Seis meses sin Juan Carlos “Cheta” González, campesino asesinado en Tucumán
marzo 15, 2021
Sección: Territorios
El productor tucumano fue acribillado por el policía retirado Carlos Flores, en el marco de un conflicto territorial. La familia señala irregularidades en el cumplimiento de la condena. Los derechos campesinos que el Poder Judicial no hace cumplir y el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra que el Congreso Nacional aún no debate.
Ilustración: Sebastián Damen

Por Mariángeles Guerrero

El martes 15 de septiembre de 2020 Juan Carlos «Cheta» González llevó, como cada mañana, sus animales al campo donde había nacido y crecido. De la escopeta del policía retirado Carlos Flores salieron las tres balas que terminaron con su vida. El tirador dijo que fue en defensa propia, pero «Don Cheta» (como se lo conocía) estaba desarmado y fue herido por la espalda mientras se iba en su caballo. Todo ocurrió en El Cevilar, comuna de El Bracho, departamento de Cruz Alta (Tucumán): en las mismas tierras que antaño pertenecieron a Juan José González y que sus herederos legítimos cultivaron toda la vida.

Ni la muerte ni el homicida son casos aislados. Carlos Flores, policía retirado de 76 años, tenía antecedentes penales por intentos de homicidio y robos. En la zona era conocido por amenazar a las familias campesinas para quedarse con sus tierras y alquilarlas a sojeros. Hace algunos años había comenzado a invadir la propiedad de la familia González.

Cheta vivía con Lidia, su esposa, y con Luis, uno de sus tres hijos. Integraba la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y su estado de salud era de cuidados permanentes: no veía con un ojo, tenía artrosis y hernia de disco, por eso recibía una pensión por discapacidad. El matrimonio criaba chanchos, gallinas, vacas, caballos y mulas. «Antes poníamos caña, pero como se desvalorizó el azúcar dejamos la caña para los animales. A veces poníamos sorgo. Pero ahora no podemos sembrar porque cuando es la época de siembra no llueve, y cuando llueve se llena de agua», le cuenta Lidia a Tierra Viva.

—¿Qué pasó ese día?
—Cheta se levantó y después de tomar mates se fue a cuidar a los animales. Me preguntó si yo iba a ir también, pero ese día no fui porque estaba descompuesta y en cama. Él salió como a las 9 de la mañana. Flores ya lo habría estado esperando. Mi nuera me llama después, ella trabaja en el hospital de El Bracho, y me dice que había un hombre tirado en el campo, que le había dicho una amiga, que parecía que era Cheta. Entonces mi hijo fue a ver y cuando llegó ya estaba la policía. Le dijeron que no podía pasar, que el matador ya se había ido a entregar a la comisaría de Bracho.

El ex policía Carlos Flores dijo que disparó en defensa propia.

“Nada que ver, porque Cheta no cargaba ningún arma, ni látigo para el caballo tenía”, dice Lidia González. “La policía comprobó que no tenía armas. Flores dice que él le había querido pelear, pero no, si estaba en el caballo. Será que habrá querido volverse porque le pegó de atrás el primer tiro. Él se cayó del caballo, había sangre en el apero”.

Dos meses y 18 días después, Flores fue condenado a once años de prisión en un juicio abreviado.

El delito fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En representación del Ministerio Fiscal intervino en el caso la Unidad Fiscal de Homicidios Primera, a cargo de Carlos Sale. El juez Javier Tomas resolvió la prisión domiciliaria en la casa de una familiar del asesino, en Horco Molle, localidad distante a unos 40 kilómetros de donde ocurrieron los hechos. También dispuso que el asesino lleve consigo un dispositivo electrónico para ser localizado.

“Pero hay un comentario de la gente que dice que Flores en verdad está en Ranchillos, a unos 15 kilómetros de acá. Él debería estar preso en el lugar donde ha elegido”, dice Lidia. La mujer enfatiza lo que la familia quiere: que Flores pague la condena donde el juez lo dispuso.

Nosotros seguimos en la lucha. Necesitamos a Cheta porque él era el brazo derecho de la casa. Yo soy discapacitada, pero qué voy a hacer. Tengo que ayudar a mi hijo”, explica Lidia, que tiene artritis rematoidea, artrosis, alergias, mal de Chagas y anemia. Hoy ella y su hijo Luis reparten el tiempo entre los médicos y seguir con el trabajo: cuidar y alimentar a los animales.

El día del asesinato una de las hijas de Don Cheta contó entre lágrimas que Flores ya había amenazado a su padre.

El reclamo de justicia no solo es sostenido por la familia, sino también por sus pares de la UTT. «El asesinato fue a raíz de un conflicto de tierras. Este policía acostumbraba a arrendar terrenos que no le correspondían a productores sojeros. En Tucumán hay familias que tienen sus propias tierras, son tierras heredadas y muchas veces no tienen los papeles», contextualiza María Juárez, delegada de UTT en la base La Tala.

«En la zona donde vivía Cheta hay sojeros y cañeros que se dedican a adueñarse de la tierra de los compañeros», afirma María. Y explica que el crimen de Juan Carlos «Cheta» González es la expresión máxima de otras violencias que subyacen por la falta de un Estado que garantice la propiedad de la tierra a quienes la trabajan, incluso a esos herederos sin papeles. Mientras tanto, la ley de Acceso a la Tierra que impulsa la organización en el Congreso Nacional espera voluntad política para convertirse en realidad.

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