Por Alejo di Risio

A menos de tres semanas del vencimiento de la ley que regula el mercado de combustibles derivados de aceites vegetales —principalmente soja, maíz o caña de azúcar— apareció un nuevo proyecto que crearía otras reglas del juego. Firmado por 14 diputados del Frente de Todos y el tucumano del PRO, Domingo Amaya; el proyecto propone una regulación desde el 12 de mayo, día que se vence la ley actual, hasta 2030. La iniciativa incrementa la capacidad de acción de la Secretaría de Energía a lo largo de la cadena de “elaboración, almacenaje comercialización y mezcla” de agrocombustibles. 

En octubre pasado el Senado había votado estirar hasta diciembre la Ley 26.093, que desde 2006 da el marco regulatorio para el sector de agrocombustibles, pero esa prórroga nunca avanzó en la Cámara de Diputados. El debate de la iniciativa se inició este miércoles en la Comisión de Energía y Combustible, con críticas del sector empresario, que insiste en la prórroga de la legislación actual. 

El proyecto propone que los precios del sector puedan ser regulados por la Secretaría de Energía. Las empresas que quieran elaborar, almacenar o comercializar agrocombustibles deberán contar con la aprobación de Energía y las que lo consigan serán las únicas capaces de vender a quienes lleven a cabo las mezclas antes de llegar al surtidor. Además, las destilerías de hidrocarburos no podrán participar en empresas productoras de biocombustibles. 

Entre los principales cambios propuestos por el proyecto, está el de bajar la cantidad de biodiesel de origen vegetal que se mezcle con el diésel de origen fósil. A su vez este corte podrá ser aumentado o reducido (hasta un 3 por ciento de piso mínimo) si la Secretaría de Energía considera que falta biodiesel para cumplir con el corte o que los costos de fabricación son muy altos y pueden incrementar el precio del diesel en el surtidor.

Caso similar para la cantidad de bioetanol —cuyo origen es el maíz o la caña de azúcar— para ser mezclado con nafta. Este valor se mantendrá en un 12 por ciento, aunque se aclara que el piso mínimo será del 6 por ciento para el bioetanol de caña de azúcar. También podrá la Secretaría de Energía mover este precio con otras especificaciones, pero según demanda o balanza comercial. También se mencionan las “razones ambientales”, aunque no está especificado cuáles serían estas. 

Los cambios propuestos están lejos de aportar la “previsibilidad” que reclamaban los principales empresarios del agronegocio y legisladores nacionales que los acompañaban. Mientras aumentan los incentivos locales y el precio de la soja aumenta a nivel internacional, queda por ver cómo este proyecto podrá avanzar para lograr los consensos necesarios para su aprobación y eventualmente cómo impactará esto sobre un sector que se impulsa como parte de la lucha contra el cambio climático. 

Mientras se promociona como parte de la “bioeconomía” los agrocombustibles son parte de las llamadas “falsas soluciones”, ya que anuncian que no aportan dióxido de carbono, pero esto es falso. La producción de agrocombustibles en modelos industriales vienen de un modelo basado en energías fósiles, concentrado y sumamente ineficiente en términos energéticos. El acaparamiento de tierra, agua y del patrimonio natural del que forman parte desplaza cultivos alimenticios y población local y pone en peligro la soberanía alimentaria.