Por Nahuel Lag

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, anunciaron una serie de medidas fiscales y crediticias para asistir a los productores agropecuarios ante la emergencia que se vive por la sequía. La batería de medidas, que en su mayoría se harán operativas a través de la AFIP y el Banco Nación, respondió a los pedidos de la Mesa de Enlace, pero contó también con la participación de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) en representación de los productores de la agricultura familiar, campesina e indígena. “Es histórico que podamos sentarnos en esta mesa de diálogo porque pudimos plantear desde los primeros encuentros técnicos-políticos cuáles son las medidas que necesitamos desde el campo que alimenta”, valoró Marisol Troya, representante de la MAA por el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra. 

“Nos permitió poner sobre la mesa que hay un campo que produce alimentos, bienes y servicios para el mercado interno; que tiene intereses y decisiones políticas y productivas distintas de las que ha tomado la Mesa de Enlace en los últimos 25 o 30 años”, planteó Troya, en diálogo con Tierra Viva, sobre el peso simbólico de la participación de la MAA en el encuentro que se realizó ayer en el Palacio de Hacienda. “No existe solamente el campo que produce commodities para el mercado externo, hay un campo que alimenta porque sostiene los sistemas campesino-índigena de producción históricos para ofrecer alimentos sanos para el pueblo”, destacó. 

En cuanto a las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía, Troya reconoció que aún no alcanzan al sector de la agricultura familiar porque no contemplan las realidades específicas, pero destacó que sí se tomó en cuenta un pedido de la Mesa Agroalimentaria respecto de la línea de fondos rotatorios por 5000 millones de pesos, que podrán ser gestionados por las cooperativas para no depender del filtro de los gobiernos provinciales y municipales. 

“Es un gran avance estar en esta mesa y empujar para estar en cada espacio institucional donde se debate la emergencia”, insistió la representante del MAA —que reúne al MNCI-Somos Tierra, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf) y Bases Federadas— e indicó que los próximos encuentros de la mesa convocada por el Ministerio de Economía se debatirán medidas para la producción ganadera y las economías regionales, donde esperan obtener mayores respuestas para el sector de la agricultura familiar con líneas de crédito específicas para la transición agroecológica, redes de comercio justo, reinversión productiva y agregado de valor. 

Los anuncios del Gobierno para “el campo” 

El primer encuentro de la Mesa Agroalimentaria con el Ministro de Economía ocurrió el 20 de enero y se repitió en la convocatoria de ayer, donde también estuvo la Mesa de Enlace. Tras la reunión, Massa marcó la importancia que para el Gobierno tiene “el campo como un actor central de la economía” para “consolidar exportaciones y ser jugadores centrales en la política alimentaria global” y señaló que el Estado pondrá sus herramientas para “tender una mano a los productores agropecuarios en dificultades y ayudarlos a superar esta circunstancia climática agravada este último año”. “Tenemos la responsabilidad de trabajar todos juntos, más allá del pensamiento de cada uno y el rol de cada uno”, sostuvo el Ministro de Economía.

Junto el secretario de Agricultura, Massa detalló las siguiente medidas, acordadas en las negociaciones con la Mesa de Enlace y representantes de la AFIP y el Banco Nación: 

• Desarrollo de un fondo rotatorio para un sistema de asistencia por 5000 millones de pesos, renovable. Se estima llegar a 18.000 productores afectados a través de gobiernos provinciales, municipales y cooperativas.
• Suspensión del pago de anticipo de impuesto a las Ganancias para aquellos productores abarcados por la emergencia agropecuaria y que estén por encima de los 50 millones declarados en ganancias en 2022.
• Suspensión de los juicios de ejecución fiscal y la suspensión de los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados.
• Se excluirá del cálculo del impuesto a las Ganancias la venta forzada de ganado por las condiciones de sequía.
• El Banco Nación financiará pasivos de créditos agropecuarios bajo las mismas condiciones en las que fueron otorgados. El Gobierno sostiene que beneficia a pequeños productores, de menos de 500 hectáreas o menos de 150 cabezas.
• Incremento de 15 puntos de subsidio de tasa para los productores que tomen crédito y con una reducción de la tasa de interés.
• Homologación de los pedidos de emergencia de las provincias.

