Por Nahuel Lag 

A seis años de que la empresa Vicentin se declarara en “estrés financiero”, y ahora con el Grupo Grassi a cargo del holding cerealero, un detallado análisis del derrotero judicial y político confirma la mayor concentración del sector agroexportador en la Argentina y con el agravante de tener a las transnacionales Cargill y Bunge como las reales operadoras del comercio exterior de la nombrada “Nueva Vicentin”. La complicidad política y judicial para beneficiar a ladrones de guante blanco.

En el anteúltimo día del 2025, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, entregó a Mariano Grassi el control de lo que denominó la “Nueva Vicentin”. En el nuevo directorio, que por años de proceso concursal siguieron ocupando los mismos que llevaron a la empresa a la concurso, Grassi está acompañado por su padre Hugo (director) y por Leandro Salvatierra (vicepresidente), integrante del estudio Salvatierra, Matos & Casanova, a cargo de la estrategia judicial que permitió imponerse en el cram down —como se denomina al sistema concursal través del cual acreedores o externos pueden presentar propuestas para quedarse con la firma consiguiendo más del 50 por ciento de los votos de los acreedores—. 

Se impuso ante la propuesta que habían presentado la agroexportadora de capitales franceses Louis Dreyfous junto a la argentina Molinos Agro (de la familia Pérez Companc, pero anclada en un paraíso fiscal). El grupo Grassi —integrado por Commodities SA y Grassi SA— era el segundo mayor acreedor del pasivo de 1500 millones de dólares que Vicentin Sociedad Anónima Industrial y Comercial (SAIC). 

Vicentin figuraba al tope del ranking de las empresas exportadoras de granos y derivados del país. Contaba con un holding de 30 unidades productivas instaladas a lo largo del Paraná y había obtenido préstamos por el Banco Nación por 300 millones de dólares en sus últimas semanas de operaciones. Esta operación implicaría un fraude al Estado, investigado por el juez federal Julián Ercolini y tiene entre sus imputados a los ex directivos de Vicentin y ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; y el ex vice, Lucas Llach. 

Los Grassi son una empresa familiar histórica de Santa Fe encargada de comercializar cereales y oleaginosas, con negocios también en el mercado financiero de granos, pero sin ninguna experiencia en el comercio exterior. El diputado por Santa Fe Carlos Del Frade recuerda el rol del flamante presidente de la Nueva Vicentin ante la comisión de seguimiento creada en la Cámara de Diputados provincial. “Como acreedor denunciaba y señalaba cómo los Vicentin estaban pagando voluntades, coimeando, a distintos acreedores para pagar en los plazos que ellos querían y con una quita del 20 por ciento de la deuda”, señala en diálogo con Tierra Viva y resalta: “La idea, entonces, también era la de una ‘Nueva Vicentín’. Es impactante el término porque es algo como de borrón y cuenta nueva”. 

El dato que alerta Del Frade es “la impunidad construida en esos seis años” para los directivos de la ex Vicentin y quiénes quedaron detrás de la propuesta de Grassi. Ese jugador clave en el proceso concursal fue Cargill —el gigante estadounidense del agronegocio—, el otro es Bunge —de origen belga, con largo historial en Argentina y radicada en un paraíso fiscal en Islas Bermudas—. Ambos con denuncias e investigaciones y multas en su contra por triangulaciones y elusión fiscal en el mercado de granos.  

“Salir al mundo a vender los productos de la Argentina no es un trabajo fácil. Nosotros vamos a apoyar en la comercialización y en el volumen”, explicó Fernando García Cozzi, CEO de Cargill, a fines de noviembre, cuando el respaldo a la propuesta de Grassi era pública y se acercaba el proceso de definición. 

El economista, veedor en el concurso preventivo de Vicentin hasta 2021 y coordinador del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), Sergio Arelovich, repone: “Cuando Vicentin entra en concurso pierde el mercado de compra de granos y de exportación, que significa el 92 por ciento de todo lo que vendía la empresa y la Aduana le prohibió seguir haciéndolo. Sus competidores se quedaron con el mercado que dejó. Se lo repartieron entre ellos. Entonces, no se podía esperar de las grandes empresas transnacionales ni de las locales una propuesta que pretende restaurar el papel que Vicentin jugaba en el mercado”. 

