Por Colectivo Ceppas*

Los proyectos incorporados al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se concentran fuertemente en actividades extractivas y, por su escala, requieren la articulación de distintas fuentes de financiamiento, tanto locales como internacionales. Detrás de las grandes inversiones anunciadas existe una red de bancos y entidades financieras que participan mediante créditos corporativos, préstamos sindicados y la adquisición de Obligaciones Negociables (ONs) emitidas por las empresas.

La participación del sistema bancario en el financiamiento de las compañías vinculadas al RIGI atraviesa una tensión central: su relación con los compromisos ESG —ambientales, sociales y de gobernanza— asumidos por las propias entidades financieras. Los criterios ESG son utilizados para evaluar los impactos y riesgos asociados a las actividades financiadas. En materia climática, estos compromisos incluyen metas de reducción de las emisiones financiadas y de descarbonización de las carteras. Las decisiones de los bancos resultan, por lo tanto, relevantes no solo por las empresas que financian, sino también porque contribuyen a hacer posible la expansión de determinadas actividades e infraestructuras. 

Al menos 18 empresas vinculadas a los Vehículos de Proyecto Único (VPU) presentados al RIGI registran deudas en el sistema bancario local. El financiamiento se encuentra concentrado en un número reducido de entidades: Banco Nación, ICBC, Galicia, Citibank, BBVA y Santander aparecen entre los principales acreedores de las compañías analizadas. A esta exposición directa se suman otras formas de financiamiento, como la adquisición de Obligaciones Negociables y los préstamos sindicados internacionales utilizados por los proyectos de mayor escala.

La concentración es particularmente visible en el sector hidrocarburífero. YPF, Pluspetrol y Vista Energy, integrantes del consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), se encuentran entre las empresas con mayor endeudamiento bancario nominal, mientras que ICBC concentra más del 80 por ciento del financiamiento bancario local de Chevron Argentina. En minería también se observan vínculos financieros concentrados: por ejemplo, el caso de Santander, que explica prácticamente la totalidad de la deuda bancaria de Galán Litio; y el de Minas Argentinas, que concentra su financiamiento principalmente en BBVA.

Dentro de esta red, el proyecto VMOS adquiere especial relevancia por la magnitud de la inversión y por el papel estratégico que desempeña en la expansión de la producción y exportación de petróleo de Vaca Muerta. Su análisis permite observar con mayor profundidad la relación entre el RIGI, el financiamiento bancario y los compromisos climáticos asumidos por las entidades financieras.

Proyecto VMOS

VMOS no es solamente uno de los mayores proyectos financiados bajo el RIGI. Es una infraestructura estratégica para remover uno de los principales límites que enfrenta la expansión petrolera de Vaca Muerta: la capacidad de transporte y exportación del crudo. En 2025, la formación produjo alrededor de 500.000 barriles de petróleo por día. El nuevo oleoducto, de 437 kilómetros, está proyectado para transportar hasta 550.000 barriles diarios hacia una nueva terminal de exportación en el Golfo San Matías. Su escala permite dimensionar el salto que busca producir el proyecto: la capacidad de transporte de VMOS por sí sola supera la producción petrolera diaria que registraba Vaca Muerta en 2025. 

El núcleo de su financiamiento proviene de un préstamo sindicado internacional por 2.000 millones de dólares, liderado por Citi y Santander, que explica aproximadamente el 70 por ciento de la inversión total requerida para el proyecto. En otras palabras, los bancos están financiando una infraestructura cuya función económica es hacer posible un aumento sustancial y de largo plazo de la producción petrolera argentina. 

La propiedad de VMOS se encuentra distribuida entre los principales operadores del upstream argentino: YPF, Shell, Pampa Energía, Vista Energy, Pluspetrol y Chevron. Esta composición accionaria refleja la estructura de poder del sector hidrocarburífero local, articulando a la principal empresa de mayoría estatal con compañías privadas internacionales que operan en el país. 

La arquitectura del financiamiento

La estructura financiera del proyecto combina tres mecanismos principales: financiamiento externo mediante un préstamo sindicado internacional, aportes de capital de las empresas socias y endeudamiento bancario local asociado a las compañías participantes. 

El componente central del esquema financiero es el préstamo sindicado internacional. Este tipo de estructura es habitual en proyectos de infraestructura energética de gran escala, donde los ingresos futuros esperados del activo —en este caso, el transporte de crudo— funcionan como fuente principal de repago y como garantía subyacente de la operación. 

La participación de Citi y Santander resulta especialmente relevante porque ambas entidades mantienen, simultáneamente, exposiciones crediticias directas sobre varias de las empresas que integran el consorcio VMOS. Citibank concentra prácticamente la totalidad de la deuda bancaria de Shell Argentina, mientras que Santander posee posiciones relevantes en YPF y Pluspetrol. A nivel del VPU, VMOS S.A. no registra actualmente endeudamiento dentro del sistema bancario local. El último dato disponible corresponde a noviembre de 2024, cuando el vehículo mantenía una exposición cercana a 302 millones de dólares con Banco Santander. 

Sin embargo, al incorporar la exposición indirecta —es decir, la deuda que las empresas socias mantienen con sus propios acreedores bancarios— emerge una red de financiamiento más amplia, en la cual una parte significativa del sistema bancario local queda vinculada al desempeño económico de la expansión hidrocarburífera en Vaca Muerta.

