Por Nahuel Lag 

Salario mínimo, vital y móvil, y huelga. Esos dos conceptos, tan vapuleados en los últimos años en la Argentina, son la bandera del programa sindical y político de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de Argentina, coloquialmente denominadas “los Aceiteros”. Daniel Yofra es su secretario general desde 2013 y negocia salarios con tres de las cámaras más poderosas del país, las del complejo agroexportador, entre ellas, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), que representa alrededor del 50 por ciento de las exportaciones del país. Las negociaciones de los Aceiteros son la referencia de los salarios más altos del país, junto a los bancarios, pero Yofra descarta que sea posible solo por el poder económico de las empresas que se sientan al otro lado de la mesa paritaria sino de “entender que el salario no lo tiene que fijar el mercado sino las necesidades de los trabajadores y trabajadoras”. 

El gremio defiende esa posición en cada negociación. Confronta con los deseos de las cámaras y los techos salariales que cada gobierno nacional intentó (e intenta) imponer. El discurso oficial suele decir, vía Ministerio o Secretaría de Trabajo, que el aumento de salarios se traslada a la inflación por aumento de la demanda. En 2015, último año de gobierno de Cristina Kirchner, los Aceiteros mantuvieron un paro de 25 días; en el gobierno de Alberto Fernández fue de 21 días; y en el primer año de Javier Milei otro de una semana. En los tres casos el conflicto fue más con la imposición del Poder Ejecutivo que con la cámara empresaria. “No es que le hacemos paro a este Gobierno porque no es peronista. Peleamos con libertad sindical y libertad en las negociaciones, y peleamos contra un monstruo como es la agroindustria”, sostiene Yofra. Esa posición puso al gremio, y a Yofra en particular, bajo fuego progresista señalado por “hacerle el juego a la derecha” y bajo fuego de la derecha por “parar la producción”.

Yofra nació en Fighiera, una pequeña localidad de Santa Fe, al sur de Rosario y a orillas del río Paraná. Y conoce al “monstruo de la agroindustria” desde las entrañas. En los últimas tres décadas, con la política de privatización de los puertos del Paraná —iniciada en la dictadura cívico-militar y continuada durante el gobierno de Carlos Menem— desde el norte de Rosario (en Timbúes) hasta el sur (en localidades como General Lagos) se ubican los puertos de las grandes cerealeras multinacionales: ADM Agro, Cargill, Cofco, Bunge, Viterra y Louis Dreyfus Company (LDC). De esos puertos, por la denominada Hidrovía Paraná-Paraguay, sale el 80 por ciento de los granos y derivados que exporta el país a los mercados globales. 

En 1992, Yofra ingresó a trabajar en General Lagos a la entonces flamante planta aceitera de LDC, la cerealera de capitales franceses. Un año después fue elegido delegado. La experiencia sindical llegaba como herencia familiar: el cordón industrial hacia el sur de Rosario sigue hasta Villa Constitución, donde su padre llegó a ser secretario adjunto de la UOM en la década de los 60 y 70, y donde la última dictadura cívico-militar persiguió a otros delegados con desapariciones y muerte. 

La conciencia de que lo ocurrido en aquellos años aún repercute en la actualidad —desde las políticas neoliberales a los cuadros sindicales perdidos— y está presente en el discurso de Yofra con el acompañamiento de la federación a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. El secretario general de Aceiteros rescata los valores de aquellos años —“la militancia actual dentro de las fábricas no es la de los setenta, no somos los mismos dirigentes ni tampoco son los mismos trabajadores”—, y pone como un logro de los Aceiteros la “conciencia de clase”. “A pesar de que haya trabajadores que votaron a Milei o a Macri y antes pueden haber votado a Alberto o a Cristina, pero todos se movilizan y hacen huelga”, matiza.   

—¿Por qué cree que un trabajador que votó por un gobierno peronista también puede votar por un candidato liberal o de ultraderecha? 

—Porque son los trabajadores independientes que siempre hubo. Antes estaba muy identificado el peronismo y el radicalismo, tenían un voto cautivo, y eso cambió. Son los trabajadores que se dejan llevar por lo que escuchan en la tele, son los que no militan. Nosotros tratamos de revertir esa situación con presencia en los lugares de trabajo, realizando asambleas y reuniones. La conciencia de clase no es algo con lo que entrás a la fábrica. 

