial 11.273, que permite estas prácticas envenedadoras«. Instan a realizar las denuncias pertinentes al registrar este tipo de prácticas; para ello facilitan un protocolo.
Protocolo de denuncia
A los fines de facilitar el canal de denuncia, la Multisectorial Paren de Fumigarnos pone a disposición un Protocolo de Denuncia, que especifica cómo actuar al realizar la misma . «Es una herramienta muy útil para defendernos de semejantes practicas envenedadoras», consideran. El espacio plurisectorial afirma que en el período de cosecha se utiliza buena parte de los 500 millones de L/kg de agrotóxicos que se usan por año en Argentina.
«Denunciar las fumigaciones cerca de los periurbanos permite tener más herramientas para que Santa Fe logre tener una Ley que proteja la salud y el ambiente», valoran de la Multisectorial.
«Cabe aclarar que siempre debemos evitar quedar expuestos a los agrotóxicos y al momento de denunciar en lo posible ir acompañada o acompañado de otras vecinas o vecinos».
En noviembre de 2019, la Cámara de Diputados santafesina dio media sanción a un proyecto de ley por el cual se modificaban 30 artículos de la ley que regula el uso de químicos en las producciones agrícolas, llamada «Ley de Fitosanitarios». Sin embargo, el Senado provincial aún no votó la sanción de esa norma.
Por su parte, el senador Rubén Pirola presentó de manera reciente un proyecto en la Cámara Alta. El mismo busca una nueva redacción de la ley provincial, que data de 1995 y cuya derogación es un reclamo sostenido de las organizaciones ambientalistas de la zona.