Por Javier Ortega*

Durante la pandemia, cuando el Estado argentino intervino en Vicentin, una empresa nacional que nos enteramos una mañana que estaba por caer en la bancarrota, desde el gobierno nacional se habló de que el involucramiento se debía a la salvaguarda de la "soberanía alimentaria". También de la necesidad de recuperar las cuantiosas sumas adeudadas al Banco Nación. No fue ni lo uno ni lo otro. Lo primero por error conceptual. Lo segundo por falta de voluntad política. 

Soberanía alimentaria es el derecho a satisfacer las necesidades de una población nacional: su nutrición, a través de una auto producción de alimentos,  y que la misma respete los saberes, preferencias y cultura de ese pueblo. No se aplicaría al caso de Vicentin, una exportadora de granos, harinas y aceites no para consumo interno, sino para la alimentación de porcinos, aves y vacunos de Asia y Europa. Sí. La Argentina nunca funcionó como el granero del mundo. Mucho menos ahora que solo aspira a ser el comedero del mundo.  

Soberanía monetaria es el derecho a satisfacer las necesidades de una población nacional, de contar con un medio de intercambio, de referencia de precio y acumulación de valor, representado por la moneda de un país.  Moneda cuyo destino debe ser controlado por el Estado, en orden a las necesidades de desarrollo de esa población, y no por especuladores en orden a su lucro. Esto último sí se aplicaría al caso Vicentin.

La potencia de nuestra moneda se apoya en la medida que sea aceptada como instrumento de pago. Algo que depende, entre otros factores, de la cantidad de divisas (dólares, yuanes, euros) que se dispone en la economía para cambiarla. Cuando un peso nominalmente vale mucho, pero no se cuenta con las divisas para cambiarlo si es necesario, nadie los aceptará y la moneda ya no sirve como medio de intercambio, referencia de precio ni mucho menos acumulación de valor.

Considerando que en Argentina de diez dólares que entran por comercio exterior, entre cuatro y cinco provienen de las exportaciones del complejo granario y oleaginoso y, siendo que Vicentin era una de las principales empresas de ese complejo, la importancia de la firma era estratégica para nuestra (macro) economía.  

Los que vivimos la improvisada experiencia de la intervención descubrimos, a poco de andarla, como opera eso del "consenso de los commodities". O, en otras palabras, el aceptar pasivamente que somos un país especializado en producir materia prima sin desarrollar tecnología para agregarle valor.

Para poder instrumentar este “consenso” de nuestras clases dirigentes hay que dejar que el Río Paraná sea una zona liberada. ¿Por qué? Porque allí operan media docena de trasnacionales que tienen el oligopolio del negocio exportador de granos. Y el Paraná es la vía fluvial por donde sale el 80 por ciento de las exportaciones agropecuarias. Sus puertos privatizados (Vicentin tiene dos de ellos) constituyen el complejo portuario fabril exportador agropecuario más grande del mundo. Incluso superando al de Nueva Orleans (Estados Unidos).

Durante los días de la intervención, la AFIP (ahora ARCA) no hablaba con el Banco Nación, principal acreedor de Vicentin. A su vez, el Banco Nación no hablaba mucho (digamos nada) con YPF y su división agro, candidato natural a tomar a su cargo las áreas de Vicentin, cuyo cierre era inminente. YPF tampoco hablaba con el tramado de bancos nacionales estafados por Vicentin. Los que tampoco armaron una entente que hablara con el gobierno de Santa Fe. Gobierno provincial que no hablaba mucho con el gobierno nacional. Y el gobierno nacional que no le habló a su procuración del tesoro para que priorice el tema.

Toda esta dispersión heterogénea y desconexión centrípeta sí tenía un punto central, y homogéneo, y concentrado: la falta de voluntad política de hacerse cargo del asunto. Por más encumbrado que fuera el funcionario de turno, decía que la cuestión Vicentin era de imposible control para el Estado y, que si se intentaba, todo sería a pérdida. Así, un día el Estado se retiró.

Estas líneas se escriben a más de un lustro del default de Vicentin. Un Vicentin que tiene hoy a todo su ex directorio privado procesado por estafa y a los directivos del Banco Nación de aquel entonces imputados por fraude contra la administración pública. ¿Qué paso con la compañía? Bien, a través de un mecanismo judicial de salvataje una empresa privada local de Santa Fe (Grupo Grassi) se hizo cargo de Vicentin. Con algunas alianzas con otras grandes empresas, sí. Pero la que hoy está a cargo es la firma santafesina. 

Lo que no pudo el Estado con todo su poder de imperio, con todos sus recursos, con todos sus ministerios y secretarías, con todas sus agencias descentralizadas, con todos sus bancos como el Nación, Bapro y el Bice, con todo su cuerpo de profesionales especialistas… sí pudo hacerlo una empresa local pequeña si la comparamos con los colosos trasnacionales de ADM, Bunge, Cargill, Dreyfuss y Cofco. Las grandes que dominan el mercado mundial de la exportación de granos.

¿Por qué se produjo esto? El Grupo Grassi tuvo la persistencia y la voluntad de la que el Estado careció desde el inicio del conflicto. Que de eso se trataba todo. De voluntad. 

En los procesos judiciales del presente se exhiben la venalidad de la conducta de quienes condujeron a Vicentin a su cesación de pagos y de los directivos de Banco Nación, que le seguían prestando plata con la expectativa de cobro equivalente al de un abuelo que le da unos pesos a su nieto. Mientras el Estado sigue en modo prescindencia en la cuestión. La razón estaba de su lado para intervenir. La fuerza para hacerlo era la suficiente. Pero no hubo voluntad. 

Estas notas no quieren dejarle al lector y lectora un sabor amargo. Sí se proponen a alentarlo ya que son el alegato con pruebas y lógica de que todo era cuestión de decisión. Cuando la orgía de endeudamiento con perversión en la que vivimos hoy en Argentina cese (lo que no será espontáneo sino que requerirá de nuestra acción coordinada) deberemos reconstruir lo arrasado sabiendo que el principal limitante que tenemos, como el caso Vicentin lo demostró, es la falta de voluntad de hacer.

*Doctor en derecho público y ex integrante del equipo de abogados en la intervención estatal a Vicentin.