Tras los anuncios, los integrantes de la Mesa de Enlace —Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro)— se mostraron satisfechos por los anuncios. «Están comprendidos un alto porcentaje de los puntos que hemos pedido», señaló el presidente de la CRA, Jorge Chemes, y pidió «ver en acción estas medidas, cómo funcionan en el interior, para que no haya medidas burocráticas que las frenen». 

La Mesa de Enlace también se mantiene expectante por la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso, en las que el Gobierno incorporó en la agenda la Ley de Agroindustria, mencionada por los representantes de las entidades del agronegocio durante el encuentro en el Palacio de Hacienda. La norma escrita por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) —que a inicios del gobierno del Frente de Todos buscó pelear la representación del agronegocio a la Mesa de Enlace— cuenta con el respaldo de las entidades y del bloque oficialista y de Juntos por el Cambio, pero la actividad parlamentaria continúa paralizada por el bloque opositor frente al juicio político a la Corte Suprema. 

La agenda del campo que alimenta 

La Mesa Agroalimentaria también presentó el año pasado un paquete de cinco proyectos de ley para fomentar y fortalecer el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena: Ley de acceso a la tierra, Ley de arrendamientos rurales, Ley de protección y fortalecimiento de los territorios campesinos y la agricultura familiar, Ley de segmentación de las políticas impositivas agrarias, Ley de financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición agroecológica. Ese debate aún no llegó a la mesa convocada por el ministro Massa, pero desde la MAA son cautos y celebran el paso alcanzado ayer.  

“La gran mayoría de las medidas que se anunciaron ayer son iniciativas de la Mesa de Enlace, pero la política pública de los fondos rotatorios que sean manejados por las cooperativas fue un reclamo nuestro en las mesas técnicas”, destacó Troya y señaló que de esta manera se evita el filtro impuesto por gobierno provinciales y municipales que “muchas veces eligen no generar acuerdos con las cooperativas, asociaciones civiles y marcas colectivas de nuestro sector”.

La integrante del MNCI-Somos Tierra señaló que la próxima ronda de negociaciones sobre economía regional y ganadería será importante para el sector: “Hemos planteado líneas de crédito para la transición a la agroecología, para comercialización y logística alternativa que nosotros generamos, para la reinversión productiva y para el agregado de valor, que tengan como sujeto al sector de agricultura familiar campesina e indígena”.

En ese objetivo, que las políticas públicas tengan como sujeto al sector de la agricultura familiar, Troya señaló que también deberán impulsarse fondos para la emergencia agropecuaria por la sequía “que no pasen únicamente por provincias y municipios o que se comprometan para que lleguen al pequeño productor”, porque por el momento no están llegando a los pequeños productores de la agricultura familiar.  

Destacó que existen particularidades del sector que impiden que la asistencia del Estado llegue en tiempo y forma. Marcó, por ejemplo, que el productor no tenga que demostrar estar inscripto al Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar (Renaf), porque “es un registro que tiene a no más de un tercio de los productores de la agricultura familiar”. “Los fondos para la emergencia tienen que contemplar la realidad específica que viven las familias campesinas y pueblos indígenas que producen alimentos, pero a los que muchas veces el Estado no ha llegado de ninguna forma”, señaló. 

Otro punto a tener en cuenta es la homologación del Gobierno de las emergencias agropecuarias dictadas por los gobiernos provinciales. La integrante del MNCI-Somos Tierra indicó que “algunas provincias declaran la emergencia en todo el territorio provincial, otras por zonas geográficas y otras ni la declararon por lo que hay productores que quedan descubiertos. Por ejemplo, Jujuy no declaró la emergencia y atraviesa problemas de sequía, ni hablar con el impacto que tendrá la explotación del litio”.