OPINIÓN

Por Cintia Balaudo y Gretel Falkenmeyer*

Momentos antes de ser suspendido como juez (por estar involucrado en dos casos de corrupción y coimas), el magistrado federal Gastón Salmain dictó sentencia definitiva en la causa caratulada “Centro de Protección a la Naturaleza y Otros c/ Estado Nacional, Poder Ejecutivo”. Fue el 5 de junio y la denuncia había sido iniciada por organizaciones ambientalistas que buscaban proteger la integridad del río Paraná frente a la nueva licitación de la Vía Navegable Troncal conocida popularmente como Hidrovía Paraná-Paraguay, un sistema navegable de más de 3.000 kilómetros por el cuál transita alrededor del 80 por ciento de las exportaciones de nuestro país.

El entonces juez a cargo se expidió rechazando la acción de amparo colectivo cuyo fin era concretamente que el Poder Judicial ordene suspender la ejecución del Decreto 709/24 (que habilita la licitación) hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental estratégica y acumulativa sobre la cuenca del río Paraná con la debida instancia de participación ciudadana y declare la inconstitucionalidad del Decreto 699/24 (que declara servicio público al dragado y designa a la Subsecretaría de Puertos como autoridad de aplicación).

El mismo día en el que se dio a conocer la resolución judicial, el Estado Nacional dio publicidad a un dictamen emitido 48 horas antes en el que se otorgaba la preadjudicación de la licitación de la Vía Navegable Troncal en favor de la empresa belga Jan de Nul (asociada con la empresa argentina Servimagnus) por resultar la oferta más conveniente en términos técnicos y económicos.

Al no presentarse ninguna impugnación formal en el período legal de siete días, se produjo la adjudicación definitiva. De esta forma, se materializó la privatización más importante del gobierno de Javier Milei hasta el momento debido a la relevancia económica y geopolítica que posee la Vía, pero también se selló el futuro del río Paraná y de las miles de vidas que de él dependen.

Jan de Nul, licitación a medida y violación de derechos

El proceso de licitación se dio en un contexto plagado de polémicas. En dos oportunidades intervino la Procuraduría de Investigaciones Administrativas advirtiendo acerca de irregularidades graves concernientes a todo el proceso licitatorio, entre las que destacamos la falta de realización de una evaluación de impacto ambiental. Pero allí no terminó la polémica con este proceso: en mayo de este año se presentó una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py alegando un direccionamiento de los pliegos a favor de Jan de Nul, ya que habría sido la única empresa con la infraestructura necesaria para cumplir de forma inmediata con las condiciones de los pliegos.

A pesar de los esfuerzos realizados por diversos actores, la complicidad del Poder Judicial con el político y empresario volvió a triunfar y Jan de Nul se convirtió (nuevamente) en la gran ganadora en la privatización del río Paraná, siendo dueña y señora de su concesión por los próximos 25 años.

Decimos nuevamente porque la empresa belga no es un actor novedoso en la escena. Durante 25 años fue una de las empresas integrantes del consorcio que manejó los 1.400 kilómetros de hidrovía argentina.

La empresa Jan de Nul desembarcó en nuestros ríos en el año 1995, momento en el que el gobierno de Carlos Menem decidió privatizar la Vía Navegable Troncal. Se le adjudicaron tareas de dragado del río Paraná a Hidrovía S.A., un consorcio compuesto por Jan de Nul y Emepa, empresa Argentina. Esta primera concesión había sido prevista para durar diez años, pero terminó extendiéndose hasta el 2021, momento en el que el gobierno de Alberto Fernández hizo una estatización transitoria mediante el Decreto 427/2021 otorgando la administración de la vía a la Administración General de Puertos. A pesar de esto, Jan de Nul fue subcontratada por el Estado para continuar con tareas de dragado y mantenimiento. Finalmente, con la llegada de Javier Milei al gobierno, se dispuso la realización de una nueva licitación en pos de que la Vía Navegable vuelva a ser privatizada.

La empresa belga que está presente en más de 150 países y tiene más de 9.000 empleados a nivel global, hace tres décadas que tiene el control total no solo del río Paraná sino de otros importantes puertos del país en los que realiza tareas de dragado y mantenimiento, obteniendo ganancias exorbitantes que solo se verán incrementadas por la nueva concesión. Con el nuevo contrato se modifica el esquema de obra pública anterior y Jan de Nul pasa a percibir directamente los ingresos provenientes del costo de peaje a las embarcaciones. Además, se conoció que la empresa busca sumar otras vías de navegación estratégicas a su operatoria, como el Canal Martín García.

La adjudicación de la Vía Navegable Troncal no representa solo el cierre de un proceso licitatorio plagado de polémicas e irregularidades, sino que consolida un modelo de desarrollo en el que se priorizan los intereses económicos por encima de la protección del ambiente, la participación ciudadana y la soberanía sobre un recurso estratégico.

Las decisiones adoptadas por el gobierno de Javier Milei profundizan el modelo agroexportador extractivista y conducen a una total extranjerización del comercio fluvial de Argentina, lo que permitirá que capitales extranjeros continúen enriqueciéndose mediante el aprovechamiento de nuestros recursos y condicionará el futuro del río y de la vida de generaciones durante los próximos 25 años.

*Integrantes de la Asociación Civil Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad.