Por Nahuel Lag

“No hay fundamentos científicos que avalen la derogación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. No hay respaldo que lo justifique, toda la evidencia da cuenta de que lo que se necesita es profundizar en este tipo de políticas y no desmantelarlas”, asegura Andrea Graciano, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) de la Escuela de Nutrición de la UBA. La Red Calisas, que reúne 60 grupos académicos en el país, es una de las firmantes de la declaración que más de 300 organizaciones médicas, académicas y profesionales de la salud publicaron en contra del proyecto de ley presentado por el gobierno nacional para derogar de forma íntegra la norma que popularmente se conoce como “Ley de Etiquetado Frontal”. 

Al contrario de los argumentos utilizados por el oficialismo, la aplicación de la norma ha demostrado generar nuevos hábitos saludables en la población argentina —a pesar de las modificaciones aplicadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat)—, la falta de control estatal y las demoras en la aplicación integral de la norma en las jurisdicciones provinciales.

El repudio de las organizaciones profesionales fue inmediato y también el recuerdo de que el objetivo de la Ley 27.642 es “garantizar el derecho a la salud, a la alimentación adecuada e información de toda la población y promover la prevención de la malnutrición y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles”, una mirada centrada en la salud, que está ausente en los fundamentos del proyecto oficialista presentado en la Cámara de Diputados por Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) y Daiana Fernández Molero (PRO). 

De un perfil de nutrientes a un perfil de negocios 

El texto para derogar la normativa —aprobada por 64 votos a favor y tres en contra en el Senado; y un año de debate después, sancionada en Diputados por 200 votos a favor y 22 en contra— cuenta con solo tres artículos: el que insta a eliminarla, otro que solicita a las provincias que hagan lo mismo en sus legislaturas y solicitar el Poder Ejecutivo retomar las negociaciones en el Mercosur para “un reglamento técnico regional unificado que regule el etiquetado nutricional frontal de manera armonizada”. 

El oficialismo centra su argumento en esa mirada comercial y apunta que el uso de octógonos constituye “un obstáculo al comercio y a la inversión” por la existencia de cuatro sistemas de etiquetado distintos —con perfiles nutricionales, umbrales y símbolos diferentes en cada país— en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile. El argumento es que utilizan perfiles nutricionales con umbrales fijos, definidos en valores absolutos de cada nutriente por cada cien gramos de producto; algo por lo que el lobby de las industrias alimentarias ya peleó durante el debate en el Congreso. 

La legislación argentina, por ser la última sancionada en la región, pudo recoger la evidencia científica y, en particular, la experiencia ocurrida en Chile, primer país en aplicar los octógonos negros. El estándar que el gobierno nacional busca voltear con la derogación está basado en un desarrollo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicado en 2016, a partir del estudio de caso de Chile, que cuenta con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el consumo de nutrientes, la misma de la que la gestión de Milei se retiró el 17 de marzo de este año. 

El “perfil de nutrientes” de la OPS contempla la relación a la ingesta diaria de nutrientes críticos —azúcar, sodio, grasas—, a partir de múltiples investigaciones sobre los niveles de ingesta que producen morbilidad por mala alimentación. El perfil se ajusta a las necesidades energéticas de las personas y no a una cantidad fija, por ejemplo, que no más del diez por ciento de la energía diaria de cualquier persona pueda provenir del azúcar. A partir de esa perfil se define qué productos llevan el sello octogonal negro sobre “exceso” en uno o más nutrientes críticos, pero el argumento que el proyecto de ley repite del debate ya saldado en 2021 es que “el 85 por ciento llevaba al menos un sello de advertencia” y dicen “cuando casi todo lleva sello, el sello deja de advertir”. 

La coordinadora de la Calisa-UBA destaca que el objetivo del perfil es “brindar la información sobre los productos envasados en ausencia del consumidor” y promocionar el consumo de “alimentos reales” y no ultraprocesados para avanzar en opciones más saludables de nutrición. “El modelo de perfil de la OPS no alcanza a los elementos naturales mínimamente procesados. O sea, hay un montón de alimentos reales que nunca van a llevar sellos: frutas, verduras, granos, legumbres, leche, huevos. No llevan ni nunca van a llevar etiquetado”, contrapone.  

A contramano de las críticas oficialistas, el estudio “Mejores prácticas de etiquetado frontal de productos alimentarios en la Región de las Américas”, publicado por la OPS este año, que evaluó las políticas implementadas en ocho países de la región, ubicó a la Argentina en el mejor lugar, ya que se alineó con las mejores prácticas para la aplicación de 10 de 11 aspectos evaluados, agrupados en las categorías diseño gráfico, criterios y prohibiciones. Detrás de Argentina se ubicaron Colombia y México. En tanto, los países del Mercosur analizados fueron Brasil y Uruguay, y obtuvieron las peores calificaciones, a excepción de Ecuador. 