“¿Y por qué entró en juego Grassi? —señala el coordinador del MATE—. Las propuestas podían asociarse al uso de la capacidad instalada de Vicentin, cuya capacidad de molienda es del 20 por ciento de todo el complejo oleaginoso. Para eso tenía que aparecer un jugador externo a la exportación y ese fue el grupo Grassi”. 

La propuesta de Grassi, la oportunidad perdida, alivios y alertas

“Para poner en marcha la compañía y no dejar capacidad ociosa, nuestra mejor propuesta se la hicimos a productores, acopiadores y cooperativas: les dimos la posibilidad de recuperar el 100 por ciento en dólares de sus acreencias si nos vendían su producción durante diez años. Eso representa unos 400 millones de los 1500 millones de la quiebra de Vicentin”, explicó Grassi, en una entrevista radial, para defender su propuesta ganadora. 

El gran perdedor del proceso concursal fue el Estado nacional, explica Aerolovich, y precisa que la sindicatura avaló el 100 por ciento de la deuda para todos los acreedores, a excepción del Banco Nación, con una quita del 17 por ciento, y la AFIP —actual ARCA— con una quita del 50 por ciento. Otro jugador central entre los respaldos para la victoria de Grassi fue Esteban Nofal, dueño de Cima Investment, quien controla el 37 por ciento de la deuda verificada del concurso tras comprarla a los bancos extranjeros acreedores de Vicentin y convertirse en un accionista clave. 

La deuda la compró por el valor de 11 centavos por cada dólar de deuda, explica Arelovich, que señala que ese grupo de bancos reunidos en la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, aceptaron ese acuerdo porque ya habían recibido un seguro de caución por cerca del 70 por ciento de la deuda por parte de un grupo de firmas del grupo Vicentin radicadas en el exterior y que no fueron investigadas por Lorenzini, a pesar de las denuncias.

La Cooperativa Agrícola Ganadera Armstrong fue una de las acreedoras que apoyó la oferta de Grassi. En diciembre de 2019, la cooperativa de un centenar de socios productores de soja, trigo, maíz y sorgo, de entre 50 y 150 hectáreas, quedó con 2700 toneladas de soja sin cobrar. Para hacer frente a esa realidad estuvieron obligados a vender el molino harinero de la cooperativa. “Vicentin nos tumbó la posibilidad de crecer, nos costó un molino”, se sigue lamentando Silvio Antinori, integrante de la cooperativa y vicepresidente de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe). 

Antinori califica la de Vicentin como la mayor estafa en granos de la historia, considera a los años que le siguieron como “un calvario para la cooperativa” y, sobre la fallida intervención del presidente Alberto Fernández en 2020, la resume como “una derrota cultural” frente al poder económico-judicial-mediático.   

El vicepresidente de Fecofe se muestra conforme con la resolución del proceso concursal para el resguardo del capital cooperativo, pero durante 2020 fue una de las voces que respaldó la intervención estatal. “Alberto (Fernández) arrugó y los que salimos a respaldar esa posición quedamos colgados del pincel. Además de arrugar fue imprudente. No tendría que haber hablado de “expropiación”, generó el ‘Todos Somos Vicentin’, que fue el móvil del establishment del país. La intervención de Vicentin tendría que haber avanzando e iba a dar como resultado que el Estado tenga asientos dentro del directorio, porque la deuda la tenían que pagar. Podría haber funcionado una empresa público-privada en Vicentin”, afirma.

La promesa de Grassi es también poner en marcha todas las unidades del holding Vicentin. Esto incluye las históricas plantas de molienda y procesamiento de Avellaneda (norte santafecino), Ricardone (sur santafecino), la planta de procesamiento Renova, la procesadora de biodiesel, el frigorífico FRIAR —donde incluso prometió reactivar un feedlot para 35.000 cabezas—. Eso significa un alivio también para los trabajadores representados en la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara). 

“Están diciendo que salgan los camiones de Vicentín porque entró en cesación de pagos”, recuerda Leandro Monzón, secretario general de Reconquista de la Federación de Aceiteros y empleado de Vicentin Avellaneda, el mensaje que le leyó un compañero enviado por un camionero en las afueras de la planta de Ricardone aquel 4 de diciembre de 2019. “Fue un baldazo”, dice y lo que siguió fue ser “médicos generalistas y hasta psicólogos” de los compañeros ante las dudas por los puestos de trabajo. 