La exposición bancaria consolidada

Además de la exposición bancaria derivada del endeudamiento de las empresas que integran el VPU, existen otros mecanismos financieros que amplían el vínculo de las entidades bancarias con estos proyectos. Uno de ellos es la inversión de los propios bancos en las Obligaciones Negociables emitidas por esas mismas compañías, lo que genera una exposición adicional a través del mercado de capitales.

Según los estados contables presentados a diciembre de 2025, Banco Galicia registra en cartera títulos de Vista Energy, YPF, Pampa Energía y Pan American Energy. Santander, si bien concentra su cartera de inversión en subsidiarias propias, mantiene posiciones en Pan American Energy. ICBC canaliza su exposición al sector extractivista casi exclusivamente vía crédito corporativo directo: al 31 de diciembre de 2025, su exposición al segmento Metales y Minería representa el 17,7 por ciento de su cartera total de préstamos, unos 1,37 billones en pesos constantes.

Las tensiones ESG 

Todos los bancos analizados han asumido, con distintos niveles de alcance, compromisos de sostenibilidad y descarbonización, que incluyen metas de neutralidad de carbono hacia 2050 y la adhesión a iniciativas internacionales para medir y reducir las emisiones asociadas a sus carteras de financiamiento.

Sin embargo, una parte significativa de su financiamiento en la Argentina continúa dirigida hacia actividades extractivas y, particularmente, hacia la expansión de los hidrocarburos. Esta tensión se vuelve especialmente visible en el caso de VMOS: mientras las entidades financieras se comprometen a reducir sus emisiones financiadas, participan del financiamiento de una infraestructura destinada a posibilitar un aumento sustancial de la producción y exportación de petróleo de Vaca Muerta durante las próximas décadas.

Por caso, la Platform on Sustainable Finance (PSF) de la Unión Europea categoriza las actividades económicas según su impacto ambiental. Bajo esa taxonomía extendida —referencia clave para el mercado de finanzas sostenibles— la extracción de petróleo y gas convencional se sitúa en vulnerabilidad muy alta. De esta manera, VMOS concentra algunas de las principales tensiones que enfrenta la banca privada al financiar infraestructura extractiva bajo compromisos ESG formalizados. El proyecto supone la construcción de un oleoducto de exportación con una vida útil de varias décadas, consolidando una trayectoria de emisiones de largo plazo asociada a la expansión de la producción y exportación de crudo. 

En la literatura sobre transición energética y finanzas climáticas, este fenómeno se conoce como carbon lock-in: la construcción de infraestructuras intensivas en carbono que generan dependencias económicas, tecnológicas e institucionales difíciles de revertir. Oleoductos, gasoductos y terminales de exportación requieren inversiones de gran escala y largos períodos de operación para recuperar el capital invertido, creando incentivos para sostener o aumentar la producción de hidrocarburos durante décadas. El problema, por lo tanto, no se limita a las emisiones directas de estas infraestructuras sino que, una vez construidas, condicionan las decisiones futuras y elevan los costos económicos y políticos de una eventual descarbonización. 

En definitiva, el proyecto VMOS constituye un ejemplo particularmente claro de esta dinámica. El oleoducto no responde únicamente a la producción actual de Vaca Muerta, sino que busca remover uno de los principales límites para su expansión: la capacidad de transporte hacia los mercados internacionales. Su financiamiento contribuye así a crear las condiciones materiales para aumentar la extracción y exportación de petróleo durante las próximas décadas. La contradicción con los compromisos climáticos de los bancos adquiere entonces una dimensión más profunda. Mientras se comprometen a reducir sus emisiones financiadas hacia 2050, participan en inversiones cuya viabilidad económica depende de sostener elevados niveles de producción y consumo de combustibles fósiles durante buena parte de ese mismo horizonte temporal.

Un sistema bancario atado al extractivismo 

El análisis presentado muestra que el financiamiento de los proyectos impulsados bajo el RIGI no depende únicamente de grandes inversiones corporativas o de capital extranjero, sino también de una red de intermediación financiera en la que participan activamente bancos locales. La concentración de acreedores observada en torno a un conjunto reducido de entidades revela que una parte significativa del sistema bancario mantiene una exposición estructural al desempeño del sector extractivo argentino, particularmente al complejo hidrocarburífero de Vaca Muerta.

Esto deriva en una tensión entre los compromisos ESG asumidos públicamente por los bancos y la naturaleza de los activos que continúan financiando. La expansión de infraestructura fósil de larga duración, como oleoductos y terminales de exportación, consolida trayectorias de emisiones incompatibles con los horizontes de descarbonización promovidos por las propias instituciones financieras. En ese sentido, el caso VMOS refleja una contradicción extrapolable a otros proyectos del RIGI: la coexistencia entre discursos de transición climática y estrategias de financiamiento que siguen ancladas en la expansión extractiva de largo plazo.

*Esta columna pertenece al capítulo ¿Quién financia el RIGI? del Boletín N°2 del Observatorio RIGI. Descargá el informe completo desde el siguiente link: https://observatoriorigi.org/wp-content/uploads/2026/08/B02_Observatorio-RIGI.pdf