“El marco normativo argentino tiene la capacidad de captar a la casi totalidad de los productos ultraprocesados. Ese modelo está hecho por expertos internacionales y es el mejor estándar que existe”, sentencia Graciano. Por otra parte, sobre el argumento del obstáculo al comercio regional, Graciano recuerda: “Cuando un país exporta alimentos está obligado a cumplir con el marco normativo del país que lo importa. Durante el debate de la ley, mientras la industria alimentaria se resistía diciendo que no iba a poder comercializar, en realidad ya estaban exportando sus productos a países donde el etiquetado era obligatorio como Perú y Chile. Es necesario priorizar la salud pública por encima de los intereses comerciales”.

La información es salud 

El otro argumento utilizado en el proyecto oficialista sostiene que el sistema de octógonos, a cuatro años y medio de su aplicación, brinda "información confusa" a la población. La evidencia frente a ese argumento es nutrida y cuenta con informes del propio Ministerio de Salud, a pesar de que el actual ministro Mario Lugones haya firmado el proyecto de derogación.

 “Los estudios marcan que nueve de cada diez personas valoran la presencia de los sellos en envases, más del 40 por ciento transformaron sus decisiones de compra e incluso precisan cómo disminuyó la compra de galletitas dulces, uno de los ultraprocesados más consumidos", indica Graciano. 

Uno de los estudios destacados fue realizado por el Ministerio de Salud, en agosto y septiembre de 2023, relevó la opinión pública de mayores de 18 años en centros urbanos del país sobre la implementación de la Ley 27.642. Ese informe evidenció que el 90 por ciento de la población refirió conocer la normativa, mientras que el 43 por ciento de la población refirió tener en cuenta los sellos a la hora de compra y, de esas personas, el 58 por ciento señaló haber modificado su intención de compra para galletitas dulces y el 57 por ciento  para bebidas con nutrientes críticos.  

Un contrapunto que marcó aquel estudio de opinión pública fue que el 65 por ciento aún desconocía la obligatoriedad de la aplicación de los sellos, mientras que el 81 por ciento desconocía la prohibición de publicidad destinada a niños, niñas y adolescentes. De la misma forma, el 82 por ciento no estaba al tanto de la prohibición de venta de productos alcanzados por la normativa dentro de las escuelas, denominado “entornos escolares”, que indica la prohibición de mostrar publicidades y vender productos con sellos en el ámbito escolar.   

“La norma entró en plena vigencia a fines de 2023, pero ya en 2022, en el marco del Consejo Federal de Educación, hubo una resolución que aclaraba hay aspectos que la ley regula que son de orden nacional, como por ejemplo el etiquetado, pero otros deben avanzar a nivel jurisdiccional, y eso afectó la aplicación de los entornos escolares, por lo que ha habido avances muy desiguales”, explica Graciano. En ese sentido, la organización Fundeps lanzó un Mapa normativo, en el que analiza la aplicación de la norma en cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, sobre cinco ejes, y concluye que a nivel nacional la aplicación de a norma está en un 66 por ciento. 

Otros estudios que demostraron el impacto positivo de la información ofrecida por el sistema de sellos para los cambios de hábito hacia la alimentación saludable fueron realizados por la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) y Unicef. En esos estudios de valoración, realizados entre personas adultas con niños a cargo, se concluyó que el 90 por ciento de la población del estudio de Unicef y FIC se encontraban de acuerdo con la implementación de sellos para tomar decisiones informadas y el mismo porcentaje asegura que el etiquetado frontal de alimentos “resulta claro y comprensible”. 

Además, el informe señaló que el sistema de etiquetado produce mayor impacto o sorpresa en aquellos productos que, hasta el momento, eran considerados como saludables y que más de la mitad de la población afirmó haber modificado su intención de compra de bebidas (63 por ciento), yogur (62 por ciento) y galletitas (50 por ciento). 

Un estudio más reciente, “Hábitos de consumo y percepción sobre la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable”, publicado por la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), en noviembre de 2025, confirma las percepciones e impactos positivos en la sociedad. El nivel de conocimiento en los sellos ya llegaba al 96 por ciento y la influencia de las advertencias a la hora de decidir qué alimentos consumir ya alcanzaba al 65 por ciento de los encuestados, mientras que el 80 por ciento afirmaba que los octógonos y leyendas permitían hacer elecciones sanas. De esas personas, el 56 por ciento declaró que realizó cambios en sus elecciones desde la aparición de los octógonos.

El informe, al ser publicado en noviembre de de 2025, permitió evaluar la percepción de la sociedad respecto de los cambios que la gestión de Javier Milei introdujo a la aplicación de la ley, a través de las disposiciones 11.362 y 11.378 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), el 26 de diciembre de 2024. Esa disposiciones marcaron cuatro cambios claves: 

• Ordenó evaluar solamente los excesos de nutrientes críticos agregados, sin considerar los que se encuentran de forma natural en el producto, por lo que productos que excedan los límites establecidos en la ley pueden no tener sellos de advertencia. 
• Permitió a las marcas incorporar leyendas de información complementaria como “Bajo en calorías” o “0% grasas”, algo prohibido por la ley original cuando el producto tenía el sello por otro ingrediente crítico.
• Exceptuó a las marcas de la aplicación de la leyenda “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”, si es que su función no es la endulzar la bebida. Otras funciones en la industria son para humectar, como en barritas de cereal o productos de panadería. 
• Redujo de la edad de protección contra la publicidad, promoción y patrocinio de productos con sellos, estableciendo nuevos rangos etáreos para considerar niños, niñas y adolescentes. 

