Por Morita Carrasco

“Argentina es responsable por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua". Lo sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de febrero de 2020 y responde a la demanda de décadas de cinco pueblos indígenas de Salta: Wichi, Yyojwaja, Qom, Nivakle y Tapy. A dieciséis años del fallo internacional, el Estado Argentino y provincial incumplen la sentencia y violan derechos.

Lhaka Honhat (Nuestra Tierra),cronología de una lucha histórica.

El inicio

Las autoridades de la organización solicitan, en 1984, al gobierno de Salta el título de propiedad del territorio de ocupación tradicional, ubicado en los lotes 55 y 14 (643.000 hectáreas) sobre la margen derecha del río Pilcomayo.

Francisco Pérez, referente principal de la lucha, en 1994 explicaba el fondo del reclamo: una superficie unificada con un solo título a nombre de todas las comunidades. "Quería contar un poco sobre el reclamo. Nosotros comenzamos en el año 1963 cuando se comenzaba a hablar de la construcción de una ruta. Y en el año 1966 ya estaban abriendo la ruta en Misión La Paz. Nadie sabía cómo hablar con el gobierno. Al final dos caciques pudieron llegar y cuando volvieron nos dijeron que era difícil conseguir el título. Que el gobernador les dijo 'solamente podemos hacer un decreto de reserva'. El gobierno quería parcelar la zona nuestra, quería urbanizar cada misión y con lo que quedaba quería crear una colonia, así los que tienen plata podían comprar tierra en esa colonia. En 1984 hicimos una primera declaración donde pedimos que no se parcele la tierra, que nosotros queríamos un territorio. Pedíamos que no se parcele porque la vida nuestra depende del monte, de las artesanías, de la cacería, la recolección de frutos, del pescado. Y decíamos que era difícil parcelar esos lugares. Por suerte se paró un poco los planes del gobierno. No teníamos ningún asesoramiento. Había un médico que quería asesorarnos pero los jefes de él lo trasladaron a otra zona. Después había un ingeniero agrónomo pero cuando el gobierno lo trasladó a otra zona y nos quedamos sin asesoramiento. Entonces pedimos a la iglesia anglicana. Hicimos un censo para saber cuántas comunidades hay y un mapa de todo el territorio en 1991 y buscamos la forma de organizarnos y crear una organización para todos. Al final creamos la Asociación Lhaka Honhat y decidimos que iba a ser 'nuestra tierra', no 'tu tierra' o 'mi tierra', sino la tierra de todos. Nosotros queríamos hacer algo que nosotros entendemos y al final lo conseguimos. Así vinimos trabajando y en 1995 el gobierno de (Roberto) Ulloa construyó la obra y el puente. Pero el gobierno no nos escuchaba nada. Los del gobierno decían que se iba a mejorar la vida indígena porque iba a haber turistas y comerciantes; pero nos pusimos firmes porque no iba a ser para bien de nosotros. Entonces hicimos una denuncia ante los jueces provinciales pero ellos no estaban a favor. Al final llegamos a la justicia nacional y tampoco. Y allí en 1998 buscamos otro asesoramiento porque veíamos que en Argentina no se estaba respondiendo a nuestro pedido, invitamos a un abogado a una reunión de la Asociación y resolvimos presentarnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos."

Título único para todas las comunidades

Las comunidades relevaron el territorio en un mapa realizado por ellas, en 1991. Para ejemplificar qué es el título único, Cornelio Segundo contó al abogado de la organización el trabajo de identificación territorial con base en la costumbre de nombrar los lugares que usan y como se preservan: "Por ejemplo hay un lugar que en toba se llama 'pecho de caballo' pero no es tanto el pecho como el esqueleto del caballo. Entonces el lugar lleva ese nombre…hay otra partecita que en Wichi se llama 'donde se baña la luna'. Pero no era la luna esa que vemos arriba, era una persona que le decían luna, un hombre, y él siempre se bañaba ahí, entonces el lugar lleva ese nombre. Y así diciendo los abuelos es que esos nombres llegan hasta nosotros y ya quedan nomás. Se usan esos nombres para ubicarse, como si fueran los nombres de calles".