—¿La concientización de clase y recuperar la cercanía entre los trabajadores y quienes los representan es un antídoto contra el voto a la derecha?

—En el caso de la Federación, los trabajadores han demostrado siempre apoyar las decisiones, incluso con críticas. Por ejemplo, cuando hicimos el primer paro el año pasado, nuestros propios trabajadores nos decían: "¿Ya le van a hacer un paro a Milei que hace un mes que está en el Gobierno?" Mi respuesta era que, en solo un mes, Milei había hecho más cagadas para los trabajadores que ningún otro. Vino a hacerle la guerra a la clase trabajadora. Y la única defensa que tienen la clase trabajadora es la huelga. Los que hablan de "sentarse a dialogar" son los dirigentes sindicales que tienen un estado de comodidad que no lo tiene el trabajador. 

—¿Y desde los trabajadores qué significa tener la conciencia de clase para romper con esa quietud?

—La conciencia de clase para mí es cuando vos te das cuenta de que al que tenés enfrente, el capitalista y no el gerente de Recursos Humanos que viene a pelear para que no le saques más plata a los patrones, no le interesa si vos podés mandar a tu hijo a la escuela, si podés comer las cuatros comidas diarias, si te podés ir de vacaciones, si podés comprarte un auto, si podés tener una buena casa, una buena salud. El capitalista piensa que la plata es de ellos y te la da si él quiere. Con esa conciencia nosotros negociamos y no para fundir una empresa, porque ninguna empresa se va a fundir por salarios. En la Federación lo podemos demostrar con los desmotadores de algodón en Santiago del Estero, que trabajan en empresas que están lejos de tener la tecnología de las empresas aceiteras y no se funden con los salarios que negociamos. Ahí no hay más argumento de que las empresas se funden por salarios. Lo que no va a ocurrir es que a los patrones se les ablande el corazón, como decía Alberto Fernández. Hay que salir a luchar. 

—El primer paro que le hicieron a Milei fue en enero de 2024, convocado por la CGT, pero la decisión de la central obrera fue bajar el nivel de confrontación con el gobierno Milei… 

—La CGT hoy dice que "no hay motivo para hacer paro", pero el Gobierno flexibilizó la Ley de Contrato de Trabajo, despide a diestra y siniestra, abrió las importaciones mientras cierran un montón de Pymes. En Santa Fe cerraron 10.000 Pymes. Sin embargo, la CGT dice que no hay motivos para ir a la huelga... Ellos no tienen motivos porque están en un lugar de confort que no quieren dejar. 

—Marca que la lejanía entre los dirigentes y los trabajadores genera la falta de movilización, mientras que desde la derecha se critica la falta de democracia sindical y la cantidad de años que los secretarios generales se mantienen en sus cargos.  

—En la Federación tenemos un estatuto en el que votan todos los trabajadores y en el que pueden participar de una lista sin ser dirigentes. Pero en la CGT hay una coraza difícil de romper y no se piensa en una reforma del estatuto. Aceiteros no tiene la cantidad de congresales que tiene, por ejemplo, Empleados de Comercio, pero sí somos un sector con un impacto económico muy grande en el país. Sin embargo, ponemos solo cinco congresales para la elección de la conducción de la CGT, mientras que Comercio tiene 250. No puede seguir funcionando así. Si eso no se modifica vamos a seguir teniendo la dirigencia que tenemos en la actualidad, que se mezcla con el empresariado, que no van a los lugares de trabajo.  

—¿Plantearon hacia adentro de la CGT el debate de cambiar el estatuto para la elección de la conducción?

—No... si no podemos sacarle una huelga que es lo más importante... No quiero proponer algo para sacar a quienes conducen hoy la CGT, lo que quiero es que se salga a pelear por los trabajadores, por un salario. No puede ser que los jubilados sean la punta de lanza de la sociedad, que tengan que ir a la calle a defenderse solos cuando son el sector más débil, cuando ya pasaron toda una vida trabajando. La CGT podría rearmarse, podría convocar a un frente que se comprometa a ir a una huelga. Lo que más le molesta a este Gobierno son las huelgas, pero no un día de huelga, porque eso les da lugar a decir que no sirve para nada. Un día no sirve, pero si hacés un plan de lucha y planteás diez paros o un paro por mes, ¿cuál sería el problema? Si el Gobierno quiere redoblar la apuesta y venir por más. ¿Qué vamos a esperar? Cuando ya no tengamos más posibilidad de hacer huelgas van a ir por la caja de las obras sociales, por los aportes gremiales. Es muy estúpido pensar que, si no tocan eso, conviene no pelear por los salarios o por la seguridad en los lugares de trabajo. Hay un estancamiento de los dirigentes nacionales, tienen que dejar la CGT para aquellos que quieran pensar en todos los trabajadores. 

—Desde el Gobierno se habla mucho de la "batalla cultural". ¿La estigmatización de la huelga como herramienta, la idea de que toda la sociedad pierde cuando se hace un paro, es una victoria de la derecha?  

—Antes no se le paraba al peronismo, ahora no se le para a Milei. No es una cuestión de que La Libertad Avanza vino a asustar al movimiento obrero, sino que desnudó las debilidades que venimos teniendo hace años. Desde la Federación demostramos que el Poder Ejecutivo puso un tope de aumentos salariales al uno por ciento y no lo respetamos; nosotros sacamos un 20 por ciento. Es una lucha de muchos años, de hacer 25 días de huelga durante el kirchnerismo en 2015, 21 días de huelga durante el gobierno de Alberto Fernández y siete días de huelga a Milei. No es que le hacemos paro a este Gobierno porque no es peronista. Peleamos con libertad sindical y libertad en las negociaciones, y peleamos contra un monstruo como es la agroindustria. No conozco un paro hecho en democracia en el que el gobierno de turno haya dicho: "Tienen razón". De Alfonsín a esta parte nunca se le dio razón a los trabajadores para parar o movilizarse.

—¿Por qué todos los gobiernos mantienen esa postura? 

—Cuando son oposición están con los gremialistas haciendo paro, pero cuando son oficialismo dicen que es “desestabilizador”. Si nos ponemos a pensar en todas las estigmatizaciones que los sindicatos tuvieron en los 42 años de democracia, no haríamos nada. Es lo que le pasa a los que están en la CGT. Es el argumento de que nos van a acusar de desestabilizadores. ¿Y cuál es el problema? 

—Durante los gobiernos peronistas el problema suele sintetizarse en la idea de “hacerle el juego a la derecha”...

—¿Nosotros le hacemos le juego a la derecha? ¿Ellos no? Hicieron las cosas tan mal que le dieron la posibilidad de ganar las elecciones a un tipo que salió de un teatro rompiendo una piñata. No es por la huelga de aceiteros, ni por la huelga bancaria, es porque no supieron gobernar. En 2015, a los quince días de huelga, habíamos arreglado el aumento  con las patronales y Cristina dijo que no, porque no podía figurar un aumento por encima del 28 por ciento y nosotros habíamos cerrado en 36. Antes de ese acuerdo decían que yo estaba de acuerdo con las patronales para voltear al Gobierno. Como secretario general, lo que había hecho fue convocar a una huelga general que se había acordado en cada planta. No es que apretrás un botón y todos los trabajadores paran. Pensar que era algo personal era una locura. Para conseguir el aumento paramos diez días más. El techo para las negociaciones paritarias siempre existió. Así está el Salario Mínimo, Vital y Móvil que acuerda el Consejo del Salario…  

—El Salario Mínimo, Vital y Móvil negociado por las centrales sindicales con el Poder Ejecutivo está por debajo de la canasta básica, que marca la indigencia. Desde Aceiteros hablan del mismo concepto, pero consiguen los salarios más altos del mercado laboral… 

—Nosotros ganamos tres veces más que la media del país. ¿Y qué quieren? ¿Que vayamos para abajo? Lo primero que hay que entender es que el salario no lo tiene que fijar el mercado sino las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de este país. La tarea de los sindicatos es decirle a los trabajadores qué salario tienen que cobrar para cubrir esas necesidades. Es un derecho que está dentro de la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis de la Constitución. Con un salario los trabajadores deben tener garantizado: vivienda digna, salud, educación, alimentación adecuada, esparcimiento, transporte, vestimenta, previsión y vacaciones. Cada una de esas nueve necesidades tiene un valor. El Indec lo calculaba, el menemismo lo dejó de hacer, se retomó durante el kirchnerismo y luego se volvió a cortar. Desde la Federación hacemos una proyección con el respaldo del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) y luchamos por ese salario. No inventamos nada.  