El estudio de Fagran, al consultar por esos cambios, encontró un rechazo a la flexibilización de las regulaciones a las publicidades dirigidas a menores de edad y una evaluación tajante respecto de que los cambios tenían como ganadores a las grandes empresas alimenticias, en un 63 por ciento de los casos. A contramano del intento de derogar la norma, el estudio de Fagran concluyó que “una amplia mayoría de las personas encuestadas valoran positivamente la intervención del Estado para salvaguardar la salud de los ciudadanos, mientras que sólo una minoría asume posturas anti-regulatorias”. 

Priorizar a la salud, no al marketing

Aunque el proyecto de ley presentado por el oficialismo invierte el objetivo de la norma, el principal objetivo de adoptar las recomendaciones internacionales sobre etiquetado frontal fue el combate a las Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT) —como las cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer—, que son la principal causa de muerte en América Latina y que, en Argentina, provocan 140 mil muertes al año, según la OPS. Esas enfermedades están estrechamente vinculadas a dietas poco saludables y al consumo elevado de productos ultraprocesados y procesados. 

En el Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassaa) 2025, realizado por la Red Calisas, una de las dimensiones de análisis es “Consumo de alimentos y Derecho a la alimentación adecuada”. En el análisis hecho por Graciano — junto a María Bosco, Maribel Coseano y Gloria Sammartino— se indica que “Argentina atraviesa una crisis alimentaria profunda” en la que más de la mitad de las niñas y niños de 6 a 23 meses consume de forma diaria bebidas azucaradas (55 por ciento) y alimentos no saludables (54 por ciento), mientras un 16 por ciento no ingirió ni frutas ni verduras, revelando entornos alimentarios que promueven malnutrición desde edades tempranas.

—De lo que no hablan los argumentos del proyecto del Gobierno para derogar la Ley de Etiquetado es de la situación de malnutrición, sobrepeso y Enfermedades No Transmisibles que son el objetivo principal de esta ley. ¿Qué destacarías sobre esto?

Andrea Graciano:— En Argentina las enfermedades no transmisibles son la principal causa de enfermedad y muerte y, de hecho, cuando analizamos el estado nutricional, distintas encuestas poblacionales dan cuenta de que si bien la malnutrición adopta múltiples formas, la forma más prevalente de malnutrición es la malnutrición por ese exceso (grasas saturadas, azúcares y sodio). Según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada en 2019, esta malnutrición afecta al 13 por ciento de niños y niñas menores de 5 años, al 41 por ciento de niños niñas adolescentes (entre 5 y 17 años), y a casi el 70 por ciento de personas adultas mayores de 18 años. 

—¿El Estado cuenta con datos poblacionales más actualizados para poder analizar qué impacto podría tener la eliminación de una política sanitaria como la Ley de Promoción de Alimentación Saludable?

—Lamentablemente no tenemos datos más actualizados que deberían haberse realizado. Por ejemplo, estaba previsto que se hiciera una cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, pero hasta la fecha eso no se realizó, a pesar de las promesas de este gobierno. Sin embargo, sí podemos afirmar que llegamos a la aprobación de esta ley en la búsqueda de contar con una política pública que pudiera abordar la malnutrición y, en particular, la forma más prevalente de malnutrición, teniendo en cuenta la evidencia científica libre de conflicto de interés y también capitalizando la experiencia de otros países de la región que habían avanzado con este tipo de marcos regulatorios. 

—El gobierno pone en agenda este proyecto de derogación, con argumentos similares a los que tenía la industria en 2021, para desoír las recomendaciones internacionales… 

—Los organismos internacionales recomiendan, frente a una situación como la que atraviesa nuestro país, implementar de manera obligatoria un etiquetado frontal de advertencia, regular las estrategias de marketing, la publicidad, promoción y patrocinio de productos comestibles ultraprocesados, proteger los entornos escolares e implementar políticas fiscales que graven con impuestos a los productos ultraprocesados. Nuestra ley de etiquetado frontal contiene tres de estas cuatro medidas. 

—Además de flexibilizar la normativa a través de las resoluciones de la ANMAT, ¿cómo limitó su aplicación el gobierno de Javier Milei?

—Hay muchísimos incumplimientos de todo tipo y como no se ha avanzado en sanciones hacia quienes están incumpliendo, la norma se debilita en su práctica. Por ejemplo, está prohibido por la ley el uso de avales, logos de sociedades científicas, médicas y nutricionales para productos que tienen sellos de advertencia. Ahora, con el boom del mundial vemos que muchos productos tienen el logo de la FIFA, algo que no puede hacerse.  El mensaje más importante es que es necesario priorizar la salud pública por encima de los intereses comerciales. Entonces, derogar la ley, implicaría un grave retroceso en materia sanitaria, este en materia política y también en materia democrática.