En 1999, iniciado el proceso ante la CIDH, el Estado reconoció a esta Comisión que debía procederse a la titulación de las tierras conforme lo prescripto en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Al año siguiente (2000), se abrió un espacio de "negociación amistosa" entre los Estado nacional y provincial con Lhaka Honhat. En 2002 se incorporaría a los criollos a una mesa ampliada, porque Salta sostenía que sólo se podría acceder al pedido indígena si las comunidades acordaban con sus vecinos criollos la distribución.

Territorio indígena y población criolla

El área total de ocupación de ambos grupos abarca los lotes fiscales 55 y 14, en el departamento de San Martín, un total de 643.000 hectáreas. En el marco de las negociaciones entre el gobierno de Salta y Lhaka Honhat se acordó respetar la ocupación tradicional del relevamiento realizado en 1991.

Para avanzar en una solución definitiva, Lhaka Honhat cedió 130.000 hectáreas y aceptó una superficie de 400.000 hectáreas sin divisiones internas bajo un título único a nombre de todas las comunidades. Las 243.000 hectáreas restantes serían tituladas en forma individual a familias criollas.

Referéndum y admisión de la denuncia

Luego de numerosas reuniones, en 2005 el proceso de solución amistosa se suspendió por la decisión del gobierno salteño de convocar a la ciudadanía del departamento San Marín —en ocasión de las elecciones generales para legisladores— a un referéndum vinculante si estaba de acuerdo con la entrega de tierras en los lotes 55 y 14.

Rogelio Segundo, preguntó en ese momento: "¿Por qué tenemos que votar si queremos que se nos entregue la tierra si nosotros somos dueños de la tierra?"

El resultado positivo habilitó la vía para que el gobierno provincial instalara en Santa Victoria Este una oficina para la recepción de solicitudes de tierras de los criollos. La CIDH, en octubre de 2006, dictó su Informe de Admisibilidad aceptando la denuncia presentada. El Estado nacional envió a la CIDH una propuesta de entrega que reafirmaba las mismas condiciones y en diciembre la provincia publicó los decretos para ejecutar las primeras entregas de tierra. Convocó a familias criollas y a comunidades que tuvieran personería jurídica, hecho que profundizó la segmentación.

La CIDH analizó los hechos, las pruebas presentadas y el 26 de enero de 2012 presentó su Informe de Fondo que declara la violación de los derechos indígenas y ordena las reparaciones: entregar 400.000 hectáreas sin divisiones internas a las comunidades, relocalizar a los criollos y retirar el ganado y los alambrados.

Para cumplir con las recomendaciones la provincia dictó en 2014 el decreto 1498 de transferencia de las tierras a las comunidades indígenas y a las familias criollas sin aclarar qué sector pertenece a cada grupo, asunto indispensable para poner en práctica los acuerdos entre ambos.

Entre 2013 y 2015 la CIDH realizó tres viajes al país para impulsar el cumplimiento de las recomendaciones. Los Estado nacional y provincial se comprometieron a cumplir el cronograma de trabajo pero no cumplieron; por los mínimos avances la CIDH tuvo que darle más de 17 prórrogas.

Corte Interamericana de Derechos Humanos: audiencia y condena

Del análisis en profundidad del Informe de Fondo y las pruebas presentadas, la CIDH trasladó en 2018 el caso a la Corte Interamericana y en 2019 Lhaka Honhat fue convocada a una audiencia en la Corte.

El 6 de febrero de 2020, la Corte señaló que Argentina violó el derecho de propiedad comunitaria indígena y los derechos a la identidad cultural, a un ambiente sano y a una alimentación adecuada, y al agua. La Corte extendió el alcance de esta sentencia al resto de los pueblos indígenas en Argentina por no contar con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente su derecho de propiedad comunitaria agravada por la demora en la resolución de una causa judicial y porque no adoptó medidas eficaces para detener actividades perjudiciales para estos derechos. Reclamó una ley de propiedad comunitaria y una de Consulta Previa, Libre e Informada. A nivel internacional generó una jurisprudencia relevante para los derechos indígenas y también reconoció el derecho de los criollos. A nivel nacional la persistente lucha de Lhaka Honhates un claro ejemplo de la lucha indígena en Argentina.

En ocasión de la audiencia en la Corte, y cundo el juez preguntó que esperaban de ese tribunal, Francisco Pérez señaló: "Solucionar el problema de la tierra, terminar la demarcación, delimitación, traslado, terminar el título, el título único. Esa es la esperanza que tenemos nosotros".