Con la llegada de Grassi y su iniciativa de visitar las plantas, Monzón se mantiene aliviado y atento: “Todavía está todo en veremos. La expectativa es alentadora porque él (Grassi) dice que quiere reactivar la empresa y trabajar. Un poco es tranquilidad porque se termina el proceso, pero también mantenernos en alerta para ver qué piensa para el futuro de la compañía”. 

Monzón vuelve sobre el tema de quién se quedará con el máximo negocio de la empresa: la exportación de granos. “Un acuerdo con Cargill y Bunge era algo que se esperaba, porque ninguna empresa sola podía volver a poner operativa a toda Vicentin. Nadie tiene el grano para trabajar solo todas las partes del holding”.

Nueva Vicentin, viejos socios y el comercio exterior en manos extranjeras

El proceso de cram down abrió una compulsa entre grandes jugadores del comercio internacional de granos y sus derivados, que en la Argentina representan cerca del 50 por ciento de los ingresos por exportaciones, pero es controlado por un puñado de empresas transnacionales (Cargill, Bunge, Dreyfus LDC, Cofco y ADM Agro) y, desde la caída de Vicentin, tres empresas nacionales (Aceitera General Deheza AGD, Molinos Agro y ACA). La propuesta de Dreyfous y Molinos no prosperó; no contemplaba el pago total de la deuda para todos los acreedores granarios, por ejemplo. De esa idea se mostró más cerca Bunge, que ahora (con Grassi en el directorio) será su socio inevitable.  

“Lo de Bunge es cantado, no puede no incluirse por los vínculos societarios que tenía con Vicentin”, explica Arelovich y señala el caso de Renova, la planta de molienda de soja y producción de biodiesel instalada en el puerto de Timbúes, como un caso emblemático de todo el entramado. Dos días antes de aquel 4 de diciembre en el que Daniel Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vice), Herman Roberto Vicentin (apoderado), Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan (directores) dijeron entrar en “estrés financiero”, Vicentin SAIC se desprendió de una parte de esa planta de punta. 

“Es una operación que entra en el terreno de la oscuridad y que el juez Lorenzini no investigó”, marca el ex veedor del concurso y explica: “El 2 de diciembre de 2019, Vicentin le vendió el 16,67 por ciento de la propiedad de Renova a su socia Glencore, que operaba bajo el nombre de Oleaginosa Moreno, y luego se fusionó bajo el dominio de Viterra. El porcentaje vendido era de Vicentin Paraguay (controlado por Vicentin SAIC) y el pago lo cobró Vicentin Uruguay, controlada por Vicentin Family Group”, describe el coordinador de el MATE sobre la ruta del dinero que no fue investigada. 

Cuando el juez Lorenzini abrió, finalmente, el cram down, el informe del nuevo directorio que puso al frente —tras mantener cinco años a los que fundieron la empresa— denunció que en 2025 todavía había firmas activas de la estructura de Vicentin SAIC en Uruguay y en Europa. “En estos seis años se construyó una gran impunidad. Están en libertad los delincuentes de guante blanco que inventaron esta crisis para hacer una fenomenal fuga de dinero, auspiciada por el gobierno de Mauricio Macri y en la que el gobierno de Fernández miró para otro lado”, denuncia el diputado Del Frade.    

De aquella oscura transacción resultó que la ex Vicentin SAIC se quedó con el 33 por ciento de la empresa —ahora en manos de Grassi— y Viterra con el 67 por ciento. Pero Viterra fue absorbida en junio de 2025 por Bunge, por lo que es la socia mayoritaria y flamante socia de la “Nueva Vicentin”. En el informe “El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios”, publicado por el MATE y la Fundación Friedrich Ebert, se describe el concentrado e integrado sector agroexportador en el que se comparten puertos y plantes procesadores entre las mismas ocho firmas, dominadas por las transnacionales.       

Arelovich apunta otro dato clave para comprender el peso que tendrán Bunge y Cargill en los granos que procese la “Nueva Vicentin”. “El 100 por ciento de las empresas locales y extranjeras tiene como clientes fuera del país a empresas que pertenecen al mismo grupo”, remarca. Este diseño legal y contable es una pieza clave de las triangulaciones que la Federación de Aceiteros denuncia en cada negociación paritaria y que el Estado pocas veces investiga.

