La decisión del Gobierno de suspender los permisos de exportación de maíz hasta el 1 de marzo para asegurar el abastecimiento interno volvió a poner en la escena política a la Mesa de Enlace, que decidió convocar a un cese de comercialización de granos entre el 11 y 13 de enero. La medida de fuerza patronal es convocada por la Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y la Sociedad Rural (SRA), mientras que Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) desistió de participar del lockout al considerar que “no adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno”.  

El cese de comercialización funciona como mensaje de las entidades del agronegocio ante cualquier nueva medida de intervención del Gobierno, ya que no tiene un gran impacto en los negocios del sector: hasta el momento se habían autorizado el 89% de las toneladas de maíz con destino a exportación de la campaña 2019/20 y los permisos volverán a ponerse en marcha en marzo, en el inicio de la campaña 2020/21. 

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la campaña 2019/20 maíz alcanzó las 51,5 millones de toneladas –por encima de la cosecha de soja– y se llevaban autorizadas exportaciones por 34,23 millones de toneladas, sobre un total exportable estimado en 38,50 millones de toneladas. La cosecha récord coincide con un incremento internacional del precio de los cereales, que en el caso del maíz alcanzó los $16.000 a $17.000 por tonelada.  

«El objetivo de la medida es que las 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano, cuando la oferta de cereal tiende a escasear», fue la posición que marcó el Ministerio de Agricultura. El abastecimiento que se busca facilitar es el de los feedlots, tambos de producción lechera, granjas de cerdos y criaderos avícolas, que en las últimas semanas habían denunciando problemas en el abastecimiento, que comenzó a traducirse en incremento de los precios de la carne.   

Con lockout o diálogo, pero nada de intervención estatal

La decisión de la Mesa de Enlace estaba tomada desde hace días y se terminó de cocinar en una reunión virtual de dos horas, que se tradujo en un breve comunicado llamando al “diálogo” tras marcar la cancha con la vuelta de los lockouts. «Creemos en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país», se arrogaron los representantes del agronegocio. 

El comunicado reconoció la disidencia marcada por Connigaro, que emitió un comunicado a parte dando a conocer su posición. «En Coninagro consideramos que hay que agotar hasta la última instancia de diálogo, al tiempo que expresamos nuestro desencanto con medidas impositivas, financieras e intervencionistas aplicadas incisivamente por el Gobierno», sostuvo el titular de la entidad, Carlos Iannizzotto. 

A pesar de marcar su diferencia estratégica con sus pares de la Mesa de Enlace, el titular de Coninagro aclaró: «No es momento de parar, pero sí de reclamar. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno». La posición de Coninagro marca una nueva falta de quórum dentro de la Mesa de Enlace a la hora de pararse frente al Gobierno, ya que en el primer cese de comercialización convocado por las entidades rurales en marzo del año pasado, FAA dio libertad de acción a sus asociados tras un quiebre interno dentro de sus filas. En aquel momento, las protestas de la Mesa de Enlace eran contra el incremento de un 3 por ciento en las retenciones a la soja, que fue reducido temporalmente entre octubre y diciembre.

Una postura similar a la de Coninagro presentó el Consejo Agroindustrial Argentino, entidad que reúne a la mayoría de las cámaras del agronegocio, entre ellas a todas la de la Mesa de Enlace a excepción de la Sociedad Rural, y mantiene un diálogo fluido con el gobierno nacional desde el inicio de la gestión. En la carta enviada al presidente, el Consejo dejó en claro la posición del sector en contra de cualquier tipo de intervención. 

“Intervenir mercados es destruir producción, empleo, inversiones, consumo y exportaciones, promoviendo mayores incertidumbres que generan efectos sobre la inflación y la seguridad alimentaria. Es imprescindible retornar al diálogo y el trabajo efectivo”, apuntó el espacio que tiene como vocero a José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 

A pesar de que la medida beneficia a los productores vacunos, porcinos y avícola –la intención de la Mesa de Enlace era anunciar también un cese de comercialización de carnes que no prosperó–, el Gobierno cosechó escasos respaldos públicos por parte de esa parte de la cadena del agronegocio. En los primeros días, el presidente de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, reconoció que «no es mucho el maíz que queda y son muchos los sectores que venimos con muchas dificultades para conseguirlo desde hace 90 días».