“A las catástrofes las llaman naturales como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima”

Eduardo Galeano

Por Silvia Oliviero Ghietto*

Las inundaciones repentinas ocurridas el 7 de marzo en Bahía Blanca causaron la muerte de 16 personas, la desaparición de dos niñas y un colapso socioeconómico que perdurará por años. La ciudad de 350 mil habitantes recibió más de 400 milímetros de lluvia en un lapso de seis horas, cantidad que es un tercio de las precipitaciones anuales. Este "evento climático extremo", el segundo en un año tras el registrado en diciembre de 2023, se inscribe dentro del contexto de la crisis climática global y del negacionismo climático promovido como política por el gobierno del presidente Javier Milei.

La gestión de Milei avanzó en la destrucción y vaciamiento de las áreas del Estado que trabajan en el tema. Por ejemplo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el retiro de la Argentina de organismos multilaterales internacionales, como la Organización Mundial de la Salud. También se expidió sobre el rechazo a las metas globales de la Agenda 2030 —entre las que se encuentra la Acción Climática— y el retiro de la representación nacional de reuniones de negociación como la última  Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP29), a lo que se suma la profundización del empobrecimiento planificado de la sociedad.

“El cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. Nadie escapa a sus consecuencias, y afecta especialmente a los más vulnerables, y se debe inequívocamente a la actividad humana. La crisis climática agrava la crisis de desigualdades y afecta a todos los aspectos del desarrollo, socava los esfuerzos para hacer frente a la pobreza, el hambre, la salud, los desplazamientos de población y la degradación del ambiente”, sostiene Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial y ex directora del SMN en Argentina.

Como indicó el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en 2023, la quema de combustibles fósiles, el uso desigual e insostenible de la energía y el cambio del uso del suelo durante dos siglos han provocado un aumento de la temperatura global de la superficie de la tierra y de los océanos. Como resultado se han producido fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos que han generado impactos cada vez más peligrosos en la naturaleza y las personas en todas las regiones del mundo.

Si bien las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en América Latina representan alrededor de 8,3 por ciento de las emisiones mundiales, la región es particularmente vulnerable al cambio climático por sus características geográficas, climáticas, socioeconómicas y demográficas, perturbando significativamente la estabilidad económica, social y sanitaria.

La catástrofe climática de Bahía Blanca se enmarca en los escenarios proyectados en el Sexto Informe de Evaluación del IPCC, Bases Físicas, publicado en 2021, en su capítulo “Impacto Regional de América del Sur y Central”, expresa:

1. Se prevé que la precipitación media cambie, con aumentos en el sureste América del Sur.
2. Se observan aumentos en la precipitación media y extrema desde la década de 1960. Los impulsores de este cambio incluyen la variabilidad interna, así como el forzamiento externo, como el aumento de los gases de efecto invernadero y los aerosoles, y el agotamiento de la capa de ozono.
3. Se prevé que la intensidad y frecuencia de las precipitaciones extremas y las inundaciones pluviales aumenten a partir de 2 °C de nivel de calentamiento global.
4. Es muy probable que continúe el aumento del nivel del mar del Atlántico Sur, contribuyendo al aumento de las inundaciones costeras en áreas bajas.

Frente a estos antecedentes y evidencias, los responsables políticos de prácticamente todo el arco político (tanto partidario como de gestión administrativa municipal, provincial y nacional) y los medios de comunicación hegemónicos están encolumnados bajo el discurso negacionista extremo, tardío o el de apaciguamiento climático. No es por ignorancia sino que convalidan el relato del capital fósil impuesto desde hace 50 años, cuando aparecían los primeros modelos climáticos que demostraban los efectos del calentamiento global sobre el sistema Tierra y sus consecuencias humanas. No se atreven a sacar los pies del plato del modelo económico extractivista predominante.

De acuerdo con el trabajo de investigación Carbon Majors Report 2023, publicado recientemente, son solo 36 corporaciones petroleras (tanto privadas como estatales) las que contribuyen con el 50 por ciento de las emisiones globales de CO2 y condicionan la existencia de la humanidad. ¿Se puede entonces construir una política a favor de la vida y del bienestar del pueblo negando la ciencia y privilegiando los negocios? Indudablemente no. Quedamos desprotegidos, indefensos y desnudos ante un presente y un futuro que será mas hostil, crítico y complejo. “Son los gobiernos de las emergencias”, señaló Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Necesitamos una sociedad que se despierte en defensa propia y un Estado que cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales. En la Argentina, la Constitución reconoce el derecho a un Ambiente Sano y contamos con leyes que ordenan planes de mitigación y adaptación climática establecidos en la Ley 24.295 de Aprobación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada en diciembre de 1993; la Ley 27270 de Aprobación del Acuerdo de Paris y la Ley 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, aprobada en noviembre de 2019 y recordada como la "Ley Pino Solanas".

Las políticas de mitigación son las acciones orientadas a la "descarbonización de la economía y las medidas destinadas a potenciar, mantener, crear y mejorar los sumideros de carbono". Paradójicamente, entre las zonas más afectadas por las inundaciones de Bahía Blanca estuvieron las localidades de Ingeniero White y Punta Alta, donde se encuentra emplazado el mayor Polo Petroquímico de la Argentina y el principal puerto de salida de las exportaciones de combustibles fósiles.  

Por otro lado, las medidas de adaptación "son una vía para aumentar la resiliencia de las comunidades y reducir la vulnerabilidad frente a los impactos del calentamiento global". Estas medidas son específicas y diferentes para cada región, debido a las condiciones locales, el contexto socioeconómico y ambiental, y el grado de vulnerabilidad. Algunas de ellas son:

1. "Adaptación basada en ecosistemas", las que consideran el ordenamiento territorial alrededor del agua y no contra ella.
2. "Adaptación basada en comunidades", las que consideran el conocimiento comunitario y tradicional.
3. "Adaptación basada en la gestión del riesgo de desastres", las que buscan la prevención y preparación ante los desastres climáticos, por ejemplo, sistemas de alerta temprana y planificación urbana.

Es importante lograr una visión holística de la problemática aprovechando las capacidades desarrolladas y conectando el tema climático con las acciones a desarrollar, promoviendo un ordenamiento ambiental y planificado del uso del territorio. Si los gobiernos lo hicieran se minimizaría el sufrimiento humano y se evitarían víctimas fatales en eventos “anunciados”: prevenir siempre es mejor que curar.

* Magister en Química y Ambiente. Profesora "Ambiente, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica", CCC- Lic. Historia, UNDAV y Maestría en Ingeniería Ambiental UTN. Miembro Grupo Expertos de la Oficina de América Latina y el Caribe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

**Edición: Mariángeles Guerrero.