 —El análisis que surge cuando Aceiteros y Bancarios logran esas negociaciones salariales es que negocian con empresas multinacionales con capacidad económica para pagar por encima del resto de los sectores…   

—Yo entré en 1992 a trabajar a Dreyfus y hasta 2004 fui un trabajador pobre. La dignidad de los trabajadores no es producto de que las empresas ganen más o ganen menos sino de la lucha que podés hacer. Si les pidieran los balances a las empresas de supermercados... ¿no podrían pagarles a sus trabajadores un salario como el de los aceiteros? Sí. ¿Qué implica? Que los empresarios ganen menos. Si no lo entendés como lucha de clases... El discurso, desde los medios de comunicación, está planteado a favor de los patrones, porque son los que tienen el capital, pero ese capital es fruto de la fuerza de trabajo. En la pandemia fuimos los trabajadores los que éramos esenciales y levantamos el país. Fueron los trabajadores los que se expusieron y murieron. A los trabajadores de nuestro país nos falta el atrevimiento de decir: "Si me muero yo, nos morimos todos". Si trabajás y sos pobre, si te jubilás y sos pobre, una mala vida tuviste... No queremos ser dueños de las empresas, queremos tener una vida digna.

Cuando Yofra ingresó a trabajar en la planta aceitera de Dreyfus en General Lagos, el gobierno de Carlos Menem, con la firma del decreto de desregulación de Domingo Cavallo, había disuelto la Junta Nacional de Granos. Cuatro años después, con Felipe Solá al mando de la Secretaría de Agricultura, la Argentina aprobaría la soja transgénica. El modelo agropecuario de agrotóxicos, pools de siembra y actores financieros venía a cambiar el juego. “En el 92 no tenía mucho conocimiento ni creo que ningún trabajador en aquel momento lo haya tenido. Uno buscaba un trabajo para dejar de ser pobre. Cuando a vos no te alcanza la plata no pensás en las multinacionales ni en el cierre de la Junta Nacional de Granos”, repone Yofra, que mantiene fresco el recuerdo de los despidos en el cordón industrial del sur santafecino y norte bonaerense que llenó esas localidades de kioscos y remises.   

Dreyfus fue una de las primeras cerealeras en instalarse al sur de Rosario, abriendo un nuevo polo al otro extremo de los puertos de San Lorenzo y General San Martín. En agosto de 1992 la multinacional de origen francés abrió su planta aceitera, sin dejar su lugar privilegiado en la exportación de cereales y oleaginosas —negocio que en este agosto se tradujo en lobby en el Congreso para sostener el decreto 340/2025—. La puesta en marcha fue con una molienda de 1800 toneladas, seis años después la molienda era 12.000 toneladas, por lo que en 1998 LDC abrió una nueva planta. 

En los inicios, Yofra recuerda que en la planta aceitera eran cuatro trabajadores por turno dedicados a la producción de aceite, un arsenal de trabajadores bajo contrato y otros tantos bajo el convenio de Comercio, una ventaja del menemismo que permitía a las empresas elegir los convenios laborales de sus trabajadores. “Cuando entré en el 92 no había sindicato. Se creo recién a un año de haber entrado por quilombos que hacíamos nosotros clandestinamente”, repasa de sus primeras armas como delegado aceitero.

También recuerda los cortes de ruta protagonizados por aquellos años por la Federación Rural conducida por Eduardo Buzzi —una década después se sentaría a la Mesa de Enlace con al Sociedad Rural— y cómo eran acompañada por los chacareros locales, mientras surgía el grupo de Mujeres Agropecuarias en Lucha, que peleaban para evitar el remate de sus campos. “Tenía un amigo que tenía un campo de cien hectáreas al que acompañaba a los cortes con un rastrojero. Hoy no le entran las 4x4 en la casa y putea por las retenciones”, hace un repaso rápido del boom sojero. 