El informe elaborado por el MATE señala, por ejemplo, que las empresas industriales —aquellas que producen harina, aceite y biodiesel— e importaron soja, por ejemplo de Paraguay, a través de sus empresas vinculadas (AGD, Bunge, Cargill, Cofco, LDC, Molinos Agro, Viterra y Vicentin) reexportaron un 78 por ciento de esa soja entre 2019 y 2022. “Estas importaciones no operaron para incrementar la industrialización doméstica sino como formas de minimizar la carga tributaria y exteriorizar divisas”, señala el informe. 

La multinacional Cargill, declarada socia de la “Nueva Vicentin” para hacerse cargo de la comercialización de los granos, tiene como controlante a Cargill International Trading SL, situada en España, cuya actividad principal es financiera. Además, controla a la financiera Proconsum y su comercializadora es Cargill Inc., radicada en Minneapolis (Estados Unidos). El informe de MATE muestra cómo a través del endeudamiento intrafirma, Cargill llegó a tener pasivos en moneda extranjera del 80 por ciento, préstamos que justifican el giro de dólares para evitar tributarlos en el país. 

En los balances contables de todas las empresas figuran distintas causas abiertas frente a problemas de fijación de precios de transferencia en operaciones realizadas por las firmas. En 2009, 2011 y 2012, la AFIP abrió investigaciones y suspendió operaciones de LDC Argentina, Bunge Argentina y Oleaginosa Morena por triangulaciones nocivas a través de paraísos fiscales y maniobras financieras en el exterior y por facturas apócrifas, en el caso de Bunge. Cargill tuvo investigaciones similares en otros años. En 2023, la Aduana investigó a AGD, Bunge, Cargill, Cofco, LDC, Molinos Agro y Viterra por sobrefacturación de importaciones.        

“Cuando conformamos la Comisión de Seguimiento del Caso Vicentin —recuerda Del Frade— marcamos el peligro que significa la extranjerización del comercio exterior de granos en la Argentina. Resultó ser una consecuencia de este proceso concursal que, por ahora, parece irreversible. Vamos a tener un costo para todo el pueblo argentino, porque significa que el mayor negocio del país está en manos extranjeras. Se extranjeriza la empresa más grande de exportación que tenía la Argentina hasta el 2019”. 

Antinori va un poco más atrás y propone pensar cómo desde el golpe de 1955, la agricultura como negocio y sus canales de comercialización se alejaron de los lazos solidarios del cooperativismo y del Estado como intermediario. “Trenes, Junta Nacional de Granos, Marina Mercante, YPF (que luego se recuperó), todo lo perdimos porque era del Estado y ‘estaba lleno de ñoquis’, el verso siempre es el mismo. Te dicen que el Estado no puede manejarlo y que tiene que venir un privado. Así perdimos todo”, cuestiona.

Sin embargo, mantiene una esperanza respecto de la construcción de la memoria colectiva en cuanto al caso Vicentin —cuya impunidad se construyó por lo que no se investigó, pero que aún puede en manos del juez Ercolini llegarse a una condena por la estafa al Banco Nación—. “El caso Vicentin tiene que servir para acordarse de qué lado estaban: quiénes fueron los estafadores, quiénes estaban en la conducción política, judicial y en los medios masivos. Estos momentos feos que nos hacen pasar, al consejo de la cooperativa, a las familias, a los pueblos, todo esto tiene que servir de algo. Es un ejemplo que no tenemos que olvidar, para que no vuelva a pasar”.  

Del Frade retoma y amplía la mirada a partir del acuerdo del gobierno de Javier Milei con Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano para "colaborar" con la Administración General de Puertos en tareas en el Río Paraná o la pendiente licitación y reprivatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay. “El gran drama de todo esto es la planificación de lo que se hace con la producción nacional. La economía estará pensada desde afuera y no desde adentro. Es el grado más brutal de dependencia y entrega”, denuncia. 

“Hubiese sido lindo que el gobierno nacional esté presente en el directorio de la Nueva Vicentin, porque son los dólares que entran al país, porque podría ver todos los chanchullos y triangulaciones de las empresas agroexportadoras. Pero estas empresas grandes empujaron mucho para que el gobierno no entrará. Ahora van a seguir manejando ellos, va a seguir el comercio exterior de granos manejado por ellos. Tenemos que estar preparados, como nos toca siempre a los aceiteros, dar la lucha”, convoca Monzón.

Edición: Darío Aranda