Las recomendaciones de la Corte

La Corte Interamericana ordenó al Estado que, en el plazo máximo de seis años, “delimitara, demarcara y titulara a nombre de todas las comunidades una superficie unificada, sin divisiones internas, bajo un solo título y dispusiera otras medidas de reparación”.

Respecto de los criollos reconoce que las familias residentes en el territorio indígena deben acordar en mesas de diálogo con las autoridades de las comunidades su traslado a la zona libre de ocupación tradicional.

En 2020, desde el Estado provincial se dispuso la creación de una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) encargada de definir los límites junto a un equipo de técnicos territoriales. Al año siguiente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos la Unidad Ejecutora Nacional Temporaria Para la Ejecución de la Sentencia (UENT), a fin de “articular con los organismos del Estado nacional, provincial y municipal la ejecución de iniciativas conjuntas para dar cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por el fallo”.

Desde 2021 la coordinación de Lhaka Honhat está a cargo de Sara Cristina Pérez, hija de Francisco Pérez, iniciador del reclamo (fallecido en junio 2021 por Covid-19).

La UENT se desarmó en 2023 y las actividades de ejecución de las medidas de reparación fueron suspendidas. En la nueva gestión del gobierno nacional la dependencia de los derechos indígenas pasó de la Secretaría de Derechos Humanos a Ministerio del Interior y, dentro de éste, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pasó a ser Sub-Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI).

Cumplimiento y supervisión

La CIDH resolvió mantener la supervisión de cumplimiento debido a las medidas pendientes de acatamiento y le otorgó nuevo plazo al Estado hasta el 4 de septiembre 2023 para que informe sobre las medidas recomendadas: delimitación, demarcación y titulación del territorio; además de abstenerse de realizar obras o emprendimientos sobre el territorio sin consulta previa libre informada; traslado de la población criolla, remover alambrados y ganado de los criollos, el estudio que identifique situaciones críticas de falta de agua, alimentación sana; evitar la pérdida de recursos forestales; adoptar medidas legislativas necesarias para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria; y publicación de la sentencia.

El 6 de abril de 2026 venció el plazo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 30 de abril, luego de un encuentro de trabajo en Salta entre la SAI, UEP, Lhaka Honhat y CELS, el Estado envió su informe pendiente desde septiembre 2023. El 14 de mayo, La CIDH convocó a Lhaka Honhat y CELS a una audiencia privada de supervisión para que presenten su respuesta al informe del Estado.

Situación actual

• Delimitación, demarcación y titulación del territorio. Avance lento por falta de recursos, vehículos y combustible para el trabajo en terreno.
• Traslado de la población criolla y su ganado. Falta acordar con las comunidades la relocalización de algunas.
• Sobre nuevas carpetas de peticionantes criollos, intrusiones de terceros y procesos judiciales por usurpación: no existe información confiable.
• Alambrados y ganado. En zona norte del territorio se relevaron 45 nuevos alambrados instalados después de la sentencia. El Estado no entrega información.
• Seguridad jurídica del derecho de propiedad comunitaria. No hay información sobre medidas legislativas o de otra índole. Preocupa la eliminación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas y la derogación de la Ley 26.160 (de Emergencia Territorial Indígena).
• Medio ambiente sano, alimentación y agua segura: ausencia absoluta de acciones para mejorar la vida de las comunidades.
• Trabajo en terreno: se paralizó porque hace tres meses que el Estado no paga a los técnicos. Se pone en riesgo los acuerdos realizados.

Al cabo de los años transcurridos —desde 1984 cuando se formalizó el reclamo del título único a nombre de todas las comunidades de los cinco pueblos que componen la Lhaka Honhat, las que hoy existen y las nuevas que se vayan formando—, tras la sentencia condenatoria por la violación de los derechos indígenas, luego de numerosas reuniones de diálogo entre indígenas y criollos, y vencido el plazo de cumplimiento de la sentencia, sólo resta que se cumpla con lo acordado, se provean los recursos económicos necesarios para el trabajo final y se reparen los daños ocasionados por la violación del debido reconocimiento a la pre-existencia étnica y cultural que establece la Constitución Nacional de Argentina.

*Edición: Darío Aranda.