—¿Hay una reacción distinta desde los medios de comunicación ante un lockout de la Mesa de Enlace que ante una huelga de trabajadores?

—El tercer día de paro durante el primer año de Milei me llamaron de Cadena 3 para decirme si nosotros no íbamos a desabastecer al país. ‘Más daño del que le causó la Mesa de Enlace al país no podemos causar, nos faltan 97 días’, le respondí. ¿No se acuerdan de cuando tiraban la leche en la zanja, con la cantidad de pibes sin comida? Cuando no hay aceite en las góndolas tampoco es por un paro nuestro, sino que es porque las empresas especulan con el aumento de precios. Algunos chacareros de la zona nos acusan: ‘Ustedes van a lograr que Dreyfus se vaya’, nos dicen. No se van a ir por los salarios. Es como La Forestal, hace cien años, se van cuando ya no tienen más negocio.  

Pasaron los años, Dreyfus exportaba cinco millones de toneladas en cereales, porotos de soja y subproductos, pero los trabajadores aceiteros que representaba Yofra en la planta de General Lagos continuaban con salarios bajos. Fue recién en 2004, cuando logró participar como delegado paritario en la primera discusión salarial por empresa y consiguió un aumento salarial. 

Hubo algo puesto sobre la mesa que Yofra califica como “un trampolín” para destrabar la negociación: denunciaron la creación "Urugrain", una empresa cáscara de Dreyfus, creada en 2000 en suelo uruguayo, para eludir el pago de impuestos. Según la investigación “Cruzar fronteras para cosechar ganancias”, la primera de una larga lista de empresas cáscaras creadas por las cerealeras multinacionales y nacionales entre 2000 y 2018. Todas, de las extranjeras a las locales como Molinos o Aceitera General Deheza, son parte de la mesa de negociaciones salariales de Aceiteros. 

"Mandamos a investigar cómo era la empresa (Dreyfus) porque la cantidad de soja que exportaban desde Uruguay era mayor a la superficie de tierras para cultivo que tenían en todo el país vecino. Los barcos nunca llegaban al puerto de Uruguay, solo se simulaba la venta intraempresa para pagar menos impuestos en Argentina”, repasa Yofra la operación denunciada. El primer año en que el gremio denunció la triangulación en el Ministerio de Trabajo estaba a cargo de Carlos Tomada. 

Yofra reitera la denuncia y apunta que el titular de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras, continúa maquillándola. Afirma que esas estrategias de elusión fiscal siguen en marcha, como la denunció el MATE en el informe “El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios”. “El país podría haber recaudado muchísima más plata con el control de las exportaciones. Nosotros la denuncia por la triangulación la hicimos en 2004 y recién en 2011, tras el conflicto con el campo, la levantó el gobierno de Cristina Kirchner", recuerda el titular de Aceiteros, pero “no hay mucho control porque es un sector que le aporta al Estado el 45 por ciento del total de los derechos de exportación”. 

—Desde Aceiteros siguen denunciando las triangulaciones que realizan las empresas exportadoras del agronegocio… 

—Cada vez que se traba la discusión salarial, le planteamos al Estado que si le pidieran los balances a las empresas se darían cuenta de que podrían aportar mucho más de lo que están haciendo hoy. Se darían cuenta de que de los puertos de la Argentina salen muchos más cereales o subproductos de soja de que lo declaran. Si tienen su propia aduana, ¿quién los va a controlar? Aceitera General Deheza tiene su propia aduana en Córdoba, ¿quién lo va a controlar? La Junta Nacional de Granos no la puso el kirchnerismo, este Gobierno menos la va a poner. 

—¿Qué posicionamiento tienen como Federación sobre el modelo del agronegocio: las retenciones, la hidrovía, el modelo que vende a Argentina como supermercado del mundo, pero acá el 50 por ciento de los pibes pasa hambre?

