Por Julio C. Gambina
En medio de una corrida cambiaria que aún no termina, el Banco Central concedió un 15 por ciento en la mejora del tipo de cambio a los exportadores de soja, los que siguen demandando una devaluación mayor. Es una ventaja importante para quienes retienen soja en silobolsas, aun cuando persistan en su negativa a vender a la espera de nuevas y mayores devaluaciones. La medida fue llamada mediáticamente como «dólar soja».
Con esta decisión, de un día para el otro, equiparan ingresos de quienes remarcaron precios por tres meses: 6 por ciento en abril, 5,1 en mayo y 5,3 por ciento en junio; un acumulado un 17,31 por ciento.
A veces las convicciones político ideológicas pueden llevarlos a resignar rentabilidad en aras de objetivos mayores, apuntando al gobierno del capitalismo local en beneficio de la renta del suelo y las ganancias.
La no venta es algo que puede ocurrir, ya que la mejora en el tipo de cambio oficial desde inicio de junio supera las oscilaciones de los bienes de exportación, cuando la tendencia puede ir a la baja de los precios internacionales, entre otras cuestiones, por los acuerdos suscriptos entre Rusia y Ucrania para facilitar la salida de producción ucraniana almacenada en los puertos del Mar Negro. Pero también por la recesión inducida de la nueva suba de tasas de interés dispuesta por la Reserva Federal de Estados Unidos.
El acopio en silobolsas, estimado en sumas que oscilan entre los 15.000 y los 22.000 millones de dólares, está asociado a la expectativa “sembrada” por una mega devaluación. Una devaluación inducida desde el poder concentrado del agronegocio y otros sectores funcionales al modelo productivo y de desarrollo de inserción subordinado en la transnacionalización de la economía mundial.
Aun cuando la resolución crea “un nuevo instrumento para los productores agropecuarios que vendan su cosecha de soja”, según informa el BCRA no queda claro como el productor se beneficia, ya que la exportación procede en general desde los grandes grupos económicos transnacionalizados que concentran el comercio externo del país.
Un estudio de investigadores rosarinos destaca que “apenas nueve firmas concentraron en nuestro país el 92 por ciento de la facturación total del sector agroexportador durante el año 2021.” Entre ellas, Cargill, Cofco, Bunge, AGD, Molinos, ACA, ADM, Oleaginosa Moreno y LCD Argentina.
Por eso la protesta de muchos pequeños y medianos productores, que no pudiendo atesorar en producción, ya vendieron su cosecha a menores tipos de cambio de los obtenidos por la presión cambiaria. Señaló Pedro Peretti: “Vendí todo, ahora me entero que los que especularon y fueron contra el Gobierno van a cobrar un 15 por ciento más.”
La presión cambiaria es resultado de la combinada acción de grandes productores y exportadores junto a grandes empresas de comunicación y las burocracias intelectuales, profesionales y políticas al servicio del poder del agronegocio de exportación y un modelo productivo y de desarrollo de subordinación a la lógica mundial de acumulación de capitales.
Aludimos en especial a la lógica de acumulación de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, entre otros capitales transnacionales que definen la dinámica de acumulación global de capitales, aun en medio de una crisis mundial de la liberalización instalada desde hace más de cuatro décadas bajo la genérica denominación neoliberal.
El FMI viene destacando este problema de obstrucción a la mundialización, obviando el papel de la política exterior estadounidense en la guerra comercial a China y las sanciones unilaterales a variados países, entre las que destacan recientemente las orientadas hacia Rusia y que limitan y dificultan la circulación de bienes, servicios y capitales en el ámbito global, generando una tendencia a la desaceleración y la recesión.
Señalamos que ese poder concentrado de carácter transnacional, que articula el poder local y global, es el beneficiario directo y principal de la concesión oficial legitimada desde el BCRA.
Aun así, no hay seguridad de efecto inmediato en liquidaciones que efectivicen el resultado buscado en el logro de incrementar la acreditación de dólares para aumentar las reservas líquidas que gestiona la autoridad monetaria.
Las dudas están asociadas a la fortísima iniciativa del poder económico ante la debilidad del Gobierno, que “retrocede en chancletas”, lo que demanda una reflexión en términos alternativos, de iniciativa popular en contra y más allá del actual modelo productivo y el orden capitalista.
Es que no alcanza con las compensaciones de un bono de 11.000 pesos a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, una cifra menor en comparación con la mayor renta apropiada por la nueva concesión al modelo de la producción sojera.
Además, la resolución del Banco Central permite la fuga de capitales, facilitando que un 30 por ciento de la venta de la soja acopiada pueda disponerse para constituir activos externos, o sea estimular la fuga de capitales. El 70 por ciento restante podrá depositarse en una cuenta en la banca del país, en donde se ofrece un interés diario y el vínculo con la cotización de la divisa, para resguardar a los exportadores de cualquier variación devaluatoria del peso.
Si bien en la coyuntura se discute la liquidación o no de la soja acopiada, es hora que la discusión trascienda lo inmediato y habilite un debate sobre el modelo productivo y de desarrollo.
Ello sugiere pensar en términos de soberanía alimentaria, economía de autogestión, cooperativa y comunitaria, atendiendo las necesidades de alimentación y empleo de una mayoría excluida de una producción social gestada por millones de personas más allá de la propiedad concentrada de la tierra y la tecnología.