—Para empezar a hablar de soberanía tenemos que empezar a hablar de salarios. El principio de la distribución de las riquezas es el salario. Si nosotros que trabajamos no tenemos buenos salarios —que generen consumo, producción y más trabajo—, es muy difícil empezar a hablar de otros temas, aunque no digo que sean menos importantes. Cuando vos no tenés un buen salario y no cumplís con las nueve necesidades, no pensás en otra cosa. Solo pensás en cómo comprarle las zapatillas o un remedio a tu hijo a fin de mes. 

—Pero qué rol debe cumplir el Estado ante un sector tan determinante en la economía… 

—El Estado tiene que ejercer su rol de control para ver por dónde se le fuga tanta plata. No solo en lo financiero sino en la propia producción. Las grandes empresas agroindustriales se fugan el dinero legalmente, con la triangulación, con la soja en negro. Estamos empezando a construir un programa desde la Federación para proponérselo al resto de la clase trabajadora. Lo construimos desde la necesidad de nuestros trabajadores: política salarial, de seguridad industrial, de eliminación del sistema contratista, de eliminar el trabajo en negro. En Santiago del Estero, durante las inspecciones de Trabajo, todavía hacen escapar por los campos a los trabajadores desmotadores que no están registrados. La política profunda que tenemos como sindicato es cómo reivindicar los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, incluso dentro del Estado, donde tienen contratos eternos y, cada año, no saben si van a seguir trabajando. Yo estoy enfocado en eso, no quiero hablar de algo imposible para no hablar de algo importante. 

—Respecto a la estatización de Vicentin. ¿Fue una oportunidad perdida? 

—Ese día estaba escuchando la radio y anuncian el decreto de intervención de Vicentin. Y dije… ‘Bueno, vino el mesías político que estábamos esperando, hay que prepararse para la revolución’. Me puse a imaginar todas las posibilidades que se iban a generar para el Estado al meterse dentro del negocio agroindustrial. ¿Por qué había tanta presión de las empresas del complejo cerealero? ¿Por qué salieron a plantear que el Estado no debe intervenir en lo privado? Pero sí quiere que el Estado se haga cargo de las deudas privadas, de las deudas que Vicentin tiene con el Banco Nación. Si el Estado intervenía, se iba a enterar de todos los manejos de triangulación que hacen las agroexportadoras. 

—La posición de la Federación fue de defensa a la intervención… 

—La Federación salió a defender esa posición porque significaba ganar soberanía, control sobre lo que exporta el país. Cuando una persona cualquiera pide un crédito a un banco, como Vicentin hizo con el Banco Nación, y no lo paga, le sacan la casa, por ejemplo. Pero resulta que a Vicentin no. Todavía hay 2000 trabajadores que, cada mes, no saben si van a seguir o no. El rol del Estado debe ser dar la garantía de la continuidad laboral de los trabajadores. El gobierno de Fernández después dio marcha atrás, anuló el decreto de intervención faltando una semana para que se venza, con el argumento de que había mucha presión de la sociedad. Pero nosotros hicimos una movilización mucho más grande que la que hicieron en Avellaneda (Santa Fe) los que estaban a favor de Vicentin. Los compañeros y la sociedad salieron en Reconquista y en Avellaneda a apoyar a los trabajadores y la intervención. Evidentemente hubo otras cosas que desconocemos, hubo una presión mediática y de los empresarios del sector. 

—¿Ustedes son parte de la causa judicial por la quiebra de Vicentin?  

—Sí, participamos. El Gobierno fue a intervenir a una empresa sin conocimiento de cómo funcionaba. Es un problema de todos los gobiernos no hablar con los trabajadores para saber cómo funcionan las empresas. En las últimas reuniones que tuvimos con Vicentin en la Secretaría de Trabajo planteamos que es muy difícil discutir con estafadores. Les dieron a los estafadores la posibilidad de revertir la situación y la empeoraron. No le pagaron a los trabajadores porque hubo cuatro ejecutivos, que estuvieron presos en el proceso de la causa, que se autodespidieron y se indemnizaron con miles de millones de pesos. ¿Cómo te juntás con un estafador a negociar? El Gobierno y las cámaras empresarias cuando mantienen en la mesa de negociaciones a esta empresa, apoyan a estafadores. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dice que no interviene porque no es comunista. La verdad es que no sabe qué hacer. Este año fue el peor año que pasaron los trabajadores.   

—¿El futuro político cómo lo ve? 

—Yo deseo que hayamos tocado fondo con el impresentable que tenemos de presidente, pero no lo sé. Capaz que los futuros candidatos a presidente sean los mismos que votaron leyes en contra de los trabajadores. La decisión de los legisladores que votaron normas para precarizar a los trabajadores se puede dar por tres razones: o nunca trabajaron bajo patrón o son patrones o los patrones los pusieron en un lugar de poder para que le voten a favor. Si el movimiento obrero no se empodera no vamos a poder torcer el brazo y obligar que se renueve la clase política para que no estén más en esos lugares de representación los que desprecian a los trabajadores. 

—¿Y qué caminos hay para empoderar a los trabajadores?

—Democracia sindical y obrera en las bases. Desempolvar las herramientas que nos dejaron las compañeras y compañeras que hoy no están y que, en muchos casos, han sido desaparecidos. Elecciones de delegados y delegadas en todas las fábricas, asambleas, elecciones, plenarios de delegados. Tenemos que reconstruir el sindicalismo para exigirle a la política resultados, porque no los vamos a obtener solo por respaldar a un partido para derrotar a otro. Tendrán que surgir nuevos dirigentes o lo harán los delegados con sus sindicatos y pelearán contra quienes tengan que pelear. 

—La Federación está dentro del armado del Frente Sindical y plantea un armado sindical independiente de la clase políticas. ¿Qué perspectiva tiene?

—En el interior del país hace muchos años hay más movilizaciones, más cantidad de trabajadores, una militancia sindical importante. Incluso en lugares como en Córdoba, donde Milei ganó con el 70 por ciento de los votos. La militancia más importante creo que es la de ATE, porque siempre movilizaron e hicieron huelga cuando lo tuvieron que hacer, y porque fueron los más castigados por este Gobierno. Hay 73.000 dirigentes sindicales en todo el país, en algún momento, va a surgir algo que haga que no dependamos de la CGT ni de los partidos políticos. Se está hablando de ‘hacer algo por los trabajadores’ sin pensar si gana o no el peronismo. Las organizaciones no se pueden quedar inmóviles por la CGT, hay que activar como hace Aceiteros, Bancarios, ATE o el Sutna (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino).  

—El Sutna es un gremio combativo, pero se lo señala como el sindicato de la "izquierda" y pareciera difícil la unidad con los peronistas... 

—En nuestro caso no evaluamos si está dentro del peronismo, el radicalismo o la izquierda sino si defiende o no a los trabajadores. El problema de un gremio como el Sutna o como Aceiteros, más allá de que en nuestro caso no militamos dentro de ningún partido, es que luchan por los trabajadores. Si sos un quilombero te tienen que eliminar. Hoy tenemos el Presidente diciendo que hay que salir a cazar zurdos. Pero no es contra los zurdos, es contra los que luchan. Por eso tenemos que ser más. La única manera es hacerle entender a las bases cuáles son sus derechos, porque los dirigentes nacionales no prestan atención.

—¿Cree que la relación entre la CGT y el Partido Justicialista termina siendo un limitante para la lucha de los trabajadores?

—Conozco organizaciones que lideran compañeros que militan dentro del partido y pelean. Han logrado la independencia del partido y también de la CGT. De lo que fue el peronismo y de lo que generó en el movimiento obrero no quedó nada. Me refiero a la gran mayoría, a nivel político y sindical, porque, por eso, hoy tenemos al 95 por ciento de los trabajadores registrados por debajo de la línea de la pobreza. Desde Aceiteros tuvimos que pelear contra el peronismo, tuvimos huelgas más extensas en esos gobiernos, porque piensan que la plata en el bolsillo del trabajador genera inflación y que vos no tenés derecho a pararle la fábrica a un empresario, pero no que hay cuatro o cinco vivos que manejan los precios y los levantan cuando quieren. El empresario ya sabés cómo piensa, pero es peor el que tiene que estar de tu lado y te tiene que decir 'seguí peleando' y no lo hace. El obstáculo que siempre tuvimos para pelear colectivamente fue la clase política y la burocracia sindical.